Fíjese pues que se lo voy a contar: esa normativa que ha dado por llamar Ley de alianzas para el desarrollo de la infraestructura económica; no es mucho más que el marco normativo necesario para consolidar y afianzar el clientelismo ya existente entre los empresaurios y el sector político.
En la medida en la que el emprasauriado del país y la cúpula empesaurial están más y más entrelazadas y confundidas con el sector público, en esa medida ese sector político tiene más neutralizado al sector productivo y privado. En esa medida, como se dice por ahí, los políticos tienen a los empresarios de un ala.
El clientelismo político es un sistema de intercambio de favores, en el cual los políticos (o pipoldermos) regulan la concesión de prestaciones obtenidas por medio de su función pública, o de contratos relacionados con ella,a cambio de apoyo electoral o político. En un sistema de clientelismo, el poder sobre las decisiones del aparato administrativo del estado es usado para obtener beneficios privados; el patrón (que tiene el control del poder) toma decisiones que favorecen a sus clientes (que en este caso son los empresaurios); y estos los compensan con la perpetuación del poder del funcioanrio implicado o de su equipo. La relación puede fortalecerse mediante la amenaza de utilizar aquella misma capacidad de decisión para perjudicar a quienes no colaboren con el sistema.
