Por este medio nos dirigimos a ustedes con el objeto de solicitarles un informe circunstanciado con relación al caso del subcomisario de la Policía Nacional Civil Edilberto Uriel López Godínez, quien fuera sancionado por la población de Sololá, consideramos que es importante contar con un informe por cada una de las instituciones para que esta Autoridad Indígena tenga un soporte de las investigaciones y conclusiones que se llegaron a referido caso, motivo por el cual se sirvan enviar de manera inmediata un informe detallado.
Así dice la nota que la Alcaldía indígena de Sololá le envió a 12 organizaciones luego de que miembros de aquella alcaldía azotaran al referido Sub comisario, tras de acusarlo de ser integrante de una banda de extorsionistas.
¿Te diste cuenta de lo que ocurrió? aquella Alcaldía primero castigó a López Godínez, y luego -bajo presión, y sólo bajo presión- ideó aquel requerimiento para averiguar si había posibilidad, o no, que el funcionario policíaco se mereciera el castigo al que fue sometido. Primero disparan y luego viriguan, dirían en mi pueblo.
La carta es enviada luego de que las autoridades indígenas de Sololá reclamaran respeto a sus decisiones, en un intento por acallar las críticas a su actuación por considerarlas discriminatorias y faltas de respeto. El alcalde indígena de Sololá, Tomás Saloj, que participó activamente en la azotina contra López Godínez, justificó su actuación indicando que Si nosotros -Autoridad indígena- no actuamos, la gente se nos va encima.
¿Te das cuenta de lo que implica esto? Autoridades que tienen que actuar arbitrariamente, por presiones del populacho, ¿son autoridades? ¿Qué clase de autoridades violan el más elemental principio del debido proceso y aplican penas infamantes, por temor a la plebe?
El Diccionario jurídico de Cabanellas define el Debido proceso legal como el cumplimiento con los requisitos constitucionales en materia de procedimiento, por ejemplo en cuanto a la posibilidad de defensa y la producción de pruebas. Más ampliamente el Debido proceso es el principio por medio del cual el administrador de justicia debe respetar todos los derechos legales que posee una persona según la ley. Es un principio jurídico según el cual toda persona tiene derecho a ciertas garantías mínimas, cuyo objetivo es asegurar un resultado justo dentro del proceso, y permitirle al acusado la oportunidad de ser citado, oído y vencido en juicio El debido proceso supone que el administrador de justicia está subordinado a las leyes que protegen los derechos individuales de las personas. Cuando el administrador de justicia actúa sin respetar la ley y el debido proceso causa daños.
No se puede ser autoridad si no se respeta el debido proceso; y no se puede ser autoridad si se debe obedecer el clamor del populacho al margen de la ley y del respeto a los derechos individuales. Se puede ser tirano, pero no autoridad. Se puede ser pelele, pero no autoridad. El poder se consigue a fuerza de puños, o de latigazos; pero la autoridad, no. Como ha explicado el juez argentino, Ricardo Rojas, la nota distintiva del derecho indígena, no es que sea consuetudinario; sino que es comunitario y autoritario.
En occidente, el respeto al debido proceso -y a los derechos individuales de los cuales se deriva- ha costado cientos de años de evolución y quién sabe qué cantidad de vidas humanas. Y eso de castigar de forma infamante primero y averiguar después, no es bien visto desde, ¿desde hace cuántos siglos?
Seguramente es cierto que la llamada justicia indígena o justicia comunitaria es útil para dirimir controversias sobre quién es el propietario y cómo debe pagar si una vaca destruyó una huerta; pero aún así habría que probar de quién es la vaca, al cuidado de quién estaba y si la vaca se soltó por dolo, o por culpa de su guardián. Aún así habría que respetar el debido proceso, cuyo respeto se hace más imperativo cuando involucra vidas humanas. Extorsiones, asesinatos, violaciones, y otros delitos complejos no deben ser objeto de juicio por parte de gente que no está entrenada para la administración de justicia, que no conoce principios de derecho y cuyas decisiones están sometidas a la voluntad de la muchedumbre.
Por cierto…mientras la Alcaldía indígena de Sololá virigua, López Godínez fue a parar al hospital, luego de 15 latigazos. Y no se vale que la Alcaldía indígena alegue discriminación y falta de respeto cuando se cuestionan actos de barbarie como los azotes y como la práctica de averiguar luego de aplicar el castigo.
Las fotos las tomé de Facebook.
