08
Jun 22

Anticonstitucional estado de sitio en San Marcos

 

De manera anticonstitucional, la administración Giammattei decretó Estado de sitio  en Ixchiguán y Tajumulco, San Marcos.

La medida tendrá vigencia de 30 días y se apoya en que -en ambos municipios-  se han realizado acciones delincuenciales que afectan el orden público, la gobernabilidad y la seguridad de los habitantes.

¿Qué implica un estado de sitio y por qué es anticonstitucional?

Foto por elPeriódico.

El estado de sitio es el segundo estado de excepción más violatorio de los derechos individuales contenido en la Ley de orden público.  Sólo lo supera el estado de guerra.

Durante el estado de sitio el Presidente de la República puede ejercer el gobierno en su calidad de Comandante General del Ejército, a través del Ministro de la Defensa.  Es casi, casi, una ley marcial. Todas las autoridades y entidades estatales, de cualquier naturaleza que sean, están obligadas a prestar a la autoridad militar el auxilio y cooperación que les sean requeridos, dentro de la esfera de su competencia.

En el estado de sitio son aplicables todas las medidas establecidas para los estados de prevención y alarma, pudiendo además la autoridad militar:

1) Intervenir o disolver sin necesidad de prevención o apercibimiento, cualquier organización, entidad, asociación o agrupación, tenga o no personalidad jurídica.

2) Ordenar sin necesidad de mandamiento judicial o apremio, la detención o confinamiento: a) De toda persona sospechosa de conspirar contra el gobierno constituido, de alterar el orden público o de ejecutar o propiciar acciones tendientes a ello; y b) De toda persona que pertenezca o haya pertenecido a las organizaciones o grupos a que se refiere el párrafo segundo del artículo 64 de la Constitución;

3) Repeler o reprimir por los medios preventivos, defensivos u ofensivos que fueren adecuados a las circunstancias, cualquier acción, individual o colectiva, que fuere contraria a las disposiciones, acuerdos u ordenanzas dictadas para el restablecimiento de la normalidad.

¿Ves por qué es anticonstitucional?…aunque sea legal.

Es anticonstitucional porque el propósito de la Constitución es proteger los derechos individuales de los habitantes del país contra los abusos de quienes están en el poder, sean del color que sean. Más allá del positivismo jurídico (la creencia de que si algo está en la Constitución no puede ser anticonstitucional, por ejemplo), facultades como las que les confiere a los pipoldermos la Ley de orden público violan el espíritu constitucional protector de los derechos de las personas al concederles al Presidente y al ejército facultades amplísimas, pero amplísimas para invalidar los derechos de miles de Guatemaltecos.

Claro que como aquel abuso anticonstitucional se materializa en San Marcos, en Ixchiguán y en Tajumulco a la gente de la capital nos importa poco.  Como son abusos que no afectan los granes intereses en la ciudad de Guatemala, lo que ocurre en el monte, no suele ocuparnos apasionadamente.  Pero es inquietante, por decir algo, el habito que tiene esta administración por resolver problemas mediante la invalidación de los derechos y el uso de estados de excepción.


23
Ago 21

El estado de excepción es anticonstitucional

 

El estado de excepción es anticonstitucional porque el propósito de la Constitución es proteger los derechos individuales de los habitantes del país contra los abusos de quienes están en el poder, sean del color que sean.

Esta meditación es importante porque, hoy en la tarde, el Congreso va a reunirse para conocer el estado de calamidad que ha impuesto y pretende legitimar el Presidente, Alejandro Giammattei.

La necedad presidencial ha hecho saltar por los aires la ansiada independencia de la Corte de Constitucionalidad que ahora es servil con la presidencia, luego de haber sido servil con la CICIG.  El activismo político de la Corte, ha desactivado su función protectora de la constitucionalidad para confirmar que es un instrumento de quienes detentan el poder donde quiera que estén ubicados.

No puede ser admitida una restricción de derechos sin que se respete escrupulosamente la Constitución y es halado de los pelos el argumento de la Corte en el sentido de que el estado de excepción debe ser improbado.  En todo caso, la disposición presidencial de restringir los derechos de todos -para ser legítima- tendría que ser aprobada por el Congreso luego de emitida por el Presidente en consejo de ministros (que no lo fue); no hay razón alguna por la que el Legislativo tendría que improbar algo que no ha nacido plenamente a la vida jurídica si antes no ha sido aprobado.  Date cuenta, amigo.

Desde sus primeros días, la administración Giammattei mostró una insana afición por los estados de excepción para resolver problemas; y esta afición es peligrosa para la república y para el estado de derecho que ya eran precarios y se están disolviendo con rapidez, si es que todavía queda algo.

En cualquier república constitucional, en cualquier estado de derecho que no sea papas y pan pintados, el ejercicio pleno de los derechos individuales por parte de las personas no puede, ni debe depender de un trámite.

Es un hecho que el estado de calamidad contenido en el venció luego de la media noche del lunes pasado; y ahora no sólo llevamos ocho días bajo un estado de excepción anticonstitucional e inconstitucional, sino que según los acuerdos 6-2000 y 7-2000 ¡Vivimos sometidos a dos estados de excepción anticonstitucionales e inconstitucionales.

Este estado de cosas puede ser remediado hoy por el Congreso en defensa de los derechos individuales de todos por igual…o no.  Y si no es remediado en el hemiciclo, es necesario que apuntemos y recordamos los nombres de los diputados que -por el motivo que sea- se alineen con el Presidente y sus cómplices. Tampoco habrá que olvidar los nombres de los diputados que, en el hemiciclo, se opongan y detengan la arbitrariedad, el abuso del poder, y el descalabro de la república y del estado de derecho. Las páginas de los libros de historia se escriben en situaciones como la que estamos viviendo.


08
Jul 21

¿Contra la corrupción y el socavamiento de “la democracia”?

 

Cuando supe de la lista Engel escribí que ojalá identificara las redes de delincuentes que -de todos los colores- medran en la corrupción y socavan las instituciones republicanas.  Ojalá que en su prólogo, o en sus recomendaciones fueran identificadas las causas que hacen posible la multiplicación de oportunidades para la corruptela, políticas como el estatismo, o las posibilidades de arbitrariedad por ejemplo; y que ojalá que no fuera instrumento de lucha por el poder.

A mí me decepcionó la lista, ¿y a tí?

El Report to Congress on Foreign Persons who have Knowingly Engaged in Actions that Undermine Democratic Processes of Institutions, Significant Corruption or Obstruction of Investigations into Such Corruption me decepcionó porque no ocurrió nada de aquello, porque no hubo sorpresas, porque -basada en reportes de medios y otras fuentes- a ratos pareció como una lista de personas impopulares en aquel nivel. A mi me pareció el producto de un grupo de fingermen, más pensado para escarnecer, que para resolver el problema grave de la corrupción, o el del socavamiento del estado de derecho y del sistema republicano.

Particularmente inquieta la inclusión de defensores de los veteranos militares del enfrentamiento armado interno.  ¿Por qué? Porque descalifica no sólo la búsqueda de la verdad (que depende de una variedad de perspectivas y de la libertad de expresión), sino que -en términos de la búsqueda de la justicia- mina el principio del debido proceso.  ¿Cómo se va a saber qué ocurrió de verdad durante los 36 años de enfrentamiento si sólo un lado puede hacer valer sus perspectivas en la opinión pública y en los tribunales sin ser escarnecido? ¿Qué peligro corren los abogados de los imputados, si el escarnio pende sobre sus cabezas cual espada de Damocles?

Otro caso. ¿Vas a creer que en el caso del Transurbano, sólo hay una persona señalada? ¿Vas a creer que ni su socia, ni su ministro de Finanzas aparecen en la lista?

Se dice que la lista publicada no es la lista completa, sino que fue sólo una probadita; y es posible. Vaya uno a saber. La cuestión de fondo es si las consecuencias no intencionadas de la práctica de hacer listas no resultan peores que los problemas que dicen abordar.

La legítima lucha contra la corrupción y contra el socavamiento del estado de derecho y de la república se un mejor esfuerzo.


12
Mar 21

Valoramos poco el estado de derecho

El estado de derecho constituye la mayor fuente de riqueza del mundo, escribió el profesor Tom W. Bell, y ¿quién lo iba a decir? ¿Verdad? Estamos acostumbrados a pensar que las fuentes de riqueza son de orden material, como los recursos naturales por decir algo.

Empero, un estudio del Banco Mundial, decodificado por Bell evidencia que el estado de derecho hace posible la creación del 44% de la riqueza en el mundo.  Luego de lo sorpresivo del hallazgo, el asunto tiene sentido.  Los recursos naturales, el trabajo productivo, el ahorro y la productividad sólo alcanzan toda su potencialidad cuando se respetan la Constitución y las leyes (no como aquí) y cuando hay separación del poder (a diferencia de aquí), descentralización (lejos de como es aquí), respeto a los derechos individuales (de todos, por igual), control jurisdiccional (que no es el gobierno de los jueces) y cuando se respeta el sufragio (que no es la democracia, sino el sistema republicano).

El hallazgo de Bell lo descubrí mientras exploraba la Startup City Mariposa, un emprendimiento que busca proveer la más alta calidad posible de vida por medio de un sistema policéntrico de gobierno.  Este tipo de gobierno asegura que las entidades gubernamentales cuyos servicios son más rápidos, mejores y más baratos, o cuyos clientes están más satisfechos, permanezcan en el negocio. El policentrismo brinda la máxima protección contra la corrupción al recompensar las innovaciones empresariales, las decisiones inteligentes y la ejecución eficiente.

¡Todo lo opuesto de lo que sucede en Guatemala! ¡Todo lo opuesto a lo que hemos visto, desde lo que ocurre en torno a la elección de magistrados para la Corte de Constitucionalidad, hasta lo que experimentamos cuando vamos a renovar nuestro DPI!  ¡Todo lo opuesto a lo que vivimos cuando hay invasión de fincas, bloqueos en las carreteras, o actos de corrupción a todo lo largo y a todo lo ancho del gobierno!

Valoramos poco (¿o nada?) el estado de derecho y estamos desperdiciando la mayor fuente de riqueza del mundo. Ahora todo es política, de la peor.

Columna publicada en elPeriódico.


06
Oct 20

Urge resolver desintegración de la Corte de Constitucionalidad

La presidenta de la Corte de Constitucionalidad, Gloria Porras, debe cumplir con la Constitución y las leyes; y proceder -de inmediato- a resolver la situación no sólo ilegal, sino desconsiderada, en la que tiene al magistrado Neftalí Aldana, que se halla imposibilitado para ejercer sus funciones, y cuya familia ha solicitado que lo suspenda.

La foto es de RepúblicaGt.

Cuanto antes, la presidenta debe solicitarles a las instituciones pertinentes -el Colegio de Abogados y la Corte Suprema de Justicia- que designen nuevos magistrados y debe respetar aquella designación.  Los magistrados en funciones deben respetar la Constitución y las leyes.

Es inaceptable que la Corte de Constitucionalidad pretenda que un acuerdo suyo sea superior a la Constitución, de modo que los magistrados pretendan decidir cómo es que se conforma aquel cuerpo colegiado en violación de la Carta Magna.

Actualmente hay dos vacantes en aquel alto tribunal: una, es la del magistrado titular que designó el Colegio de Abogados, luego del fallecimiento de Bonerge Mejía; y la otra, como consecuencia de la renuncia del magistrado suplente que designó la Corte Suprema de Justicia, luego de la renuncia de Consuelo Porras (que ahora es Jefa del Ministerio Público y la posterior impugnación e invalidación de la designación de Conrado Reyes. A ello hay que sumarle la ausencia temporal del magistrado Neftalí Aldana, que sufre quebrantos de salud.

Para complicar las cosas, está en duda si la firma del magistrado Aldana ha sido secuestrada. Oportuna y atinadamente, la magistrada Dina Ochoa y dos magistrados más han advertido que no integrarán la Corte hasta que no sea cesado Aldana.

En todo este lío, los magistrados de la Corte de Constitucionalidad y los intereses que representan encontraron un charco, chapotearon y ahora se han enredado de una forma peligrosa para el orden constitucional.


27
Sep 19

¿Aprenderemos del experimento de la CICIG?

El Congreso fiscalizará lo actuado por la CICIG; que fue un instrumento de política pública, autorizado por el Congreso con una gran cantidad de prerrogativas y privilegios. Como debería ocurrir con toda herramienta de política pública, lo correcto es que su gestión sea documentada y evaluada, no sólo de forma administrativa, sino jurídica, política y ética.

Ilustración tomada de Facebook.

Claro que interesan los resultados; pero también los métodos y los costos, no sólo financieros, sino de otra índole, incluso humanos.  Sobre todo, en cuanto a personas cuyos derechos hubieran sido violados por prácticas de la CICIG.

¡Por supuesto que la comisión del Congreso no debe involucrarse en los procedimientos judiciales en cuanto a definir si una persona es culpable, o no! Eso es propio de los jueces y no de los diputados; pero ¿por qué no podría evaluar el fenómeno de la prisión preventiva en cuanto a su generalización y plazos? De hecho, hay que hacer una reforma legislativa al tema, y qué mejor que hacerla con los pelos de la burra en la mano.  ¿Por qué no podría ser evaluado el fenómeno de la “prisión provisional” –que ni siquiera existe en la legislación–? En 12 años, ¿cambiaron los índices de percepción de la corrupción? ¿Hubo jueces presionados?

La CICIG fue un experimento de tales dimensiones que necesita ser entendido responsablemente a la luz de datos e información objetiva, que vayan más allá de las preferencias personales de tirios y troyanos; y que sean de acceso público. Entender la CICIG no es pegarle a un caballo muerto porque la CICIG es un fenómeno internacional (que incluso ha querido emular El Salvador), ¿por qué es que la comunidad internacional no querría contar con la mayor cantidad de información posible para aprender, comparar y contrastar?

Finalmente, la función más importante del Congreso no es legislar, sino fiscalizar; y aquel órgano tiene como función constitucional nombrar comisiones de investigación en asuntos específicos de la administración pública, que planteen problemas de interés nacional; y, finalmente, me da confianza que Luis Pedro Álvarez integre esa comisión.

Columna publicada en elPeriódico.


26
Sep 19

Peligrosa paralización de la justicia

Me uno a la Cámara Guatemalteca de Periodismo que -ante el inminente vencimiento de los períodos de funciones de 5 años de la Corte Suprema de Justicia y de la Corte de Apelaciones, que ocurrirá inexorablemente el próximo domingo, 13 de octubre de 2019, sin que las respectivas comisiones de postulación de candidatos a magistrados hayan entregado al Congreso de la República las nóminas de candidatos a magistrados y, por consiguiente, sin que el Congreso de la República haya elegido a los respectivos magistrados de la CSJ y de la CA- manfiesta:

A) Que el artículo 30, literal i), de la Ley de la Carrera Judicial dispone: “La calidad de juez o magistrado termina por cualquiera de las siguientes causas: (…) i) Por vencimiento del plazo para el cual fueron electos o nombrados”, por lo que el 13 de octubre de 2019 los actuales magistrados perderán la calidad de magistrados, así como su potestad de juzgar y promover la ejecución de lo juzgado.

B) Que dicha disposición legal no existía en el año 2014, cuando la Corte de Constitucionalidad decretó la suspensión provisional de la elección de magistrados de la CSJ y de la CA llevada a cabo por los diputados al Congreso, a raíz de varias acciones de amparo planteadas tanto contra dicha elección como contra el proceso de postulación de candidatos a magistrados, por lo que se asumió que la calidad de magistrado de quienes se desempeñaban como tales no se había extinguido y, por ende, los magistrados cuyo período de funciones había vencido el 13 de octubre de 2014 pudieron continuar en el desempeño de sus cargos hasta que fueron sustituidos por los que finalmente resultaron electos; por consiguiente, lo acontecido en el año 2014 no puede invocarse como precedente para sortear la actual coyuntura.

C) Su honda preocupación por el hecho de que los actuales magistrados perderán la calidad de magistrados el 13 de octubre de 2019 y de que los nuevos magistrados no puedan ser juramentados ni tomar posesión de sus cargos para el período de funciones comprendido del 13 de octubre de 2019 al 13 de octubre de 2024; y, asimismo, por el hecho de que tanto la CSJ como las Salas de la CA pudieran quedar paralizadas indefinidamente, en menoscabo de la administración de justicia pronta y cumplida.

Por tanto, la Cámara Guatemalteca de Periodismo:

I. Alerta a la ciudadanía y a la opinión pública nacional e internacional sobre los efectos perniciosos de una eventual paralización de la justicia oficial; y  II. Solicita a los actores políticos que depongan sus actitudes intransigentes y endurecidas, y que, asimismo, contribuyan, con el patriotismo debido, a superar la coyuntura e impedir que se genere una crisis de gran envergadura en menoscabo de la justicia, la seguridad jurídica y la paz social.


23
Sep 19

Abusadora prohibición del plástico

Sin tener las facultades constitucionales necesarias para decretar semejante prohibicion, el Presidente de la República y su ministro de Ambiente, pretenden prohibir el uso de ciertos plásticos.

¡Adiós a las bolsas de supermercado, a las bolsas para basura, a los botes de helado y a los recipientes de comida china! Según el el Acuerdo gubernativo 189-2019, el Ejecutivo pretende prohibir el uso y distribución de bolsas plásticas de un sólo uso, pajillas, platos y vasos plásticos deshechables, mezcladores o agitadores plásticos, y  contendeores o recipientes plásticos o de duropor para almacenamiento y traslado de alimentos.

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Este abuso presidencial es una usurpación de las funciones legislativas porque este tipo de normativas -aunque fueran positivas (que no lo son)- no pueden ser impuestas desde el Organismo Ejecutivo.  Semejante legislación de alcances nacionales no cabe ser dispuesta sin una discusión en el Organismo Legislativo, porque -en todo caso- es al Congreso al que le corresponde legislar.  Es un atentado contra el estado de derecho, que la Presidencia, los ministerios y el Organismo Ejecutivo pretendan y consigan usurpar funciones del Organismo Legislativo.

La base esencial del estado de derecho es la confianza en la acción de reglas abstractas, que rigen las relaciones entre individuos, dice Friedrich A. Hayek en El ideal político del Estado de derecho; y Acuerdo gubernativo 189-2019 es todo lo contrario a una ley general.  De hecho es legislación particular y específica dado que el Estado de derecho implica que el gobierno jamás debe ejercer coerción contra el individuo, como no sea para proteger los derechos individuales, que no son lo mismo que los intereses individuales, ni los intereses colectivos.  El Estado de derecho impone límites a toda legislación y por ejemplo, los mandatos, normativas, o la legislación manada del gobierno no deberían ni crear privilegios, ni obstaculizar las libertades de industria, ni de comercio, efectos que la normativa que nos ocupa crea y obstaculiza.

¿Cómo? ¿Dónde?

El  artículo 4 del acuerdo gubernativo 189-2019 crea el privilegio de que exceptúa de la prohibición a los productos, o insumos importados y sellados de fábrica con plástico, o duropor.

Todo el acuerdo gubernativo arrasa con la libertad de industria y de comercio que está reconocida en el artículo 43 de la Constitución.  Alguien dirá que ese mismo artículo limita aquella libertad por motivos sociales, o de interés nacional que impongan las leyes. Pero no hay que confundir los motivos sociales, ni el interés nacional con motivaciones ideológicas (como la mentalidad antindustrial, por ejemplo), ni con intereses de grupos particulares (como los de los ecologistas irracionales).

Hay evidencias de que está en marcha una revolución anti-industrial que apunta a un retorno a lo primitivo. Hay evidencias de que la disminución en el uso de bolsas plásticas está alimentando la propagación del envenenamiento alimenticio ya que la gente no envuelve la carne cruda (de res, de pollo,  de pescado, ni de mariscos ) por separado. Y si la gente inmunda no aprende a disponer de su basura apropiadamente, ¿de dónde sale la idea de que va a aprender a separar la carne cruda, de otros alimentos? Si aquello ocurre en países con niveles elevados de educación, ¿qué crees que pasa en países con niveles modestos de educación? Nada de esto sirve a motivos sociales que no sean cortoplacistas y apaciguadores, ni sirve a intereses que no sean particulares y específicos, contrarios a cualquier cosa que se parezca a un interés nacional.

Por otro lado, ¿a qué motivos sociales y qué interés nacional puede servir el daño que sufrirán las personas que perderán sus empleos a causa de que sean prohibidos los productos que ayudan a fabricar? ¿En un país donde el desempleo es un problema grave?  ¿A qué motivos sociales y qué interés nacional puede servir el daño que sufrirán las familias que perderán sus fuentes de ingresos a causa de que sean prohibidos los productos que ayudan a fabricar? ¿En un país donde la miseria y la pobreza impide que la gente provea para su salud, su educación, o su vivienda?

La ingeniería social demencial, está por causar daños y descontentos inmesurables. ¿Ya te viste manguereando y lavando con detergente los botes de basura porque no puedes usar bolsas plásticas? ¿Alguna vez te han servido el ponche caliente de Navidad en un vaso que no sea de duropor? Digmos que usas pocillos de barro..¿ya cargaste y lavaste 20, o 50 de esos pocillos para una posada? ¿Cuánta agua, jabón y energía van a ser necesarias para mantener limpias las bolsas de tela para el mercado y para el supermercado? ¿Cuántos recursos se necesitan para producir bolsas de tela que mal sustituyan a las bolsas plásticas? ¿Cuántos recursos se necesitan para producir los contenedores de cartón que mal sustituyan a los de plástico? Los frascos de shampoo, ¿van a volver a ser de vidrio? ¿Has manipulado un frasco de shampoo resbaloso en la ducha? Sin bolsas plásticas, ¿vas a recoger el popó de tus perros cuando los saques a pasear?

¿Cómo se va a reparar el daño institucional de permitir que el Presidente, un ministro y el Ejecutivo usurpen funciones del Congreso?  ¿Cómo se va a reparar el daño institucional de la legislación pueda crear privilegios y coartar la libertad?  ¿Cómo se va a reparar el daño institucional de que los intereses de grupos específicos y concretos prevalezcan sobre los derechos?

Este desatino abusador de Jimmy Morales y de su ministro Alfonso Alonzo debe ser detenido ya, antes de que se materialicen los daños que está incubando.


20
Sep 19

¿Qué se está cocinando?

A instancias de la Fundación Mack y de un magistrado de apellido Ventura, la Corte de Constitucionalidad anuló el proceso de postulación de candidatos a magistrados para la Corte Suprema de Justicia, cuando los procedimientos ya se encontraban en su fase final.

Marianne, Paul Lecreux, Creative Commons Genérica de Atribución/Compartir-Igual 3.0, via Wikimedia Commons

En El ideal político del estado de derecho, F. A. Hayek explica que el estado de derecho es una doctrina sobre ciertos atributos que deben tener las leyes, con el fin de ser congruentes con el estado de derecho.  Esto es importante, porque a veces el estado de derecho se confunde con la legalidad de los actos del gobierno.  Y aunque el estado de derecho supone legalidad completa en ese aspecto, eso no basta. Si una ley constitucional diera el gobierno poder ilimitado para actuar, ciertamente no estaría actuando dentro del cuadro del estado de derecho, aunque sus actos fueran legales.  El estado de derecho es más que la simple legalidad, y que el simple constitucionalismo.

Aquello se aplica a todas las ramas del gobierno, a todos los organismos del estado, a todas las cortes, incluida la Corte de Constitucionalidad. Porque el estado de derecho es una doctrina metalegal o un ideal político: y tanto los legisladores como los magistrados deben considerarse sometidos a él.  Pero en una república sana, el estado de derecho sólo es respetado si forma parte del sentido de justicia que prevalece en la sociedad.

¿Cómo nos va en ese sentido?

Con una Corte que se autofaculta para pedir expedientes inexistentes de un proceso no reglamentado, para violar plazos constitucionales, para pedir requisitos no incluidos en la Carta magna, para alterar procedimientos establecidos en la Constitución, para legislar y tomar decisiones ejecutivas, e incluso para prevaricar, ¿cómo crees que nos va?

¿Es posible materializar el ideal político del estado de derecho cuando “el sentido de justicia” prevaleciente incluye la posibilidad de modificar procedimientos constitucionales porque a ciertos grupos de interés no les gustan los resultados? ¿Es posible cuando la C.C. da órdenes inconstitucionales y se involucra en la “lawfare”? ¿Para que el próximo Congreso elija magistrados?

Actualización: La Asociación de Amigos del País se expresó al respecto.

Columna publicada en elPeriódico.


05
Jul 19

La división del poder y los jueces

El establecimiento de jueces es uno de los puntos más delicados en todas las sociedades políticas, escribió José del Valle en El amigo de la Patria, Número 17, Folio 383.  El Sabio Valle era quien publicaba aquel periódico moderado, en el que las ideas de los gases o bacos se enfrentaban a las ideas radicales de los cacos, lidereados por Pedro Molina desde El editor constitucional.

Haz clic en la ilustración para ver este ejemplar.

¿Son, las discusiones en esos dos periódicos, lo más cercano que tenemos (los centroamericanos) a los Federalist Papers y a los Anti-Federalist Papers?

Los jueces, dice del Valle, deciden los derechos más sagrados de los hombres… disponen de su vida, de su honor, y de su hacienda; y se lo dice al Jefe político superior de la provincia, al advertirle que si él es quien nombra jueces, las faltas de estos serían obras del Jefe político y los daños que causaren serían efectos del citado jefe y que el disgusto del pueblo sería producido por ese altísimo funcionario.

Traigo esto a cuenta porque en Guatemala los más altos magistrados son electos por el Congreso de la República; y si llegara a pasar que el Congreso fuera dominado por el mismo partido que controla el Organismo ejecutivo, los daños que ocasionaran aquellos jueces serían responsabilidad del partido en cuestión y del jefe del gobierno. De ahí la importancia de que el partido que controla el Congreso, no sea el mismo que controla el Ejecutivo y de ahí la importancia de votar cruzado en los próximos comicios.  La UNE no debe controlar el Ejecutivo.

Además, el control jurisdiccional es una de las características fundamentales del estado de derecho y un garante de la separación de poderes; ya que parte de sus propósitos son resguardar la intangibilidad de la Constitución y hacer efectiva la responsabilidad de quienes tienen a su cargo la administración pública, según explica el jurista Alberto Herrarte.

En una república sana, el Organismo judicial y la Corte de constitucionalidad deberían ser políticamente independientes del partido que controla el Congreso, y del que controla el Ejecutivo. ¿Dónde vas a poner tu X en las próximas votaciones?

Columna publicada en elPeriódico y en el Centro de Estudios Económico-Sociales.