He aquí un fenómeno interesante para meditar y discutir. En la misma página 6, de El Periódico del sábado pasado encontramos estas dos noticias: Comité de la ONU critica estrategias de seguridad del estado; y Piden a la institución armada.
La primera reporta que el Comité de Derechos Civiles y Políticos de la ONU objeta el uso de elementos castrenses en operaciones civiles, y la creación de fuerzas de tarea, para garantizar la seguridad ciudadana.
La segunda, sin embargo, reporta que el alcalde de San Juan Cotzal, en la región Ixil de Quiché, el alcalde Balzatar Cruz Gómez hizo pública la solicitud de un destacamento militar en esa jurisdicción miunicipal, debido al alto índice de violencia. No puse enlace a la noticia porque no la encontré en el sitio Web de El Periódico.
Además, la Constitución de Guatemala dice que uno de los deberes de los guatemaltecos es cumplir y velar, porque se cumpla la Constitución de la República; y que una de las funciones del Presidente es cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes. Adicionalmente dice, y muy claro, que el Ejército de Guatemala, es una institución destinada a mantener la independencia, la soberanía y el honor de Guatemala, la integridad del territorio, la paz y la seguridad interior y exterior.
Yo no estoy muy seguro de ser un entusiasta de que el Ejército se encargue de la seruridad interior; pero siendo que la Constitución dice que al Ejército le corresponde mantener la paz y la seguridad interior y exterior; y que en las poblaciones la gente solicita que el Ejército se involucre contra la criminalidad…¿por qué no mandamos a los burócratas de la ONU, y a sus intereses, por un tubo? Digamos…¿por qué no los mandamos a freír espárragos?
Claro que el Ejército puede cometer abusos violentos…pero la Policía también. Y también, aunque en distinta escala, los cometen los maestros y los campesinos que bloquean calles y carreteras; los médicos que suspenden servicios y todo aquel que tiene algo de poder al amparo del estado.
En todo caso, lo que hay que hacer es hacer efectivo -para el Ejército, la Policía, los delincuentes potenciales, los maestros, los campesinos, los empresarios, los médicos y cualquier otro grupo de interés- el mandato constitucional que dice que el poder proviene del pueblo. Su ejercicio está sujeto a las limitaciones señaladas por esta Constitución y la ley; y aquel otro que indica que el imperio de la ley se extiende a todas las personas que se encuentren en el territorio de la República.
