26
Mar 20

Precio por “la cabeza” de Nicolás Maduro

El Departamento de Justicia de los Estados Unidos ha ofrecido una recompensa de US$15 millones a quien proporcione información que conduzca a la captura de Nicolás Maduro, a quien señala de ayudar, dirigir y liderear una organización delictiva conocida como el Cártel de los soles.  Maduro enfrentaría una pena de entre 50 años de prisión y cadena perpetua. Y yo lo celebro.  Al tirano lo acompañan otros 14 funcionarios y exfuncionarios acusados de narco-terrorismo, corrupción y otros delitos.

Nicolás Maduro. Eneas De Troya / CC BY-SA (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0)

Mis amigos, que saben, comentan que este podría ser el fin de una pesadilla de 20 años para los venezolanos; pero que si Maduro  no es capturado y expulsado del poder, en estas circunstancias, podría resultar fortalecido.

Lo cierto es que la administración de Donald Trump se la está jugando y ha dado un gran paso, y seguramente otros países van a seguirle.  No es cualquier cosa ponerle un Se Busca a un presidente.

El régimen corrupto de Maduro/Cabello.

Si alguien te sale con que el derecho de libre determinación de las naciones aquí y allá, no olvides que ese derecho se aplica únicamente a las naciones libres, o a aquellas que buscan establecer la liberad; y que no es aplicable a las tiranías. Las naciones dictatoriales viven fuera de la ley.  Si te interesa esta perspectiva, te recomiendo el capítulo titulado Derechos colectivizados, en La virtud del egoísmo, por Ayn Rand. Además, un artículo por Alex Gladstein, chef strategy officer de la Human Rights Foundation evidencia que las dictaduras han hecho peor el brote de coronavirus; y uno no puede sino imaginar la pesadilla que ha de ser espantoso enfrentar una pandemia en manos de un régimen como el de Maduro.


21
Feb 20

La delicada elección de magistrados

El establecimiento de jueces es uno de los puntos más delicados en todas las sociedades políticas”…dice El amigo de la Patria el 27 de febrero de 182…y ese era el periódico que publicaba José del Valle. ¿qué hemos aprendido, 200 años después de aquella observación? Quizás poco, o nada.

Ejemplar de “El amigo de la patria”, de la Biblioteca Ludwig von Mises.

Mmm, voy a corregir el final del párrafo anterior. Porque lo cierto es que los miembros de numerosos grupos de interés si entienden lo delicado que es el nombramiento de jueces. También es cierto que lo peor de la clase política también entiende lo delicado que es el establecimiento de jueces. Da la impresión de que quienes no lo han entendido son los tributarios y electores de a pie, cuyas vidas son directa, e indirectamente afectadas por la calidad de jueces y magistrados que son electos por los políticos a quienes les han dado sus votos. Da la impresión de que tampoco lo han entendido los tributarios y electores en las élites, que parecen ser incapaces de organizarse para rescatar la república.

En 1982 la International Bar Association aprobó un documento de estándares mínimos para la independencia judicial y dice que la independencia judicial sustantiva significa que, en el desempeño de su función judicial, un juez no está sujeto a nada más que a la ley y a los mandamientos de su conciencia.

¿Cómo es posible ese tipo de independencia si los jueces y magistrados responden a patrocinadores muchas veces oscuros y a veces hasta criminales? ¿Cómo es posible ese tipo de independencia si la legislación es un instrumento para que los más variados grupos de interés impongan sus intereses e ideologías sobre los derechos individuales?

Es un error que olvidemos algo que advirtió F.A. Hayek en 1955: La política, en el sentido específico que constituye un contraste con la legislación, consiste en la tares de ajustar los medios de que dispone el gobierno –pero sólo los medios de que dispone– a las necesidades, que cambian con el transcurso del tiempo. En una sociedad libre, el ciudadano privado y su propiedad no están a disposición del gobierno.

Columna publicada en elPeriódico.


13
Ene 20

“Three amigos” sin prisión preventiva

¿Qué tienen en común Alvaro Colom, Juan Alberto Fuentes y Sandra Torres -los Three amigos-? Luego de estar en prisión preventiva poco menos de tres meses (incluidos 83 días en un sanatorio), Sandra Torres podrá abandonar la prisión preventiva porque la jueza de mayor riesgo Eva Recinos le concedió arresto domiciliario y una fianza de Q800 mil. La excandidata presidencial y expresidenta de la Internacional socialista está procesada por asociación ilícita, financiamiento electoral no reportado.

Ahora dime si la administración de justicia no es selectiva y política en Guatemala:

  • Alvaro Colom, ex presidente y ex esposo de Sandra Torres acusado de avalar la implementación del proyecto del sistema prepago para las unidades del Transurbano, por el cual se sustrajeron Q270 millones del Estado.  Colom pagó una fianza de Q1 millón y no puede salir del país. ¿Cuánto tiempo estuvo Colom en prisión preventiva? Poco más de cuatro meses. Alvaro Colom fue candidato presidencial de la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca y en compañia de su esposa, Sandra, viajó a Cuba para entregarle la Orden del Quetzal a Fidel Castro.
  • Juan Alberto Fuentes Knight, ex ministro de la administración Colom/Torres y expresidente de Oxfam estuvo unas tres semanas en prisión preventiva por el caso Transurbano (en el que están involucrados Los Colom/Torres) y salió rapidito para quedar en arresto domiciliario luego de pagar una caución de Q500 mil.

Se tenía que decir y se dijo.

¿Viste? Los de la foto pasan entre semanas y unos meses en prisión preventiva, o en un sanatorio y son rápidamente excarcelados. Es como para taparle el ojo al macho.  Esa gente es capturada con bombos y platillos, fotografiada en los tribunales y en prisión, para luego ser enviada a sus casas tras el pago de una fianza.  Al observador sperficial y descuidado le da la impresión de que la justicia es para tirios y troyanos; pero no. He aquí dos ejemplos:

  • El médico Jesús Oliva acudió al suicidio para librarse de la prisión preventiva a la que estuvo sometido durante ¡tres años!  Porque no era de la foto.
  • Al médico Raúl Castañeda, que murió luego de casi año y medio de prisión preventiva no le fueron concedidas ni caución, ni arresto domiciliario, ¿por qué? Porque no era de la foto.

Un reportaje de 2018 llama la atención sobre el hecho de que 28 personas han muerto en prision preventiva; es decir, enfrentando una acusación sin que sea dilucidado si son culpables, o no.  Según estadísticas del Sistema Penitenciario, entre el 1 de enero pasado hasta el 24 de octubre, han fallecido 56 personas en prisión preventiva. 29 de estas personas, un poco más de la mitad, eran auxiliadas legalmente por el Instituto de la Defensa Pública Penal , lo que quiere decir que tenían un perfil económico bajo.

¿Cuál era su pecado? No ser de la foto.

A finales de 2018 se estimaba que 48% de todos los presos del país están en prisión preventiva; y personajes como el empresario Max Quirín; el abogado Moises Galindo, y un grupo de militares ancianos que se hallan en el Hospital Militar (entre otros), parecen haber sido, o parecen ser más víctimas de algún tipo de venganza política, que de procesos judiciales en busca de justcia.

¿Por qué? Porque no son de la foto, ni son consentidos de la oligarquía de los derechos humanos, de los admiradores de la tiranía en Cuba, ni del club de ONG.

Los Three amigos –Colom, Fuentes y Torres- en cambio, pasan unas semanas incomodados, posan para las fotos y salen frescos cual lechugas al amparo de la politización de la justicia, de la arbitrariedad y de los privilegios.


28
Jun 19

Sin inmunidad a los candidatos

Ningún candidato a cargos de elección popular conserva inmunidad, incluidos Sandra Torres y Alejandro Giammattei; las credenciales emitidas por el Tribunal Supremo Electoral perdieron vigencia el domingo 16 de junio, confirmó su Departamento de Organizaciones Políticas.

Foto de Wikimedia Commons Atribución-CompartirIgual 4.0 Internacional

Está por verse si la fiscal general, Consuelo Porras está despierta, o no.  Digo porque, por decir algo, la candidata Sandra Torres tiene denuncias penales vigentes por delitos durante el conflicto armado; tiene cuentas pendientes por lavado de dinero; y en abril pasado la Fiscal General fue cuestionada sobre cómo manejó los tiempos de las investigaciones por aquellos asuntos y cómo fue beneficiada Sandra Torres. El expediente sobre financiamiento electoral ilícito —de la campaña de 2015— fue presentado ante el despacho de la fiscal, Consuelo Porras, en octubre de 2018 y no fue hasta el 5 de febrero de 2019 que dicho expediente fue trasladado a la Corte Suprema de Justicia, que, además, también emitió una resolución cuestionada.

Haz clic en esta imagen para conocer más sobre el financiamiento electoral ilícito.

¿Actuará ahora la Jefa del Ministerio Público? ¿O, convenientemente esperará a que Sandra Torres goce de nuevo del privilegio de antejuicio para accionar de forma simbólica y en beneficio de Torres?

Hold my  beer.

Actualización: Mientras yo escribía lo anterior, y bajo cargos de corrupción, la fiscalía pidió la captura internacional de Mario Leal, que fue candidato a la vicepresidencia en la elección de 2015; Leal integró en aquellos comicios la fórmula encabezada por Sandra Torres. Todo está en que esta movida no sea para taparle el ojo al macho.


19
Mar 19

Ve pues…orden de captura contra Thelma Aldana

El Juez décimo de Primera instancia penal, narcoactividad y delitos contra el ambiente emitió una orden de aprehensión contra Thelma Aldana, la candidata presidencial del socialista grupo Semilla; y una parte de mí se alegra; pero otra está incómoda.

La parte que se alegra celebra que la candidata enfrente a la justicia como tendría que enfrentarla cualquier otro mortal acusado de peculado por sustracción en forma continuada, falsedad ideológica y casos especiales de defraudación fiscal.

Según el Código Penal, el funcionario o empleado público que sustrajere o consintiere que otro sustraiga dinero o efectos públicos que tenga a su cargo por razón de sus funciones, comete peculado. Igual que el funcionario o empleado público que utilizare en provecho propio, trabajo o servicios pagados con fondos públicos.

Ese mismo cuerpo legislativo tipifica la falsedad ideológica como quien, con motivo del otorgamiento, autorización o formalización de un documento público, insertare o hiciere insertar declaraciones falsas concernientes a un hecho que el documento deba probar, de modo que pueda resultar perjuicio.

Los casos especiales de defraudación tributaria están tipificados aquí y no los transcribo porque son muy largos de enumerar.

La parte que se alegra se siente un poco menos noble y algo morbosa porque ¿cuántas veces vimos a la candidata, cuando era jefa de ministerio público, erigirse cual gran señaladora junto a Robespierre Velásquez? ¿Cuántas veces hemos visto al grupo Semilla apuntando el dedo y acusando con aroma de santidad? Sí, el grupo Semilla cuyo fundador no está preso (pero está libre con el privilegio de fianza), porque era uno de los favoritos de la CICIG y del establishment; privilegio, digo, y no derecho, porque a otros procesados esa opción les ha sido negada arbitrariamente y con saña. ¿Cuántas vidas arruinaron los equipos de Aldana/CICIG, no en busca de hacer justicia, sino de politizar la justicia y sembrar el terror?

Thelma Aldana, la candidata de la pureza parece no estar floreciendo.  Se tuvo que ir a inscribir a la sombra de la noche y por la puerta de atrás, armada sólo con un finiquito de conciencia; y luego, ¿alguien le tendió un puente de plata para que pudiera huir a El Salvador y no viéramos fotos de ella enchachada y frente a un juez? ¿Como es que la orden de captura es de ayer y la inscripción es de hoy? ¿Cuando y a qué hora se puso las de Villadiego?

Con todo y eso, otra parte de mi está incómoda.

Incómoda porque así como es inaceptable la politización de la justicia, es inaceptable la judicialización de la política.  ¿Qué tal si es cierto que este proceso contra Aldana es parte de un plan para allanarle el camino a Sandra Torres, la de la Internacional Socialista, la del gobierno de Colom, la que se divorció para ser candidata en las elecciones pasadas, la del Transurbano, y la admiradora de Fidel Castro. Sandra Torres la que debería estar procesada por financiamiento electoral ilícito y no registrado, pero que se ampara en el antejuicio del que gozan los candidatos.

Incómoda porque tanto melodrama -y tanta incertidumbre- huelen a compadre hablado; siendo que Aldana parece ser la nueva favorita de la CICIG y sus admiradores.  A ratos todo esto tiene aspecto de una opereta en la que nada es lo que parece y lo verdaderamente importante está ocurriendo tras bambalinas.

Y si es cosa de compadres hablados ¿Qué tal si todo se arregla de modo que parezca que el Ministerio Público hizo su mejor esfuerzo para perseguir a Aldana, luego resulta que el Juez dice que no hay caso, y acto seguido el Tribunal Supremo Electoral confirma su candidatura? Lo que sigue son los aplausos porque la candidata aclaró su situación jurídica y tutti contenti. ¡Bueno! Todos contentos entre la CICIG y su coro, y el establishment.

En todo caso, ¿quién me  presta una bola de cristal? ¿Quiénes van a ser los perdedores si todo esto es una charada? Los chapines, la credibilidad y legitimidad del proceso electoral, el estado de derecho y el futuro de la república.

Las dos ilustraciones las tomé de Facebook,


11
Ene 19

¿Exitos, o “papas y pan pintados?

De forma aventurada, y en un artículo del Wall Street Journal, un reportero recién afirmó que la CICIG ha encarcelado a directivos del IGSS, en el marco de un artículo que celebra los supuestos éxitos de aquella comisión. ¿Cuándo lo leas, nota que el reportero dice que ha sido la CICIG, y no el MP?

Lo que el reportero no explica es que muchos de esos encarcelamientos han sido ejecutados de tal forma que constituyen evidentes violaciones de no sólo de las garantías procesales de los acusados, sino de sus derechos individuales. Tres años y ocho meses ha durado la injusta e ilegal prisión preventiva a la que han estado sometidos Max Quirín, Julio Suárez y otros miembros de la junta directiva del IGSS; y ¿qué decir de los médicos Edwin Castañeda que murió preso por un fallo cardio-respiratorio y Jesús Oliva que se suicidó, deprimido por estar injustamente en prisión preventiva?

Según la CIDH, puede haber un uso excesivo de la prisión preventiva (y de esa aberración llamada prisión provisional); y es un deber de los estados –un deber de los políticos y burócratas– velar porque esta medida cautelar no sea usada de modo punitivo; así como encontrar opciones en respeto al principio de presunción de inocencia. Una comisión internacional que busca la justicia, ¿debería haberse ocupado de esta injusticia? Seguramente sí; pero sólo si la administración de justicia se basara en evidencias, en vez de ser un instrumento ideológico y de política.

Contra Quirín, Suárez y otros miembros de aquella directiva no hay evidencias; y el mayor señalamiento que se les hace es que aprobaron el contrato con PISA, aunque la junta de licitación no había determinado la capacidad técnica de la empresa, extremo que no le correspondía al Presidente de la directiva, sino a la citada junta. A eso, en mi pueblo se le dice que es papas y pan pintados.

El tribunal a cargo de esta causa puede tratar de enmendar los daños causados cuando apruebe medidas sustitutivas; pero el actuar de la CICIG (al estilo Stasi y en modo KGB) no puede apuntarse como un éxito digno de presumir en uno de los diarios más prestigiosos del mundo.

Columna publicada en elPeriódico.


21
Dic 18

Mi canasta de Navidad

En estas fiestas de fin de año –por si andabas con el pendiente- me gustarían cosas distintas en mi canasta navideña.

Me gustaría que la lucha contra la corrupción fuera eso y no una contra algunos corruptos. Quisiera que para que la lucha contra la corrupción tuviera el éxito, fueran desmantelados los ambientes, la legislación y las prácticas que hacen posibles las decisiones arbitrarias en las que medra la corruptela. Sin ese desmantelamiento, el corrupto que encarcelas hoy, es sustituido por uno con sólo ganas, y así sin que haya incentivos para que se detenga la cola.

Me gustaría que a la justicia le fueran vendados los ojos de nuevo, que esa vieja dama no pudiera ver si quien está frente a ella es tirio, o troyano. Quisiera que no sirviera a la construcción de un país modelado al gusto de unos y a costa de otros. Si me preguntas más, te diré que me gustaría que Max Quirín y el coronel Chiroy (por mencionar dos) recibieran un trato justo, y no el que se les da a los procesados que no son del agrado de quienes controlan el sistema de justicia. Quisiera que la CICIG y los “países amigos” dejaran en paz a los chapines.

¿Sábes qué me gustaría mucho? Que niñas como Jackeline Caal y sus familias no tuvieran que salir del país. Quisiera que hubiera menos obstáculos para el ahorro y la formación de capital; que hubiera menos economía de papel y más economía productiva. Que todos los privilegios fueran el eliminados y que socialismo y mercantilismo fueran malas palabras. Quisiera que el impuesto a los rendimientos del capital y las aduanas fueran eliminadas. Que fuera flexibilizado el mercado laboral.

Me gustaría que en las elecciones de 2019 la gente o votara con el hígado.

¿Qué más debería venir en mi canasta? Paz, amor y prosperidad en tu casa y en las de las personas que amas y admiras. Paz, amor y prosperidad para mi familia y mis amigos. Y no es que no quiera turrones, polvorones, un buen Jeréz y otras cosas así en mi canasta. Pero sí quisiera que en este solsticio de invierno, los guatemaltecos tuviéramos otra oportunidad. Quisiera menos odio y menos rencor.

Columna publicada en elPeriódico.


30
Nov 18

¿Para qué jodidos sirve?

Un amigo que estudia Derecho, recién preguntó: ¿Para qué jodidos sirve aprenderse las leyes de memoria? Y yo -medio en serio y medio en broma- le contesté que: Para apantallar a los profesores positivistas, para ser el mejor de la clase aunque no sepas mucho de derecho y para que tu cliente crea que sabes de Derecho.  Es que estudiar leyes, no es igual que estudiar Derecho.

De aquello me acordé cuando leí acerca del Caso gavilán¿Vas a creer que en la FECI y en el MP (o en la CICIG) no conocen el principio de derecho que prohíbe que un acusado sea enjuiciado dos veces por el mismo delito? Sólo la ignorancia real, o fingida, de aquel principio explicaría que Carlos Vielmann, por ejemplo, fuera acusado nuevamente por un delito del que ya fue absuelto por un tribunal madrileño.

¿Qué son los principios del Derecho? Son enunciados normativos que, aunque no estén integrados formalmente en las legislaciones concretas, sí recogen de forma abstracta el contenido de aquellos ordenamientos. Las abstracciones son importantes porque son el método epistemológico por medio del cual percibimos lo que existe; y ¿qué es la epistemología? Pues es la disciplina que se ocupa de descubrir los métodos apropiados para adquirir y validar el conocimiento. Luego, los principios del Derecho son conceptos fundamentales que definen el carácter de los ordenamientos jurídicos concretos y su violación mina la naturaleza misma no sólo de las legislaciones específicas, sino del concepto mismo de justicia.

No puede haber justicia, ni ordenamiento jurídico justo si principios como el de que todos son inocentes hasta que no se demuestre lo contrario, o el de que es prohibido enjuiciar a alguien dos veces por el mismo delito no son respetados.  Respeto que obliga al estado y a los funcionarios encargados de la seguridad y la justicia, ya sea en los cuerpos policíacos, en los tribunales, en el órgano encargado de la persecución penal y en el sistema penitenciario.

¿Cómo puede uno olvidar, o ignorar la importancia de aquellos principios? Si pasó por la facultad memorizando leyes; o si no se busca la justicia, sino otra cosa.

Columna publicada en elPeriódico; y la foto es por Carol M. Highsmith [Dominio público], via Wikimedia Commons.


27
Nov 18

Banderas de alerta en el Caso gavilán

Basada en los testimonios de secuestradores y asesinos particularmente crueles y perversos, obtenidos aquellos testinonios en circunstancias muy cuestionables por la Fiscalía Especial Contra la Impunidad, la jueza de Mayor riesgo A ligó a proceso a cinco señalados por ejecución extrajudicial de reos y tortura; y uno de los encartados es Carlos Vielmann, exministro de Gobernación, que ya había sido procesado y exculpado -en España- por el primer delito.

El hecho de que la FECI y el Ministerio Público incluyan en su persecusión un delito que ya había sido desestimado anteriormente por un tribunal viola el principio que prohíbe que un acusado sea enjuiciado dos veces por un mismo delito.  No es posible que la FECI y el MP desconozcan el principio y no es posible que desconocieran que Vielmann ya había sido juzgado en españa por ejecuciones extrajiudiciales y que en mayo, un tribunal de Madrid lo había absuelto.

En esas condiciones, ¿cuál era la intención de incluir esa acusación en el proceso que lleva el juzgado de Mayor riesgo A? Porque nótese que se trata de un principio de derecho y no de un mero aspecto de legislación.  ¿Trataban la FECI y el MP de elevar la presión sobre los acusados como una muestra de poder? ¿Trataban de tener un elemento de negociación y apalancamiento? ¿Pensaban que si disparaban así, con escopeta, algo iba a pegar aunque fuera contra un principio del derecho? ¿Cupo, en algún momento, la posibilidad de que aquel principio fuera pasado por alto?

Creo que esta movida debe levantar banderas de alerta donde haya que levantarlas; porque no bastaba que la FECI y el MP usaran criminales curtidos y testimonios conseguidos con base en favores para imputarles delitos a Vielmann y a los otros procesados.  La FECI y el MP estuvieron dispuestos a violar un principio del derecho con tal de conseguir que los acusdados sean llevados a juicio, aunque no hubiera indicios que sustentaran el fallo de la jueza de Mayor riesgo A.  Como no fueran los testimonios obtenidos

Cuando a sabiendas de que se está violando un principio como el de non bis in idem, las autoridades encargadas de la persecusión penal acuden a ese recurso -al de violar un principio del derecho- ¿cómo es que eso no es una violación a los derechos individuales de personas que (como lo indica otro principio del derecho) son inocentes hasta que no se pruebe lo contrario?  ¿Por qué es que esa no es una forma de litigio malicioso?

Lo actuado por la FECI y el MP (al amparo de la CICIG) debería ser una señal de alerta (como si hiciera falta) en cuanto a que en cuanto a aquel establishment se le mete entre ceja y ceja castigar a alquien -por el motivo que sea-, el establilshment no va a detenerse frente a la falta de evidencias, ni frente al uso malintencionado de testigos altamente cuestionables, ni frente a la violación de principios del derecho.

Las ejecuciones extrajudiciales y la tortura – cuando las hubiere- deben ser delitos perseguidos y castigados conforme al las leyes y a la Constitución; pero no a costa de la justicia, ni a costa de la búsqueda de la verdad, ni a costa del debido poroceso, de las garantías procesales, o de los principios del derecho.  La administración de Justicia no debería servir a objetivos políticos, ni a venganza.

Puedes construir tu casa sobre roca sólida, o sobre arenas movedizas, escuché una vez; y este caso, el Caso gavilán, es cimientos en arenas movedizas.  Y todas las banderas de alerta deberían estar levantadas ahora.

Foto por © José Luiz Bernardes Ribeiro / CC BY-SA 4.0


23
Nov 18

Presunción de inocencia y prisión preventiva

Ya sé que te la he recomendado antes; pero es que la película es buena y si no la has visto, permíteme recordártela.  Se trata de Presunto culpable, que, aunque la historia ocurre en México, seguramente es el caso de otros países de América Latina y de Guatemala.  Es la historia de un muchacho que va a parar preso y la de su lucha y la de su familia y abogados contra un sistema ¿de justicia? viciado y corrupto; así como la de su vida en prisión.  Siempre pienso en esa peli cuando abordo temas como la presunción de inocencia, la prisión preventiva, las prisiones y el sistema de justicia.

Imagen de previsualización de YouTube

El filme vino a mi mente hace unos días cuando participe en un diálogo sobre mecanismos de prevención a la violación del derecho a la presunción de inocencia, por la Fundación 2020.

¿Sabías que 48% de los presos están en prisión preventiva? ¿Puedes imaginarte los problemas humanos de incertidumbre, ansiedad, indignidad e inseguridad que sufren las personas que están tras las rejas solamente a la espera?  Eso sin contar los problemas que aquella sobrepoblación genera en términos de falta de espacio, inseguridad y falta de atención.

Es un hecho, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que puede haber un uso excesivo de la prisión preventiva (y eso que no hablamos de esa aberración llamada prisión provisional, que es “otro par de zapatos”); y es un deber de los estados –un deber de los políticos y burócratas– velar porque esta medida cautelar no sea usada de modo punitivo; y encontrar opciones no sólo por razones prácticas y presupuestarias, sino principalmente en respeto al principio de presunción de inocencia.

Una opción es el control telemático de procesados.  Es decir, el famoso brazalete.  En Guatemala ya hace dos años que fue aprobada la ley para su uso; pero los políticos y burócratas encargados han sido incapaces de ponerlo en práctica.  ¿Será mucha suspicacia suponer que es porque hay “bisne” involucrado? En serio, ¿qué están esperando? ¿Cuántos muertos debe haber, en prisión preventiva, para que este asunto sea prioridad?

Columna publicada en elPeriódico.