28
Ago 17

La suspensión de San Rafael

La Corte de Constitucionalidad confirmó la suspensión provisional de las actividades de la mina San Rafael, debido a señalamientos de discriminación. En julio pasado la Corte Suprema de Justicia suspendió las operaciones de la mina -que es subsidiaria de la canadiense Tahoe Resources- y ordenó cesar operaciones por, supuestamente, haber discriminado al pueblo xinca.

Según la resolución, cuando el Ministerio de Energía y Minas  autorizó las operaciones de la mina, negó la existencia de la población xinca a la que no le consultó sobre los trabajos que harían. Según la ley, el MEM debe consultar a las comunidades para en estos casos, lo que causó disgusto en los pobladores.

Ofcialmente, Guatemala es un país hostil para las inversiones; uno en el que la política prevalece sobre la justicia y uno en el que los intereses colectivos prevalecen sobre los derechos individuales.  La suspensión de San Rafael es un acto criminal porque daña, directamente, a miles de familias que dependían de ella y las daña para beneficiar intereses políticos.

Según la Cámara de Industria de Guatemala,

  • El fallo ha causado que muchas empresas hayan tenido que despedir a miles de guatemaltecos que tenían empleos dignos en el área rural.
  • La suspensión ya les ha costado, a muchos guatemaltecos, un total de casi Q250 millones.
  • La resolución de la CSJ está llena de inconsistencias procesales y judiciales que desvirtúan los principios básicos del sistema jurídico.

¿Quién, sino los tributarios, crees que vamos a pagar la demanda millonaria que podría entablar la empresa afectada?

El desatino de la Corte de Constitucionalidad y de la Corte Suprema de Justicia es un golpe duro a la precaria economía de los guatemaltecos, y ocurre en el peor de los momentos.

Imagen de previsualización de YouTube

Según un informe de UFM Market Trends, por Jorge García, los flujos de inversión extranjera directa en Latinoamérica cayeron un 7.9% interanual en 2016. Esto representa una disminución del 17% con respecto al año 2011, cuando se alcanzó el máximo de IED en el siglo XXIEn Guatemala, la IED disminuyó un 3.3% interanual, alcanzando los 1181 millones de USD en 2016. El componente que mayor porcentaje de la IED reportó fue la reinversión de utilidades, el cual creció un 12% interanual.

Analizando el histórico reciente de la IED, se puede apreciar la importante caída (-88%) en 4 años del sector “agricultura, petróleo, minas y canteras”. La caída interanual en 2016 fue la más pronunciada (-69%).

En los componentes de la IED, la CEPAL identificó que la mayor caída se registró en aportes de capital (-10% interanual) y reinversión de utilidades (-6%). Esto podría ser señal de que las empresas trasnacionales están desarrollando estrategias defensivas por los precios bajos en commodities y por el lento desempeño de los mercados internos latinoamericanos. Los precios mundiales de los commodities es un factor muy importante a la hora de entender la disminución en IED. Al finalizar los años de precios altos, los flujos de capitales dirigidos a ese sector se desaceleraron. La participación de la IED en el sector de recursos naturales viene decreciendo desde 2010, siendo en 2016 un 13% del total de la IED. Además, las nuevas inversiones anunciadas en industrias extractivas pasaron del 38% del total de IED en la región entre 2005 y 2010, a ser el 14% en 2016, una disminución de más del 63% en menos de una década.

La IED en 2016 se dirigió principalmente a economías desarrolladas. El 59% de la IED mundial se dirigió a estos países, mientras que las economías emergentes alcanzaron solo el 37%…El estandarte de la globalización de trasladar la producción manufacturera a países en desarrollo en la búsqueda de reducir costos ya no es tan interesante para la población de los países más avanzados. Los políticos en países ricos buscan traer de vuelta la producción con la idea de dinamizar la producción nacional. La tecnología ha sido un factor importante pues las grandes trasnacionales han buscado mercados tecnológicamente sofisticados y han buscado activos como patentes o recurso humano cualificado…. las economías desarrolladas son un fuerte atractivo para los inversionistas, lo que complica aún más el panorama para las inversiones latinoamericanas. El rol protagonista que están tomando de nuevo Estados Unidos y Europa en las inversiones enfocadas a tecnología, sumado al hecho de que China ya no está tan interesada en recursos naturales, complica la competitividad para Latinoamérica.

Es un mal momento para la inversión extranjera en América Latina. Por eso es tan preocupante las campañas en contra de ciertas industrias en Guatemala. Por los motivos expuestos anteriormente no es atractivo para el inversionista en estos momentos dirigir capital a Guatemala. A pesar de tener una economía estable y una moneda fuerte, no es suficiente aliciente para hacernos atractivos.

El reporte de UFM Market Trends dice: Paralizar por completo la inversión en minería en Guatemala sería uno de los peores escenarios posibles para el desarrollo económico del interior de la República. Es necesario recordar que la inversión en Guatemala se concentra en las zonas urbanas, principalmente en la ciudad capital. Es difícil que una empresa decida invertir porque toda la cadena de valor que necesita para funcionar se encuentra en la ciudad. Las pocas empresas que se animan a invertir en el interior lo hacen comúnmente por el acceso a recursos naturales, sino no lo harían porque no hay incentivos a hacerlo. Y las que finalmente deciden invertir millones de dólares, luego de consumar la inversión (que no es a corto plazo) se encuentran con un panorama de conflictividad y falta de certeza jurídica por procedimientos que no le correspondían llevar a cabo a las empresas (con esto me refiero al artículo 169 de la Organización Internacional del Trabajo). Paralizando al mayor empleador de una comunidad se paraliza la economía de esa comunidad, como se está apreciando ahora en San Rafael Las Flores, Santa Rosa.

Nunca hay un buen momento; pero este es un momento terrible para ayuentar las inversiones extranjeras.

La foto es de Prensa Libre.


06
Jul 17

Política vrs. justicia, el caso de San Rafael

Ochenta y cinco mil personas que dependen directa, o indirectamente de la operación de la mina San Rafael, en Santa Rosa, han sido traicionadas por la Corte Suprema de Justicia que suspendió -de forma provisional- la licencia de operaciones de aquella unidad productiva.

¿Por qué actuaron así los jueces? Porque en las cortes se está enraizando la cultura de que la política debe prevalecer sobre la justicia.  Porque el caso lo hace aconsejable, dijeron los magistrados.

Porque la dirigencia popular le hace creer a la gente que la mina ocasionó los temblores de junio pasado…a pesar de que Guatemala está localizada sobre tres placas tectónicas que están en constante movimiento, está cruzada por docenas y docenas de fallas geológicas (algunas de ellas muy peligrosas, como la del Motagua que causó el terremoto fatídico de 1976 y de que en el país hay 32 volcanes y tres de ellos están activos todos los días).  De paso el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meterorología e Hidrología determinió que los sismos, en Santa Rosa, se deben a la falla de Jalpatagua.

Sin embargo, ¿cuándo es que la verdad ha servido a los intereses de la dirigencia popular revolucionaria, siempre antiminería, siempre antihidroeléctcas y siempre fabricante de miseria?

El fallo judicial aduce que la población no fue consultada al respecto y que no fueron respetados los derechos de los indígenas en el contexto del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo.  Empero, dicho convenio carece de reglamento para su aplicación y no está claro todo ese tema de las consultas y su carácter vinculante.

Es como de opereta, pero una opereta del diablo que deja a quién sabe cuántas familas (85 mil personas) sin trabajo, sin ingresos, sin una forma decente y digna de ganarse la vida. Y, ¿para qué? Para que más de una ONG se anote un éxito y consiga más financiamiento el año entrante; para que haya más pobres y más miseria que es el caldo de cultivo para la revolución; y para que se consolide la idea de que la política debe prevalecer sobre la justicia.

La foto de abajo muestra la caída de las acciones de la empresa propietaria de San Rafael.  Es el costo de hacer negocios en Guatemala. Gracias a mi cuate, Ramón, por la pista. ¿Quién va a ser el siguiente?

¿Sabes qué me recordó? Las minas de San Sebastian en la República Popular de México, en La rebelión de Atlas.

La foto de trabajadores de la mina San Rafael es de Oscar F. Herrera, de elPeriódico.


06
Ene 17

¿Qué está tramando la Corte Suprema de Justicia?

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¿Soy yo, o aquí hay un patrón?

  • La  Corte Suprema de Justicia declaró con lugar un amparo interpuesto contra las hidroeléctricas Oxec I y Oxec II, por supuestas irreguaridades en la consulta comunitaria, por lo que sus operaciones quedarán suspendidas hasta que se resuelva el problema. Al conocer la resolución de la Corte, la empresa Oxec S.A. manifestó que la consulta comunitaria se realizó cumpliendo todos los requerimientos de ley.
  • En otra resolución, la misma corte resolvió proteger al diputado Amilcar Pop (de Winaq, el partido de Rigoberta Menchú)  y declarar sin lugar la solicitud de antejuicio presentada en su contra por el MInisterio Público, en el caso de presuntos tráfico de influencias, obstrucción a la justicia, encubrimiento propio y abuso de autoridad, al impedir la captura de dos personas señaladas de homicidio en la aldea Los Pajoques, San Juan Sacatepéquez.
  • La Corte Suprema de Justicia resolvió darle trámite a una solicitud de antejuicio contra la ministra de Trabajo, Leticia Teleguario.  El expediente será trasladado al Congreso para que los diputados investiguen y resuelvan si procede retirarle su inmunidad a la funcionaria y que el Ministerio Público la investigue. ¿Por qué?  La Ministra no reinstaló a un grupo de trabajadores estatales despedidos, en aparente incumplimiento de una resolución de un tribunal de lo Contencioso-Administrativo.  Los sindicalistas reaccionaron con la denuncia de la funcionaria y en represalia fue denunciada antes los tribunales.

¿Tu qué dices? ¿Hay un patrón?

La foto es del Organismo Judicial.


05
Ene 17

En apoyo a la ministra Teleguario

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La Corte Suprema de Justicia resolvió darle trámite a una solicitud de antejuicio contra la ministra de Trabajo, Leticia Teleguario.  El expediente será trasladado al Congreso para que los diputados investiguen y resuelvan si procede retirarle su inmunidad a la funcionaria y que el Ministerio Público la investigue…¿Por qué? Que la investigue, ¿por qué?

En el marco de un proceso de depuración de la burocrácia y de optimización de los recursos los tributarios, la Ministra no reinstaló a un grupo de trabajadores estatales despedidos, en aparente incumplimiento de una resolución de un tribunal de lo Contencioso-Administrativo.  Los sindicalistas reaccionaron con la denuncia de la funcionaria y en represalia fue denunciada antes los tribunales.

Resoluciones como la del Tribunal y la de la CSJ son las que permiten que los sindicatos y las cohortes de burócratas inútiles y parasitarios se enquisten en el gobierno a costa de los tributarios.  Ningún proceso de depuración de la administración pública y ningún proceso de reducción de costos en el gobierno va a ser posible si los tribunales y las cortes abandonan a los tributarios y a los funcionarios que intentan llevar a cabo aquellos procesos importantes, sino del lado de los intereses de los sindicatos poderosos e inescrupulosos.

Este es un caso en el que un funcionario sometido a antejuicio -la ministra Teleguario- merece el apoyo no sólo de los tributarios, sino de los mandantes cuyo mandato está ejecutando.

No está de más recordar que la función del antejuicio no es la de proteger al funcionario imputado, sino las funciones que le han sido encomendadas.  De la lectura de El derecho de antejuicio, del exmagistrado (y mi exmaestro de Derecho Penal), Francisco Fonseca Penedo, se concluye que sabido que existió una acción administrativa presuntamente constitutiva de delito, o falta y que es imputable al funcionario acusado, es preciso hacer una valoración comparativa entre la gravedad del acto y la gravedad que causaría al orden constitucional no sólo la reversión de la decisión original de la Ministra, sino su posible  separación del cargo y su posible sometimiento a un proceso criminal…y por consiguiente la deslegitimación de futuras acciones depuradoras tan necesarias a todo lo largo y lo ancho de la administración pública.

A estas alturas es preciso concluir en que el tribunal de antejuicio, o sea la CSJ, debería haber declarado sin lugar la solicitud.  Este es un caso típico en el que los intereses generales de los tributarios y de los mandantes, deberían prevalecer sobre los intereses particulares de los burócratas.  De otra forma, ¿que ministro, o alto funcionario se atreverá a despedir burócratas inútiles (o incluso corruptos cuando sea el caso) y a hacer recortes de plazas innecesarias?

La foto es de elPeriódico.


31
Ago 16

Tus impuestos para gastos médicos de magistrados

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Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, de la Corte de Apelaciones y de otros tribunales de igual categoría gozarán de tu ayuda económica por le monto de ¡hasta tres sueldos! para sus gastos de salud. Estos van desde los Q79 mil hasta los Q113 mil, de acuerdo al salario de cada magistrado. ¿Quién les dió ese privilegio? Ellos mismos se lo dieron.

  • ¿De cuánto es tu seguro médico?
  • ¿Pagas IGSS porque te ves obligado y además tienes que pagar un seguro privado para tener acceso a cuidados dignos?
  • ¿Te aguantas con el IGSS porque los impuestos que pagas no te permiten contratar un seguro privado?
  • ¿No tienes ni IGSS; pero tampoco te alcanza para un seguro privado porque tienes que pagar tributos?

¡Pues te aguantas!, porque los magistrados necesitan de tu apoyo económico para sus seguros médicos y para eso pagas impuestos.

La ilustración la tomé de aquí.


24
Ago 15

No es momento para el jacobinismo

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El discurso de anoche, de Otto Pérez Molina, fue cuando como uno pelaba en el colegio y el profesor lo obligaba a darle la mano al otro.  El presidente pidió perdón; pero con una mano debe haber estado haciendo clavito y no dejó de gruñir y enseñar los dientes.  El Presidente le declaró la guerra a la cúpula empresarial y a la comunidad internacional. Conjuró a la Guatemala profunda (léase acarreados y la Guatemala de Lider) y ¿amenazó con hacer uso de la violencia? El mandatario les declaró la guerra a los guatemaltecos.

Algunos de mis cuates creen que el presidente quiere estirar la pita hasta que reviente,  animar la división y el enfrentamiento entre los chapines y motivar un golpe de estado que le permita victimizarse, dejar la presidencia, conseguir asilo político y así complicar y retrasar indefinidamente el proceso judicial que lo espera por su vinculación con la estructura delincuencial conocida como La línea.

Otros creen que su intención -porque habló de eso explícitamente- es aguantar por lo menos hasta que se celebren las elecciones del 6 de septiembre y no alterar el orden constitucional.  Esto le permitiría viabilizar un pacto de impunidad con el partido Lider, de Manuel Baldizón -que controla el Congreso- y neutralizar indefinidamente el proceso judicial que lo espera por su vinculación con La línea.

En ambos casos el mandatario señalado se beneficiaría en perjuicio de la justicia, de los tributarios, de le ley y de la paz.

Mientras tanto la plataforma para la reforma del estado y el grupo Semilla están al acecho para pescar en el río revuelto y conseguir, por medio del corporativismo, lo que nunca han podido conseguir por medio de los votos: Hacerse del Poder Ejecutivo y hacer avanzar su agenda de refundación del estado, empresa esta última que anima el rítmo cardíaco de buena parte de la comunidad internacional que patrocinó los acuerdos de pacificación con la exguerrilla (¿y anima el de la CICIG?).  Algunos grupos ya echaron a andar la bola de que el vicepresidiente Alejandro Maldonado tiene Alzheimer; con lo que pretenden allanar el camino para la imposición de un Presidente y un Vicepresidente a la medida de sus ambiciones.  Ya el Comité de Unidad Campesina se puso al brinco y anunció sus acciones tradicionales.

Por eso es importante no perder de vista que el valor más importante a proteger en esos momentos difíciles es el orden constitucional.  No es momento para el jacobismo, no es ocasión para el asambleismo, ni para salir con teas a ver qué prende fuego más rápido.  A las provocaciones hay que responder racional y serenamente.  Todo propósito de justicia que sea perseguido al margen del orden constitucional, con violencia, o haciendo uso de maniobras políticas no será sostenible en el largo plazo, y en el largo plazo será fuente de más y más enfrentamientos.  Ya sabes: La justicia es anhelo de todos, no es el odio del hombre agraviado, ni se busque con lodo, o con fuego cimentar algo que es tan sagrado.

En paz, hay que llegar al 6 de septiembre y celebrar las elecciones; la Corte Suprema de Justicia y el Congreso (con la implacable vigilancia activa de los mandantes, ciudadanos y tributarios) deben cumplir con los procesos debidos de acuerdo con la Constitución y las leyes.  Hay que ir a votar y evitar el caos.  Ya te imaginas: cualquiera sabe cómo empieza el caos; pero nadie sabe cómo va a acabar.

La foto la tomé de Facebook.


25
Sep 14

Partido Patriota y Lider designaron a su Corte Suprema de Justicia

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En el Congreso de la República, las bancadas del Partido Patriota (el partido oficial) y el Partido Lider (el de Manuel Baldizón) se arreglaron entre ellas para elegir magistrados para la Corte Suprema de Justicia.  No hay que engañarse, el proceso de elegir candidatos para magistrados de la CSJ y el proceso de elegir a los magistrados, de entre los candidatos, son procesos políticos. Lo que no está bien es que sean procesos político-partidistas o que la elección se haga para satisfacer facciones, o grupos de interés.

Hoy, por medio de una moción privilegiada, aprobada con 99 votos -cuando debieron ser 105- el PP y Lider, con la complicidad del partido Todos,  eligieron a los Magistrados Titulares y Suplentes de la Corte Suprema de Justicia. En la lista el gobierno logró colocar a cinco de sus candidatos.  Antes de conocer los resultados de este selección, estuve hablando con mi cuate Javier El-Hague, director jurídico de la Human Rights Foundation y uno de los temas que abordamos es el de que una de las principales formas en las que algunas repúblicas (democracias, les llama él) latinoamericanas se han convertido en sistemas autoritarios (Ecuador, Venezuela, Bolivia y Nicaragua, por ejemplo) es mediante la toma del Poder Judicial por parte del Poder Ejecutivo.  En ese contexto, lo que ocurrió hoy en el Congreso no debe ser tomado a la ligera.  Es que no es sólo que estos, o aquellos candidatos pudieran, o no ser miembros de redes delincuenciales (que ya es malo por sí solo), es que los principios de división del poder y e independencia del control jurisdiccional -esenciales en un estado de derecho- se están disolviendo rápidamente.

Mucho se habla de la necesidad de cambiar la forma de elegir candidatos y magistrados -que requiere una reforma constitucional- y tal vez sea cierto que se agotó aquella fórmula.  Empero, el problema de fondo es que el gobierno -y específicamente el presupuesto del estado y los impuestos que pagan los tributarios- es una enorme fuente de enriquecimiento para quienes logren el control del poder.  Fórmulas y reformas constitucionales podrán ir y venir a costos espectaculares; pero si no se resuelve el problema de fondo seguirá habiendo incentivos para que todo tipo de intereses quieren alcanzar el poder, controlarlo en la mayor medida posible y aprovecharse de él.

La foto la tomé de Facebook.


28
Feb 14

Los cargos públicos no son canonjías

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Cuando Ramiro De León fue electo Presidente de la República, luego de que Jorge  Serrano rompiera el orden constitucional, no fue premiado con un mandato de cuatro años.  El suyo fue para concluir el período que había sido interrumpido.  De León no se aferró al cargo y lo entregó al concluir el período correspondiente.

Cuando Gilberto Chacón fue electo presidente de la Corte Suprema de Justicia y quedaban sólo unos meses para que concluyera el período constitucional, que había empezado ocho meses antes, el magistrado abandonó el cargo, respetuoso de la ley.

Los cargos públicos –especialmente los cargos elevados como las presidencias de los organismos del estado y otras altas investiduras, como la jefatura del Ministerio Público, por poner un ejemplo– no deben ser prebendas, ni premios, ni feudos.  Esto ocurre en direcciones generales, embajadas, puestos de aduanas, plazas de maestros yo otros puestos de ese nivel con consecuencias gravísimas para los tributarios y para quienes dependen de ellos.

Direcciones generales, embajadas, puestos de aduanas, plazas de maestros y otros “huesos” de ese nivel muchísimas veces (¿Demasiadas?) sirven para premiar a correligionarios, clientes, financistas, amantes, socios, familiares y compadres.  No en todos los casos, claro, pero, ¿entiendes?

Cuando el presidente Alvaro Colom le dio a Claudia Paz y Paz la jefatura del Ministerio Público lo hizo para sustituir a Conrado Reyes que había sido electo para un período de 4 años y fue destituido y a Encarnación de Contreras que fungió interinamente.  El período ya había empezado y había sido ocupado por dos personas antes.  Colom –que fue candidato presidencial de la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca– se pasó de listo y de forma impropia e ilegal le asignó a su colega cuatro años completos aunque lo que correspondía era que terminara un período que ya había empezado, como ocurrió con De León y Chacón.

En una república sana no es aceptable que los cargos públicos sean canonjías personales. Lo sano es que los funcionarios respeten los períodos constitucionales.

Columna publicada en El periódico.


19
Abr 13

No hay paz sin verdad, ni justicia

En una actitud de franco y abierto desacato, el Tribunal Primero A de Alto Impacto, presidido por Jazmín Barrios anunció que continuará con el debate en el juicio que por supuesto genocidio se sigue contra los generales Efraín Ríos Montt y José Mauricio Rodríguez.  El acto es nulo, claro, porque ayer  Carol Patricia Flores, titular del Juzgado Primero A de Mayor Riesgo, resolvió anular todas las diligencias del juicio que se seguía contra el exjefe de Estado, y el extitular de Inteligencia Militar, quienes por 20 días han estado sometido a procedimientos judiciales arbitrarios e ilegales.

Flores explicó que su decisión se debió al cumplimiento de dos órdenes que le fueron notificadas el pasado martes: la primera de la Corte Suprema de Justicia, que le  ordenó a aquella judicatura que restituya al Centro de Acción Legal en Derechos Humanos lo ordenado en el amparo interpuesto contra la decisión que el 23 de noviembre de 2011 trasladó a Miguel Ángel Gálvez el caso contra el general Héctor Mario López Fuentes, único sindicado en aquella fecha.  La segunda orden de la Corte de Constitucionalidad que detalla que la juzgadora debe recibir las actuaciones y dar exacto cumplimiento al amparo provisional otorgado al CALDH.

Las anteriores resoluciones fueron suficientes para que la jueza decidiera dejar sin efecto todo lo actuado del 23 de marzo de 2011 en adelante, y anular el juicio que hasta ayer se realizaba contra Ríos y Rodríguez.  Antes de hacer pública su decisión, la jueza Flores dijo que Más que un deber es una obligación resolver lo ordenado por la CC y la CSJ. La juzgadora insistió en que no resolvía “a su sabor y antojo”, sino en cumplimiento a las órdenes de ambas Cortes.

Ayer, un reportero me consultó acerca de estos acontecimientos y me preguntó que qué opinaba de la resolución de la jueza Flores.  Le dije que si el propósito de aquellos procedimientos judiciales era el de buscar la verdad y hacer la justicia para consolidar la paz, yo celebraba que se respetaran las garantías del debido proceso y el estado de derecho.  Luego preguntó que si todo lo actuado era anulado, eso tendría efectos en el dolor y el sufrimiento de las víctimas; a lo que respondí que ciertamente le dolor y el sufrimiento eran cosas muy malas y que no deberían ocurrir, y que era lamentable. Lo que olvidé mencionar es que la jueza Barrios debería haber pensado en eso cuando actuaba a sabiéndas del amparo interpuesto por CALDH, y cuando actuaba de forma ilegal y abusadora en el tribunal.  Sospecho que la arrogancia y la fortaleza que le daban sus patrocinadores (ONG, prensa, embajadores extranjeros, organismos interesados y otros) le impidió ver que estaba poniendo en riesgo la legalidad de los procedimientos en los que incurría.  Finalmente me preguntó si no es que se ponía énfasis en la forma, y se perdía la importancia del fondo.  A este cuestionamiento respondí que la forma y el fondo se complementan.  Que si bien el fondo es importante, la función de la forma es proteger las garantías del debido proceso y del estado de derecho; y que su función era la de evitar procedimientos arbitrarios, antijurídicos, prepotentes y abusadores.  La forma puede obstaculizar el fondo; pero la función de la forma es proteger el fondo.

En fin…todo esto se está moviendo rápido y lo importante es que se haga justicia y que prevalezca la verdad para que la paz no se funde en venganza, ni en arbitrariedades.  Aribrariedades y abusos como el de la jueza Barrios al no acatar la resolución del Juzgado Primero A de Mayor Riesgo, de la Corte Suprema de Justicia y de la Corte de Constitucionalidad.


29
Jul 11

Sé creativo y apoya a la Corte Suprema de Justicia

Sé creativo y muestra tu apoyo a los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia para que no se dejen intimidar por los manifestantes que vendrán hoy a la capital a presionar la inscripción de la candidatura de inconstitucional de Sandra Torres.

Y esperémos que, a pesar de las insinuaciones,  no lleguen a más como el Jueves Negro.