“En la crisis de juno de 1944, que llevó a [Jorge] Ubico a suspender las garantías constitucionales y a amordazar a la prensa independiente, El Imparcial y Nuestro Diario se vieron obligados a clausurar sus ediciones. El director del primero de ellos, el diputado Alejandro Córdova, ante el sesgo que tomaba la vida política del país después de la renuncia de Ubico, y frente a la asensión a la presidencia del general Federico Ponce Vaides, prefirió encomendar la direccion del periódico a tres de sus más cercanos colaboradores: David Vela, Ramón Blanco y Francisco Méndez. El Imparcial publicó entnoces fuertes editoriales contra las intencionses de Ponce de perpetuarse en el poder, lo que hizo que el diario fuera tildado de conspirador. Ante la coacción gubernamental, el Diario de Guatemala y El Libertador suspendieron sus ediciones. El 1 de octubre fue asesinado Alejandro Córdova y la opinión pública señaló al gobierno provisorio como responsable de este crimen. A finales de ese mes, después del derrocamiento de Ponce, este y el coronel Moisés Evaristo Orozco, quien fuera director de la Policía Nacional fueron acusados como autores intelectuales del asesinato“.
Siglo Veini
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May 09
Córdova y Rosenberg, ¿historias de otros tiempos?
“Octubre se inició con un hecho que conmovió profundamente la conciencia de los guatemaltecos, e impactó negativamente la campaña electoral, además de que llamó la atencion de la comunidad internacional sobre la situación de Guatemala: Alejandro Córdoba, director y propietario de El Imparcial, el diario más importante del país, fue asesinado por sicarios al servicio del mandatario provisional….Sobre el asesinato de Córdoba, Rafael Arévalo Martínez escribió lo siguiente: Este hecho produjo consternación en toda la República y no sólo en los elementos antagónicos de [Federico] Ponce sino hasta en sus amigos y en el propio mandatario…el pueblo de Guatemala temió fundamentalmente que aquél fuera el primero de una serie de asesinatos políticos; y que con él se iniciaba una época de terror cuyo fin estaba segura [sic] la elevación de Ponce al solio presidencial. El crimen fue interpretado por los políticos y por la ciudadanía en general, como una advertencia del gobierno…En los días sucesivos se produjo una serie de actos de rebeldía y protesta entre estudiantes de secudnaria y en las filas del magisterio en general, en un movimiento que se extendió a toto el territorio nacional. Los partidos políticos a su vez, intensificaban su actividad proselitista y sus afanes de unificación frente al oficialismo”.
El anterior es el relato de los hechos de aquellos tiempos, publicado el el capítulo de La Prensa, por Eduardo Díaz Reyna, en el tomo V, de la Historia General de Guatemala; en tanto que el siguiente es el relato de los mismos hechos, pero en el capítulo De la caída de Ubico a la elección de Juan José Arévalo, por Arnoldo Ortiz Moscoso, en la misma obra.
Me ha llamado mucho la atención cómo es que antes los chapines se consternaban, se indignaban y actuaban cuando había hechos como el asesinato del propietario de El Imparcial. Hecho que, de alguna manera se parece al del asesinato del abogado Rodrigo Rosenberg.
Sus declaraciones sorprendentes circulan desde hace unas horas, fueron transmitidas en Libertópolis y usted puede oirlas aquí. También puede leer la transcripción en El Periódico y he aquí la publicación en Prensa Libre, y aquí la que hizo Siglo Veintuno.
De paso…y no está de más compartirlo, a esta hora los medios de comunicación que han informado de las declaraciones de Rosenberg, que son un acto noticioso, se encuentran bajo acoso por parte de los abogados de la administración y de algunos de los involucrados en las declaraciones del abogado asesinado.
Esto, a pesar de que los medios de comunicación cumplimos con nuestro deber de informar; y a pesar de que en situaciones como esta -en las que la conciencia de los guatemaltecos está conmovida y en los que hay consternación en toda la República- es muy importante recordar que, de acuerdo con el artículo 35 de la Constitución, “es libre la emisión del pensamiento por cualesquiera medios de difusión, sin censura ni licencia previa”; y de que “no constituyen delito o falta las publicaciones que contengan denuncias, críticas o imputaciones contra funcionarios o empleados públicos por actos efectuados en el ejercicio de sus cargos”. El mismo artículo indica que “la actividad de los medios de comunicación social es de interés público”.
