14
Feb 18

La UNE, Oxfam y Semilla en un hormiguero

La exposición de un fraude de Q270 millones, alrededor de esa alianza público-privada que es el Transurbano, es una grande cosa, como dicen en mi pueblo.

Y no menos notable ha sido que (de paso) la exposición de aquel saqueo se ha traído abajo a Oxfam -a quien le llueve sobre mojado, tanto por el caso de Haití  como en el del Reino Unido– y al grupo Semilla, que desde hace ratos anda con ganas de hacer colapsar hasta nuestros tímidos intentos de república en Guatemala y ahora está más lejos de germinar, que nunca.  El caso es que uno de los protagonistas de este asunto es Juan Alberto Fuentes Kinght, ex ministro de la administración Colom/Torres, Presidente internacional de Oxfam y miembro notable del grupuo Semilla.

Voy a atreverme a interpretar que la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala y el Ministerio Público saben atender las sugerencias que vienen de la Avenida de la Reforma y Septima calle, de la zona 10, según los vientos que soplen.  Eso, claro, no le quita méritos a la exposición de la corrupción y de la naturaleza de la administración de los Colom/Torres y de la Unidad Nacional de la Esperanza. A los señalamientos les debería seguir un proceso judicial, y si las pruebas fueran suficientes y los encartados fueran encontrados culpables, al proceso le debería seguir la cárcel.

¿Cuál fue el negocio?

Las autoridades y los grupos de interés que operan el transporte colectivo urbano han probado de todo (o casi de todo) con tal de no liberar el mercado y conservar las rentas que produce el estatismo.

El experimento más reciente fue la alianza público-privada que le dio vida al Transurbano. Este fue, además,  una apuesta de la Unidad Nacional de la Esperanza -el partido de los Colom/Torres y miembro de la Internacional Socialista- para obtener el apoyo electoral de los capitalinos y conseguir más votos en las elecciones de 2015.

¿Por qué digo los Colom/Torres y por qué es es atingente el nombre de Sandra Torres? Fuentes Knight, en un libro con pretenciones expurgatorias titulado Rendición de cuentas, explica que la entonces esposa de Alvaro Colom y luego candidata presidencial de la UNE,  fungió como una especie de “primera ministra de facto”: gobernaba desde la cúspide del poder pero sin estar sujeta a obligación legal alguna porque oficialmente no era funcionaria.

Así, contado a grandes, grandes rasgos la  Asociación de Empresas de Autobuses Urbanos ofreció comprar 3 mil 150 buses nuevos para reformar la flotilla del servicio público, y el nuevo sistema contaría con paradas seguras y un innovador sistema de cobro, por medio de tarjetas prepago.


09
Feb 18

Indemnización, ¿para quienes?

Hay mucha indignación porque la administración Morales pidió compensación para los presos por casos de corrupción. ¡Por supuesto que sería inaceptable que se les diera indemnización a los condenados por actos de corrupción luego de un debido proceso!  ¿En qué cabeza cabría compensarlos?  Lo que deben recibir es castigo conforme a la ley.

Escucha el podcast aquí.

Otro, sin embargo, es el caso de los acusados que fueran encontrados inocentes.  Porque toda persona es inocente, mientras no se le haya declarado responsable judicialmente, en sentencia debidamente ejecutoriada. Porque las personas inocentes que hayan sido perseguidas y procesadas por el MP y la CICIG lo han sido no sólo con todo el poder del estado, sino con el peso formidable de la CICIG, en un ambiente mediático hostil y con una carga política notable. Porque si el MP y la CICIG fueron incapaces de probar la culpabilidad de los acusados, con pruebas irrefutables (por respeto al debido proceso y a la presunción de inocencia), y a pesar de la presión a la que están sometidos los jueces, es muy posible que algunos de los encartados sean inocentes y que sus vidas hayan sido arruinadas por la necesidad política de poner en evidencia la corrupción, que es diferente a la necesidad moral y jurídica de castigarla.

¡La corrupción no debe quedar impune!; pero, ¿por qué no sería razonable que los procesados injustamente reciban compensaciones por los daños sufridos a manos de autoridades políticamente parcializadas, o incapaces? Si muchos culpables del enfrentamiento armado para instaurar la dictadura del proletariado han recibido indemnizaciones, ¿por qué no las iban a recibir personas inocentes acusadas injustamente? ¡Por supuesto que ofende que corruptos cuyo enriquecimiento ilícito es obvio pudieran ser beneficiados!; pero no es menos ofensivo que personas inocentes vean sus vidas destruidas por caprichos políticos.  Claro que se corre el riesgo de que los encargados de la persecución penal sean incapaces de armar casos judicialmente sostenibles contra corruptos obvios; pero, entonces, su incapacidad profesional debería tener consecuencias.

Columna publicada en elPeriódico. Ilustración El triunfo de la justicia, por Jean Jouvenet [Dominio público], via Wikimedia Commons.


02
Feb 18

Cleptocracia, saqueo y trabajo decente

La cleptocracia se ha incrustado en el gobierno para saquear los recursos de los tributarios.  Por ejemplo: el año pasado el Ministerio de Salud les pagó a sus burócratas Q75 millones por bono de trabajo decente; bono pactado de manera ilegal, según la PGN.

Escucha el podcast aquí.

Mientras tanto, en el Hospital general, hay un médico por cada 100 niños; y la trabajadora doméstica de una amiga –que necesitaba ser operada y estaba en dolor– pasó todo un día esperando a que la atendieran.

Según la PGN el pacto colectivo y de condiciones de trabajo, que les otorga beneficios salariales a los empleados del ministerio es ilegal.  En total han sido demandadas 13 cláusulas del pacto, por considerar que fueron acordadas de manera ilegal y porque son inconstitucionales. Las erogaciones pueden ser hechas de manera discrecional y tú ya sabes…la discrecionalidad es el caldo de cultivo para la corrupción.

¿Por qué es que los sindicalistas de Salud –y otros– pueden conseguir cosas así?  Porque 200 sindicalistas pueden usar la fuerza para conseguir sus objetivos. Con lemas como Hacer la revolución por medio de los movimientos sociales, esos grupos bloquean calles y paralizan servicios.  Su moral revolucionaria y altruista les permite recibir dinero por su trabajo decente, mientras los más pobres están abandonados en los hospitales estatales. Porque su moral revolucionaria y altruista no ve mal la rapiña del dinero de los tributarios.  Porque su moral revolucionaria y altruista piensa que males como la cleptocracia y el saqueo no lo son, si se hacen acompañados de banderas rojas. ¿Sabes que con tus impuestos fue pagado el abogado de los sindicalistas? ¿De cuánto fue el pago? ¡Q24 millones!

Los pactos colectivos y los bonos como el de Salud y el de Q68 millones que se recetaron los burócratas del Organismo Judicial a fines del año pasado, son sólo dos ejemplos de la piñata tributaria.  ¿Cuántos más hay así a lo largo y lo ancho de la administración pública? Como tributario, ¿cuántos días al año trabajas para pagarles las canonjías y los privilegios a los sindicalistas y burócratas?  ¿Por qué permites que pase eso?

Esta colulmna fue publicada en elPeriódico, y la foto es de ese diario.


29
Ene 18

Corrupción y crédito fiscal

El hecho de que la frase devolución del crédito fiscal incluya la palabra devolución, indica claramente que se refiere al acto de reembolsar, reintegrar, restituir o retornarle el crédito fiscal a su legítimo propietario.  Indica, también,  que el que reembolsa, reintegra, restituye o retorna, tiene algo que no le pertenece y se lo devuelve a quien si le pertenece.

Escucha el podcast aquí.

Dicho lo anterior, si queremos acabar con la corrupción en la devolución de créditos fiscales -lo que es muy deseable, como lo es acabar con la corrupción en otros actos y procesos de la administración pública- nos urge descubrir y entender qué (exactamente) es corrupción.

Corrupción es la situación o circunstancia en que los funcionarios públicos u otras autoridades están corrompidos, que es lo mismo que estar podridos, estropeados, viciados y cosas así.

¿Qué es lo que permite, o facilita, o hasta  que los funcionarios y otras autoridades estén corrompidos? Fundamentalmente dos situaciones: la posibilidad de arbitrariedad y los procedimientos enredados y costosos.  Hay arbitrariedad cuando en las decisiones y actuaciones de los funcionarios y autoridades privan la ilegalidad, injusticia, abuso, desafuero, atropello, iniquidad, tiranía, despotismo, alcaldada, cabildada, parcialidad, improcedencia, y/o abuso de autoridad.

El crédito fiscal es de antología; es la situación paradigmática en la que los funcionarios y autoridades encargadas de su administración pueden actuar de forma arbitraria, y en la que los trámites son costosos y lentos; y, por lo tanto, es fuente abundante de corrupción.

La cosa es así: mediante legislación los funcionarios y autoridades toman dinero ajeno mediante la amenaza del uso de la fuerza.  Separan lo que creen que les corresponde y deberían devolver la parte que tomaron y no les corresponde.  Pero no la devuelven. Se la quedan y la jinetean. Fundamentalmente la usan para pagar gastos, cuando no se diluye en mala administración, o en apropiación indebida cuando no en hurto. Mientras tanto los legítimos propietarios de aquel dinero no pueden disponer de él para pagar sueldos, pagar proveedores, pagar deudas, o invertirlo y aumentar la productividad.

Aparte del robo -que es tomar dinero ajeno mediante la amenaza del uso de la fuerza-, hay corrupción cuando los funcionarios y autoridades no devuelven lo que han tomado de más.  Cuando atrasan su entrega y cuando abren la posibilidad (sólo ellos tienen la facultad de abrir esa posibilidad) de priorizar ciertas devoluciones mediante tráfico de influencias (sólo se puede influir en ellos) y mediante sobornos.

Hay quienes dicen que it takes two to tango y que tan culpable de corrupción es el funcionario o la autoridad que acepta el tráfico de influencias, o comete cohecho; como el propietario que aprovecha influencias y paga coimas para que se le devuelva lo suyo.  De hecho, la legislación, así lo estima; aunque no estoy de acuerdo. El jurista romano, Ulpiano, explicó que justicia es una voluntad firme y constante para dar a cada uno lo suyo, o su propiedad.

En ese espíritu, cuando a los legítimos propietarios del dinero tomado por funcionarios y autoridades les es negada arbitrariamente la devolución de su propiedad (lo suyo), o les es retrasada arbitrariamente aquella devolución, los funcionarios y autoridades no sólo incurren en injusticia y en corrupción, sino que -si piden, o permiten el tráfico de influencias, o la entrega de sobornos- incurren en extorsión.

Para cumplir con sus obligaciones comerciales y morales, o sólo para recuperar lo que es suyo (su propiedad) los legítimos propietarios del dinero de más, tomado por los funcionarios y autoridades deben someterse a la extorsión y a la corrupción impuesta por quienes tienen el poder para decidir si devuelven, o no el dinero que no les corresponde, y cuando.

A una amiga, los funcionarios y autoridades le deben -por crédito fiscal- una suma de seis cifras.  Como ella necesita el dinero (y es suyo) le preguntó a su contador si era el momento de iniciar un proceso administrativo para recuperar los fondos.  El consejo del contador fue que no lo hiciera; porque lo que ha ocurrido en otras ocasiones es que una vez los propietarios del dinero lo piden de vuelta, los funcionarios y las autoridades a cargo ordenan una auditoría intimidatoria que -entre la arbitrariedad, y la complejidad de la legislación tributaria- termina perjudicando al dueño del dinero.

Los estatistas -porque creen que los intereses colectivos deben prevalecer sobre los derechos individuales, porque no entienden el valor de la propiedad y porque son beneficiarios de la expoliación- te han hecho creer que la obligación de tributar no está sometida a los mismos criterios éticos a los que están sometidas las relaciones privadas entre la gente y la propiedad ajena.  Te han hecho creer que los funcionarios y autoridades no son los corruptores, sino los corrompidos.  Te han hecho creer que los legítimos propietarios del dinero expoliado por funcionarios y autoridades deberían someterse, sin chistar, a la arbitrariedad y a los enredos de los que se rehúsan a devolver lo que no es suyo y no deberían tener en posesión.

Si caes en sus trampas retóricas no sólo contribuyes a profundizar y a perpetuar el poder ilimitado y arbitrario de los funcionarios y autoridades, sino que abonas el sistema en el que medra la corrupción e impides que la lucha legítima contra ese crimen tenga posibilidades de triunfar entre nosotros.

Los corruptos deben enfrentar la ley…y a la justicia; y para entender más la naturaleza perversa de la corrupción, y la del estatismo que la cultiva, te invito a visitar los enlaces de abajo:

Una solución razonable, más allá de la corrupción

Dicho lo anterior, ¿cómo se resuelve de fondo este asunto de los créditos fiscales? ¿Cómo evitamos la tormenta perfecta para la corrupción?  En Reformemos el IVA a las exportaciones, Lizardo Bolaños hace una propuesta razonable que comparto: Ejemplos abundan para hacer una buena reforma, como lo muestra la experiencia internacional que va de Uruguay a la Unión Europea. Ya sea usando «IVA cero» o una «cuenta corriente tributaria», es posible quitarles al Gobierno, a la burocracia y a los políticos involucrados el poder de extorsionar a las empresas pequeñas y grandes del país. Y, claro, quitarles a los empresarios la tentación de resolver el problema pagando mordidas.

Y, ¿qué hacemos con los empresarios culpables de cohecho, por ejemplo?

Las penas para el cohecho activo (el que soborna) son de entre uno y cinco años de prisión con multa de cien a tres mil quetzales.  Si yo fuera juez -basado en que los impuestos son una forma de robo y que la retención de los créditos fiscales son ilegítimas e ilegales y que se prestan a extorsión- le daría al culpable de sobornar la pena de un año conmutable y el máximo de la pena monetaria.  Eso con el propósito de no dejar impune el delito.  En la sentencia explicaría bien por qué.  Y si se pudiera, recomendaría, de la forma en que sea oportuno, que los funcionarios y autoridades responsables de crear la tormenta perfecta para la corrupción fueran perseguidos, procesados y castigados con toda la severidad de la ley.  Eso con el propósito de no dejar impune el delito y de explicar bien que, desde el poder, no se vale expoliar, ni extorsionar a los mandantes, ni a nadie.

Gracias a mi cuate, Danilo, animarme a pensar más sobre este tema.

¿Y ahora, qué piensas?

La ilustración la tomé de Facebook.


04
Nov 17

Entre el fiambre y el pavo se cuidan los nenes

Cuando los magistrados de la Corte Suprema de Justicia tienen hambre, monchan  almuerzos de casi mil quetzales. Para ser exactos, de Q972, valor individual de 14 platillos.  En un almuerzo de septiembre pasado se gastaron 13 mil 604 quetzales…de tus impuestos. ¡Para esto es que quieren más tributos los pipoldermos!

Dos días antes de la festividad del solsticio de invierno, en 2015, los magistrados se echaron una cena en la que, cada platillo, tuvo un costo Q299 cada una, para un gasto total de Q5 mil 970….de tus impuestos. Uno se pregunta: Si es con su dinero propio, ¿cáda cuánto pagan Q299 en una cena estos personajes?

De acuerdo con los registros de gastos de comida del Organismo Judicial, de noviembre de 2014 hasta mayo de este año, los magistrados han gastado 425 mil quetzales entre almuerzos, refacciones, pasteles y galletas.  Ese dinero de tus impuestos ha ido a parar a las barrigas golosas de los magistrados y de otros funcionarios.

¡Para cosas así es que usan tus tributos los pipoldermos!…y así ha de ser ministerios y otras oficinas burocráticas. ¿O no?

La foto es de Soy 502.


19
Oct 17

Derechos, facultades y el orden constitucional

Las facultades administrativas e incluso las políticas de los funcionarios -locales, o extranjeros- no son derechos.  Estos -como el derecho a la vida, el derecho a la libertad y el derecho a la propiedad- son acuerdos morales que se ejercen sin necesidad de pedirle permiso a nadie; en tanto que las facultades administrativas, para comenzar, no deben ser violatorias de los derechos (incluido el derecho al debido proceso, que se deriva de los derechos a la vida y a la libertad).  Luego, las facultades administrativas de los funcionarios son consecuencias de acuerdos políticos, es decir, de acuerdos enraizados en el ejercicio del poder, o en el ejercicio de la influencia política. El ejercicio del poder público es una facultad, no un derecho.

Un funcionario podría decir que tiene derecho a ejercer tal, o cual facultad, sí y sólo sí, existe un acuerdo político que le permite ejercer la facultad.  Empero, a diferencia de los derechos que ni se dan, ni se quitan desde el poder, las facultades sí dependen de este.

Pensé en aquello porque la Corte de Constitucionalidad, constituida en tribunal extraordinario de amparo, debería proteger a las personas contra las amenazas de violaciones a sus derechos o para restaurar el imperio de los mismos cuando la violación hubiere ocurrido. Empero, la Constitución nada dice de proteger a los funcionarios -nacionales, o extranjeros- contra las amenazas que pendan sobre sus facultades, o para restaurar las mismas cuando hubieran sido suspendidas, o anuladas.

Ya sabes, en el campo de las relaciones sociales voluntarias, la ley sirve para proteger la esfera de acción privada de las personas y garantizan que estas puedan hacer todo lo que no está expresamente prohibido por la ley (porque viola derechos ajenos); en tanto que en el campo de las relaciones sociales coercitivas, la legislación sirve para enmarcar las acciones de los sujetos a ella y garantizan que estas puedan hacer sólo lo que está expresamente permitivo por las normativas (para evitar la violación de derechos).

Por eso creo que es improcedente -y abusador- que la mayoría de magistrados de la Corte de Constitucionalidad crea que tiene la facultad de forzar al Presidente, o al Organismo Ejecutivo a revertir una decisión administrativa y política que no es violatoria de derecho alguno.  El jefe de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatamala, en el marco de su mandato derivado de un acuerdo político con el gobierno de Guatemala, tiene facultades políticas y administrativas, que no es lo mismo que decir que tiene derechos políticos y administrativos.

La Corte de Constitucionalidad, cuya función principal es la defensa del orden constitucional, debería tener en mente la distinción entre derechos y facultades, y debería tener en mente la distinción entre el campo de las relaciones voluntarias y el de las relaciones coercitivas.  Pero parece que no es así.  Parece que los magistrados están más interesados en ejercer lo que se conoce como el gobierno de los jueces, antes que en defender la Constitución y las leyes (que no son lo mismo que la legislación).

Ese fenómeno indeseable que es el gobierno de los jueces fue identificado por primera vez en 1921 por Edouard Lambert y es un sistema de revisión judicial verdaderamente sin restricciones, que no pudiera ser limitado ni siquiera por medio de una enmienda constitucional. El gobierno de los jueces no debe ser confundido con el control jurisdiccional que es, este último, un componente del estado de derecho.

En una república sana, la función de controlar las decisiones políticas y administrativas del Ejecutivo le corresponden al Congreso; y si la Corte de Constitucionalidad usurpara las funciones del Ejecutivo, o del Congreso, está claro que se excedería en sus facultades de una forma inaceptable.

Uno puede estar de acuerdo, o en desacuerdo con la decisión ejecutiva de pedirle al jefe de la CICIG que no se meta en política. Empero, la determinación de la Corte de Constitucionalidad, de convertirse en el árbitro final de las decisiones ejecutivas del Organismo Ejecutivo, pone en peligro el mismísimo orden constitucional; y eso debería preocuparnos a todos los que valoramos el estado de derecho.  De hecho, si vamos a tener éxito en la lucha contra la corrupción -¡y deberíamos tener éxito en esa lucha!- sólo va ha ser en el marco del estado de derecho, y mediante el respeto a la ley.

La ilustración es de elPeriódico.


03
Oct 17

¿Y así quieren más impuestos?

Hasta que los tributarios ya no veamos más casos como estos, es inaceptable que los pipoldermos pidan más impuestos.

  1. Un puente que lleva a ninguna parte, en Chinautla -fue construido por el Fondo Nacional para la Paz y de emergencia- y costó Q24 millones.  Lleva siete años sin funcionar.  ¿Cuántas obras así hay, o están siendo construidas? ¿Cuántos puentes, mercados, hospitales, escuelas, están a medio construir, o han sido mal construidas y así se desperdicia el dinero de los tributarios?
  2. Luego de 9 meses de evidente incapacidad de ejecución presupuestaria (es decir, de convertir en obras el dinero que toman de los tributarios), la Presidencia de la república y los 13 ministerios del Organismo Ejecutivo tienen sólo tres meses para ejecutar más de Q29 millones si quieren ejecutar el 100% de sus presupuestos.  ¿Qué van a hacer así a la carrera? ¿Cuánto de lo que pidieron en impuestos se va a desperdiciar, o a maladministrar, o a desaparecer?

Una vez más, por si hiciera falta, queda en evidencia de que si se controlaran la corrupción, la mala administración y el desperdicio, los pipoldermos no necesitan tomar más dinero de los tribuarios. El dinero les sobra; y lo que falta es que prioricen, y que mejoren su capacidad de ejecución.

No cabe hablar de más impuesto si:

  1. No se eliminan todos los privilegios, y todas las partidas presupuestarias para intereses particulares.
  2. No hay prioridades claras de inversiones y gastos.
  3. No hay evidencias de que la corrupción, la mala administración y el desperdicio han sido erradicados.
  4. No se mejora sustancialmente la capacidad de ejecución por parte de los políticos y sus burócratas.

La foto del puente de Chinautla es de elPeriódico.


28
Sep 17

Las rutas parciales del tráfico de drogas

El mapa ese que muestra la cantidad de eventos de tráfico de drogas que van desde América del sur hacia Guatemala, luego de alarmarnos,  debería ponernos a pensar.

Lo obvio es que la cantidad de drogas que ha de entrar por las costas del océano Pacífico, a Guatemala, ha de ser tan inmensa y perturbadora como la densidad de las rutas que hay entre Colombia y Ecuador y nuestro país. Obvio es, también, que para que esto sea posible tiene que haber connivencia con las autoridades chapinas a todo nivel.  Obvio es que aquella connivencia medra en un ambiente de impunidad y de corrupción.

No es evidente en el mapa, y tampoco es obvio, el hecho de que aquel tráfico y aquellas rutas no ocurren en un vacío.  Responen a una demanda.  ¿Las drogas se quedan en Guatemala y en México? No. ¿Es posible que conozcamos las rutas y los destinos de as rutas más allá de las costas de México? Sería bueno, ¿verdad? ¿Quiénes y dónde compran todas las drogas que logran llegar a donde no nos muestra el mapa? En los Estados Unidos de América, seguramente.

Cuando veo ese mapa pienso en el pincipio físico y jurídico que dice que la causa de la causa es la causa del mal causado.  El mapa que apunta a Guatemala seguramente evidencia una realidad; pero muestra una verdad incompleta.  Sin la parte que falta, no es obvio establecer cuál es la causa final de los males que acarrea el narcotráfico, incluidos la impunidad y la corrupción.

La guerra contra las drogas se pelea -en México, Guatemala, Colombia y otros países- desde tiempos de Richard M. Nixon; y si los resultados de más de 43 años de esa guerra (con todos los efectos que tiene una guerra) son los que vemos parcialmente en el mapa en cuestión. quizás sea tiempo de replantear el asunto.

Te dejo tres materiales para meditar:

La ilustración la tomé de elPeriódico.


18
Sep 17

La importancia de una foto

Se ha desatado una guerra mediática en la que el último árbitro va a ser la realidad. La cosa está que esta se imponga antes de que sea demasiado tarde; y que se imponga antes de que la lucha legítima contra la corrupción y otras lacras sea secuestrada.

El viernes 15 -luego de que los actos violentos del jueves 14 estropearan las fiestas de la gente- algunas bandas de colegios e institutos llegaron a la Plaza de la Constitución a desafiar a los grupos que la habían tomado.  Entre esos grupos había uno que tenía la manta que se muestra en la foto que ilustra estas meditaciones.

La razón por la que la manta llamó la atención es porque supone que mientras haya capitalismo habrá corrupción; y supone que mientras haya pueblo habrá revolución.

Independientemente de que la gente tiene derecho a expresar ideas como aquellas, lo valioso es identificar qué significan, exactamente, y aquí van mis dos centavos:

El capitalismo es un sistema social basado en el reconocimiento de los derechos individuales, incluyendo los derechos de propiedad, en el cual toda propiedad es privada. Puesto de otra forma es un sistema social en el que las personas (todas las personas por igual) poseen derechos que no puede enajenar y que no le pueden ser arrebatados por ningúna otra persona, ni tampoco por cualquier número, grupo o colectivo de personas. Por lo tanto, es un sistema social en el que cada hombre existe por su propio derecho y para sí mismo, no para el grupo.  Es, desde otra perspectiva, un sistema social en el que los intereses colectivos no prevalecen sobre los derechos individuales (y, por favor, nótese que no dije que es un sistema social en el que los intereses colectivos no prevalecen sobre los intereses individuales).

Los que llevaron la manta sostienen que mientras haya un sistema que respete los derechos individuales de todos por igual, habrá corrupción.  Ellos tienen derecho a creer eso, a ponerlo en su manta y a tratar de convencer a otros de que su creencia corresponde a la realidad;…pero, otros tenemos el derecho de explicar que están en un error. ¿Por qué? porque lo opuesto al capitalismo es un sistema social en el que no se reconocen los derechos individuales, incluyendo los derechos de propiedad.  Puesto de otra forma, es un sistema en el cual que el las personas no tienen derechos derechos; y en el cual su trabajo, su cuerpo y su persona pertenecen al colectivo (la mayoría, la clase social, la étnia, el estado, u otros); un sistema en el que el el colectivo puede hacer con los individuos lo que le plazca, en la forma que quiera, por cualquier motivo que el colectivo haya decidido que es su propio bien. Ergo, las personas no viven por derecho, sino sólo con el permiso del colectivo y en beneficio del colectivo.  Es, desde otra perspectiva, un sistema social en el que los intereses colectivos prevalecen sobre los derechos individuales.

¿En qué tipo de sistemas sociales es que los intereses colectivos prevalecen sobre los derechos individuales y, por consiguiente, las personas viven por permiso y no por derecho? En los sistemas colectivistas como el socialismo (de todos los colores), el estado benefactor mercantilista, y en el estado patrimonialista (como quiera que uno quiera llamarle al sistema que hay en Guatemala).  Lo cierto es que la corrupción florece en estos sistemas porque en ellos abundan las posibilidades de que -desde el poder y al amparo de abundantes legislación y regulaciones- los políticos y sus burócratas cometan actos arbitarios que afecten los derechos de las personas.  Por ejemplo: la corrupción que resulta de la connivencia entre los empresaurios mercantilistas y los políticos y burócratas es resultado de que estos tienen la llave para que aquellos hagan bisne y la usan arbitrariamente porque de ellos depende el permisoDonde no hay arbitrariedad, ni posibilidades de abuso de poder, donde se vive por derecho y no por permiso, ¿qué necesidad hay de corrupción?

Y por eso es relevante este meme que encontré en Facebook:

(Pausa para pensar)

Mientras tanto, ¿qué pasa con la segunda parte de la manta que ilustra estas meditaciones? Esa que dice: Mientras haya pueblo habrá revolución.

La frase perdió sentido desde que no se cumplió la predicción de Carlos Marx en el sentido de que el proletariado iba a hacer la revolución, tan sólo porque el proletariado (el pueblo) no se depauperó y nunca se interesó en la revolución. De eso se dieron cuenta Eduard Bernstein y Vladimir Lenin; y por eso este último dispuso que -como el pueblo no tenía conciencia de clase- la revolución la iba a hacer el Partido, o sea la vanguardia del socialismo, o sea sus cuates.  De ahí que la revolución la hagan, no el pueblo, sino los intelectuales, artistas, estudiantes universitarios, comunicadores, y gente como la que se subió a la tarima en la Plaza de la Constitución el 14 de septiembre pasado.  No el pueblo, sino la vanguardia.

Dicho lo anterior, ¿qué es la revolución? Voy a usar palabras de Vladimir Lenin para explicar qué es la revolución. ¿Por qué? Porque Lenin, Marx y gente como ellos son los referentes de las personas y grupos que llegan a muchas manifestaciones con banderas rojas, hoces y martillos, efigies del che Guevara, y otras iconografías relacionadas.  Son los referentes de muchas de las organizaciones que apoyan el paro del miércoles 20, por ejemplo. Lenin dice que el estado burgues no puede ser reemplazado por la dictadura del proletariado sólo por medio de un proceso de marchitamiento, sino, por regla general, sólo por medio de una revolución violenta.  La revolución es violencia.  La fuerza, dijo Marx, es la partera de toda vieja sociedad que esta preñada con una nueva.

Lo ves cuando aquellas organizaciones y sus dirigencias bloquean calles y carreteras, invaden fincas, destruyen maquinaria, y cuando causaron destrozos en los festejos del 14 de  septiembre pasado.  Lo viste durante 36 años a partir de noviembre de 1961. Lo viste en Camboya, en Cuba, en China.  Lo ves en Venezuela. ¿Sigo? No sorprende, pues, que Ludwig von Mises haya sugerido que el socialismo debería llamarse destruccionismo.

Por todo esto, y más, no apoyo el paro del miércoles 20 (que ahora va a ser marcha porque el paro iba a ser un fracaso). No quiero contribuir a que la lucha legítima de los guatemaltecos contra la corrupción, contra el sistema de privilegios, contrar la arbitrariedad, y contra la injusticia le ocurra, en 2017, lo que le ocurrió a Guatemala en 1944 cuando los socialistas secuestraron la gesta del 20 de octubre.  No quiero contribuir al jacobinismo, ni a la elevación de un Robespierre de la mano de la CICIG. Mi lucha contra la corrupción y las otras lacras que la acompañan, no va de la mano de quienes quieren la revolución, ni de quienes quieren un sistema en el que los intereses colectivos prevalezcan contra los derechos individuales.  No va de la mano de los que creen que sus fines bien valen un rompimiento constitucional, o como minimo, un par de actos por encima de la ley. Si me preguntan, prefiero la evolución a la revolución, y prefiero convencer, que vencer.

La foto principal la tomé de Facebook, también.


29
Ago 17

Guatemala, ¿un país podrido?

Francis Fukuyama tiene una opinión sobre Guatemala y tuiteó lo siguiente: Un país podrido: el presidente guatemalteco intenta expulsar al jefe de la ONU contra la corrupción; y no faltó quien celebrara la ocurrencia del científico político. Empero, el juicio del autor de Trust y de The End of History and the Last Man es apresurado e injusto con los guatemaltecos.

La afirmación supone que, por sí mismo, el intento de expulsar a un burócrata de la Organización de las Naciones Unidas es algo malo; hasta el punto de que el hecho de que un Jefe de estado -en ejercicio de sus facultades constitucionales- intente la expulsión, ese acto hace que el país esté podrido. La afirmación supone, también, que la ONU -y sus agentes- son tan ajenos a la corrupción, que cualquiera que rechaza su participación -incluso a nivel de un jefe de misión- está podrido.

No comparto la perspectiva de Fukuyama por dos razones:

Primera: seguramente es cierto que Guatemala es un largo amanecer que no termina de ser día; para usar una frase del escritor Francisco Pérez de Antón. Es cierto que en Guatemala la corrupción y la impunidad son elevadas; pero también lo es que muchos guatemaltecos luchamos contra esas lacras. ¡Todos los días! Es cierto que no todos coincidimos en la identificación de las causas y no todos coincidimos en los remedios. Por ejemplo, unos entendemos que el estatismo y la posibilidad de arbitrariedades son caldos de cultivo para la corrupución; en tanto que otros creen que la corrupción es consecuencia de falta de controles y de una naturaleza humana perversa, para citar dos ejemplos. Estos asuntos son complejos y cabe en ellos diferencias de opiniones mientras se dilucida el asunto. Voy a atreverme a decir que la mayoría de chapines somos ajenos a la corrupción y a la impunidad; y que a lo sumo, la peor imputación que puede hacérsele al mantante guatemalteco promedio es que no se involucra como tal y prefiere abdicar a su condición de mandante. Con todo y todo, con la excepción de las mafias y de los grupos políticos que apoyan tiranías, la mayoría de guatematecos queremos vivir en paz y prosperar en un marco de respeto a los derechos individuales de todos por igual; sin privilegios.  Guatemala no es un país podrido; pero estamos pasando un proceso muy difícil y enmarañado. Guatemala, eso sí, tiene un sistema político lleno de incentivos perversos, que atrae a lo peor entre nosotros hacia el ejercicio del poder. Guatemala, eso sí, tiene un sistema económico mercantilista que es fabricante de miseria.  Guatemala, eso sí, tiene un sistema jurídico que no siempre sirve a la justicia.  Sin embargo, desde el punto de vista ético, voy a atreverme a decir que la mayoría de guatemaltecos repudiamos aquellos vicios y queremos salir de aquel estado de cosas.  Sólo que diferimos en cómo. ¿Hay gente podrida en Guatemala? Sí; pero Guatemala no es un país podrido.  En Guatemala hay miles y miles de personas honradas, productivas, creativas, que nada tienen que ver con la podredumbre.

Segunda: es un mito eso de que las burocrácias -nacionales, e internacionales- son, por sí mismas, moralmente superiores a otros actores en la sociedad.  La teoría del Análisis de la decisiones públicas utiliza las herramientas de las ciencias económicas para interpretar lo que ocurre en el terreno político. En lugar de sugerir lo que debería ser, ese enfoque hace un diagnóstico desapasionado, con base en una cuidadosa observación de las acciones de los distintos actores políticos.  Aquella teoría ha demostrado que, en su actuar, los políticos y los burócratas no son menos ajenos a sus propios intereses, que cualquiera otro actor en la sociedad.  Y menos en un contexto de poder.  Es un error suponer que, por sí misma, una misión de la Organización de las Naciones Unidas, o un jefe de misión, son incuestionables, o inexpulsables.

Hay abundante evidencia de que la ONU -y otras agencias internacionales- son sujetos de corrupción y de que, por lo tanto, sus burócratas y las agencias mismas deben ser tratadas exactamente con los mismos estándares que se trata a cualquier organización con poder que opera con dinero ajeno que no ha tenido que ganarse y con niveles muy laxos y difusos de responsabilidad.

Al lector acucioso le dejo unas sugerencias:

El juicio de Fukuyama es apresurado e injusto con los guatematltecos; y su aprovechamiento es desafortundado.