12
Nov 26

Cine y clientelismo puro

 

La aprobación a la carrera de legislación que crea privilegios para un grupo muy específico de personas y sus negocios —a expensas no sólo de los tributarios, sino de temas de interés general— sólo puede leerse como una movida clientelar en un ambiente preelectoral. Ese es el caso de la legislación de cine aprobada ayer con el patrocinio del oficialismo semiller/raicero y la complicidad de diputados que entienden el Congreso como zoco de favores, canonjías y corrupción.

La legislación de cine inspiró muchos memes.

La legislación de cine fue aprobada a la carrera a costa de otras prioridades. La ilustración la tomé de X.

La legislación de cine aprobada ayer es un acto de estatismo cultural: crea burocracia, privilegios fiscales y redistribución de riqueza a costa de los productores de valor, en nombre de una “industria” que los «pipoldermos» deciden fomentar. Es más, constituye el tipo de captura regulatoria que en otras latitudes ha creado una casta de actores, directores y productores colectivistas que se creen los dueños de la cultura y usan la legislación para enriquecerse al mismo tiempo que destruyen la verdadera industria del cine, como comentó mi cuate Ricardo Manuel Rojas en un foro en el que participamos.  Esta legislación es una piñata que no tiene un límite anual y va a resultar en costos sin techo definido, no para el Estado, esa es una ficción…los costos sin techo van a ser para los tributarios.

Como observador social y desde una perspectiva ética —que sostiene que el único rol moral del Estado es proteger derechos individuales (vida, libertad, propiedad) y que cualquier uso de la fuerza para redistribuir, o “estimular”, sectores es una violación de esos derechos— esta ley es un caso claro de intervención destructiva.

Coerción disfrazada de fomento

La legislación crea el Instituto Guatemalteco de Cine, el Consejo Nacional de Cinematografía y el Fondo de Fomento del Cine, todos con asignaciones presupuestarias que pesarán sobre todos los tributarios.

Esto no es “apoyo a la cultura”. Es el uso del poder tributario para transferir dinero de los que pagan impuestos y que producen valor en otros sectores hacia un grupo específico (productores, técnicos, exhibidores, etc.) que el Estado elige privilegiar para que vivan de aquellos impuestos. Es la verdadera lucha de clases como la describió John C. Calhoun en A Disquisition of Government. En otras palabras, es el principio de la iniciación de fuerza aplicado a la cultura: se obliga a A a financiar la actividad de B porque un grupo de políticos y burócratas decidió que su hobby, su actividad de interés, o su bisne “merece” estímulo.

¿Cuáles son esos incentivos fiscales? Crédito fiscal de hasta el 35 % del ISR por aportes a proyectos certificados. Devolución parcial de hasta el 30 % de la inversión para productores guatemaltecos y 20 % para extranjeros. Requisitos de “obra cinematográfica guatemalteca” que incluyen cuotas de capital (mínimo 20 %) y participación técnica-artística guatemalteca.

Estos mecanismos no “promueven la inversión privada”, sino que distorsionan el cálculo económico, crean buscadores de rentas y hacen que la rentabilidad dependa menos del juicio del público y más de la certificación de una oficina política. El dinero no aparece de la nada: sale del ISR de otros tributarios, o de la capacidad de gasto del gobierno. ¡Es transferencia coactiva!

El arte, en general, y el cine, en particular, prosperan cuando hay libertad de expresión, protección de derechos de propiedad intelectual y un mercado donde el público decide qué vale la pena. El Estado no tiene la facultad moral, ni la capacidad práctica de “fomentar equitativamente” la cinematografía. Cualquier intento de hacerlo implica elegir ganadores y perdedores con el dinero de terceros.

Cineastas, o buscadores de rentas parasitarias

Para el cineasta, esta legislación es un freno disfrazado de impulso, apoyado en una violación sistemática de derechos.

Un cineasta que valora la razón y los derechos individuales no puede celebrar que el Estado cree un instituto de cine, un consejo, un fondo y un registro para “ordenar” y “fomentar” la actividad que él mismo realiza.

En países con esquemas similares, los proyectos se adaptan a las ventanillas de subsidio: se inflan costos, se incluyen elementos “culturales” que se premian desde el poder, se retrasan decisiones creativas incluso por motivos de corrupción, y se genera una capa de gestores y abogados especializados en los fondos. El resultado no suele ser más cine de calidad; suele ser más cine dependiente. ¡Hasta el cine mexicano de ficheras era subsidiado con dinero político tomado de los tributarios!

Desde una perspectiva ética el punto central es simple: el Estado no tiene derecho a tomar por la fuerza recursos de quienes producen valor en otros sectores para financiar películas. El Fondo y los créditos fiscales son transferencias coactivas. No son “inversión del Estado”; son dinero que alguien más fue obligado a entregar.

Un cineasta independiente asume el riesgo de su propio capital, o del capital que logra atraer voluntariamente. Esa es la única forma en que el cine se mantiene como expresión individual y no como “servicio público”. Cuando el financiamiento depende de certificaciones, cuotas de nacionalidad y convocatorias, la independencia se diluye. El artista deja de responder principalmente al público y a su propio juicio, y empieza a responder también a la entidad política que controla los fondos y las licencias.

El artículo 40 sobre inteligencia artificial ilustra el mismo patrón: exige declaraciones de trazabilidad, identificación de responsables humanos y documentación. Puede tener sentido como exigencia contractual privada, o como protección de derechos de autor; pero aquí se convierte en condición para acceder a beneficios estatales. Los “pipoldermos” se arrogan el papel de supervisor creativo.

Uso político para la clientela

¿No me crees? Te comparto cinco casos hispanoamericanos en los que el mecanismo es el mismo: una ley de fomento crea un organismo estatal con poder de certificación, subsidio, o cuota, y ese poder se usa para seleccionar aliados, financiar narrativa oficial, o excluir disidentes. No son anomalías; son el resultado previsible de dar al Estado el control de los recursos de una “industria”.

En Argentina, durante los gobiernos Kirchner, el INCAA entregó subsidios discrecionales a productores y directores afines. Un documental sobre Néstor Kirchner recibió cerca de un millón de dólares y recaudó solo una fracción de esa suma. Cientos de proyectos recibieron dinero y nunca se terminaron. Ex presidentes del INCAA fueron procesados; algunos juicios terminaron en absolución por falta de prueba plena, pero el patrón de discrecionalidad y favoritismo está documentado en causas judiciales.

En Cuba, la revolución creó el ICAIC y ha sido un instrumento explícito de “educación” y propaganda revolucionaria. Fidel Castro fijó la regla: “Con la Revolución, todo; contra la Revolución, nada”. El ICAIC produjo noticiarios, documentales de campañas oficiales y ficciones alineadas; censuró o impidió la exhibición de obras que se apartaban de la línea. El instituto funcionó como aparato de control cultural del poder, no como fomento de creadores independientes.

En España las convocatorias del ICAA incorporan cuotas y preferencias que alinean el financiamiento con prioridades políticas del gobierno de turno. El gasto público directo e indirecto ha sido elevado mientras que la taquilla de muchas películas subvencionadas es mínima. Casos documentados muestran películas con cientos de miles de euros de ayuda y recaudación residual.

En México la legislación y las entidades de cine concentran la decisión de quién recibe recursos de los tributarios, o créditos fiscales, en condiciones de opacidad, conflictos de interés, gastos inflados y favoritismo hacia redes cercanas al poder, o a los evaluadores. La discrecionalidad en la selección de beneficiarios ha sido una constante bajo distintos gobiernos. El dinero tomado de los tributarios no llega según el juicio del público, sino según el de comités políticos.

En Venezuela y bajo Chávez se creó Villa del Cine, una productora financiada por el Estado y adscrita al Ministerio de Cultura. Su objetivo declarado era contrarrestar “la inoculación de mensajes” de Hollywood y promover valores bolivarianos. Financió películas y documentales alineados; críticos independientes denunciaron selectividad, listas negras y congelamiento de certificados de nacionalidad, o exhibición. Bajo Maduro continuó el patrón: recursos concentrados en proyectos afines y restricciones a obras críticas. El organismo no solo fomentó; filtró contenido y clientela.

En los cinco casos la ley de cine no se limitó a proteger derechos de autor, o a facilitar la actividad privada. Creó un poder de asignación de recursos ajenos y, con ese poder, el gobierno de turno benefició a su clientela política, o ideológica. El patrón se repite porque el incentivo institucional es el mismo.

La legislación de cine recién aprobada no es cultura. Es el reparto anticipado de canonjías con dinero de otros, en vísperas de elecciones. Los “pipoldermos” ya saben a quién van a premiar.


25
Abr 12

El desperdicio irresponsable del dinero ajeno

Ahora que leo el lío ese de los obsequios hechos por la vicepresidenta, Roxana Baldetti, pienso que, como esos regalos son hecho con dinero ajeno -tomado por la fuerza- de los tributarios, los políticos y sus funcionarios deberían ser mucho más prudentes y hasta humildes, a la hora de repartirlos.

Digo yo…supongamos que sí es una práctica obligada de cortesía intercambiar regalos; y además es un bonito gesto.  No es lo mismo hacerlo con dinero propio, que con dinero ajeno.  Si es con dinero propio no hay clavo; uno da lo que puede y lo que quiere.  Y hay quienes sostienen que uno debe dar más de lo que recibe.

Empero, la perspectiva cambia cuando se trata de dar con dinero ajeno y en nombre del estado, del gobierno, o la nación.  Aquí es donde entran la importancia de la prudencia extrema y de la humildad.  Siendo que se supone que no hay dinero para escuelas y medicinas; y que hacen falta recursos económicos para seguridad y justicia, yo tendría mucho recelo en regalar -con dinero ajeno y tomado porla fuerza- las botellas más caras de ron y las cajas más exóticas de chocolates.  Regalaría buen ron y buenos chocolates, pero con prudencia y humildad.  A las señoras nunca les regalaría frascos de perfumes de $100 cada uno; pero sí regalaría huipiles de $50; o caminos de mesa de $40.

Definitivamente no haría obsequios por cosas como el Día de la mujer, el Día del niño, el Día de la secretaria, o el Día del lápiz y la tostada, a menos que fueran personales.  Nunca los haría con dinero de los tributarios.

Lo mismo pasa con las esquelas.  Es ofensivo que, haciendo falta útiles escolares y medicinas, muchos funcionarios paguen una, dos y tres esquelas de páginas completas, con dinero de los tributarios.  Las esquelas, si fueran necesarias, no deberían ser más de una, y no deberían ser ostentosas.

Estas prudencia y humildad, esta responsabilidad con el manejo del dinero de los tributarios se ganaría el respeto de quienes pagan impuestos; y sería ejemplar para quienes no tienen respeto alguno por aquellos que son sacrificados para que los funcionarios puedan saludar con sombrero ajeno.  Tanto aquí, en Guatemala, como en otros lugares del mundo.  Esta sería una forma de elevar la barra de la decencia.


09
Sep 10

¿Y si me pongo la toga de augur?

La administración de Los Colom , la Asociación de Municipalidades, la Unión Guatemalteca de Trabajadores, la Confederación Guatemalteca de Cooperativas, la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres y el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras, integraron dos comisiones para reorientar el proceso de reconstrucción y fiscalizar su financiamiento y educación, ya que los fondos para la misma serán administrados en un fideicomiso para agilizar su trámite.

Yo digo que, si me pongo la toga de augur, adivinaré que a las comisiones estas no les va a ir mejor que como le fue al G4 en materia de seguridad. Digo, también, que si los fideicomisos han sido muy criticados porque contribuyen mucho a la oscuridad en el manejo del dinero de los tributarios, a este fideicomiso no le va a ir mejor que a sus hermanos.
Yo digo que el CACIF va a hacer el oso en estas comisiones.

02
Sep 10

No es que les falte plata

Los ingresos de la Administración se elevaron un 19.8% al 31 de enero de 2010; lo que quiere decir que a los políticos socialistas y a sus funcionarios no les falta la plata, sino que cada vez tienen más, más, y más. Pero claro, por más dinero que tomen de los tributarios, este no les alcanza porque los maladministran, lo desperdician y lo hacen perdedizo.

Tome usted siete diarios distintos, de cualquier semana del año, y encontrará ejemplo tras ejemplo de mala administración, desperdicio y corrupción. No me crea. Haga la prueba.

01
Sep 10

Con razón no les alcanza el presupuesto

En nueve meses que van de este año, la Secretaría de Bienestar Social se gastó, del dinero de los tributarios:
Más de Q500 mil en tarimas.
Unos Q681 mil en camisas tipo polo, playeras y gorras.
Más de Q142 mil en servicios de filmación y edición de vídeos.
Cerca de Q23 mil por la conducción y montaje de espectáculos.
Además ha hecho gastos injustificados en calcomanías, banderines y otros productos promocionales (¿o electorales?).
El año pasado la Secretaría licitó y cotizó -poco más o menos transparentemente- unas 621 actividades en el sistema Guatecompras; pero en este año, sólo usó ese sistema 39 veces.
¡Con razón no les alcanza la plata para seguridad, salud, ni educación!

27
Ago 10

¡Con razón no les alcanza el dinero!

Ayer, Alvaro San Nicolás Colom salió en los medios de comunicación con el chantaje de que si no le aprueban la ampliación de la piñata presupuestaria, su Administración va a suspender servicios de salud y de educación entre otros. Según Los Colom su Administración no tiene dinero para prestar los servicios; pero eso no es cierto. Los políticos estos tienen plata; pero lo que ocurre es que la desperdician y la maladministran, cuando no se la roban.

Hoy, por ejemplo, vemos que la Contraloría General de Cuentas confirmó que en las cajas chicas del Congreso de la República hay facturas por abusos en la compra de combustibles, licores y mariscos. Mientras que supuestamente no hay recursos para hospitales y escuelas, los políticos que dirigen el Congreso gastan el dinero de los tributarios en comprarse su Maseca y su carbón, e incluso botellas de Alión reserva, con valor de Q1500 cada una. Gastan en almuerzos con valor de Q500 cada uno. Gastan en Q7500 en mariscos y Q9000 en almuerzos durante sábados y domingos.
En esto es lo que que se usan los impuestos que usted paga. ¿Quiere pagar más?

10
Ago 10

PDH en defensa de los derechos de los tributarios

Muy atinadamente, y en legítima defensa de los tributarios, el procurador de los Derechos Humanos, Sergio Morales, presentó un recurso de amparo contra la Superintendencia de Administración Tributaria, debido a la amenaza que hiciera de suspender el Número de Identificación Tributaria de aquellas personas que no hubieran pagado el Impuesto de Circulación de Vehículos.

Morales argumenta, y con razón, que la medida es arbitraria y abusiva, debido a que no hay legislación alguna que faculte a la SAT para amenazar a los tributarios con la inhabilitación de su NIT.

Seguramente, a muchos funcionarios parece olvidárseles que a ellos, en sus funciones públicas, sólo les está permitido hacer, aquello que la ley los faculta expresamente para hacer.


La noticia está aquí.


23
Jul 10

¡¿Seguros para diputados?!

La adjudicación de un contrato de seguros de vida y de gastos médicos para los diputados no fue aprobada por la Comisión Permanente del Congreso, porque el mismo le fue otorgado a una empresa que lo ofrecía más caro que otros.


Esa decisión administrativa parece atinada; pero yo digo que hay razones de fondo mucho más importantes para tomar en cuenta: ¿Cómo es que tributarios que no tienen para comprar seguros de vida y de gastos médicos para sí mismos y para sus familias tendrán que aportar para comprarles dichos seguros a los diputados?


¿Con qué autoridad moral es que las autoridades toman dinero de los tributarios -que no tienen para protegerse a sí mismos y a sus familias- para proteger a un grupo de políticos?

¿Es moralmente justificable que se obligue a los tributarios a hacer algo que no harían voluntaria y pacíficamente como pagarles seguros a los diputados?

22
Jul 10

Dale con la necedad de más impuestos

Digan lo que digan, los impuestos funcionan así: El gobierno usa la fuerza para tomar dinero ajeno y luego distribuirlo, con criterios políticos, entre su clientela; muchas veces a actividades propias de grupos de interés a los que los legítimos propietarios de los recursos expoliados no les darían su dinero de forma voluntaria y pacífica. Por eso es que es inmoral que los funcionarios de la Administración de Los Colom insistan en que el déficit fiscal que ellos han creado y programado sea financiado con más cargas sobre los tributarios.

Para comenzar, ¡no debería haber déficit! Es inmoral hacer un presupuesto que ya se sabe, de antemano, que no va a poder ser cubierto en su totalidad. Y, para concluir, el déficit -cuando ya lo hay- debe ser cubierto mediante la reducción de gastos; comenzando por eliminar la mala administración y el desperdicio, y siguiendo por la vía de eliminar aquellos gastos que son innecesarios, inapropiados, y/o que constituyen meras transferencias de riqueza hacia intereses particulares y políticos.

14
Jul 10

Al fin se habla de la inmoralidad de la expoliación

¡Vaya hombre, al fin se habla de la inmoralidad de los bonos…y de los impuestos! En repetidas ocasiones, Alvaro San Nicolás Colom ha dicho que usará la estrategia usada después del terremoto de 1976 cuando el gobierno obligó a empresarios y profesionales a adquirir bonos de reconstrucción. Algunos analistas estiman que sería inmoral e ilegal hacer esto ahora y obligar a los asalariados a adquirir los títulos.

La mayoría de razones expuestas por los analistas son marginales; pero lo cierto es que los impuestos y otras formas de tributos son imorales porque son dinero ajeno, tomado por la fuerza, para destinarlo política y arbitrariamente a intereses particulares que los dueños legítimos de los recursos expoliados no han elegido pacífica y voluntariamente, y que, en muchos casos, nunca elegirían.

A los políticos socialistas y a sus funcionarios les gusta justificar aquel abuso y disfrazarlo de solidaridad y hasta de benevolencia; empero, siendo que es una solidaridad forzada, lejos de ser virtuosa es inmoral y viciosa.