Guatemala cuenta con una de las mejores legislaciones universitarias de todo el mundo. La Constitución dice que las universidades privadas son independientes y que desde que es autorizado el funcionamiento de una universidad privada, esta tendrá personalidad jurídica y libertad para crear sus facultades e institutos, desarrollar sus actividades académicas y docentes, así como para el desenvolvimiento de sus planes y programas de estudio. La Constitución manda que no deba ser menoscabada su independencia y dispone que las universidades están exentas del pago de toda clase de impuestos, arbitrios y contribuciones, sin excepción alguna. Dichas garantías mantienen a las universidades privadas fuera del alcance de los políticos y sus funcionarios, de su clientela y de los grupos de interés.
Estas bases constitucionales amplias y sanas, que promueven la libertad y la competencia están bajo acoso. En parte por los intereses gurruminos de un establishment al que le incomodan la libertad y la competencia; y que no conoce otra forma de sobrevivir que acudiendo a las regulaciones, las prohibiciones, el intervencionismo y los privilegios; y en parte porque los adictos al estatismo no soportan la idea de que algo bueno pueda existir sin ser contaminado por los pipoldermos (cualquiera que sea su color).
Estos grupos están promoviendo el control centralizado y monopólico del funcionamiento de las universidades privadas –en connivencia con algunas de ellas–. Con el mismo espíritu con el que algunos empresaurios le cierran las fronteras a la competencia en perjuicio de los consumidores, y con el que algunos sindicatos le impiden trabajar a los jóvenes que aún no tienen experiencia, con ese espíritu es que los dueños de algunas universidades y los colegios profesionales están tratando de acuartelarse y convertir a las universidades privadas en títeres dependientes de un control político y corporativista.
Esto es peligroso porque tú ya sabes qué es lo que pasa cuando los políticos, su clientela y los grupos de interés toman el control centralizado y monopólico de las actividades privadas de las personas.
Columna publicada en El periódico.
