13
Sep 17

Los bonos y la piñata estatista

Nunca antes se había hecho tan evidente la relación íntima y causal que hay entre el estatismo, la arbitrariedad y la piñata de la corrupción.

Ayer se destapó la novedad de que el alto mando del ejército y para su comandante, el Presidente de la República, se recetaron sendos bonos de responsabilidad; que ascienden a Q471.8 millones de quetzales.  El bono fue creado el 1 de enero de 2016, cuando ya era ministro el actual titular de la cartera de Defensa Nacional y durante los últimos días de la presidencia de Alejandro Maldonado Aguirre.

Aquella cúpula no es la única privilegiada con ese tipo de canonjías: Por ejemplo, la Corte de Constitucionalidad se auto premió con un bono revolucionario (bono revolucionario, por favor), en noviembre de 2015.

La Fiscal General, y otros miembros de la cúpula del Ministerio Público,  recibe una variedad de bonos, además de estupendas ventajas económicas.

La Superintendencia de Administración Tributaria les da a sus funcionarios bonos por alcanzar la meta de expoliación, que ellos llaman de recaudación.  Funcionarios y empleados en el Congreso y a todo lo ancho y largo de la administración pública reciben bonos, y privilegios a costa de los tributarios. Se dan en el ministerio de Salud y en el de Educación. Si no hemos visto los bonos y privilegios que reciben otro burócratas es porque no hemos escarbado un poco. ¿Te acuerdas cuando los diputados estaban hicieron berrinche porque querían prestaciones superiores a las que les tocaba de acuerdo con la ley?

Nunca antes se había hecho tan evidente que los políticos y burócratas se recetan sendos cheques cada vez que pueden, porque pueden.  La piñata es posible porque, ¿por qué no?

Oportunamente, los bonos del Presidente y del ejército se dan a conocer cuando la SAT ha puesto sobre la mesa su intención de elevar la recaudación.  Los políticos y burócratas se quejan de que no les alcanza el dinero que toman de los tributarios; pero con los bonos y canonjías que se reparten -todos los que pueden- ¡no hay dinero que alcance!  Toda discusión tributaria debería de ser precedida por la eliminación de los privilegios, desperdicios y mala administración en el presupuesto del estado; toda discusión sobre impuestos debería ser precedida por la evidencia -por parte de quienes toman dinero de los tributarios- de que estos recursos no son usados para satisfacer intereses particulares, ni para enriquecer a quienes los administran.

Creo, por cierto, que los funcionarios -que no sirven a intereses particulares y que son necesarios para que el gobierno administre seguridad y justicia- deberían recibir sueldos que vayan de acuerdo con sus responsabilidades.  Sueldos comparables a sus equivalentes en el sector privado.  A nadie debería escandalizar que el Presidente de la República, reciba el sueldo de un CEO y a nadie debería escandalizarle que el Fiscal General reciba un suelto en aquella línea. ¡Pero esos sueldos -como los de los jueces y ministros, por mencionar dos- deberían ser transparentes!  Ya sabes, por aquello de que la mujer del César no solo debe ser honrada; sino también parecerlo, frase atribuida a Julio César, por Plutarco.

Jimmy Morales, el que alardeaba de que iba a donar el 60% de su primer sueldo y de viajar en clase económica, el que ahora tiene a su cargo la administración del Organismo Ejecutivo no porque fuera el mejor candidato, sino porque los otros dos posibles ganadores eran muy peligrosos, tiene la oportunidad -ahora- de dar un buen ejemplo y enmendar el entuerto en el que está metido.  ¡Que se guarde el 60% de su sueldo legítimo que dijo que iba a donar y ya no donó; y que devuelva los bonos que recibió del ejército!  ¡Que pida perdón, por bocón! ¡Que, como jefe de estado y de gobierno, de el ejemplo!  ¡Que se haga responsable y si tiene que pedir un préstamo para devolver la plata, que lo pida!

Igual cosa va para la cúpula del ejército y para la cúpula de todo ministerio, o dependencia estatal que reciba bonos parecidos. ¿Alguien sabe cuántos funcionarios y dónde reciben bonos? Quizás sea más fácil hacer una lista de quiénes no reciben bonos y otros privilegios. Es una canallada que los pipoldermos en toda la administración pública reciban aquellos pagos, y que pretendan expoliar más recursos de los tributarios.

Nunca antes se ha hecho tan evidente que el estatismo y la arbitrariedad son el caldo de cultivo perfecto para los abusos, los privilegios, y la piñata.  ¿Aprovechamos la ocasión para empezar a desmantelar el estatismo? ¿Aprovechamos la oportunidad para prohibir todo privilegio en el presupuesto del estado?


06
Oct 14

Magistrada Claudia Escobar, ¿elevó la barra?

141006_claudia- escobar_el_periodico

Claudia Escobar,  magistrada vocal I de la Sala Quinta de Apelaciones del Ramo Civil, reelecta el pasado 30 de septiembre por el Congreso de la República para continuar en el cargo, anunció que presentará su renuncia porque las irregularidades que se configuraron en los procesos de selección y elección de magistrados ponen en alto riesgo la independencia judicial de todos los jueces.

Con ese acto, Escobar pareciera que elevó la barra de la moralidad de los funcionarios públicos chapines en general y la de los funcionarios del Organismo Judicial en particular.  A partir de este acto sería genial que las cosas ya no fueran moralmente iguales para nadie que ejerza una judicatura, o una función pública.

La magistrada Escobar hizo el anuncio de su posible renuncia acompañada por las juezas Patricia Gámez, Ina Leticia Girón y Ana Vilma Díaz Lemus –tres postulantes para Apelaciones, pero ninguna incluida en la nómina.

Hago del conocimiento de la Corte Suprema de Justicia que las irregularidades que se configuraron en los procesos de selección y elección de magistrados ponen en alto riesgo la independencia judicial de todos los jueces, dijo Escobar, que luego afirmó que  los procesos que llevaron a cabo las Comisiones de Postulación deslegitiman el nombramiento de los magistrados y lamentó que los señalamientos de medios de comunicación y organizaciones de la sociedad civil hayan sido desoídos. La principal ilegalidad viene de que las Comisiones ignoraron la Ley de la Carrera Judicial. Hay intereses de diferentes grupos, sobre todo del Legislativo y Ejecutivo, que impulsaron a personas sin experiencia judicial. Únicamente un 25 por ciento pertenecen a funcionarios que la tienen, aseguró.

La actitud inicial de la magistrada Escobar y de sus acompañantes es ejemplar.  La posibilidad de que en Guatemala se consolide un sistema republicano sano está al borde del fracaso total y por el momento la carga moral se halla en los hombros de los magistrados de la Corte de Constitucionalidad.  Dicha corte habrá de resolver conforme a derecho los recursos que le han sido planteados en este caso

No cualquiera renuncia a su trabajo (si es que renuncia luego de anunciar que renunciará), a la dignidad de Magistrado, y a la comodidad.  La mayoría de gente agacha la cabeza, se somete al poder y ahoga su vergüenza como mejor puede.

¿Darán la altura los magistrados de la Corte de Constitucionalidad?  Los magistrados de la CC, ¿pactarán con el diablo? A la hora de resolver,¿ lo harán conforme a derecho, o de forma política?  Y…por supuesto, ojalá que todo esto no sea sólo un show al servicio de los grupos de interés que quieren controlar las cortes.

Es una lástima que la actitud inicial de la Magistrada haya sido cooptada por grupos de interés con agendas políticas muy dañinas.  No estoy de acuerdo con que el proceso de selección de magistrados se haga sólo dentro de la carrera judicial (porque eso generaría inbreeding), y no deja de llamar la atención que, habiendo sido electa mediante el mismo proceso -en su elección anterior-, en esa ocasión no haya tenido objeción alguna.

La foto es por Elías Rodríguez, de El periódico.


06
Jun 14

Suspendidos privilegios para grandes operadores de telefonía

10314692_10152239459728705_3310203935824056701_n

La Corte de Constitucionalidad suspendió, temporalmente, la mal llamada Ley de Telecomunicaciones (porque no es la Ley General de Telecomunicaciones), que -entre otros vicios- beneficia a las grandes telefónicas en perjuicio de la competencia potencial y de las pequeñas.

La Ley de Telecomunicaciones Móviles en Centros de Privación de Libertad y Fortalecimiento de la Infraestructura para Transmisión de Datos -un producto típico del mercantilismo- fue aprobada por el Congreso ¡de urgencia nacional!

Desde que entró en vigor, dicha legislación ha violado la propiedad privada y la autonomía municipal.  Al resolver la suspensión temporal, el secretario de la CC explicó que la Corte tiene como objetivo proteger la libertad contractual.  Es la típica normativa que se basa en el principio perverso de que los intereses de unos pueden prevalecer sobre los derechos de otros.

Los magistrados conocieron dos impugnaciones, una de ellas presentada por el Movimiento Cívico Nacional y otra por cuatro dirigentes indígenas, y volvieron a analizar cuatro anteriores que ya habían sido denegadas.

Se determinó que de toda la normativa sólo dos artículos no habían sido impugnados, y por ello, se tomó la decisión de hacer las suspensiones; y para no crear expectativas, ni zozobra se dispuso conocer todas como conjunto.

Está suspendido el privilegio que se les otorgaba a los operadores que tenían más de seis mil kilómetros de fibra óptica o 100 mil líneas.

Los artículos 11, 12 y 13 contienen los delitos de perturbación a la instalación y uso o reparación de equipo de transmisión de datos. También la denegación de auxilio en caso de perturbación a la instalación y reparación de equipos de transmisión de datos. Asimismo, el cobro indebido por instalación o reparación de infraestructura de transmisión de datos. Todos estos fueron suspendidos de provisionalmente. También está suspendida la obligación de las municipalidades de dar auxilio a las empresas de telefonía, o de televisión por cable.

La ilustración es por el Movimiento Cívico Nacional.


20
Mar 14

¡Victoria de tributarios!…y fracaso de “puñalada tributaria”

impuestos-robo

En defensa del estado de derecho y de los tributarios – a quienes la Constitución debe proteger contra los abusos del poder-  la Corte de Constitucionalidad le retiró a la Superintendencia de Administración Tributaria la facultad que se había arrogado en cuanto a determinar la base del cálculo del débito fiscal relacionado con la Ley del Impuesto al Valor Agregado.

Esta decisión no cayó del cielo.  Las cámaras del Agro y de Comercio fueron quienes presentaron la la acción de inconstitucionalidad parcial contra los artículos 7 y 38 del Decreto 4-2012 del Congreso. Sin embargo, la CC solo declaró inconstitucional el párrafo segundo del artículo 7.

El párrafo declarado cono inconstitucionalidad indica que En el caso que un contribuyente, en un plazo de tres meses, reporte en su facturación precios de ventas promedios menores al costo de adquisición o producción de bienes, la Administración Tributaria podrá determinar la base de cálculo del débito fiscal, tomando en consideración el precio de venta del mismo producto en otras operaciones del mismo contribuyente… dentro del mismo plazo, salvo que el contribuyente justifique y demuestre las razones por las cuales se produjo esa situación y presente información bancaria y financiera que acredite sus ingresos reales. En el mismo artículo se exceptúa la frase …u otros contribuyentes….

Sigue vigente el artículo 38, que establece la solvencia fiscal, documento  por medio del cual la SAT certifica que el tributario está al día.

El fracaso de la puñalada tributaria, además es muy costoso para los tributarios porque los pipoldermos se rehusan a reducir gastos en serio y prefieren endeudar a la gente.  No solo a la de tu generación y a la mía, sino a tus hijos y nietos.

La foto la tomé de Taxation is theft.


10
Feb 14

Improcedente el recurso de Paz y Paz

Corte-de-constitucionalidad-paz-y-paz

La Corte de Constitucionalidad rechazó, por improcedente, el recurso de ampliación y aclaración planteado la semana pasada por la fiscal general y jefa del Ministerio Público, Claudia Paz y Paz, contra el fallo que confirmó la disposición constitucional de que su mandato concluye en mayo de 2014.  Al mismo tiempo, la CC le corrió 48 horas al Congreso de la República para explicar porqué no ha cumplido el fallo judicial superior que le instruyó para convocar y juramentar a la Comisión de Postulación para el puesto que debe dejar Paz y Paz.

Desde que la Corte resolvió que la Fiscal General no puede quedarse en el puesto al que se aferra, aquel alto tribunal ha estado bajo presiónes políticas por parte de embajadas extranjeras, exmagistrados, grupos de interés y otros, incluida presión mediática.  Con todo y todo, la Corte ha hecho prevalecer la Constitución y el estado de derecho.

La ilustración muestra el texto de la resolución original de la Corte de Constitucionalidad con respecto al plazo para la eleccion del Fiscal General.


21
Ene 14

El Ministerio Público, el estado de derecho y el control jurisdiccional

Ahora que leo que el abogado Ricardo Sagastume reiteró el amparo presentado en la Corte de Constitucionalidad  con el argumento de que ya venció el plazo para que el Congreso convoque a la postuladora para la nómina de aspirantes a Fiscal General, me acordé de la importancia del control jurisdiccional sobre los actos administrativos y de gobierno, como un elemento fundamental de un estado de derecho.

La Corte de Constitucionalidad, en este caso, es la guardiana de la Constitución y su razón de ser es la de resolver conflictos de tal manera que la Carta Magna prevalezca y mantenga plena validez.  Puedes leer más de esto en El estado de derecho, por Alberto Herrarte, un librito que a mí me gusta mucho.

En una república que se respete los funcionarios están sometidos a la ley y a la Constitución; y los tribunales constitucionales (o el tribunal constitucionlal) es la última palabra en cuanto a la interpretación de la ley fundamental.  Por eso es importante la acción presentada por Sagastume; y por eso es importante que la Corte la tome en serio y resuelva cuanto antes con criterio técnico (no político).  El constitucionalismo, dice Herrarte, no es sólo un gobierno con una base de estado de derecho, sino que significa un gobierno responsable; y el gobierno responsable es cuando el poder está distribuido y controlado por los distintos detentadores del poder.  Incluidos el Ministerio Público y la Fiscalía General.


11
Feb 13

A los magistrados de la Corte de Constitucionalidad

Señores magistrados de la Corte de Constitucionalidad: diversos grupos del país, todos integrados por ciudadanos y tributarios, exigimos respeto a la Constitución de la República y les exigimos a ustedes que cumplan con su mandato de hacer valer la Carta Magna y la ley. Urge que resuelvan a favor de lo consagrado en la Constitución como derechos garantizados para todos los habitantes de la República y suspendan la puñalada tributaria que es inconstitucional e ilegal.

La última línea de defensa que los ciudadanos y tributarios tenemos contra los abusos son la Constitución y el alto tribunal del que ustedes son miembros.  Ustedes tienen una grave responsabilidad, con con el poder -que tiende a corromper y cuando es absoluto corrompe absolutamente, como dijo Lord Acton- sino con el estado de derecho, con la Constitución y con los ciudadanos y tributarios.


10
Ago 12

El Presidente debe hacer cola

Los principios generales del derecho son enunciados normativos para la conducta a seguir, por parte de jueces y legisladores, en determinadas situaciones, o con respecto a otras normas. Aquellos principios expresan deberes de conducta y estándares. No están integrados formalmente al ordenamiento jurídico; pero son parte fundamentales de él.

He aquí uno de ellos: El primero en tiempo es primero en derecho; que quiere decir que, en igualdad de circunstancias, el primero en ejercer un derecho tiene prioridad sobre los que le siguen. Por eso es importante –para la construcción del Estado de derecho guatemalteco– la acción que ejerció un grupo de ciudadanos, ante la Corte de Constitucionalidad, para pedir que el pleno del Congreso y la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales se ocupen, sin demora, de las iniciativas de reformas constitucionales presentadas por el pueblo soberano, en estricto orden de presentación.

Es una afrenta para el Estado de derecho, y contra el principio general enunciado arriba, que el Congreso atienda la iniciativa que el Presidente está por presentarle, antes de cumplir con el mandato expreso constitucional de ocuparse sin demora de las iniciativas presentadas con antelación por el pueblo soberano.

Antes de la iniciativa presidencial hay 7.  Unas presentadas por ciudadanos individuales y otras por hasta 73 mil 193. Unas superficiales y otras profundas e integradas. Pero todas llegaron primero en tiempo, y deben ser conocidas primero en derecho. No por capricho, ni por conveniencia política, sino por respeto a un principio.

El amparo procede porque el Artículo 277 de la Constitución ha estado siendo violado durante el tiempo en el que el pleno del Congreso no ha cumplido con ocuparse sin demora de las propuestas presentadas. Y porque ese recurso es el instrumento que tenemos, las personas, para que se nos restituya el pleno goce de las garantías de seguridad y certeza jurídica, del debido proceso, de la legalidad de la función pública y de la supremacía constitucional, entre otras. El amparo evitará que continúe el deterioro del Estado de derecho y evitará que las autoridades involucradas incurran en gravísima responsabilidad. Muchas gracias a los ciudadanos que presentaron esta acción.

Esta columna fue publicada por El Periódico.


04
Mar 10

La Corte de Constitucionalidad y la cordura

La Corte de Constitucionalidad ordenó que se restablezca el cobro al ajuste de la tarifa eléctrica. Ayer, la CC dejó sin efecto el amparo provisional del Juzgado Noveno de Instancia Civil otorgado al procurador de los Derechos Humanos, Sergio Morales, quien considera que el ajuste tarifario para el trimestre de febrero, marzo y abril no se justifica. Con esa resolución vuelve la cordura.

Casi no ha habido Procurador de los DD.HH. que no saque de su chistera el viejo truco demagógico de hacer de las tarifas eléctricas una materia de su incumbencia. Esto, a pesar de que existe jurisprudencia internacional en el sentido de que no lo son; y a pesar de que ya para estas alturas de la historia deberían ser evidentes los daños que causa aquella práctica.

En Guatemala, desde hace años que no se hacen inversiones importantes para elevar la oferta de energía eléctrica; y como afortunadamente ha crecido la demanda -porque hay más industrias y comercios, y porque cada vez hay más gente que mejora su calidad de vida- lo que sí ha crecido es la necesidad de energía. Pronto llegará el día en que la energía que hay no se de abasto y, entonces, como a principios de los años 90, tendremos apagones de 4 y 6 horas. ¿Recuerda, usted, aquello? La gente y muchas empresas tenían que comprar plantitas generadoras que eran carísimas y consumían gasolina y diesel innecesariamente. En esas condiciones, hubo que hacer contratos onerosos y de emergencia, para satisfacer la demanda de electricidad.

La demanda de energía está creciendo y no se han hecho ni se hacen las inversiones necesarias para que aumente la demanda. Y encima, a los inversionistas se les manda el mensaje de que el país es hostil…vamos en camino seguro a una nueva y costosísima etapa de apagones.


28
Nov 09

Atinada decisión de la Corte de Constitucionalidad

Muy atinada fue la decisión de la Corte de Constitucionalidad en el sentido de declarar que ni el presidente de la República, ni las autoridades aduaneras, tienen facultad alguna para ordenar el cierre de fronteras ¡por ningún motivo!

Fue un acto abusivo el que cometió Alvaro San Nicolás Colom cuando, en connivencia con otros dos funcionarios, cerró la frontera con Honduras durante 48 horas, en el marco de la crisis política que viven los hondureños.