03
Ago 18

Sacjá y la impunidad

El lunes pasado una turba ingresó a las instalaciones de la hidroeléctrica Sacjá y lanzo mujeres y policías a un barranco, taló árboles, destruyó vehículos, retuvo a por lo menos 75 agentes de la PNC, y hubo un agente desaparecido temporalmente y las mujeres tienen huesos rotos.  La horda robó armamento y huyó con él. Luego de tanta violencia, ¿cuántos capturados hay? Ninguno, que se sepa.  ¡Ni uno!

La hidroeléctrica, por cierto, tiene 7 años de operar en el lugar, ciento por ciento en propiedad privada y hacía cuatro meses que estaba suspendida.  No es la primera vez que la operación sufre actos de aquella naturaleza, en marzo anterior una patulea de unos 200 cooperativistas destruyó el canal de distribución del líquido.

¿Quién hace esas cosas? Un grupo que se identifica como Cooperativa Monte Blanco, que es miembro de la federación de cooperativas departamental y no es de vecinos del lugar. A decir de los propietarios de la hidroeléctrica, las relaciones con las 7 poblaciones vecinas son excelentes. He aquí una bonita tarea para investigadores sociales chispudos: hagan una historia –a partir de los dirigentes de Monte Blanco– y cuéntenos quien militó con quién durante el enfrentamiento armado interno; quién casó con quién en qué organización armada y en qué ONG; cuéntenos si reciben dinero de los tributarios. Sorpréndanos con un arbolito de relaciones que explique por qué es que actos como aquellos son inmunes frente al MP y al PDH.  A mí me da curiosidad saber detalles así.  ¿¡Por qué son inmunes, incluso contra la CICIG!?

¿Por qué es que esto es importante? No sólo porque cometieron crímenes, sino porque los comenten impunemente.  No sólo porque dañaron vidas y propiedades. No sólo porque abonan a la cultura de la violencia. No sólo porque parece que las leyes y las autoridades están pintadas. No sólo por eso, sino porque sin fuentes de energía y sin fuentes de trabajo, ¿qué les queda a los más pobres y vulnerables en lugares donde no hay oportunidades? Lo que les queda es escapar, agarrar para el norte y arriesgar la vida y la dignidad, aunque el “mux” se quede enterrado aquí.

Columna publicada en elPeriódico; y la foto es de ese diario.


17
Feb 18

Secuestro en San Rafael

Los reportes periodísticos dicen que un grupo de personas retuvo, el jueves, durante tres horas, a dos ejecutivos de la mina San Rafael y de su empresa propietaria: Tahoe Resources Inc. No dicen que los ejecutivos fueron secuestrados, claro; porque retenidos suena menos feo.

¿Cómo iba a ser de otra forma si lo que ocurre en San Rafael es tenido, en algunos círculos como un movimiento social?  ¿Cómo iba a ser de otra forma si la agenda de promoción de inversiones está avanzando en el Congreso y en el Ejecutivo?…y, sin embargo, ¿cómo iba a ser de otra forma si hace más de 200 días que la mina fue forzada a detener sus operaciones y hace 117 días que los magistrados de la Corte de Constitucionalidad se rehusan a resolver el caso de la mina que tienen en sus manos?

Los retenidos fueron el gerente de país de Tahoe Resources Inc., David Howe y el gerente de Relacionamiento de la mina, Camilo Medina. ¿Cómo se leerá lo que ocurrió, en Reno, o en Londres?  Tahoe es de Nevada y Rowe es británico. No hay forma de que se lea bien, el grupo que secuestró a los ejecutivos estaba armado y pinchó las llantas del vehículo en el que se conducían las víctimas.

¿Quienes secuestraron a los ejecutivos? Fuenteovejuna; es decir, los pobladores del área, que se oponen a la operación de la mina.

Por cosas como esta es que la minera Marlin, en San Marcos, decidió no ampliar sus inversiones y se va del país.  Y mientras que los magistrados de la Corte de Constitucionalidad entretienen la nigua y no quieren, o no se atreven a emitir su fallo, no sólo hay miles de personas sin trabajo -en un país en el que el mayor problema es la pobreza-, sino que hasta el fisco pierde ingresos -tan necesarios para la piñata de intereses que es el Presupuesto del Estado-.

En la medida en que los magistrados de la Corte de Constitucionalidad incumplen con su obligación con la justicia, en esa medida crecen los riesgos de violencia y criminalidad.

La foto es de elPeriodico.


17
Nov 15

La quema del soldado Ortiz, ¿quedará en la impunidad?

ortiz

Julio Ortiz Ordoñez salió de la Base Aérea del Sur, en Retalhuleu, y cuando se dirigía a su casa pasó por el parque central de aquella ciudad.  Al ver una manifestación de ¿650 pilotos de mototaxis? -conocidos como tuc tuc- se detuvo a toma fotos y documentar la reunión multitudinaria.  Como tomaríamos tu, o yo.  Tu porque, ¿eres curioso? y yo porque escribo un blog.

Lo que ocurrió después es espeluznante.  Los manifestantes lo detuvieron y lo comenzaron a vapulear, lo rociaron con gasolina y le prendieron fuego. ¿Por qué? Porque podían y porque los dirigentes del grupo dispusieron que ninguna persona particular, o periodista podía tomar fotos de la manifestación.  ¿Con qué autoridad? ¿Con qué derecho?

El soldado Ortíz Ordóñez fue trasladado al Centro Médico Militar deido a la gravedad de las quemaduras en diferentes partes de su cuerpo.

La quema de Ortiz Ordóñez no fue el único acto de esta naturaleza en aquella población, los conductores de tuc tucs vapulearon a José Armando Vicente Sazo, a quien acusaban de pertenecer a una banda de extorsionistas, y luego lo entregaron a la policía.

Las autoridades, ¿ya están persiguiendo a los autores de aquellos actos salvajes, o estos quedarán en la impunidad? ¿Alguien sabe si hubo investigación y proceso por el asesinato -por la espalda- del soldado Victor Miguelito Soria Pacheco, en Barillas, Huehuetenango?  En aquella ocasión Soria se encontraba desarmado y sólo portaba equipo antidisturbios. Al momento de ser asesinado custidiaba un helicóptero que llevaba provisiones. ¿Hubo perseguidos por la justicia? ¿Se le hizo justicia al jóven soldado de Chicamán, Quiché?

La foto la tomé de Twitter.