Quien sea designado para suceder a Iván Velásquez, como jefe de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala, debe ser un profesional de la justicia, y no un activista; debe asegurar una transición -entre ahora y septiembre del año entrante- que fortalezca el sistema de justicia y no dañe más a las instituciones; debe generar suficiente confianza como para desfacer el entuerto que deja Velásquez.
Es posible que la decisión de Jimmy Morales en el sentido de prohibir el ingreso de Velásquez sea un desatino y seguramente el asunto tendrá que dilucidarse en los tribunales; pero lo que no debe ocurrir es que Velásquez sea impuesto y que esa imposición genere daños institucionales y contribuya a profundizar y a agravar las fisuras sociales en Guatemala.
En los tribunales se habrá de dilucidar, por ejemplo, si el Presidente tiene, o no la facultad de ordenarle al Director General de Migración que le prohiba la entrada al país a una persona; habrá que dilucidar si el Jefe de la CICIG necesita visa, o no; y otros detalles. El sucesor de Velásquez habrá de continuar las investigaciones pendientes contra Jimmy Morales en su calidad de secretario general del partido con el que ganó las elecciones.
Y con todo y eso, ¿sábes? Pienso que si el Secretario General de la ONU y los gobiernos que no sólo financian a la CICIG, sino que se empecinan en mantener a Velásquez como jefe de la misión, de verdad quisieran contribuir a acabar con la impunidad y la corrupción en Guatemala, deberían detenerse y preguntarse: ¿Hicimos lo mejor que podíamos haber hecho? ¿La agenda que no es evidente, vale la pena a cualquier costo? La imposición de Velásquez, ¿puede ser una victoria pírrica que desate quién sabe qué clase de monstruos?
De paso, ¿qué agenda? La de Patrick Leahy y otros políticos y gobiernos que quisieran ver a Latinoamérica convertida en una enorme Cuba. La que no terminan de ver los funcionarios republicanos que no distinguen Guatemala de Guadalajara, ni de Guam.
A lo largo de los años, la CICIG amplió su autoridad para hacer avanzar la política de la extrema izquierda, que busca consolidar el poder mediante el control de las instituciones. Es la misma estrategia empleada por el fallecido dictador venezolano Hugo Chávez, explica Mary Anastasia O´Grady, de el Wall Street Journal.
En esta misma dirección, O´Grady apunta a que la izquierda internacional ha aplaudido la turbia influencia y el capricho de la CICIG porque arma y silencia a los oponentes ideológicos del socialismo. En la CICIG, los socialistas dentro y fuera de la ONU creían haber encontrado un modelo que podían desplegar en todo el mundo en desarrollo para debilitar a los defensores de las ideas de centroderecha y potenciar el colectivismo, todo bajo el pretexto de luchar contra la corrupción. Abundan los rumores de que el Tribunal Constitucional, un aliado del señor Velásquez, se está preparando para declarar ilegal la decisión del presidente. Eso explicaría por qué, el martes [hoy], el señor Morales anunció que al señor Velásquez no se le permitiría regresar al país.
Además, en su columna de hoy, O´Grady añade: El señor Velásquez no es un funcionario electo. Es más un virrey moderno, que reprime con fuerza la oposición en la “colonia” contra aquellos que desafían su autoridad. Los guatemaltecos han llegado a entender que denunciar los métodos ilegales de la CICIG es arriesgarse a la condena pública como amigo de los corruptos, o incluso a la investigación y la detención preventiva. Empresarios turbios, políticos, matones notorios y especialmente jueces parecen tener un pase siempre que acepten la agenda del señor Velásquez, o se mantengan fuera de su camino. En otras palabras, la administración de justicia de la CICIG ha sido selectiva.
Comparto estos párrafos de la columna de O´Grady porque ayudan muy bien a entender qué es lo que está en juego y por qué es que es importante defender las instituciones, por precarias que sean; evitar la fractura social que desate monstruos y defender el pequeño germen de república que pueda haber donde quiera que lo haya.
El sucesor de Iván Velásquez tiene la misión de trasladar las capacidades de la Comisión al Ministerio Público; y para cumplirla a cabalidad y terminar la gestión de la CICIG con algún grado de respetabilidad no debe actuar como un virrey, ni al margen del debido proceso y de otras garantías constitucionales, ni del sistema de pesos y contrapesos.
¡Con, o sin CICIG, todos contra la corrupción!, ¡Con, o sin Velásquez, todos contra la corrpución!
