11
Mar 20

De Calle sucia a Calle Jerusalén, un desatino en La Antigua

El alcalde de La Antigua Guatemala dispuso y consiguió cambiarle de nombre a la Calle Sucia del barrio El Tortuguero en la ciudad colonial y mediante este acto arbitario le impuso el nombre de Calle Jerusalén a aquella vía cuya historia data del siglo XVI.

El alcalde antigüeño abusa de sus facultades en desmedro del carácter de la ciudad colonial.

La Asociación de Vecinos Salvemos Antigua le envió una carta al alcalde Victor Hugo del Pozo, en la cual manifiestan su estupor, por la noticia del cambio de nombre de esta calle que data desde el siglo XVI. Es un desatino que atenta contra la autenticidad y memoria histórica de La Antigua Guatemala. Sienta un pésimo precedente para que cualquiera, en el futuro, altere los nombres o nomenclatura de las calles de nuestra ciudad, expresó.

La verdad es que sí es un desatino, porque la disposición tiene todo el aspecto de ser una típica alcaldada que irrumpe de forma grosera en la historia y el carácter no sólo de una calle y de un barrio, sino de toda la ciudad. Y si aquello no fuera poco, huele a un acto  de adulación para un país (Israel) y una ciudad (Jerusalén) con la que Guatemala tiene una amistad y hermandad entrañables, en el marco de las cuales un acto así es por demás innecesario. Es eso, o es el acto de un sicofante para con esos grupos religiosos obsesionados con profecías hierosolemitanas.

Es cierto que Calle Sucia no es el nombre más encantador para una vía pública; pero ha de haber una historia detrás del nombre; y esa historia -ya sea que se conozca enla actualidad, o se haya perdido en el tiempo-  está íntimamente vinculada al carácter de El Tortuguero y al de La Antigua.

En cualquier caso esta es una oportunidad para la desobediencia civil y para mostrarle al edil antigüeño que él es sólo un mandante y que los antigüeños son los mandatarios.


06
Mar 20

La piñata con tus impuestos

Los magistrados del TSE aprobaron sus propias indemnizaciones.  Haz cuentas, el Presidente del Tribunal recibe un sueldo base de Q56 mil, mientras que los demás magistrados reciben Q49,500. ¡Si se pagan las indemnizaciones recibirían en promedio Q297 mil cada uno!…con tu pisto.

La foto es de elPeriódico.

Así mismo, varios exdiputados están buscando la forma de darle palos a la piñata de las indemnizaciones, y pretenden que los tributarios les paguemos resarcimientos en función de los años en que ocuparon curules.  Para que te hagas idea, el sueldo de un diputado es de Q29,150 y se compone de dietas por asistencia a sesiones plenarias, reuniones en comisiones de trabajo y gastos de representación. El año pasado los tributarios pagamos Q66 millones para el pago de los 14 salarios a los 158 congresistas.

La indemnización, que en Guatemala no es universal, sino sólo por despido injustificado, es el monto que el empleador debe pagarle al trabajador en caso de despido no justificado. La indemnización laboral tiene lugar cuando el trabajador es despedido sin existir una de las causas de rescisión sin responsabilidad para el patrono y con el propósito de corregir una situación de injusticia.

¿Te das cuenta? Tanto en el caso de los magistrados, como en el de los diputados, no hay tal despido injustificado porque cesan en sus labores como consecuencia del fin de su período; y no hay tal injusticia porque el plazo se conoce con anticipación, así como las condiciones de finalización del mismo. No sólo no hay base legal para indemnizar magistrados, diputados y otros funcionarios electos para períodos fijos, sino que no hay base moral para pagar las indemnizaciones, y ¡menos para pedirlas!

Lo que pasa es que tú ya sabes: los impuestos son robo porque son dinero ajeno tomado por medio de la amenaza del uso de la fuerza, para repartirlo entre intereses específicos y particulares muchas veces ajenos a los de los legítimos propietarios de aquellos recursos y muchas veces entre la clientela de quienes toman el dinero ajeno (los pipoldermos de siempre).  En este caso, tu dinero es reclamado por magistrados y exdiputados.

Columna publicada en elPeriódico.


27
Ene 20

Proteccionismo y clientelismo en La Antigua

¿Vas a creer?  La policía municipal de tránsito, en La Antigua, prohibe que las personas que viven en esa ciudad y los visitantes puedan usar Uber.

El noticiero Starnews publicó el momento en el que un agente de aquel cuerpo policíaco que depende de la municipalidad antigüeña multaba a un socio de Uber por operar allá.

Abuso municipal en La Antigua.

Haz clic para ver el vídeo de Starnews.

Esa actitid proteccionista y clientelista de las autoridades ediles de la ciudad colonial afectan a los habitantes del municipio y al turismo que visita La Antigua.  Es uno de esos casos en los que las autoridades parecen servir a un grupo de interes en perjuicio de la comunidad a la que deberían servir.

¿Tienen, los que ejercen el poder municipal, la facultad de decidir así quiénes pueden, y quiénes no pueden ofrecer el servicio que ofrecen los socios de Uber? ¿Por qué -en vez de proteger privilegios y regular actividades pacíficas y voluntarias entre personas que ofrecen transporte personal y personas que lo necesitan- los que ejercen el poder no proceden a desregular? ¿Por qué lo permitimos? ¿Por qué?


03
Oct 19

Trabajadores se ceban con los tributarios en el Hospigen

Los tributarios -que no el Hospital San Juan de Dios, ni el Ministerio de Salud- les pagaremos Q66 millones a empleados de aquel nosocomio.  Unos recibirán entre Q4 mil y Q5 mil quetzales por persona; pero la mayoría va a recibir Q29.9 mil.

Corredor del Hospital San Juan de Dios, foto de elPeriódico.

Dicha erogación es consecuencia de uno de esos pactos colectivos leoninos que plagan la administración estatal; y como Jorge Villavicencio, Luis Monterroso y Lucrecia Hernández Mack no cumplieron con los pagos durante sus períodos como ministros, ahora va a tener que hacerse en tres pagos y por aquel monto.  ¡Es un loteriazo a costa de los tributarios!…o una piñata.

La fiesta, sin embargo, no para ahí.  Con dinero de los tributarios se habrá de crear un fideicomiso de Q10 millones para cancelar las deudas que los burócratas de la salud han adquirido con bancos.  El banco que administre el fideicomiso (si es posible hacerlo) recibirá todas las cuentas de los trabajadores del hospital y habrá de abrir una agencia en el Hospigen.  Luego de que se cancele la deuda de Q66 millones, los 3,580 trabajadores del hospital recibirán un aumento salarial de Q1000.

Para que tengas algo de perspectiva, del presupuesto del nosocomio, 7 de cada 10 quetzales se usa para pagar salarios; de modo que sólo 3 de cada 10 quetzales se usan otras cosas. ¿Para qué servirían Q66 millones de esta piñata? Para 55,500 tomografías, para 111, 200 hemodiálisis, o para 15 calderas.

Está claro que la prioridad del presupuesto del San Juan de Dios es la de servir a las demandas salariales de la burocrácia que trabaja ahí. Que no se diga que su objetivo es brindar atención integral de salud, con calidez y calidad, mediante la promoción de la salud, prevención de enfermedades, recuperación y rehabilitación de los usuarios contando con recurso humano calificado y tecnología moderna para el mejoramiento de la calidad de vida. Todo eso es papas y pan pintados.  El Hospigen es una de las tetas etatales en las cuales son amamantados centenares y centenares de personas a costa de los tributarios…y de los usuarios a los que dice servir; porque…¿no me digas que en aquel centro hospitalario siempre hay equipo y materiales dignos de sus usurios?  Pero lo que nunca falta es el cheque para los trabajadores y sindicalistas.


23
Sep 19

Abusadora prohibición del plástico

Sin tener las facultades constitucionales necesarias para decretar semejante prohibicion, el Presidente de la República y su ministro de Ambiente, pretenden prohibir el uso de ciertos plásticos.

¡Adiós a las bolsas de supermercado, a las bolsas para basura, a los botes de helado y a los recipientes de comida china! Según el el Acuerdo gubernativo 189-2019, el Ejecutivo pretende prohibir el uso y distribución de bolsas plásticas de un sólo uso, pajillas, platos y vasos plásticos deshechables, mezcladores o agitadores plásticos, y  contendeores o recipientes plásticos o de duropor para almacenamiento y traslado de alimentos.

Imagen de previsualización de YouTube

Este abuso presidencial es una usurpación de las funciones legislativas porque este tipo de normativas -aunque fueran positivas (que no lo son)- no pueden ser impuestas desde el Organismo Ejecutivo.  Semejante legislación de alcances nacionales no cabe ser dispuesta sin una discusión en el Organismo Legislativo, porque -en todo caso- es al Congreso al que le corresponde legislar.  Es un atentado contra el estado de derecho, que la Presidencia, los ministerios y el Organismo Ejecutivo pretendan y consigan usurpar funciones del Organismo Legislativo.

La base esencial del estado de derecho es la confianza en la acción de reglas abstractas, que rigen las relaciones entre individuos, dice Friedrich A. Hayek en El ideal político del Estado de derecho; y Acuerdo gubernativo 189-2019 es todo lo contrario a una ley general.  De hecho es legislación particular y específica dado que el Estado de derecho implica que el gobierno jamás debe ejercer coerción contra el individuo, como no sea para proteger los derechos individuales, que no son lo mismo que los intereses individuales, ni los intereses colectivos.  El Estado de derecho impone límites a toda legislación y por ejemplo, los mandatos, normativas, o la legislación manada del gobierno no deberían ni crear privilegios, ni obstaculizar las libertades de industria, ni de comercio, efectos que la normativa que nos ocupa crea y obstaculiza.

¿Cómo? ¿Dónde?

El  artículo 4 del acuerdo gubernativo 189-2019 crea el privilegio de que exceptúa de la prohibición a los productos, o insumos importados y sellados de fábrica con plástico, o duropor.

Todo el acuerdo gubernativo arrasa con la libertad de industria y de comercio que está reconocida en el artículo 43 de la Constitución.  Alguien dirá que ese mismo artículo limita aquella libertad por motivos sociales, o de interés nacional que impongan las leyes. Pero no hay que confundir los motivos sociales, ni el interés nacional con motivaciones ideológicas (como la mentalidad antindustrial, por ejemplo), ni con intereses de grupos particulares (como los de los ecologistas irracionales).

Hay evidencias de que está en marcha una revolución anti-industrial que apunta a un retorno a lo primitivo. Hay evidencias de que la disminución en el uso de bolsas plásticas está alimentando la propagación del envenenamiento alimenticio ya que la gente no envuelve la carne cruda (de res, de pollo,  de pescado, ni de mariscos ) por separado. Y si la gente inmunda no aprende a disponer de su basura apropiadamente, ¿de dónde sale la idea de que va a aprender a separar la carne cruda, de otros alimentos? Si aquello ocurre en países con niveles elevados de educación, ¿qué crees que pasa en países con niveles modestos de educación? Nada de esto sirve a motivos sociales que no sean cortoplacistas y apaciguadores, ni sirve a intereses que no sean particulares y específicos, contrarios a cualquier cosa que se parezca a un interés nacional.

Por otro lado, ¿a qué motivos sociales y qué interés nacional puede servir el daño que sufrirán las personas que perderán sus empleos a causa de que sean prohibidos los productos que ayudan a fabricar? ¿En un país donde el desempleo es un problema grave?  ¿A qué motivos sociales y qué interés nacional puede servir el daño que sufrirán las familias que perderán sus fuentes de ingresos a causa de que sean prohibidos los productos que ayudan a fabricar? ¿En un país donde la miseria y la pobreza impide que la gente provea para su salud, su educación, o su vivienda?

La ingeniería social demencial, está por causar daños y descontentos inmesurables. ¿Ya te viste manguereando y lavando con detergente los botes de basura porque no puedes usar bolsas plásticas? ¿Alguna vez te han servido el ponche caliente de Navidad en un vaso que no sea de duropor? Digmos que usas pocillos de barro..¿ya cargaste y lavaste 20, o 50 de esos pocillos para una posada? ¿Cuánta agua, jabón y energía van a ser necesarias para mantener limpias las bolsas de tela para el mercado y para el supermercado? ¿Cuántos recursos se necesitan para producir bolsas de tela que mal sustituyan a las bolsas plásticas? ¿Cuántos recursos se necesitan para producir los contenedores de cartón que mal sustituyan a los de plástico? Los frascos de shampoo, ¿van a volver a ser de vidrio? ¿Has manipulado un frasco de shampoo resbaloso en la ducha? Sin bolsas plásticas, ¿vas a recoger el popó de tus perros cuando los saques a pasear?

¿Cómo se va a reparar el daño institucional de permitir que el Presidente, un ministro y el Ejecutivo usurpen funciones del Congreso?  ¿Cómo se va a reparar el daño institucional de la legislación pueda crear privilegios y coartar la libertad?  ¿Cómo se va a reparar el daño institucional de que los intereses de grupos específicos y concretos prevalezcan sobre los derechos?

Este desatino abusador de Jimmy Morales y de su ministro Alfonso Alonzo debe ser detenido ya, antes de que se materialicen los daños que está incubando.


31
Ago 19

Otra vez el tema de los parqueos

La iniciativa de forzar, por medio de legislación, a que los parqueos sean gratuitos y su hermana, la idea de que estén asegurados -principalmente en centros comerciales- son desatinos por dos razones: viola la libertad de producir e intercambiar sin coerción; y hace que unos tengan que pagar por servicios que usan otros.

Como…¿Por qué?

¿Se puede forzar a alguien a prestar un servicio en condiciones que no le convienen?

Cuando alguien construye un estacionamiento hace una inversión e incurre en costos con la esperanza de prestar un servicio y hacer negocios con quienes -de forma voluntaria y pacífica- quieren hacer uso de aquellos servicios.  Quienes prestan servicios de estacionamiento lo que ofrecen es espacio.  Se engañan quienes creen que los estacionamientos ofrecen servicios de seguridad.  Voy a abundar en esto abajo al transcribir un artículo que escribí hace ratos sobre este tema.

Cuando tu estacionas tu vehículo en un parqueo pagas X por el espacio que ocupa tu automóvil.  Si quisieras que este esté asegurado tendrías que pagar X + Y + Z porque el seguro tiene un costo (Y).  Y también lo tienen los guardias que habría que contratar (Z) para que controlaran los movimientos dentro del parqueo y evitaran daños.

Si estaciono mi vehículo en un parqueo bajo las condiciones de una regulación o legislación de supuesta gratuidad, el costo de X + Y + Z no lo pagaría al salir del centro comercial como ocurre ahora con el pago de Z.  Lo pagaría al consumir en mi lugar de específico de compras porque los espacios de estacionamiento tienen costos.  Y los costos se trasladan siempre que es posible trasladarlos. Entonces, en lugar de pagar X por un almuerzo en el food court del centro comercial, yo tendría que pagar el precio del almuerzo, más una parte proporcional de Y + Z y así en cada consumo.  Pero lo que es peor es que aquellas personas que lleguen sin vehículo al lugar, también tendrían que pagar una parte proporcional de la supuesta gratuidad del estacionamiento de mi vehículo.  Mi vehículo estaría estacionado aparentemente de forma gratuita; pero otros -incluso los que no llegaron con automóvil- pagarían una parte proporcional de mi privilegio.  Es por eso que Milton Friedman dijo que no hay tal cosa como un almuerzo gratis.  El almuerzo que es gratis para unos, necesariamente es pagado por otros.

Las propuestas de forzar la gratuidad, ya sea por medio de legislación, o por medio de boicots es populista e injusta. A continuación un artículo que escribí hace ratales en un contexto parecido:

Algunas personas creen que los parqueos privados deberían ser regulados; que debería haber un control de precios y que, por ejemplo, los propietarios de los estacionamientos deberían responder por daños que ocurran en los locales. Esa perspectiva pierde de vista que el servicio que prestan los estacionamientos y por el cual cobran lo que cobran (y los usuarios pagan sin ser obligados a adquirir el servicio) es el de espacio para estacionar; no el de seguridad para el vehículo. Este último es un tipo de servicio muy diferente al del espacio y no estoy seguro de si alguien querría prestarlo voluntariamente a los precios actuales. Aquella óptica pierde de vista que, cuando hay control de precios, sucede lo que tiene que suceder: escasez.

Mientras tanto, toma en cuenta que:

1. En los estacionamientos generalmente hay letreros que explican que el establecimiento no se hace responsable por daños a los vehículos y que los propietarios los dejan ahí por su cuenta y riesgo. De modo que queda claro que a cambio de cualquiera que sea la suma que me cobren en el parqueo, lo que me ofrecen es un espacio para dejar mi carro; y no me ofrece seguridad.

2. En esas condiciones, está claro que yo tengo que elegir entre no llevar automóvil, dejar ahí mi carro, o dejarlo en la calle y evaluar dos cosas: si quiero seguir dando vueltas en busca de un espacio, o si quiero jugármela y dejar mi auto en la calle para no pagar la tarifa del estacionamiento.

3. Si los dueños de estacionamientos ofrecieran seguridad, seguramente sus costos se elevarían y habría que ver si podrían, o querrían, prestar ese servicio adicional al mismo precio que prestan el de espacio.

4. Lo mismo ocurriría si pagaran algún tipo de seguro. Eso incidiría en sus costos. y podría influir en los precios para el usuario.

5. Para protegerse de usuarios inescrupulosos (o incluso de gente de buena fe que pudiera estar equivocada) en los parqueos tendrían que recibir los vehículos como cuando uno los alquila.  Tendríamos que llenar un formulario con un inventario mínimo de los daños que ya tiene el vehículo al dejarlo estacionado, e incluso un inventario de lo que hay adentro.  ¿Cuánto tiempo estás dispuesto a invertir en esto cada vez que te estaciones?

6.  Quizás debería haber dos tipos de estacionamiento: unos que sólo ofrezcan espacio, como los que hay ahora; y otros que, por el precio correcto, ofrezcan otros servicios como seguridad, seguro, limpieza y qué se yo qué más podrían querer los clientes y qué más estarían dispuestos a pagar.  Pero estos servicios deberían ser contractuales, voluntarios y pacíficos; no forzados, ni impuestos por la legislación y la política.

A mi juicio está claro, y siempre lo ha estado, que los estacionamientos no cobran por seguridad, sino que cobran por espacio. Es muy peligroso que haya quienes demanden legislación para obligar a otros a ofrecer bienes y servicios que no están dispuestos a ofrecer, a cambio de tarifas que no están dispuestos a aceptar.

Claro que la gente tiene derecho a quejarse de los costos de los estacionamientos (the antique art of bitching) ; pero yo prefiero vivir en una sociedad en la que se respete las libertades de producir, consumir, intercambiar y de servir, sin coerción, ni privilegios.


23
Jul 19

¡Quedáte aquí hijo de la gran…!

¿Qué tienen en común los dos personajes de las fotos? Es decir…aparte de que estaban en Pasos y pedales el domingo pasado y llevaban perros.

El primero, el de la izquierda, haló con mucha violencia y hacia sí a su perro y le dijo, de forma grosera, ¡Quedate aquí hijo de la gran puta! Y el pobre y flaco animal quedó con la correa muy corta junto a su dueño.  Si eso hace en público, ¿qué le hará al perrito en privado?

El segundo va cómodamente, sobre ruedas, sin casi hacer esfuerzo alguno, mientras su perrito va a su lado.  Cuando veo esceneas así, como las de gente que va en bicicleta halando a su perro al lado, ¿cómo saben, estas personas si sus animalitos están en las condiciones físicas necesarias para el esfuerzo que ellos no están dispuestos a hacer? ¿Estarán los animalitos en condiciones de correr junto a sus amos, que van en bicicleta, o en scooter? ¿Tu le harías eso a tu perro?

¿Son, aquellas, formas de abuso contra los perros?


05
Abr 19

Torres, la intocable

¿Vas a creer? Susan Salazar, jueza de delitos de Femicidio y otras formas de violencia contra la mujer emitió medidas de seguridad a favor de la candidata presidencial  Sandra Evita Torres; de modo que los Juan Francisco Sandoval y Andrei González no deben perturbarla de forma alguna.

¡Que osadía perturbar a Sandra!

La foto es de Soy 502.

El oficio emitido por Salazar califica de agresores a los fiscales y les indica que no deben perturbar a la presunta agraviada, ni  a su núcleo familiar, de forma personal, o por medio de medios de comunicación, o redes sociales.  La jueza también les advierte que el incumplimiento de las medidas decretadas constituye el delito de violencia contra la mujer y desobediencia.

¿Quién se va a atrever a encontrar los esqueletos en el armario de Evita, luego de la amenaza de la jueza Salazar? ¿Cómo es que Sandra Torres no va a encabezar encuestas si los delitos que hubiere cometido -si los hubiere cometido- no pueden ser investigados como se investigan los de cualquier otro mortal?

Este tipo de acciones desnaturalizan el combate a la violencia contra las mujeres. ¿De verdad puede, un juez, emitir una acción como esta contra fiscales que están actuando de acuerdo con sus funciones legales?

Este nivel de protección contra la investigación de delitos, ¿puede ser gozado por cualquier mujer sospechosa de haber cometido delitos que se sienta agredida y agraviada por el Ministerio Público y alguna de sus fiscalías, o es un privilegio para Torres? Si los fiscales fueran mujeres, ¿se aplicaría la restricción emitida por Salazar?

Toda mujer sospechosa de haber cometido delitos, que se sienta perturbada, agredida y agraviada por el MP y sus fiscalías, ¿podría ser auxiliada por la Policía cuando ella lo requiera, en cualquier momento y lugar de la República de Guatemala, si el MP y una fiscalía la investigan, o sólo Torres, la consentida e intocable?

¿En serio?

Si Torres llegara a la Presidencia, ¿qué clase de Presidencia crees que sería la suya?


29
Mar 19

Que no te den atol con el dedo

Las retenciones del crédito fiscal les causan pérdidas de Q42.2 millardos a los dueños legítimos de aquellas retenciones. El drenaje en la economía de los propietarios de aquellos recursos -desde 2012 hasta 2018- por el dinero que el gobierno no devuelve y no se usa de forma productiva ha sido de uno por ciento del PIB.

La ilustración la tomé de Facebook.

Escucha el podcast aquí.

Aparte de los daños y perjuicios que causa esta situación, en el área económica, hay efectos negativos en el campo de la ética porque “los criterios establecidos por la SAT derivan de inconsistencias, posibles inconstitucionalidades y de exigencias exageradas”, según explicó el consultor, O. Chile Monroy.

¿Ves? de poco sirven los grandes planes de impulso a la productividad, los privilegios y los subsidios, y de poco sirven los viajes, las presentaciones y la burocracia promotora del país, si un inversionista potencial se entera de que aquí, los políticos y burócratas no devuelven el dinero que es propiedad de los tributarios y que han tomado de más.

Como lluvia que cae sobre mojado, la semana pasada representantes de la calificadora de riesgo, Fitch, vinieron a decir que la carga que pesa sobre tus hombros de tributario –directamente cuando te quitan los impuestos; e indirectamente porque los recursos son desviados del sector productivo de la economía al sector político – es poca; y que debería ser más. Nada dijeron sobre eliminar el desperdicio en el gasto estatal.

Con aquello en mente te recomiendo las observaciones del analista Daniel Fernández: A pesar de las apariencias, la presión fiscal no es un indicador clave a la hora de hacer política pública para el desarrollo. Incrementar la carga fiscal no va a incrementar la renta per cápita, ni el índice de desarrollo humano. Existen muchas iniciativas posibles para desarrollar Guatemala; pero incrementar los impuestos no es una de ellas. Los impuestos sirven para engordar los bolsillos de los políticos y burócratas que los gestionan. La agenda del desarrollo necesita un cambio en las reglas de juego, la liberalización de la economía, y priorizar la seguridad física y jurídica sobre cualquier otro gasto público.

Columna publicada en elPeriódico.


12
Mar 19

Sinaloa y el reglamento mordaza del TSE

Es posible que el reglamento mordaza del Tribunal Supremo Electoral, Acuérdo 99-2019, sea un copy/paste y adaptación del Reglamento de debates del estado de Sinaloa, México.  La cuestión, ahora, es quién pidió, o quiénes pidieron ese reglamento para Guatemala; quién, o quienes hicieron el copy/paste y por qué, con qué propósitos. ¿Para servir a qué intereses? ¿De dónde sale la gente que hace este tipo de cosas? ¿La CICIG tuvo algo que ver? ¿Alguien cobró por hacer el copy/paste?

Foto parcial del Plan de lineamientos, de Sinaloa, México

Los lineamientos para la organización de debates entre candidatos, de Sinaloa, regula la competencia y responasbilidad de los consejos electorales en la organización y difusión de los debates.  Define lo que son los debates y sus objetivos, así como sus términos y su estructura.  También especifica los temas sujetos a debate.

a) SOCIEDAD en función de los siguientes subtemas:

I. Desarrollo social. II. Seguridad pública, procuración e impartición de justicia. III. Educación. IV. Cultura. V. Etnias.

b) ECONOMÍA en función de los siguientes subtemas:

I. Desarrollo económico. II. Ecología. III. Inversión. IV. Empleo. c) GOBIERNO en función de los siguientes subtemas:

I. Relación entre niveles de gobierno.
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II. Desarrollo urbano. III. Relación entre gobierno y sociedad. IV. Responsabilidades de servidores públicos.

El reglamento citado también es muy específico con respecto al moderador.

a) Ser ciudadano mexicano en pleno goce de sus derechos políticos y civiles;

b) Contar por lo menos con 25 años de edad al día de la designación;

c) No desempeñar ni haber desempeñado cargo directivo de Comité Nacional, Estatal o Municipal o su equivalente en Partido Político alguno, en los últimos cinco años anteriores a la designación, ni ser de reconocida militancia o identificación partidista.

d) No desempeñar ni haber desempeñado cargo de elección popular, ni haber sido postulado como candidato, en los últimos cinco años anteriores a la fecha de su designación, ni haber participado en la campaña;

e) No ser ministro de culto religioso;

f) Contar con experiencia y conocimiento en las áreas de periodismo, humanidades, investigación o docencia;
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g) Gozar de buena reputación, reconocida capacidad, honorabilidad e imparcialidad;

h) No tener grado de parentesco en línea recta ascendente o descendente sin limitación de grado y en la línea colateral hasta el primer grado, con los candidatos y dirigentes de Partidos Políticos;

i) No haber desempeñado, en el período de tres años anterior a su designación, ningún cargo de dirección de la Federación, Estado o Municipio, así como sus organismos descentralizados; excepto quienes hayan desarrollado actividades relacionadas con la docencia; y,

j) No ser miembro de los Consejos Electorales.

No menos importante, en este contexto, es aclarar si la Comisión internacional contra la impundad en Guatemala tuvo un papel en esta aberración.

Foto parcial del acuerdo de colaboración entre la CICIG y el TSE.

Gracias a los lectores, Mario y César, por las pistas.

Actualización: el acuerdo mordaza del TSE fue revocado el 12 de marzo de 2019. Los magistrados, sin embargo, se niegan a aclarar cuál es el origen del mismo.