09
Feb 18

Indemnización, ¿para quienes?

Hay mucha indignación porque la administración Morales pidió compensación para los presos por casos de corrupción. ¡Por supuesto que sería inaceptable que se les diera indemnización a los condenados por actos de corrupción luego de un debido proceso!  ¿En qué cabeza cabría compensarlos?  Lo que deben recibir es castigo conforme a la ley.

Escucha el podcast aquí.

Otro, sin embargo, es el caso de los acusados que fueran encontrados inocentes.  Porque toda persona es inocente, mientras no se le haya declarado responsable judicialmente, en sentencia debidamente ejecutoriada. Porque las personas inocentes que hayan sido perseguidas y procesadas por el MP y la CICIG lo han sido no sólo con todo el poder del estado, sino con el peso formidable de la CICIG, en un ambiente mediático hostil y con una carga política notable. Porque si el MP y la CICIG fueron incapaces de probar la culpabilidad de los acusados, con pruebas irrefutables (por respeto al debido proceso y a la presunción de inocencia), y a pesar de la presión a la que están sometidos los jueces, es muy posible que algunos de los encartados sean inocentes y que sus vidas hayan sido arruinadas por la necesidad política de poner en evidencia la corrupción, que es diferente a la necesidad moral y jurídica de castigarla.

¡La corrupción no debe quedar impune!; pero, ¿por qué no sería razonable que los procesados injustamente reciban compensaciones por los daños sufridos a manos de autoridades políticamente parcializadas, o incapaces? Si muchos culpables del enfrentamiento armado para instaurar la dictadura del proletariado han recibido indemnizaciones, ¿por qué no las iban a recibir personas inocentes acusadas injustamente? ¡Por supuesto que ofende que corruptos cuyo enriquecimiento ilícito es obvio pudieran ser beneficiados!; pero no es menos ofensivo que personas inocentes vean sus vidas destruidas por caprichos políticos.  Claro que se corre el riesgo de que los encargados de la persecución penal sean incapaces de armar casos judicialmente sostenibles contra corruptos obvios; pero, entonces, su incapacidad profesional debería tener consecuencias.

Columna publicada en elPeriódico. Ilustración El triunfo de la justicia, por Jean Jouvenet [Dominio público], via Wikimedia Commons.


02
Feb 18

Cleptocracia, saqueo y trabajo decente

La cleptocracia se ha incrustado en el gobierno para saquear los recursos de los tributarios.  Por ejemplo: el año pasado el Ministerio de Salud les pagó a sus burócratas Q75 millones por bono de trabajo decente; bono pactado de manera ilegal, según la PGN.

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Mientras tanto, en el Hospital general, hay un médico por cada 100 niños; y la trabajadora doméstica de una amiga –que necesitaba ser operada y estaba en dolor– pasó todo un día esperando a que la atendieran.

Según la PGN el pacto colectivo y de condiciones de trabajo, que les otorga beneficios salariales a los empleados del ministerio es ilegal.  En total han sido demandadas 13 cláusulas del pacto, por considerar que fueron acordadas de manera ilegal y porque son inconstitucionales. Las erogaciones pueden ser hechas de manera discrecional y tú ya sabes…la discrecionalidad es el caldo de cultivo para la corrupción.

¿Por qué es que los sindicalistas de Salud –y otros– pueden conseguir cosas así?  Porque 200 sindicalistas pueden usar la fuerza para conseguir sus objetivos. Con lemas como Hacer la revolución por medio de los movimientos sociales, esos grupos bloquean calles y paralizan servicios.  Su moral revolucionaria y altruista les permite recibir dinero por su trabajo decente, mientras los más pobres están abandonados en los hospitales estatales. Porque su moral revolucionaria y altruista no ve mal la rapiña del dinero de los tributarios.  Porque su moral revolucionaria y altruista piensa que males como la cleptocracia y el saqueo no lo son, si se hacen acompañados de banderas rojas. ¿Sabes que con tus impuestos fue pagado el abogado de los sindicalistas? ¿De cuánto fue el pago? ¡Q24 millones!

Los pactos colectivos y los bonos como el de Salud y el de Q68 millones que se recetaron los burócratas del Organismo Judicial a fines del año pasado, son sólo dos ejemplos de la piñata tributaria.  ¿Cuántos más hay así a lo largo y lo ancho de la administración pública? Como tributario, ¿cuántos días al año trabajas para pagarles las canonjías y los privilegios a los sindicalistas y burócratas?  ¿Por qué permites que pase eso?

Esta colulmna fue publicada en elPeriódico, y la foto es de ese diario.


31
Ene 18

El Congreso debe poner en su lugar a la Corte de Constitucionalidad

Como ningún funcionario o empleado público, civil o militar, está obligado a cumplir órdenes manifiestamente ilegales o que impliquen la comisión de un delito, el Congreso de la República -no sólo junta directiva- hace bien si le pide a la Corte de Constitucionalidad que revoque el amparo provisional por medio del cual le ordenó al Congreso que realice una nueva elección para Junta Directiva, o por lo menos que explique en detalle por qué tomó esa decisión. ¿Por qué? Pues en defensa del sistema republicano y del estado de derecho.  Debe quedar claro que lo que está haciendo la Corte de Constitucionalidad no es judicializar la política, ni establecer un tipo de gobierno de los jueces, ni forzar al Congreso a hacer algo inconsitucional.

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La Corte de Constitucionalidad ordenó la nueva elección sin escuchar a las partes, en violación del debido proceso de acuerdo con el cual nadie puede ser condenado sin antes sido oído y vencido en juicio. El propósito del amparo es proteger a las personas contra las amenazas de violaciones a sus derechos o para restaurar el imperio de los mismos cuando la violación hubiere ocurrido; y en el caso de esta elección, no se ve por dónde habría una violacion de derechos contra la organización que interpuso el recurso…ni contra alguien más.  En su actuación, la Corte de Constitucionalidad está interfiriendo activa y descaradamente en un proceso netamente político, como lo es el de decidir qué representantes de los electores (o mandantes) van a dirigir el Congreso durante el año siguiente.  No está claro -y la Corte debe aclarar en qué condiciones y por qué- si el artículo 60 transitorio del Decreto 14-2016 es aplicable.  Ese artículo es un castigo para los tránsfugas, les impide formar parte de otro bloque legislativo y les impide presidir comisiones, o formar parte de la junta directiva del Congreso. Está en duda si ese artículo se le aplica a la diputada Alejandra Carrillo (por cuestiones de temporalidad), y no parece razonable que, aunque el artículo se le aplicara a ella, su aplicación debería extenderse a sus compañeros de planilla, que son la actual junta directiva del Congreso.

En mi opinión aún si el artículo le fuera aplicado a Carrillo -y sospecho que no lo es- debe ser respetada la representatividad de los otros diputados, que llegaron al Congreso como representantes de los mandantes (o electores) que votaron por ellos.  Es un error, de fondo y de forma, tratar a los diputados como si fueran representantes de partidos políticos (que no son esos intermediarios entre mandantes y mandatarios,  ni esas plataformas programáticas que describen los libros de texto, sino  roscas electoreras para llegar al poder).  Los diputados son representantes de quienes votaron por ellos, y sólo a ellos y a sus conciencias se deben. Por eso es que nunca he estado de acuerdo con que exista una obligación moral de los diputados con la disciplina de partido.  Este es un tema propio de la legislación electoral; pero esta es una buena oportunidad para discutirlo y aclararlo.

Adicionalmente esta la cuestión de que la Corte de Constitucionalidad, anteriormente, ya  había resuelto que la descalificación, por cualquier motivo, de los integrantes de una planilla que se encuentre participando en un proceso eleccionario, no podrá afectar a los demás miembros de la misma planilla, dado que la imputabilidad de cualquier situación anómala que se realice, es netamente personal sin que dicha circunstancia pueda afectar a los demás.  Cualquiera que entienda el tema de la responsabilidad individual y su relación con las consecuencias jurídicas de los actos propios tendría por razonable aquella resolución, y desconfiaría de un giro que pretendiera salpicar de responsabilidad a los integrantes de una planilla, en función de los actos imputables de un miembro de esa planilla.  El criterio colectivista, de la responsabilidad colectiva por actos ajenos, es un despropósito.

Te recomiendo que leas el voto razonado de la magistrada Dina Ochoa, miembro de la Corte de Constitucionalidad.

Dicho lo anterior, si los que se oponen a la actual junta directiva del Congreso quieren una nueva y más sana, no es serio que en ella hayan incluido a la Unidad Nacional de la Esperanza, que es el partido, de los Colom/Torres e incluye a personajes tan cuestionables, corruptos e impresentables, como cualquiera.

Es peligrosa la judicialización de la política, es peligroso el gobierno de los jueces, es peligroso que, por quién sabe qué presiones y de donde, los organismos del estado acaten ordenes ilegales, peor si es a costa del mandato que han recibido de los electores.

Las funciones principales de la Corte de Constitucionalidad son la defensa del orden constitucional, y en consecuencia del estado de derecho y de la certeza jurídica del país; y el Congreso es la representación de los tributarios, los electores y los mandantes.  Los miembros de ambos órganos harían bien en recordar que el poder proviene del pueblo y que su ejercicio está sujeto a las limitaciones señaladas por la Constitución y la ley; así como que el imperio de la ley se extiende a todas las personas que se encuentren en el territorio de la República.

Lo que está ocurriendo es grave y debe resolverse conforme a la Constitución y las leyes; no conforme a intereses particulares meramente vinculados con la cuestión de cómo hacer para hacerse del poder sin ser electos.   El Congreso debe poner en su lugar a los magistrados de la Corte de Constitucionalidad que son responsables de la resolución en cuestión.

La ilustración la tomé de Facebook.


29
Ene 18

Corrupción y crédito fiscal

El hecho de que la frase devolución del crédito fiscal incluya la palabra devolución, indica claramente que se refiere al acto de reembolsar, reintegrar, restituir o retornarle el crédito fiscal a su legítimo propietario.  Indica, también,  que el que reembolsa, reintegra, restituye o retorna, tiene algo que no le pertenece y se lo devuelve a quien si le pertenece.

Escucha el podcast aquí.

Dicho lo anterior, si queremos acabar con la corrupción en la devolución de créditos fiscales -lo que es muy deseable, como lo es acabar con la corrupción en otros actos y procesos de la administración pública- nos urge descubrir y entender qué (exactamente) es corrupción.

Corrupción es la situación o circunstancia en que los funcionarios públicos u otras autoridades están corrompidos, que es lo mismo que estar podridos, estropeados, viciados y cosas así.

¿Qué es lo que permite, o facilita, o hasta  que los funcionarios y otras autoridades estén corrompidos? Fundamentalmente dos situaciones: la posibilidad de arbitrariedad y los procedimientos enredados y costosos.  Hay arbitrariedad cuando en las decisiones y actuaciones de los funcionarios y autoridades privan la ilegalidad, injusticia, abuso, desafuero, atropello, iniquidad, tiranía, despotismo, alcaldada, cabildada, parcialidad, improcedencia, y/o abuso de autoridad.

El crédito fiscal es de antología; es la situación paradigmática en la que los funcionarios y autoridades encargadas de su administración pueden actuar de forma arbitraria, y en la que los trámites son costosos y lentos; y, por lo tanto, es fuente abundante de corrupción.

La cosa es así: mediante legislación los funcionarios y autoridades toman dinero ajeno mediante la amenaza del uso de la fuerza.  Separan lo que creen que les corresponde y deberían devolver la parte que tomaron y no les corresponde.  Pero no la devuelven. Se la quedan y la jinetean. Fundamentalmente la usan para pagar gastos, cuando no se diluye en mala administración, o en apropiación indebida cuando no en hurto. Mientras tanto los legítimos propietarios de aquel dinero no pueden disponer de él para pagar sueldos, pagar proveedores, pagar deudas, o invertirlo y aumentar la productividad.

Aparte del robo -que es tomar dinero ajeno mediante la amenaza del uso de la fuerza-, hay corrupción cuando los funcionarios y autoridades no devuelven lo que han tomado de más.  Cuando atrasan su entrega y cuando abren la posibilidad (sólo ellos tienen la facultad de abrir esa posibilidad) de priorizar ciertas devoluciones mediante tráfico de influencias (sólo se puede influir en ellos) y mediante sobornos.

Hay quienes dicen que it takes two to tango y que tan culpable de corrupción es el funcionario o la autoridad que acepta el tráfico de influencias, o comete cohecho; como el propietario que aprovecha influencias y paga coimas para que se le devuelva lo suyo.  De hecho, la legislación, así lo estima; aunque no estoy de acuerdo. El jurista romano, Ulpiano, explicó que justicia es una voluntad firme y constante para dar a cada uno lo suyo, o su propiedad.

En ese espíritu, cuando a los legítimos propietarios del dinero tomado por funcionarios y autoridades les es negada arbitrariamente la devolución de su propiedad (lo suyo), o les es retrasada arbitrariamente aquella devolución, los funcionarios y autoridades no sólo incurren en injusticia y en corrupción, sino que -si piden, o permiten el tráfico de influencias, o la entrega de sobornos- incurren en extorsión.

Para cumplir con sus obligaciones comerciales y morales, o sólo para recuperar lo que es suyo (su propiedad) los legítimos propietarios del dinero de más, tomado por los funcionarios y autoridades deben someterse a la extorsión y a la corrupción impuesta por quienes tienen el poder para decidir si devuelven, o no el dinero que no les corresponde, y cuando.

A una amiga, los funcionarios y autoridades le deben -por crédito fiscal- una suma de seis cifras.  Como ella necesita el dinero (y es suyo) le preguntó a su contador si era el momento de iniciar un proceso administrativo para recuperar los fondos.  El consejo del contador fue que no lo hiciera; porque lo que ha ocurrido en otras ocasiones es que una vez los propietarios del dinero lo piden de vuelta, los funcionarios y las autoridades a cargo ordenan una auditoría intimidatoria que -entre la arbitrariedad, y la complejidad de la legislación tributaria- termina perjudicando al dueño del dinero.

Los estatistas -porque creen que los intereses colectivos deben prevalecer sobre los derechos individuales, porque no entienden el valor de la propiedad y porque son beneficiarios de la expoliación- te han hecho creer que la obligación de tributar no está sometida a los mismos criterios éticos a los que están sometidas las relaciones privadas entre la gente y la propiedad ajena.  Te han hecho creer que los funcionarios y autoridades no son los corruptores, sino los corrompidos.  Te han hecho creer que los legítimos propietarios del dinero expoliado por funcionarios y autoridades deberían someterse, sin chistar, a la arbitrariedad y a los enredos de los que se rehúsan a devolver lo que no es suyo y no deberían tener en posesión.

Si caes en sus trampas retóricas no sólo contribuyes a profundizar y a perpetuar el poder ilimitado y arbitrario de los funcionarios y autoridades, sino que abonas el sistema en el que medra la corrupción e impides que la lucha legítima contra ese crimen tenga posibilidades de triunfar entre nosotros.

Los corruptos deben enfrentar la ley…y a la justicia; y para entender más la naturaleza perversa de la corrupción, y la del estatismo que la cultiva, te invito a visitar los enlaces de abajo:

Una solución razonable, más allá de la corrupción

Dicho lo anterior, ¿cómo se resuelve de fondo este asunto de los créditos fiscales? ¿Cómo evitamos la tormenta perfecta para la corrupción?  En Reformemos el IVA a las exportaciones, Lizardo Bolaños hace una propuesta razonable que comparto: Ejemplos abundan para hacer una buena reforma, como lo muestra la experiencia internacional que va de Uruguay a la Unión Europea. Ya sea usando «IVA cero» o una «cuenta corriente tributaria», es posible quitarles al Gobierno, a la burocracia y a los políticos involucrados el poder de extorsionar a las empresas pequeñas y grandes del país. Y, claro, quitarles a los empresarios la tentación de resolver el problema pagando mordidas.

Y, ¿qué hacemos con los empresarios culpables de cohecho, por ejemplo?

Las penas para el cohecho activo (el que soborna) son de entre uno y cinco años de prisión con multa de cien a tres mil quetzales.  Si yo fuera juez -basado en que los impuestos son una forma de robo y que la retención de los créditos fiscales son ilegítimas e ilegales y que se prestan a extorsión- le daría al culpable de sobornar la pena de un año conmutable y el máximo de la pena monetaria.  Eso con el propósito de no dejar impune el delito.  En la sentencia explicaría bien por qué.  Y si se pudiera, recomendaría, de la forma en que sea oportuno, que los funcionarios y autoridades responsables de crear la tormenta perfecta para la corrupción fueran perseguidos, procesados y castigados con toda la severidad de la ley.  Eso con el propósito de no dejar impune el delito y de explicar bien que, desde el poder, no se vale expoliar, ni extorsionar a los mandantes, ni a nadie.

Gracias a mi cuate, Danilo, animarme a pensar más sobre este tema.

¿Y ahora, qué piensas?

La ilustración la tomé de Facebook.


12
Ene 18

Matrimonio y la CIDH

Los liberales estamos a la zaga en la batalla por la igualdad de todos ante la ley porque, intimidados por los conservadores, les dejamos a los socialistas temas como la naturaleza del matrimonio.  Por eso también estamos a la zaga en la batalla por el respeto irrestricto a los proyectos de vida de otras personas.

Escuche el podcast aquí.

En aquello pensé cuando leí que la CIDH opinó que el Estado debe reconocer y garantizar todos los derechos que se derivan de un vínculo familiar entre personas del mismo sexo.  Antes de seguir debo recordar que desde hace añales sostengo que nada tiene que hacer el estado, metiéndose en asuntos propios de los proyectos de vida de las personas, como el matrimonio.  Empero, como el estado ya regula el contrato por medio del cual las personas deciden compartir sus vidas, el reconocimiento del matrimonio igualitario sería un acto de justicia y una afirmación del principio de igualdad ante la ley.

Dicho aquello, lo que hizo la CIDH no abona en favor de los valores liberales, ni en beneficio de las personas del mismo sexo que quisieran compartir sus vidas y formar familias (en virimonio, o en femimonio).  ¿Por qué?

Porque los socialistas -que no conocen, o no entienden los procesos hayekianos de evolución social, ni de formación de opinión pública y demanda de políticas públicas -magistralmente descrito en Madmen, Intellectuals, and Academic Scribblers, por Leighton y López- están convencidos de que pueden cambiar una sociedad a fuerza de legislación y de resoluciones de cortes internacionales, aunque aquella y estas se impongan sobre los valores prevalecientes en esa sociedad.

Por muy buena idea que sea el matrimonio igualitario, lo cierto es que desde un punto de vista hayekiano, en nuestra sociedad aún no prevalecen la valoración de la igualdad de todos ante la ley, ni la del respeto por los proyectos de vida de otros.  Así, la arrogancia socialista –aplaudida por ONG y refrendada por la CIDH- va a servir más a la generación de una reacción conservadora agresiva, que a la libertad de las personas del mismo sexo que quieren casarse y a la causa liberal.  En detrimento de la dignidad humana.

Columna publicada en elPeriódico; e ilustración tomada de Facebook.


08
Dic 17

El tránsito y las fiestas de fin de año

En esta temporada el tráfico se pone peor que siempre y por eso me gusta compartir estas ideas; ¿qué tal si contribuimos a hacer la experiencia menos desagradable? ¿Qué tal si bajas el vidrio polarizado, das la cara y pides –por favor– que te den vía…y das las gracias cuando te la dan?

Escucha el podcast aquí,

Si bebes, no manejes y si manejas no bebas. ¡Es criminal conducir con tragos de más, o bajo la influencia de drogas! Mi padre murió por conducir con tragos de más y ya no pudo conocer a sus nietos, ni celebrar los éxitos de ellos y de sus hijos. No conduzcas bolo, ni drogado.

Mucha gente va entre el tránsito como si compitiera en Los juegos del hambre, pero no tiene que ser así. Si uno ya sabe que el tráfico va a ser denso, no está de más salir 20 minutos antes de lo acostumbrado. Si uno sale con tiempo extra, habrá menos tensión a la hora de enfrentar un posible embotellamiento y, si hay menos tensión, habrá menos incentivos para ponerse agresivo.

Seamos generosos. Si vamos sobre una avenida con la vía y hay personas en las bocacalles que quieren entrar a la avenida con sus vehículos, ¿por qué no dejar pasar a una, o dos dependiendo de las circunstancias? Si hacemos eso ayudamos a otros, hacemos un pequeño acto de bondad y educamos. Una forma común de abuso en el tránsito es la que cometen los que se van contra la vía.  Ellos alteran el flujo y crean imprevistos peligrosos.

El tráfico demanda nuestra atención. Si se nos va el pájaro causamos atrasos y entorpecemos el flujo de vehículos. Si alguien nos da el paso, aprovechemos la oportunidad y digamos Gracias. No nos quedemos parados en los cruceros de calles. Por favor, usemos los carriles que nos corresponden. Si vamos vivos podemos planificar con tiempo.

¡No texteemos! Textear y hablar por el teléfono son actividades distractoras y peligrosas. La mara que maneja y textea, o habla por móvil arriesga su vida y las de los demás, y causa atrasos innecesarios.

¡Felices fiestas! Seamos prudentes y recordemos lo que nos decían nuestros padres: Digamos por favor, y demos las gracias.

Columna publicada en elPeriódico.


30
Nov 17

Primero disparan y luego “viriguan”

Por este medio nos dirigimos a ustedes con el objeto de solicitarles un informe circunstanciado con relación al caso del subcomisario de la Policía Nacional Civil Edilberto Uriel López Godínez, quien fuera sancionado por la población de Sololá, consideramos que es importante contar con un informe por cada una de las instituciones para que esta Autoridad Indígena tenga un soporte de las investigaciones y conclusiones que se llegaron a referido caso, motivo por el cual se sirvan enviar de manera inmediata un informe detallado.

Escucha el podcast aquí.

Así dice la nota que la Alcaldía indígena de Sololá le envió a 12 organizaciones luego de que miembros de aquella alcaldía azotaran al referido Sub comisario, tras de acusarlo de ser integrante de una banda de extorsionistas.

¿Te diste cuenta de lo que ocurrió? aquella Alcaldía primero castigó a López Godínez, y luego -bajo presión, y sólo bajo presión- ideó aquel requerimiento para averiguar si había posibilidad, o no, que el funcionario policíaco se mereciera el castigo al que fue sometido.  Primero disparan y luego viriguan, dirían en mi pueblo.

La carta es enviada luego de que las autoridades indígenas de Sololá reclamaran respeto a sus decisiones, en un intento por acallar las críticas a su actuación por considerarlas discriminatorias y faltas de respeto. El alcalde indígena de Sololá, Tomás Saloj, que participó activamente en la azotina contra López Godínez, justificó su actuación indicando que Si nosotros -Autoridad indígena- no actuamos, la gente se nos va encima.

¿Te das cuenta de lo que implica esto? Autoridades que tienen que actuar arbitrariamente, por presiones del populacho, ¿son autoridades?  ¿Qué clase de autoridades violan el más elemental principio del debido proceso y aplican penas infamantes, por temor a la plebe?

El Diccionario jurídico de Cabanellas define el Debido proceso legal como el cumplimiento con los requisitos constitucionales en materia de procedimiento, por ejemplo en cuanto a la posibilidad de defensa y la producción de pruebas. Más ampliamente el Debido proceso es el principio por medio del cual el administrador de justicia debe respetar todos los derechos legales que posee una persona según la ley.  Es un principio jurídico según el cual toda persona tiene derecho a ciertas garantías mínimas, cuyo objetivo es  asegurar un resultado justo dentro del proceso, y permitirle al acusado la oportunidad de ser citado, oído y vencido en juicio El debido proceso supone que el administrador de justicia está subordinado a las leyes que protegen los derechos individuales de las personas. Cuando el administrador de justicia actúa sin respetar la ley y el debido proceso causa daños.

No se puede ser autoridad si no se respeta el debido proceso; y no se puede ser autoridad si se debe obedecer el clamor del populacho al margen de la ley y del respeto a los derechos individuales. Se puede ser tirano, pero no autoridad.  Se puede ser pelele, pero no autoridad.  El poder se consigue a fuerza de puños, o de latigazos; pero la autoridad, no. Como ha explicado el juez argentino, Ricardo Rojas, la nota distintiva del derecho indígena, no es que sea consuetudinario; sino que es comunitario y autoritario.

En occidente, el respeto al debido proceso -y a los derechos individuales de los cuales se deriva- ha costado cientos de años de evolución y quién sabe qué cantidad de vidas humanas.  Y eso de castigar de forma infamante primero y averiguar después, no es bien visto desde, ¿desde hace cuántos siglos?

Seguramente es cierto que la llamada justicia indígena o justicia comunitaria es útil para dirimir controversias sobre quién es el propietario y cómo debe pagar si una vaca destruyó una huerta; pero aún así habría que probar de quién es la vaca, al cuidado de quién estaba y si la vaca se soltó por dolo, o por culpa de su guardián.  Aún así habría que respetar el debido proceso, cuyo respeto se hace más imperativo cuando involucra vidas humanas.  Extorsiones, asesinatos, violaciones, y otros delitos complejos no deben ser objeto de juicio por parte de gente que no está entrenada para la administración de justicia, que no conoce principios de derecho y cuyas decisiones están sometidas a la voluntad de la muchedumbre.

Por cierto…mientras la Alcaldía indígena de Sololá virigua, López Godínez fue a parar al hospital, luego de 15 latigazos. Y no se vale que la Alcaldía indígena alegue discriminación y falta de respeto cuando se cuestionan actos de barbarie como los azotes y como la práctica de averiguar luego de aplicar el castigo.

Las fotos las tomé de Facebook.


24
Nov 17

Ilegitimidad y responsabilidad

Una de las ideas más importantes y dignas de atención, publicadas en un diario chapín en las últimas semanas fue la siguiente:


Escucha el podcast aquí.

El Estado se organiza, antes que nada, para proteger a la persona y a la familia, que es la base de la sociedad. Frente a esta obligación y principal justificación para extraer recursos de la población de manera coercitiva, todas las demás funciones palidecen y carecen de legitimidad. Un gobierno no tiene legitimidad para hacer nada, mientras no pueda cumplir con su responsabilidad más elemental, proteger a la población contra la violencia y la extorsión. Mientras en el Congreso se discute sobre cómo el gobierno pretende gastar miles de millones de quetzales extraídos de los tributarios, es conveniente tener en mente el cumplimiento de lo fundamental.  Su autor es Fritz Thomas.

Leí aquel párrafo luego de enterarme de que hay 23,598 denuncias de robos de teléfonos móviles y de que ¡el 90 por ciento de las llamadas de extorsión salen de las prisiones controladas por el gobierno!

El miércoles pasado leí que el proyecto de presupuesto estatal incluye un botín de Q450 millones en obras de arrastre y que la Corte Suprema de Justicia está considerando sus bonos de fin de año, por el monto de Q68 millones. Leo que el presupuesto estatal incluye numerosos privilegios, asignaciones para grupos de interés específicos, gastos suntuarios, plazas para fantasmas, funciones duplicadas, burocracias rapaces, y cosas así.  Leí que el INE ha manipulado el Indice de Precios al Consumidor y que los beneficiados son los ejecutivos de ONG que viven de la pobreza. Leí que se está construyendo una escuela de marimba…y a mí me encanta la música de marimba, crecí con música de marimba y quiero hacer una fiesta con marimba; pero, ¿una escuela de marimba cuando no hay insumos en los hospitales y la gente sufre por eso? ¿Una escuela de marimba cuando los políticos y burócratas no cumplen con su responsabilidad más elemental que es proteger a la población contra la violencia y la extorsión?

Un gobierno no tiene legitimidad para hacer nada, ¡nada!, mientras no cumpla con su responsabilidad más elemental.

Columna publicada en elPeriódico.


17
Nov 17

Era una chica plástica

A finales de los setenta había una canción que decía: Era una chica plástica, de esas que veo por ahí;  y, cosas que pasan, de eso me acordé cuando vi la portada de elPeriódico el martes pasado y vi la inmundicia en la bahía de Omoa, a causa de la basura arrastrada ahí por el río Motagua.

Escucha el podcast aquí.

Hace un año y en ese contexto, el Congreso de la República conoció la inciativa de una legislación que regula el uso y comercialización de las bolsas de plástico en el país; lo cual significa acudir al uso de la fuerza del gobierno para obligar a la disminución del uso de aquellos productos que son de bajo costo, prácticos y fáciles de usar.

Los plásticos y las bolsas plásticas, sin embargo, están en desventaja frente a otros contaminantes porque flotan y por lo tanto son dramáticamente visibles.  Los contaminantes que se van al fondo de lagos y ríos, no se ven.  Los contaminantes que se diluyen en la tierra y en las aguas, no se ven.  Los contaminantes que se dispersan en el aire, no se ven.  Aquello hace que los plásticos –que son económicos y prácticos– sean el blanco de los políticos y de los legisladores, a pesar de sus virtudes.  ¿Sabes que la industria del plástico está entre los top ten de exportaciones e importaciones aquí en Guatemala? Eso significa que miles de familias llevan el pan a su mesa como consecuencia de empleos en aquel sector productivo.

Todo este tema de los plásticos y otros desechos sólidos, cuando se aborda desde una perspectiva política, reguladora y hasta populista, pierde de vista una realidad: aquellos materiales llegan a ríos y lagos porque la gente inmunda los tira ahí.  Como no hay responsabilidad alguna –ni a nivel individual, ni a nivel municipal- por no disponer apropiadamente de la basura, esta se hace presente de forma repulsiva.  Y se podrán legislar toda forma de regulaciones y prohibiciones; pero si la causa de fondo no se resuelve, sólo habrá víctimas y no habrá responsables.  De paso…no debería ser tarea del Ejército, ir a limpiar la suciedad de la gente; y al final de estas meditaciones me acordé de Do you ever feel like a plastic bag, canción de Katy Perry.

Esta columna fue publicada en elPeriódico y de ellos es la foto que ilustra la entrada.


13
Nov 17

¿Por qué habría que valorar el individualismo?

Samuel Pérez-Attías anda con la cosa de que la promoción del individualismo es un error y que es la causa de algo que el llama la atomización de la sociedad. Creo que Samuel opina eso porque no está claro qué quiere decir individualismo.

Escucha el podcast aquí.

Antes de seguir, sin embargo, no está de más explicar por qué tendría que estar claro qué quiere decir individualismo.  Desde una óptica epistemológica -y como el propósito de los conceptos es facilitarnos la clasificación y organización cognitivas, así como facilitarnos conocer y pensar-  la palabra individualismo es un símbolo que denota un concepto, es decir que representa algo concreto y de cierto tipo, algo que se diferencia, por ejemplo, del concepto colectivismo.

Entonces, si hablamos de individualismo, desde una falacia como la del hombre de paja (que es criticar algo no por lo que es, sino por una fabricación ad hoc que el crítico hace para servirse de ella), la conversación no tiene sentido ya que el hombre de paja distrae y borra al concepto legítimo.

Individualismo, pues, no es la creencia de que las personas deberían vivir aisladas al margen de la sociedad, o de espaldas a ella. Simón el estilita, que vivió encaramado en una columna, no era individualista. Tampoco es la creencia de que las personas deberían ser islas inconexas unas con otras.  No es la negación de la división del trabajo, ni la negación del valor de la cooperación social, ni la negación de la dispersión del conocimiento, ni la del valor de la vida en sociedad (que es una forma de hacer las cosas) y el individualismo no excluye las acciones en grupo.  Eso sí, el individualismo es opuesto al colectivismo; y no es entusiasta del tribalismo.

¿Qué, entonces, es el individualismo?

Propiamente dicho, el individualismo tiene dos perspectivas que quiero destacar en esta entrada.  Por un lado el individualismo sostiene que las personas individuales (de ahí el nombre) tenemos derechos inalienables que no nos pueden ser arrebatados por ninguna otra persona, ni por cualquier grupo, o conjunto de personas.  Por lo tanto, cada persona existe por su propio derecho y para sí mismo, no para el grupo.  Los individuos, pues, no somos ni piezas de una máquina, ni peldaños de una escalera, ni herramientas para ser usados.  Por esas razones, y de acuerdo con el individualismo, el poder de la sociedad debe estar limitado por los derechos individuales de las personas; y quienes ejercen el poder en la sociedad sólo pueden crear leyes que no violen aquellos derechos individuales.  En un sistema individualista, todas las personas son iguales ante la ley, en todas las oportunidades; y cada uno tiene los mismos derechos ya sea que se encuentre sólo, o que lo acompañe un millón de personas más.

¿Es posible no estar de acuerdo con estos principios si lo que se quiere es una sociedad sana, basada en relaciones pacíficas y voluntarias?

Para entender mejor el individualismo en esta perspectiva, vale la pena compararlo con lo que se le opone, que es el colectivismo.  Este sostiene que las personas no tienen derechos; y que su cuerpo, su personalidad y su trabajo le pertenecen al grupo, comunidad, colectivo, clase social, etnia o a la sociedad.  Por eso es que el grupo, comunidad, colectivo, la vanguardia, la etnia o la sociedad pueden hacer con él lo que le plazca, en la forma que quiera y por cualquier motivo que el grupo haya decidido que es su propio bien.  En esas condiciones, cada persona existe sólo con el permiso del grupo y en beneficio del grupo. Por esas razones, y de acuerdo con el colectivismo, el poder de la sociedad (que es el colectivo supremo) es ilimitado y la sociedad puede crear las normas que desee e imponérselas a cualquier persona en la forma que quiera. En un sistema colectivista, las personas tiene que agruparse unas con otras para obtener privilegios.  Y los que pertenezcan a los grupos más grandes, más bulliciosos, o más violentos son los que tienden a obtener más y mejores privilegios.

¿Es posible tener una sociedad sana, basada en relaciones pacíficas y voluntarias, en aquellas condiciones? Yo digo que no.

La otra perspectiva desde la que hay que entender el individualismo, y que quiero comentar aquí, es la del individualismo metodológico (o método compositivo) como el método de las ciencias sociales que sostiene que todos los fenómenos sociales son explicables a partir de las acciones individuales de los seres humanos individuales (de ahí su nombre).   El individualismo metodológico descarta la creencia de que los grupos, comunidades, colectivos y sociedades sean organismos que pueden tomar decisiones y actuar propiamente dicho.  Una forma de ponerlo es que así como el grupo, la comunidad, el colectivo, o la sociedad no tienen un estómago como para decir apropiadamente que el grupo se comió X cantidad de hamburguesas el año pasado; tampoco se puede decir apropiadamente que el grupo haya decidido, o haya actuado, porque el grupo no tiene cerebro, ni mente para tomar decisiones, o para actuar. Las personas individuales que forman el grupo son las que comen hamburguesas, y son las que deciden y actúan.  El individualismo metodológico descarta la creencia de que la clase social, la étnia, la nacionalidad, el sexo, u otros elementos sean determinantes en las decisiones individuales que toman las personas individuales, para actuar individualmente, o en coordinación con otros.

El individualismo metodológico no sólo no descarta que un, o unos individuos actúen en coordinación con otros individuos desde la división del trabajo y la cooperación social. Sino que sirve para entender la naturaleza de estas formas de cooperación, desde la que hay entre dos personas individuales, hasta la cooperación social pasando por formas menos complejas de asociación como empresas, tribus, comunidades y otras formas de organización. Quien entiende el individualismo metodológico y la división del trabajo, entiende por qué es que integramos la sociedad, precisamente para perseguir y alcanzar mejor nuestros fines individuales.  La sociedad, desde esta perspectiva es una forma de hacer las cosas.

En el contexto político -y por eso es que el individualismo incomoda mucho a los que les gusta el poder- Raimondo Cubeddu cita a Friedrich A. Hayek y explica que “la característica esencial del verdadero individualismo” consiste en que es ante todo “una teoría de la sociedad, un intento de comprender las fuerzas que determinan la vida social del hombre y, sólo en un segundo momento, un conjunto de máximas política derivadas de esta concepción de la sociedad”.  De lo que resulta claramente que la política no es la ciencia arquitectónica de la asociación civil, y ni siquiera un conjunto de máximas que deben calar en la sociedad a fin de transformarla en la perspectiva de los valores éticos, políticos, o económicos que se considera racional, o justo alcanzar; sino la consecuencia de una teoría general de la acción humana.  De paso, ¿sabes cuál iba a ser el título de La acción humana, por Ludwig von Mises (un individualista irredento)? El título iba a ser Cooperación social.

El individualismo nada tiene que ver con la atomización de la sociedad.  Al culpable de este fenómeno seguramente habría que buscarlo en el uso del estado, por parte de algunos actores sociales (muchos detractores del individualismo) a modo de aquella gran ficción por medio de la cual todo el mundo se esfuerza en vivir a expensas de todo el mundo, contra la que advirtió Fréderic BastiatEsa pretensión sí atomiza a la sociedad porque en vez de fomentar la cooperación, lo que alimenta es no solo la competencia por privilegios, sino el irrespeto a los derechos individuales.  Al culpable del fenómeno de atomización seguramente habría que buscarlo en el tribalismo, esa pretensión colectivista que egulle a las personas individuales y las funde en una masa en la que todo es sacrificable en el altar que manden los que controlan al colectivo. Y de esa pretensión, no es extraño que las personas quieran escapar y hasta cierto punto, atomizarse.

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