El alcalde de Mazatenango se echó una alcaldada e intentó paralizar la carretera Xochi o Corredor de las flores, una carretera ciento por ciento privada que descongestionará el tránsito en la Costa Sur y ofrece una opción moderna a una de las rutas más saturadas de Guatemala. Hoy amanecimos con la novedad de que los desarrolladores y la comuna llegaron a un acuerdo y que, a partir del 14 de junio, se podrá transitar por esa vía.
Lo que debía ser un paso hacia la modernización de la infraestructura nacional se convirtió en un ejemplo de cómo la permisocracia puede actuar como extorsionista, frenar el desarrollo y enviar señales negativas para las inversiones. Se materializó, otra vez, la frase de Ayn Rand que dice: Cuando advierta que para producir necesita obtener autorización de quienes no producen nada; cuando compruebe que el dinero fluye hacia quienes trafican no bienes, sino favores… entonces podrá afirmar sin temor a equivocarse que su sociedad está condenada.
Una alcaldada, por cierto, es una acción arbitraria, o inconsiderada que ejecuta un alcalde, o cualquier persona que abusa de su autoridad.
Xochi representa una inversión multimillonaria que beneficiará a miles y miles de familias y enfrenta una suspensión que hiede. La municipalidad que en 2023 otorgó la Licencia de Construcción No. 043-2023 para ejecutar 2.7 kilómetros del proyecto dentro de su jurisdicción, y que posteriormente autorizó una prórroga sin objeciones, esperó que el proyecto estuviera a punto de ser inaugurado para cuestionar lo que ya había autorizado. La empresa desarrolladora sostiene que desde marzo de 2026 comenzaron visitas municipales sin aviso previo, inspecciones sin resoluciones formales y requerimientos de información ya evaluados durante los procesos originales de autorización.
La acción del alcalde de Mazatenango pone en evidencia —para los inversionistas y para quien quiera verlo— que el estado de derecho en Guatemala es precario; pone en evidencia conflictos de competencias y pone en evidencia la costra nostra de la permisocracia. Lo que está ocurriendo con Xochi, aunque se haya arreglado, erosiona el futuro de las inversiones en el país. En el corto plazo, por ejemplo, ¿pone en la cuerda floja el Corredor Verde que conectaría Mixco con el anillo periférico de la ciudad de Guatemala y que es una autopista privada de peaje?
A estas alturas es válido preguntarse si, en Guatemala, hay límites para que el poder del gobierno (central y municipal) anule la propiedad privada mediante la extorsión, u otras prácticas. Aquí, ni siquiera es necesario que el gobierno central use su poder megalómano contra la propiedad porque un munícipe cualquiera puede parar un proyecto aprobado porque le sale de las verijas. Seguramente ya es tiempo de repensar el número de municipios en el país y consolidar los pequeños, con menor capacidad de cumplir con sus responsabilidades.
Dicho lo anterior, el caso Xochi presenta dos oportunidades de oro. Una es la de exponer the true colors de la administración semillara/raicera. Bernardo Arévalo, sin esconderse detrás de las enaguas de la descentralización, tuvo la oportunidad de demostrar si su administración está a favor de la propiedad privada y de la empresa privada, o no. Lo que ocurre con Xochi se pudo haber traído abajo los índices de libertad, propiedad y estado de derecho en Guatemala y tuvimos la oportunidad de averiguar si eso le importó al Presidente y a su gente, o no.
Otra es que, a ver si de una vez por todas, la dirigencia empresarial de Guatemala se da cuenta de que el tema de las inversiones, el del estado de derecho y el de la permisocracia no son asuntos de surfear regulaciones, ni son temas de mera gerencia; sino que son temas de principios: Hay que ponerles límites claros al poder del gobierno (central y municipal) y esos límites tienen que estar basados en el respeto a la vida, la libertad y la propiedad de todos por igual. Esos límites deben tener claro que los intereses colectivos no deben prevalecer sobre los derechos individuales.
El episodio de Xochi, resuelto por ahora, deja en evidencia que la permisocracia no se rinde fácilmente y que solo un compromiso firme con el estado de derecho podrá proteger las inversiones privadas que el país necesita.
