09
May 24

División del poder y violencia

 

Cuando visité el Capitolio, en Washington D. C., nuestro guía comentó que el Presidente de los Estados Unidos de América tenía que pedir permiso para visitar ese edificio y al Congreso de allá.  A mis compañeros africanos eso les impresionó mucho porque…¿te imaginas a uno de los jefes de estado de allá pidiendo permiso para ir al Congreso de allá?

Por mi parte, y eso fue en 1997, pensé que así era como debería ser.

De aquello me acordé cuando vi al presidente Bernardo Arévalo y a una variopinta compañía, escoltada por docenas de policías, militares y por el servicio secreto, caminar del Palacio Nacional a a la sede del poder Legislativo, para exigir la aprobación de una ley para controlar el Ministerio Público (y de paso, al poder Judicial). Una cosa hay que reconocerle a la Administración semillera, ¡Saben, mejor que nadie, cómo montar un buen espectáculo mediático para su clientela!

Arévalo caminó por la Sexta Avenida con notable impacto mediático. Foto de la Agencia Guatemalteca de Noticias.

Por lo que he visto y oído en esta semana, y ustedes sáquenme del error si estoy equivocado, da la impresión de que el Presidente cree, de verdad, que tiene un ascendente legal y jerárquico sobre los tres organismos del estado.

La obsesión del Ejecutivo con la remoción de la Fiscal General va con prisas hasta el punto de que la Administración Arévalo ha descuidado su mandato para gobernar, porque la mala simiente teme que en noviembre Joe Biden pierda la elección en los Estados Unidos de America y que, con esa derrota, se acabe el apoyo gringo a su proyecto para Guatemala.

De ahí que la polarización y la crispación que causan entre los chapines sea una apuesta elevada, pero necesaria desde su particular perspectiva; y como es su costumbre, el Movimiento Semilla y sus fans se han aferrado al discurso maniqueo de que todos son corruptos y golpistas, menos ellos. 

Según un diputado del bloque VIVA, en el Congreso, durante las maniobras del Ejecutivo para conseguir su reforma retroactiva a la ley del Ministerio Público, él recibió amenazas por parte de mareros con el objetivo de presionarlo para que apoyara la iniciativa semillera. Sobra decir que diputados oficialistas también han denunciado amenazas por parte del otro bando.

La dirigencia del partido oficialista ha reiterado que el pueblo de Guatemala está listo para salir a protestar, y por pueblo, ¿quién no sabe que se trata de grupos de acarreados, clientela, y grupos comprados? 

A estas alturas, la dirigencia semillera no oculta que necesita una aplanadora oficialista (¿Como las que tienen Daniel Ortega y Rosario Murillo, por ejemplo?) en el Congreso para que imponerse sobre las minorías, porque no son capaces de conseguir acuerdos, y menos de alcanzar consensos.

Los fans de la mala simiente llegado al colmo de pedir la intervención del ejército para imponerse, lo que en mi pueblo se conoce como golpe de estado.  No tienen vergüenza en usar como excusa un supuesto cierre de salidas institucionales (porque no se hace su voluntad y no valoran la división del poder) y como en 1960, usar eso para recurrir a otras acciones…no institucionales, claro.  No falta quien crea que Jorge Serrano debería haber tenido éxito con su golpe de estado.

Por cierto que, alzarse contra una dictadura y contra una tiranía es un recurso válido; pero clamar por la intervención del ejército, por irse a medias de hecho y hacer apología de un golpe absurdo sólo porque la división del poder es inconveniente, y porque la ley vigente no se ajusta a los intereses del Ejecutivo y del partido oficialista, es un desatino.


03
May 24

¿República, o juego de tronos?

 

La división del poder suele incomodar a quienes quisieran ejercerlo de la forma más completa y profunda posible; pero es esencial si queremos tener una república sana…en vez de un juego de tronos.

Es más, Carl Joachim Friedrich, citado por Alberto Herrarte autor de El Estado de Derecho, dice que la división del poder es la base del gobierno civilizado; y Karl. Loewenstein, también citado por Herrarte, advierte que la clasificación de un sistema político como democrático constitucional depende de la existencia, o carencia de instituciones efectivas por medio de las cuales el ejercicio del poder político está distribuido entre los detentadores del poder.

¡No es cualquiera cosa la división del poder!

La batalla de  Goldroad de Juego de Tronos. Ilustración por Kal242382, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

Desde una perspectiva somera, muchos la limitan a que haya un Organismo Ejecutivo, uno Legislativo y otro Judicial.  Pero en una observación más atenta el concepto incluye muncipalidades autónomas, y un Ministerio Público independiente, para mencionar dos componentes republicanos importantes.

Es entendible que -en cualquier sociedad- quienes ejercen el poder en el Ejecutivo quieran una aplanadora oficialista en el Congreso y quieran jueces serviles, que prefieran alcaldes sumisos y un Ministerio Público que más que velar por el estricto cumplimiento de las leyes del país, no estorbe y sirva a las políticas de la Administración.  Pero no es sano. 

Esta meditación viene a cuento porque la Administración Arévalo o Administración semillera analiza la posibilidad de llamar a una consulta popular para remover a la jefa del Ministerio Público; y, ¡Por supuesto! para después nombrar a alguien de su gusto.

A los miembros del Movimiento Semilla no les importa que, en su oportunidad, fueron sus filas (en asociación con la CICIG) las que blindaronblindaron la jefatura del Ministerio Público para evitar la remoción de una Fiscal General que era de su persuasión.  Ahora que a su Administración no le conviene aquel blindaje están dispuestos a hacer cualquier güizachada con tal de que se haga su voluntad, incluso la de acudir a un truco jacobino.

Lo anterior no debe extrañarnos porque ya habían anunciado que Jalisco nunca pierde; y si pierde, arrebata ¿Te acuerdas de que durante la campaña uno de sus diputados más notables dijo que durante el gobierno de Semilla si no conseguían las reformas que querían, iban a sacar a la gente a la calle? Pues eso. 

Además, la consulta popular está prevista en la Constitución para decisiones políticas de especial trascendencia como las reformas constitucionales derivadas de los acuerdos de apaciguamiento, o la búsqueda de una solución para el tema de Belice, que son de interés general; pero ¿qué trascendencia tiene -como no sea específicamente para quienes ejercen el poder- imponer un Fiscal General a la medida del partido oficial y jugarle la vuelta a la ley mediante la marufia de sacar a la gente a la calle para una consulta.

La Administración Arévalo, ¿tiene idea de cuánto puede costar semejante capricho? No sólo en términos del dinero de los tributarios, sino en términos de desgaste emocional, cívico y político para los electores… y para ella [la Administración semillera, por supuesto].

Prefiero, por supuesto, defender la división del poder frente a un caprichoso juego de tronos.

Columna publicada en República.


25
Ene 24

Del “capo di tutti capi” al Estado de Derecho y la protección de la independencia del Ministerio Público

Sea cual sea la opinión que tengas sobre si la Fiscal General y Jefa del Ministerio Público puede ser removida por el Presidente de la República, esa opinión debería tomar en cuenta principios que, por ser principios son generales y, por lo tanto, trascienden las particularidades de cualquier caso específico.

El Ministerio Público es una institución con funciones autónomas que actúa independientemente -por propio impulso y en cumplimiento de sus funciones, sin subordinación a ninguno de los organismos del Estado, ni autoridad alguna.

El fiscal general sólo puede ser destituido luego de ser condenado por la comisión de un delito doloso durante el ejercicio de su función, siempre y cuando haya sentencia condenatoria debidamente ejecutoriada.

No conviene -ni a tirios, ni a troyanos- que las leyes generales y abstractas pueda ser cambiadas para satisfacer necesidades políticas del momento (específicas y concretas); por muy necesidades que sean, o parezcan.

Aún si las leyes generales y abstractas fueran cambiadas con aquel propósito, la aplicación de las leyes no debe ser retroactiva; excepto en materia penal cuando favorezcan a los reos. 

Para cumplir sus funciones legales, es importante que el Ministerio Público y su jefe sean independientes. La independencia es un valor fundamental para que el MP pueda promover la persecución penal, dirigir la investigación de los delitos de acción pública y velar por el estricto cumplimiento de las leyes del país…sin temor a pisar callos.

En consecuencia, la Fiscal General no tiene obligación legal alguna de rendirle cuentas al Presidente de la República que -en ningún caso- debe dejarse convencer de que es el capo di tutti capi como quisieran algunos promotores de la remoción ilegal de la jefa del Ministerio público.

¿Ya de dieron cuenta de que si es admisible que los tirios remuevan a un fiscal que no les gusta, luego los troyanos querrán hacer lo mismo? Puesto de otro modo, si un fiscal malo puede ser removido por los buenos, ¿qué impedirá que un fiscal bueno pueda ser removido por los malos

Los principios enunciados arriba protegen el sistema republicano y la división del poder, que es una de las características esenciales de un estado de derecho.  No cabe violarlos por capricho, ni por conveniencia temporal.


18
Oct 19

Ojo con el Ministerio Público

La reforma propuesta por la UNE (el partido de Sandra Torres) que pretende modificar la Ley Orgánica del Ministerio Público y darle de nuevo al presidente de la República la facultad de destituir al fiscal general es atávica y no debe ser atendida. La propuesta, además, le otorgaría al Congreso la facultad de solicitarle al presidente la evaluación y remoción del jefe del Ministerio Público.

La foto es del edificio del Ministerio Público, por el Ministerio Público.

Porque el fin principal del MP es velar por el estricto cumplimiento de las leyes del país; y porque a su jefe, que es el fiscal general y le corresponde el ejercicio de la acción penal pública, es menester que su independencia –de cualquier poder del estado– sea protegida. Sin importar quién sea el presidente, y quién sea el fiscal.

…de cualquier manera, la Constitución dice que el presidente de la República podrá removerlo por causa justificada debidamente establecida; y la LOMP dice que el presidente de la República podrá remover al fiscal general de la República, por causa justificada debidamente establecida. Se entenderá por causa justificada, la comisión de un delito doloso durante el ejercicio de su función, siempre y cuando haya sentencia condenatoria debidamente ejecutoriada. ¿Qué pretenden los diputados de la UNE con esta movida?

Con la UNE hay que tener cuidado, mucho cuidado, porque a pesar de que la Ley Electoral ordena que deben ser cancelados los partidos políticos por incumplimiento de las reglas de financiamiento electoral, los magistrados del TSE han estado mareando la perdiz y han estado haciendo caso omiso de las denuncias formales, por financiamiento electoral ilícito, contra aquel partido. Mientras tanto su excandidata presidencial y secretaria general está presa y enfrenta juicio por financiamiento electoral no registrado y asociación ilícita.

En justicia y en derecho la UNE no tiene legitimidad para ser actor político y, sin embargo, juega sus cartas como si la tuviera; y si así son las vísperas, ¿cómo serán las fiestas en la próxima legislatura cuando –por lo menos al principio– tenga cerca del 30% de las curules y siga pendiente su cancelación?

¿Qué es lo que protege a la UNE?

Columna publicada en elPeriódico.


28
Jun 19

Sin inmunidad a los candidatos

Ningún candidato a cargos de elección popular conserva inmunidad, incluidos Sandra Torres y Alejandro Giammattei; las credenciales emitidas por el Tribunal Supremo Electoral perdieron vigencia el domingo 16 de junio, confirmó su Departamento de Organizaciones Políticas.

Foto de Wikimedia Commons Atribución-CompartirIgual 4.0 Internacional

Está por verse si la fiscal general, Consuelo Porras está despierta, o no.  Digo porque, por decir algo, la candidata Sandra Torres tiene denuncias penales vigentes por delitos durante el conflicto armado; tiene cuentas pendientes por lavado de dinero; y en abril pasado la Fiscal General fue cuestionada sobre cómo manejó los tiempos de las investigaciones por aquellos asuntos y cómo fue beneficiada Sandra Torres. El expediente sobre financiamiento electoral ilícito —de la campaña de 2015— fue presentado ante el despacho de la fiscal, Consuelo Porras, en octubre de 2018 y no fue hasta el 5 de febrero de 2019 que dicho expediente fue trasladado a la Corte Suprema de Justicia, que, además, también emitió una resolución cuestionada.

Haz clic en esta imagen para conocer más sobre el financiamiento electoral ilícito.

¿Actuará ahora la Jefa del Ministerio Público? ¿O, convenientemente esperará a que Sandra Torres goce de nuevo del privilegio de antejuicio para accionar de forma simbólica y en beneficio de Torres?

Hold my  beer.

Actualización: Mientras yo escribía lo anterior, y bajo cargos de corrupción, la fiscalía pidió la captura internacional de Mario Leal, que fue candidato a la vicepresidencia en la elección de 2015; Leal integró en aquellos comicios la fórmula encabezada por Sandra Torres. Todo está en que esta movida no sea para taparle el ojo al macho.


14
Jun 19

Guatemala y los derechos fundamentales bajo ataque

Me adhiero ciento por ciento al pronunciamiento publicado hoy, por la Asociación de Amigos del País en el contexto de las acciones del Ministerio Público y de la moribunda Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala en el caso conocido con el mote de Caja de Pandora.  Es evidente que acciones que podrían servir a la justicia son usadas por la CICIG y el MP con propósitos políticos y de venganza.

La CICIG y el MP ponen en riesgo garantías como la del debido proceso.

Si ha habido comisión de delitos, ¡estos deben ser investigados! Pero la cuestión es: ¿dos días antes de los comicios? Acciones así contrastan muy evidentemente con la protección que ha recibido la candidata consentida de la CICIG, Sandra Torres, que fue denunciada, convenientemente, un día después de que se hiciera acreedora al privilegio del antejuicio. Contrastan con la impunidad descarada para la Codeca y el MLP. Contrasta con el puente de plata tendido a Thelma Aldana, que supo un día antes que tenía que ponerse las de Villadiego. Contrasta con las consideraciones extremas para Alberto Fuentes Knight y Alvaro Colom. ¿No te parece evidente la selectividad?

Por lo tanto es preocupante el uso de la ley y de la función judicial para cometer actos con evidentes motivaciones políticas; es lamentable que acciones así pongan en riesgo los derechos fundamentales de las personas, especialmente el derecho al debido proceso y daños institucionales; es preocupante el aprovechamiento de las elecciones para priorizar objetivos políticos que huelen a desquite. La CICIG, ¿quiere probar que todavía puede influir en los resultados de los comicios?

Guatemala y los derechos fundamentales están bajo ataque con el pretexto de la lucha contra la corrupción y con el disfraz de la búsqueda de la justicia. ¿no te has dado cuenta aún?


13
Jun 19

¿Qué intereses se benefician con este estado de cosas?

¿Cómo es que el director del Registro de Ciudadanos, Leopoldo Guerra, abandona sus responsabilidades sólo tres días antes de los comicios?  ¿Cómo es que poco antes, el Fiscal que investiga los delitos electorales de la UNE, FCN/Nación y Todos -Oscar Schaad- también abandonó su puesto unos días antes?

La foto de Leopoldo Guerra la tomé de Radio Punto,

Schaad se va por tres meses y la Fiscal General dice que es porque ha recibido amenazas tangibles; Guerra, por su parte, sólo se va durante tres días y dice que es porque se siente enfermo.

Si es cierto que Schaad ha sido amenazado y si ese fuera el caso de Guerra, la cosa es grave.  ¡Muy grave! Porque evidenciaría que todo el proceso electoral está a merced de quienes son capaces de asustar y de inspirar miedo.

La foto de Oscar Schaad es de elPeriódico.

Si fuera el caso que Schaad y Guerra, o alguno de los dos, ha obrado así para crear una atmósfera de incertidumbre y de desconfianza, la cosa es grave. ¡Muy grave! Porque evidencia que todo el proceso electoral está siendo manipulado de una forma nunca vista desde principios de los años 80.

¿Es, este, el legado de la CICIG y de sus sicofanes, así como de sus esfuerzos por transferir capacidades? Una ley electoral que estatizó el proceso de elecciones; un Tribunal Supremo Electoral que es como un lame duck: un proceso precario plagado de incertidumbre y de arbitrariedades; actos de irresponsabilidad; posibilidad de actos violentos.  ¿Quiénes se benefician con este tipo de cosas?  Parece evidente que aquellos que son investigados; pero también aquellos que viven del conflicto, de la zozobra y de la desconfianza.

De paso, las acciones de Schaad y Guerra, ¿están relacionadas con la renuncia de la magistrada Silvia Valdez, que se retira de la Corte Suprema de Justicia aduciendo problemas de salud? ¿No están relacionadas?

La foto de Silvia Valdés la tomé de elPeriódico.

Algo está podrido, y no precisamente en Dinamarca.  Si las cosas andan así, Guatemala necesita de la participación cívica de cada uno de nosotros para evitar que continúe el deterioro institucional.  La asistencia a las urnas debería ser masiva y ejemplar en rechazo a la costra nostra (no sólo cosa nostra, sino costra nostra) de la política de siempre y apoyar una opción distinta. ¿Ya te acordaste de qué grupos son los que desde siempre -o desde casi siemrpe- hay pretendido deslegitimar las elecciones, suspenderlas, o descalificarlas?

¿Qué piensas?


18
Abr 19

Mario Estrada y otra chambonada de la CICIG

Las preguntas del millón -en torno a la captura de Mario Estrada y Juan Pablo González Mayorga en Miami, señalado, el primero, de conspirar para importar cocaína hacia los Estados Unidos, ya que este pretendía obtener financiamiento del cartel de Sinaloa para los gastos de su campaña electoral, a cambio de facilitarles desde Guatemala el tráfico de drogas, a través de los puertos y aeropuertos del país- son varias; pero a mi dan mucha, mucha curiosidad cinco.

Si aquella acusación te impresionó, ¿qué tal esta otra? El 8 de febrero de 2019, durante una reunión en la ciudad de Guatemala, el candidato a la presidencia por Unión del Cambio Nacional, Mario Estrada y su socio, González Mayorga (ex operador político de la Unidad Nacional de la Esperanza, el partido de Sandra Torres)  les pidieron a dos agentes encubiertos de la Agencia para el Control de Drogas —que se hacían pasar como miembros del cartel de Sinaloa— que asesinaran a dos de sus rivales políticos. En la solicitud que hace Estrada, asegura que uno de los políticos sería blanco fácil porque tiene muchos enemigos en Guatemala.  Gonzalez Mayorga, también es acusado por la DEA de ayudar al candidato a la presidencia para facilitar el envió de drogas al país norteamericano.

La ilustración la tomé de https://twitter.com/Gran_Pablito

Las preguntas, si las sindicaciones de la DEA resultan siendo ciertas:

¿A lo largo de 10 años de operaciones y de experiencia en Guatemala, cómo fue que todo este tema se les pasó a la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala?

¿Cómo fue que todo este tema se les coló a las fiscales generales Thelma Aldana y Claudia Paz y Paz apoyadas por la CICIG?

¿Cómo fue que todo este tema  se le pasó al Tribunal Supremo Electoral, a quién la CICIG le trasladó capacidades en su oportunidad?

¿Cuántos políticos chapines -a todo nivel- están en iguales, o similares circunstancias que el candidato Mario Estrada, su socio y el partido que lo apoya?

¿Quiénes iban a ser las víctimas de los sicarios solicitados?

Yo buscaría las respuestas a las tres primeras en el hecho de que la CICIG y el Ministerio Público se enfocaron en construir un proyecto socialista de nación y no en acabar con estructuras criminales. Si que en algunos momentos intensos hubo persecución de algunos delincuentes y corruptos; pero las grandes estructuras criminales (como el sistema de aduanas y el narcotráfico) y los ambientes institucionales que las hacen posibles sobrevivieron a Castresana, Dall´anese y a Velásquez; así como a Paz y Paz y a Aldana.

La CICIG, con la ayuda del MP protegieron a la administración corrupta de los Colom/Torres en su momento (con el pretexto de defender la democracia chapina, pero con el objetivo de allanar el camino para el socialismo); y luego procedieron a allanar los caminos institucional, judicial y electoral para facilitar que, por lo menos una de sus candidatas consentidas -Sandra Torres, primero, Thelma Aldana, después y tras la pifia de esta, Torres de nuevo)- pudieran llegar a la Presidencia de la República y llenar de diputados el Congreso.

En ese afán se perdió la CICIG.  Sus todopoderosas facultades no se enfilaron a combatir el cáncer del narcopoder, sino que se concentraron en la abusadora pretensión de cambiar Guatemala a su sabor y antojo y al de sus patrocinadores y lacayos, incluso contra los deseos de los electores y de los tributarios. No que Guatemala no necesite cambiar, ¡Claro que sì!  Urge acabar con las estructuras y los ambientes que hacen posible la corrupción, así como urge acabar con el estado benefactor y mercantilista que hace del país un patrimonio de grupos de interés, entre otras cosas.  Pero nada de eso va a ser posible si no se combate el narcopoder. Incluso la nueva Guatemala a la medida de la CICIG y del socialismo no iba a ser posible sin neutralizar al narcopoder; pero los ingenieros se cegaron con la posibilidad de hacerse con la Presidencia y con el Congreso rápidamente y casi sin sudor.

¡Por supuesto que buena parte del narcopoder tiene su fuente en la guerra perdida contra las drogas!; pero como no se ve que esta vaya a ser sustituida por una estrategia mejor, el experimento de la CICIG quizás no hubiera sido tanto un desperdicio si hubiera hecho lo que hicieron la Drug Enforcement Agency y el Deparment of Justice de los Estados Unidos de América.

Fíjate pues: la ayuda internacional contra la criminalidad no es mala, ni buena en sí misma.  El que la DEA y el Department of Justice, con la colaboración sólida de sus contrapartes guatemaltecas, hayan capturado a dos chapines notorios, por conspirar para ingresar drogas a los EE.UU. (que es un asunto interno de aquel país, porque la guerra contra las drogas es su guerra), tiene resultados positivo para el saneamiento de las elecciones que vienen en Guatemala y uno tiene la esperanza de que ¿qué más va a salir a luz y a qué hora para estar despierto?  Pero lo que no se vale es disfrazar de lucha contra la corrupción el intento de construir un proyecto de nación (cualquiera que sea el color del proyecto).

No te pierdas en la falacia del Package-Dealing. Esta es la que se comete cuando no se discriminan las diferencias cruciales. Consiste en tratar juntos, como partes de un único conjunto conceptual o paquete, elementos que difieren esencialmente en su naturaleza, su relación con la verdad, su importancia o su valor. Como dice la gente: una cosa es una cosa,y otra cosa es otra cosa

La quinta pregunta da para demasiadas especulaciones; y ojalá se aclare durante los procedimientos judiciales que se vienen.

El título de esta nota es porque esta no es la primera chambonada de la CICIG.  He aquí una lista de las pifias de la Comisión:

Testigos obligados a mentir

Otra chorrada de la CICIG

Otro tiro por la culata para la CICIG

La increíble y  triste historia de los fracasos de la CICIG.

Otro fiasco de la CICIG

Otro pedo inflado de la CICIG y el MP

La CICIG, como Saturno, se come a sus hijos

La CICIG otra vez en la picota

La mulada, la CICIG

Los fracasos de la CICIG y la crisis de los tributarios

¿Otra vez la chorreó la CICIG?

La CICIG y Thalia

Otra vez, y otra vez, la CICIG en entredicho

Otra vez la CICIG cuestinada, esta vez por adopciones

Las cuitas de la CICIG


03
Abr 19

¿Quién protege a Sandra Torres?

¿Cuántos cigarros y cuántos octavos le ha ofrecido a Maximón Sandra Evita Torres? ¿Quién la protege? ¿Vas a creer que el caso penal que se lleva en su contra estaba listo 117 días antes de que recibiera inmunidad como candidata presidencial?

¿Qué quiere decir, exactamente, que el caso estaba listo? ¿Vas a creer que un caso de tanta, pero de tanta trascendencia jurídica y política se iba a atascar solito en un escritorio de la Fiscalía General del  Ministerio Público? ¿Vas a creer que la Corte Suprema de Justicia no se enteró a la hora de rechazar la solicitud de retiro de inmunidad en el contexto de un caso por financiamiento electoral ilícito?

Imagen de Maximón o Mam.

¿Por qué es que la CICIG (¿todavía existe la CICIG?) y la FECI dejaron pasar 117 días y hasta ahora dan la alarma? ¿No tuvieron oportunidad de advertir a la CSJ de la existencia de este caso que ya estaba en el MP? Según la CSJ para el 27 de febrero pasado, sus miembros no tenían elementos de racionalidad suficientes para retirarle la inmunidad a la candidata de la Unidad Nacional de la Esperanza. Yo creo que la Fiscal General tiene explicaciones que dar en este intríngulis; ¡pero también tienen que dar explicaciones la CICIG y la FECI…y la fiscal de 2015!

El proceso contra Sandra Evita Torres se originó de las pesquisas del caso llamado Traficantes de Influencias, en el que empresas pagaban por la agilización del crédito fiscal, y que prosiguió con el rastreo del dinero cobrado. En total, los aportes identificados como no reportados ante el Tribunal Supremo Electoral  por la Unidad Nacional de la Esperanza en la pasada campaña sumaron Q19.53 millones.

Las tres empresas que concentran los aportes no registrados por el partido, según la acusación del MP, fueron: Promotora de Recursos Habitacionales (Prohabsa), Maariv y Grupo Inmobiliario Empresarial San Felipe, las primeras tendrían varias conexiones empresariales con Mario Leal Castillo -prófugo– y la última con Ixcamey.

Prohabsa habría canalizado fondos por Q5 millones 791 mil 824.35; Maariv, por Q9 millones 64 mil, y Grupo Inmobiliario Empresarial San Felipe, Q4 millones 653 mil 315.

Además, se habría conducido a través de terceras entidades Q122 mil 613.75 empleados para comprar espacios publicitarios en TVA Guatemala (TV Azteca) usados en el 2015.

¿Qué le ha ofrecido a Maximón, Sandra Evita Torres, para safarse de estas?

Eso sin contar que el 27 de marzo pasado se conoció un audio en el que Torres habla con Gustavo Alejos acerca de aportes de financistas (en 2015, ¿quién era fiscal general en 2015?). La conversación revela  la implicación de Torres y Alejos en la captación de fondos para la campaña de la UNE en las elecciones de hace cuatro años.

Hace cuatro años, Torres era la consentida de la CICIG y de sus patrocinadores; puesto que perdió por las colas que tenia y frente a Thelma Aldana.  Ahora que Aldana anda prófuga (por las colas que tiene), ¿quién se beneficiaría si su caso presentado por la CICIG al Ministerio Público se atorara ahí, sin seguimiento apropiado de parte de la Comisión y de su aliada, la FECI, a sabiendas de que Torres iba a ser inscrita como candidata y de que luego de ello tendría inmunidad?

¿Quién protege a Sandra Torres?


19
Mar 19

Ve pues…orden de captura contra Thelma Aldana

El Juez décimo de Primera instancia penal, narcoactividad y delitos contra el ambiente emitió una orden de aprehensión contra Thelma Aldana, la candidata presidencial del socialista grupo Semilla; y una parte de mí se alegra; pero otra está incómoda.

La parte que se alegra celebra que la candidata enfrente a la justicia como tendría que enfrentarla cualquier otro mortal acusado de peculado por sustracción en forma continuada, falsedad ideológica y casos especiales de defraudación fiscal.

Según el Código Penal, el funcionario o empleado público que sustrajere o consintiere que otro sustraiga dinero o efectos públicos que tenga a su cargo por razón de sus funciones, comete peculado. Igual que el funcionario o empleado público que utilizare en provecho propio, trabajo o servicios pagados con fondos públicos.

Ese mismo cuerpo legislativo tipifica la falsedad ideológica como quien, con motivo del otorgamiento, autorización o formalización de un documento público, insertare o hiciere insertar declaraciones falsas concernientes a un hecho que el documento deba probar, de modo que pueda resultar perjuicio.

Los casos especiales de defraudación tributaria están tipificados aquí y no los transcribo porque son muy largos de enumerar.

La parte que se alegra se siente un poco menos noble y algo morbosa porque ¿cuántas veces vimos a la candidata, cuando era jefa de ministerio público, erigirse cual gran señaladora junto a Robespierre Velásquez? ¿Cuántas veces hemos visto al grupo Semilla apuntando el dedo y acusando con aroma de santidad? Sí, el grupo Semilla cuyo fundador no está preso (pero está libre con el privilegio de fianza), porque era uno de los favoritos de la CICIG y del establishment; privilegio, digo, y no derecho, porque a otros procesados esa opción les ha sido negada arbitrariamente y con saña. ¿Cuántas vidas arruinaron los equipos de Aldana/CICIG, no en busca de hacer justicia, sino de politizar la justicia y sembrar el terror?

Thelma Aldana, la candidata de la pureza parece no estar floreciendo.  Se tuvo que ir a inscribir a la sombra de la noche y por la puerta de atrás, armada sólo con un finiquito de conciencia; y luego, ¿alguien le tendió un puente de plata para que pudiera huir a El Salvador y no viéramos fotos de ella enchachada y frente a un juez? ¿Como es que la orden de captura es de ayer y la inscripción es de hoy? ¿Cuando y a qué hora se puso las de Villadiego?

Con todo y eso, otra parte de mi está incómoda.

Incómoda porque así como es inaceptable la politización de la justicia, es inaceptable la judicialización de la política.  ¿Qué tal si es cierto que este proceso contra Aldana es parte de un plan para allanarle el camino a Sandra Torres, la de la Internacional Socialista, la del gobierno de Colom, la que se divorció para ser candidata en las elecciones pasadas, la del Transurbano, y la admiradora de Fidel Castro. Sandra Torres la que debería estar procesada por financiamiento electoral ilícito y no registrado, pero que se ampara en el antejuicio del que gozan los candidatos.

Incómoda porque tanto melodrama -y tanta incertidumbre- huelen a compadre hablado; siendo que Aldana parece ser la nueva favorita de la CICIG y sus admiradores.  A ratos todo esto tiene aspecto de una opereta en la que nada es lo que parece y lo verdaderamente importante está ocurriendo tras bambalinas.

Y si es cosa de compadres hablados ¿Qué tal si todo se arregla de modo que parezca que el Ministerio Público hizo su mejor esfuerzo para perseguir a Aldana, luego resulta que el Juez dice que no hay caso, y acto seguido el Tribunal Supremo Electoral confirma su candidatura? Lo que sigue son los aplausos porque la candidata aclaró su situación jurídica y tutti contenti. ¡Bueno! Todos contentos entre la CICIG y su coro, y el establishment.

En todo caso, ¿quién me  presta una bola de cristal? ¿Quiénes van a ser los perdedores si todo esto es una charada? Los chapines, la credibilidad y legitimidad del proceso electoral, el estado de derecho y el futuro de la república.

Las dos ilustraciones las tomé de Facebook,