14
Nov 18

¿En qué se gastan tus impuestos?

El Sindicato de Trabajadores del Congreso de la República quiere Q15,000 para su convivio de fin de año y le envió una carta al presidente del organismo Álvaro Arzú Escobar en la que le solicita el aporte. ¡Con tu pisto!

De acuerdo al artículo 32 del Pacto Colectivo del Congreso, el aporte deberá ser de Q. 15,000 aunque en años anteriores el aporte llegó a ser de Q. 30,000.  ¡El doble!

Además del dinero, los dirigentes del Sintracor también pidieron un permiso para que sus afiliados puedan dejar sus actividades y asistir al convivio el 7 de diciembre. Los sindicalistas quieren que se les permita solo marcar su ingreso y tener el día libre.

¿Cómo es posible que no haya materiales, ni equipo en escuelas y haya para parrandas? ¿Cómo es posible que no haya materiales, ni equpo en hospitales y centros de salud; pero sí haya para purrunes?

Pero eso no es lo peor…el convivio de los trabajadores del Congreso -así como las docenas y docenas de fiestas parecidas que serán organizadas a todo lo largo y lo ancho del sector público, serán financiadas con el dinero que los políticos y funcionarios le quitan a la gente por medio de impuestos.  Con el dinero que tu ganas trabajando, y ellos te quitan por medio de impuestos. Con lo que no pudiste ahorrar este año.

La foto es de Soy 502.


20
Mar 18

El PDH debió atender la citación del Congreso

Al resolver, mediante Amparo, que el Procurador de los Derechos Humanos no está obligado a atender una citación del Congreso de la República, los magistrados de la Corte de Constitucionalidad violan la Constitución y actúan como dictadores.

El Procurador escribió en su cuenta de Twitter: Con fundamento en el fallo de la Corte de Constitucionalidad mañana – [hoy] – no acudiré al Congreso de la República. Según los magistrados, los diputados violaron el artículo 32 de la Constitución al citar sin ningún motivo específico al titular de la PDH.

Dicho artículo dice que no es obligatoria la comparecencia ante autoridad, funcionario o empleado público si en las citaciones correspondientes no consta expresamente el objeto de la diligencia.

…y aquí van mis dos centavos:

El artículo 168 de la Constitución dice que todos los funcionarios y empleados públicos están obligados a acudir e informar al Congreso, cuando éste o sus comisiones lo consideren necesario.

En una república sana, el propósito de la Constitución es limitar el ejercicio del poder para la protección de los derechos individuales de las personas.  De ahí que, en una república sana prevalezca el principio pro homine, principio según el cual la Constitución y las leyes deben ser interpretadas de la manera que mejor proteja aquellos derechos.  Puesto desde otra perspectiva, el propósito es proteger los derechos de las personas, que no son lo mismo que las facultades de quienes ejercen el poder.  Las facultades administrativas y políticas (de quienes ejercen el poder y son mandatarios), no son derechos y muchas veces hasta son privilegios, de ahí que no deban prevalecer sobre los derechos a la vida, la libertad, la propiedad y a la búsqueda de la felicidad de los mandantes.

El jurista Keith S. Rossen explica que las finalidades esenciales de una constitución son las de distribuir y limitar los poderes del gobierno; y quien dice gobierno, dice quienes ejercen el gobierno; y advierte que la mejor explicación de los fracasos constitucionales en América Latina se debe la cultura jurídica de los latinoamericanos. Y por cultura jurídica quiere decir el juego de valores y actitudes del lego y del profesional con respecto al derecho y al papel que juegan los procesos legales en una sociedad.

¿Qué juego de valores y actitudes están en juego alrededor del fallo de la Corte de Constitucionalidad que motiva estas meditaciones?

El primero y más grave es el de la necesidad de definir si los magistrados de la Corte de Constitucionalidad tienen, o no, la facultad de interpretar el texto constitucional de forma tan política y arbitraria que desnaturalice la Carta Magna y hagan, de la Corte, una tirana cuyos fallos cimienten una cultura jurídica que acepte esa tiranía. Uno que, en vez de pro homine, sea pro potestas (por darle un nombre).

El segundo es uno que no distinga entre las normas que facultan a los políticos y funcionarios a ejercer el poder; de aquellas que obligan a los políticos y funcionarios a someterse a la Constitución y las leyes, y que protegen a los mandantes contra las arbitrariedades de los políticos y funcionarios. En cuanto al ejercicio del poder, los funcionarios no tienen derechos, sino que tienen facultades. Las primeras deben ser limitadas escrupulosamente, y las otras deben ser amplias.

El artículo 168 de la Constitución, que dice que todos los funcionarios y empleados públicos están obligados a acudir e informar al Congreso, cuando éste o sus comisiones lo consideren necesario es una norma muy importante para la limitación del ejercicio del poder público, para el constitucionalismo y para el estado de derecho porque si bien es cierto que la función legislativa es la función más conocida del Congreso; también lo es que la función de balance de poder y de pesos y contrapesos, la función contralora, no es menos importante.  Como representantes de los tributarios y de los mandantes los diputados tienen la facultad constitucional de citar a funcionarios y empleados para que informen de sus actividades como depositarios del poder público.  ¡Más en el caso del Procurador de los Derechos Humanos, que es un comisionado del mismísimo Congreso!

La del artículo 168 es una norma que protege a los mandantes contra las arbitrariedades de los políticos y funcionarios –en el contexto de que la división del poder, es la base del gobierno civilizado, según Carl J. Friedrich, y en el de que la división del poder es el logro más importante que se le atribuye a la teoría del poder constituyente porque evita la concentración del poder en una sola persona, o grupo, según el jurista Alberto Herrarte­–.

Dice Herrarte que el constitucionalismo no es solamente un gobierno con una base de estado de derecho, sino que significa un gobierno responsable, y que el gobierno es responsable cuando el poder está distribuido y controlado entre los diversos detentadores del poder.  Y quien dice gobierno responsable, dice políticos y funcionarios responsables, quien dice detentadores del poder, dice políticos y funcionarios.  ¿Cómo, pues, es que un comisionado -como el Procurador de los Derechos Humanos- no debería dar explicaciones y rendir cuentas ante quien lo ha comisionado? Sobre todo, si quien lo ha comisionado es el Congreso de la República, que es la representación de los mandantes y los tributarios.

La salida que los magistrados de la CC le fabricaron al PDH es la del artículo 32 de la Constitución, artículo que dice que no es obligatoria la comparecencia ante autoridad, funcionario o empleado público si en las citaciones correspondientes no consta expresamente el objeto de la diligencia.

Sin embargo, en el espíritu del principio pro homine, según el cual, la Constitución y las leyes deben ser interpretadas de la manera que mejor proteja los derechos individuales de las personas, -¡sobre todo frente a las facultades de los políticos y funcionarios!-, dicho artículo se aplica a las personas qua individuos, y no a los funcionarios qua detentadores del poder.

Tu y yo, como individuos (ciudadanos, o no), no estamos obligados a comparecer ante autoridades, funcionarios o empleados estatales si no nos explican expresamente para qué nos están citando, en protección de nuestros derechos individuales y en respeto a nuestra calidad de mandantes.  Pero una autoridad, un funcionario o un empleado estatal –como el Procurador de los Derechos Humanos (o cualquiera otro)- sí está obligado a comparecer ante su superior, ante su contralor, o ante quien lo ha comisionado (que en el caso del PDH es el Congreso), y está obligado a dar cuentas de su gestión, aunque quien lo ha comisionado y citado no le haya explicado expresamente el objeto de su citación.  Esto es porque los políticos, funcionarios y empleados –en el ejercicio del poder público, y por lo tanto en el ejercicio de sus funciones– no tienen derechos, lo que tienen son facultades.

En cumplimiento del principio de división del poder, del principio de pesos y contrapesos, y del principio de que los funcionarios deben ser responsables del ejercicio del poder público, el comisionado llamado Procurador de los Derechos Humanos, que es un comisionado del Congreso, debe atender el llamado de quien lo ha comisionado y debe darle explicaciones y rendir cuentas de su gestión, porque opera con dinero tomado de los tributarios y opera por un mandato de los mandantes.

Alberto Herrarte, escribió que el constitucionalismo es uno de los pilares del Estado de Derecho. Pero claro, para que aquello sea cierto debe haber concordancia entre las prescripciones constitucionales y la realidad social del ejercicio del poder. En esas condiciones el proceso del poder se somete a las normas de la Constitución. Una constitución semántica, según Herrarte, es aquella que, si bien se aplica según sus prescripciones, estas tienen por objeto afianzarle el poder a sus detentadores.  Y sospecho que no sólo es afianzárselo a los detentadores frente a los mandatarios; sino a los detentadores, frente a sus superiores, sus contralores, o quienes lo han comisionado.  Y sospecho que para que el constitucionalismo sea un pilar del estado de derecho, quienes interpretan la Constitución no deben fabricar fallos que cultiven una cultura jurídica que cimiente la tiranía (incluso la de una Corte de Constitucionalidad), ni deben confundir los derechos de las personas, con las facultades de quienes ejercen el poder público.

En ese espíritu perverso, hace poco la jueza del tribunal de Mayor Riesgo A dispuso que  la orden de aprehensión que había sido girada contra un general del ejército, por el delito de obstrucción de justicia, con el argumento de que el militar presidía un tribunal militar; y que si bien la Constitución no le otorgaba el privilegio de antejuicio a un juez de rango militar, también era cierto que la Constitución no lo prohibía.  Dicha interpretación retorcida fue rechazada porque extrapolaba de forma inapropiada un principio propio del derecho privado, al derecho público.  El principio de que en derecho privado todo está permitido, excepto lo que la ley prohíbe, no se aplica al derecho público donde los sujetos solo pueden hacer lo que la legislación permite.  ¿Qué clase de valores y actitudes del lego y del profesional con respecto al derecho y al papel que juegan los procesos legales en una sociedad cultivaríamos, si hubiera prevalecido el criterio retorcido de aquella jueza? Igual pasa con el amparo que nos ocupa.

El jurista Gottfried Dietze advirtio que el constitucionalismo es una forma compleja de gobierno, difícil de perfeccionar; y, desde esa perspectiva, fallos como el que privilegia al Procurador de Derechos Humanos para que no le tenga que rendir cuentas al órgano que lo ha comisionado para ejercer sus facultades, son fallos que minan el constitucionalismo, minan el estado de derecho, minan la república, cimientan la irresponsabilidad de los que ejercen el poder público y cimientan la tiranía. Y así no sólo es difícil perfeccionar el constitucionalismo….así resulta imposible.

La foto es de elPeriódico.


31
Ene 18

El Congreso debe poner en su lugar a la Corte de Constitucionalidad

Como ningún funcionario o empleado público, civil o militar, está obligado a cumplir órdenes manifiestamente ilegales o que impliquen la comisión de un delito, el Congreso de la República -no sólo junta directiva- hace bien si le pide a la Corte de Constitucionalidad que revoque el amparo provisional por medio del cual le ordenó al Congreso que realice una nueva elección para Junta Directiva, o por lo menos que explique en detalle por qué tomó esa decisión. ¿Por qué? Pues en defensa del sistema republicano y del estado de derecho.  Debe quedar claro que lo que está haciendo la Corte de Constitucionalidad no es judicializar la política, ni establecer un tipo de gobierno de los jueces, ni forzar al Congreso a hacer algo inconsitucional.

Escucha el podcast aquí.

La Corte de Constitucionalidad ordenó la nueva elección sin escuchar a las partes, en violación del debido proceso de acuerdo con el cual nadie puede ser condenado sin antes sido oído y vencido en juicio. El propósito del amparo es proteger a las personas contra las amenazas de violaciones a sus derechos o para restaurar el imperio de los mismos cuando la violación hubiere ocurrido; y en el caso de esta elección, no se ve por dónde habría una violacion de derechos contra la organización que interpuso el recurso…ni contra alguien más.  En su actuación, la Corte de Constitucionalidad está interfiriendo activa y descaradamente en un proceso netamente político, como lo es el de decidir qué representantes de los electores (o mandantes) van a dirigir el Congreso durante el año siguiente.  No está claro -y la Corte debe aclarar en qué condiciones y por qué- si el artículo 60 transitorio del Decreto 14-2016 es aplicable.  Ese artículo es un castigo para los tránsfugas, les impide formar parte de otro bloque legislativo y les impide presidir comisiones, o formar parte de la junta directiva del Congreso. Está en duda si ese artículo se le aplica a la diputada Alejandra Carrillo (por cuestiones de temporalidad), y no parece razonable que, aunque el artículo se le aplicara a ella, su aplicación debería extenderse a sus compañeros de planilla, que son la actual junta directiva del Congreso.

En mi opinión aún si el artículo le fuera aplicado a Carrillo -y sospecho que no lo es- debe ser respetada la representatividad de los otros diputados, que llegaron al Congreso como representantes de los mandantes (o electores) que votaron por ellos.  Es un error, de fondo y de forma, tratar a los diputados como si fueran representantes de partidos políticos (que no son esos intermediarios entre mandantes y mandatarios,  ni esas plataformas programáticas que describen los libros de texto, sino  roscas electoreras para llegar al poder).  Los diputados son representantes de quienes votaron por ellos, y sólo a ellos y a sus conciencias se deben. Por eso es que nunca he estado de acuerdo con que exista una obligación moral de los diputados con la disciplina de partido.  Este es un tema propio de la legislación electoral; pero esta es una buena oportunidad para discutirlo y aclararlo.

Adicionalmente esta la cuestión de que la Corte de Constitucionalidad, anteriormente, ya  había resuelto que la descalificación, por cualquier motivo, de los integrantes de una planilla que se encuentre participando en un proceso eleccionario, no podrá afectar a los demás miembros de la misma planilla, dado que la imputabilidad de cualquier situación anómala que se realice, es netamente personal sin que dicha circunstancia pueda afectar a los demás.  Cualquiera que entienda el tema de la responsabilidad individual y su relación con las consecuencias jurídicas de los actos propios tendría por razonable aquella resolución, y desconfiaría de un giro que pretendiera salpicar de responsabilidad a los integrantes de una planilla, en función de los actos imputables de un miembro de esa planilla.  El criterio colectivista, de la responsabilidad colectiva por actos ajenos, es un despropósito.

Te recomiendo que leas el voto razonado de la magistrada Dina Ochoa, miembro de la Corte de Constitucionalidad.

Dicho lo anterior, si los que se oponen a la actual junta directiva del Congreso quieren una nueva y más sana, no es serio que en ella hayan incluido a la Unidad Nacional de la Esperanza, que es el partido, de los Colom/Torres e incluye a personajes tan cuestionables, corruptos e impresentables, como cualquiera.

Es peligrosa la judicialización de la política, es peligroso el gobierno de los jueces, es peligroso que, por quién sabe qué presiones y de donde, los organismos del estado acaten ordenes ilegales, peor si es a costa del mandato que han recibido de los electores.

Las funciones principales de la Corte de Constitucionalidad son la defensa del orden constitucional, y en consecuencia del estado de derecho y de la certeza jurídica del país; y el Congreso es la representación de los tributarios, los electores y los mandantes.  Los miembros de ambos órganos harían bien en recordar que el poder proviene del pueblo y que su ejercicio está sujeto a las limitaciones señaladas por la Constitución y la ley; así como que el imperio de la ley se extiende a todas las personas que se encuentren en el territorio de la República.

Lo que está ocurriendo es grave y debe resolverse conforme a la Constitución y las leyes; no conforme a intereses particulares meramente vinculados con la cuestión de cómo hacer para hacerse del poder sin ser electos.   El Congreso debe poner en su lugar a los magistrados de la Corte de Constitucionalidad que son responsables de la resolución en cuestión.

La ilustración la tomé de Facebook.


15
Dic 17

Ley pervertida

La ley, ¡pervertida! La ley…ha sido no sólo apartada de su finalidad, sino aplicada para contrariar su objetivo lógico. ¡La ley, convertida en instrumento de todos los apetitos inmoderados, en lugar de servir como freno! con esas palabras duras comienza F. Bastiat su celebérrima obra La ley.

De aquello me acordé cuando leí que los diputados planean discutir dos piezas de legislación, de esas que pervierten la ley: Una busca declarar como patrimonio cultural de la nación las antorchas del 14 de septiembre; y otra pretende prohibir las antorchas y otras actividades celebratorias de la Independencia que, según sus promotores, alteran el orden vehicular.

Quienes visitan luisfi61.com saben que soy fan de las antorchas porque son una fiesta familiar, popular y alegre que la gente disfruta mucho. Saben que las veces en las que políticos y burócratas se han involucrado en esa celebración –activamente– la han estropeado y saben lo mucho que me repugnan la estatización de las celebraciones, y la legislación que satisface apetitos de grupos de presión. Soy fan de las antorchas, pero nunca favorecería legislación que las despojara de su carácter espontáneo y popular.

Las iniciativas que quieren discutir los diputados hacen todo aquello. La segunda responde al interés destruccionista de acabar con el desfile, las antorchas y otras expresiones que se oponen a sus intereses de poder. En septiembre pasado, vimos a los destruccionistas con sus pancartas de odio, tratando de echar a perder la fiesta; y la primera iniciativa, posiblemente es una reacción para tratar de legitimar –por medio de la legislación– algo que para nada necesita ser legitimado por diputados.

De paso, ¿se dan cuenta los destruccionistas que las procesiones no sólo alteran el orden vehicular durante un día, sino que lo hacen durante 50 días, poco más o menos?

La facultad legislativa no debe ser usada para privilegiar intereses de grupos específicos, ni para perjudicar derechos; y –por otro lado– las celebraciones que le dan su carácter a la cultura deberían estar lejos de las manos sucias de los políticos y los burócratas.

Columna publicada en elPeriódico.


11
Sep 17

¿Quiénes están en el infierno?

Si el informe que presenta la comisión pesquisidora del Congreso va en el tono de que no se evidencia que Jimmy Morales haya tenido participación directa en el financiamiento ilícito del partido oficial; pero que igual recomienda que el Congreso discuta su antejuicio y le retire la imunidad, ese gallo/gallina es material para el infierno, de Dante Alighieri, en La divina comedia.

Ante las puertas del infierno, entre otros, se encuentran -entre lamentos de dolor y de ira- las gentes que vivieron sin gloria, ni infamia, mezcladas con los ángeles que no se rebelaron contra el dios cristiano; pero no por lealtad, sino para evitar las consecuencias de tomar partido en la lucha entre el bien y el mal. El cielo los rechaza porque no hicieron algo bueno y el infierno los rechaza porque no hicieron algo malo. Su tormento es que nadie se acuerda de ellos, no tienen esperanza de morir y no tienen nada que hacer en sus pobres vidas, desdeñados tanto de la justicia como de la compasión.

Mientras tanto, se cuentan con los dedos de las manos los miembros de los grupitos que presionan para remover al Presidente, sustituirlo por el Vicepresidente, para luego remover a este e imponer nuevos Mandatario y Vicemandatario de su gusto y a dedo -sin pasar por comicios-; a pesar de su irrelevancia y de su falta de representatividad, sus semillas germinan y avanzan en sus propósitos porque cuentan con el apoyo de los procónsules en las zonas 10 y 14.  Todo en detrimento del sistema republicano y del orden constitucional.

Este es momento para recordar las palabras del jurista Francisco Fonseca Penedo, exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia:  Es preciso llegar a la conclusión de que el Tribunal de Antejuicio deberá declarar sin lugar la solicitud, aunque haya plena comprobación de que le funcionario es culpable del delito, si su procesamiento pudiera causar al estado un daño mayor que el causado al agraviado por el delito…y en este caso no hay plena comprobación de que el Presidente estuviera involucrado en las irregularidades y financiamiento ilícito en el que hubiera ocurrido el partido que lo postuló en las elecciones pasadas.  Lo dijo el Presidente de la Pesquisidora : No hay evidencias.

Más, aún,  la Pesquisidora estaba consciente, de que el orígen del proceso es de naturaleza política.

Dicho lo anterior, esta es una manifestación de la semana pasada:

Y esta es la manifestación de ayer:

Estos grupitos ahora tienen la prudencia de esconder las banderas rojas y las efgies del Che Guevara; pero siguen siendo tan pocos. Tan…nada.

¿Por qué, entonces, es que los diputados ceden ante sus presiones?  Las que hay ahora no son las manifestaciones representativas y masivas de 2015. ¿Qué fuerzas formidables intimidaron a los diputados? ¿Siguiera se necesitaron fuerzas formidables?

Ilustración  por Gustave Doré (1832 – 1883) [Dominio público], via Wikimedia Commons.


05
Sep 17

El antejuicio, por Francisco Fonseca Penedo

En El derecho de antejuicio, un librito por el exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia, Francisco Fonseca Penedo, y profesor mío de Derecho Penal, parte de una premisa: Como principio general, todo aquel a quien se impute un delito está obligado a responder en juicio criminal, y correlativamente toda persona tiene el derecho de pedir el juzgamiento de todo aquel a quien considere culpable de un delito.  Y luego explica: El derecho de antejuicio es una restricción al principio general de la responsabilidad y de la acusación y puede definirse así: “Privilegio que la ley concede a ciertos funcionarios [y a no funcionarios, como candidatos a puestos de elección popular] para que no puedan ser enjuiciados criminalmente sin que antes una autoridad, distinta del juez competente para conocer la asusación, declare que ha lugar a formación de causa”.

El antejuicio, pues, es una evaluación de carácter político acerca de la pertinancia, o no, de someter a juicio a un funcionario, o a un candidato.  El fundamento lógico del antejuicio, dice Fonseca Penedo, es político y no jurídico; el antejuicio no prejuzga sobre el fondo de la acusación.  El Tribunal de Antejuicio deberá declarar que no ha lugara formación de causa cuando así lo demanden los altos intereses del estado.

De allí que sólo gocen de antejuicio las personas a las que la ley les concede ese privilegio de manera expresa; es un derecho irrenunciable porque se trata de una institución de orden públilco.

El jurista explica que no es suficiente decir que le propósito del antejuicio es proteger a los funcionarios contra el riesgo de denuncias falsas, o de acusaciones, porque igual protección merece cualquier persona y, en todo caso, el juez que conozca de una denuncia, o querella, quienquiera que sea el acusado está obligado a rechazarla si apareciere como falsa, o infundada.  ¿Cuál es la razón de que, en el caso de ciertos funcionarios, sean otros órganos del estado los que practiquen las diligencias previas a la declaración de haber lugar, o no a formación de causa y no los jueces ordinarios?

No se trata de que el funcionario, por el solo hecho de serlo, deba ser juzgado, por lo menos inicialmente, por funcionarios de mayor categoría, ni que goce de una inmunidad especial que le permita cometer impunemente ciertos delitos, dice el jurista que, luego enfatiza: esa discriminación sería ianceptable.

La razón, dice Fonseca Penedo, es una protección de las funciones que le han sido encomendadas al funcionario acusado.  El fundamento lógico de la institución del antejuicio no es jurídico, sino político.  Las diligencias previas a la declaratoria de haber lugar, on o a formación de causa no tiene por objeto saber si el funcionario cometió el delito, porque esa función estaría concomendda al juez ordinario y por medio de los procedimientos ordinarios.

En El derecho de antejuicio, Francisco Fonseca Penedo explica que sabido que existió el hecho que es constitutivo de delito y que es imputable al funcionario acusado, será preciso hacer una valoración comparativa entre la gravedad del delito por una parte y la gravedad que causaría al orden institucional la remoción del funcionario, apartándolo de su cargo para ser sometido al proceso criminal.  Esta valoración, señala, no debe hacerse pensando en la persona individual del funcionario, sino en la importancia de las funciones que le han sido encomendadas.

Es preciso llegar a la concluisión de que el Tribunal de Antejuicio deberá declarar sin lugar la solicitud, aunque haya plena comprobación de que le funcionario es culpable del delito, si su procesamiento pudiera causar al estado un daño mayor que el causado al agraviado por el delito.

Ah, y algo no menos importante: al cesar el funcionario en el desempeño de su cargo deja de gozar del derecho de antejuicio y su responsabilidad podrá deducirse en todo tiempo, mientras no haya prescrito.  La prescripción empieza a correr cuando el responsable hubiere cesado en el ejercicio de l cargo durante el cual incurrió en responsabilidad.

Finalmente, Fonseca Penedo aclara: ignoro si la tesis aquí sustentada esté aceptada por la doctrina, o sí, aquí por el contrario, resulte inaceptable.  Sin embargo, parece robustecida por  el hecho de que la competencia para conocer de los antejuicios contra la mayoría de los funcionarios de mayor categoría, corresponda al Congreso de la República que no es un órgano jurisdiccional, sino eminentemente político.

Ilustración por Marcello Bacciarelli [Dominio público], via Wikimedia Commons.


27
Jun 17

¿Parqueos gratis? No hay tal cosa como un almuerzo gratis

La iniciativa de forzar, por medio de legislación, a que los parqueos sean gratuitos durante las primeras dos horas y a que los estacionamientos estén asegurados -en centros comerciales y universidades- es un desatino por dos razones: viola la libertad de producir e intercambiar sin coerción; y hace que otros tengan que pagar por servicios que usan unos.

Me explico:

Cuando alguien construye estacionamientos hace una inversión e incurre en costos con la esperanza de prestar un servicio y hacer negocios con quienes -de forma voluntaria y pacífica- quieren hace uso de aquellos servicios.  Quienes prestan servicios de estacionamiento lo que ofrecen es espacio.  Se engañan quienes creen que los estacionamientos ofrecen servicios de seguridad.  Voy a abundar en esto abajo al transcribir un artículo que escribí hace ratos sobre este tema.

Cuando tu estacionas tu vehículo en un parqueo pagas X por el espacio que ocupa tu automóvil.  Si quisieras que este esté asegurado tendrías que pagar X + Y + Z porque el seguro tiene un costo (Y).  Y también lo tienen los guardias que habría que contratar (Z) para que controlaran los movimientos dentro del parqueo y evitaran daños.

Si estaciono mi vehículo en un parqueo bajo las condiciones de la pretendida ley de supuesta gratuidad, el costo de X + Y + Z no lo pagaría al salir como ocurre ahora con el pago de Z.  Lo pagaría al consumir en mi lugar de destino porque los espacios de estacionamiento tienen costos.  Y los costos se trasladan siempre que es posible trasladarlos. Entonces, en lugar de pagar X por un almuerzo en el food court del centro comercial, yo tendría que pagar el precio del almuerzo, más una parte proporcional de Y + Z y así en cada consumo.  Pero lo que es peor es que aquellas personas que lleguen sin vehículo al lugar, también tendrían que pagar una parte proporcional de la supuesta gratuidad del estacionamiento de mi vehículo.  Mi vehículo estaría estacionado aparentemente de forma gratuita; pero otros -incluso los que no llegaron con automóvil- pagarían una parte proporcional de mi privilegio.  Es por eso que Milton Friedman dijo que no hay tal cosa como un almuerzo gratis.  El almuerzo que es gratis para unos, necesariamente es pagado por otros.

La propuesta del diputado Alvaro Velásquez (ex-Convergencia) es populista e injusta. A continuación un artículo que escribí hace poco más de un año en un contexto parecido:

Algunas personas creen que los parqueos privados deberían ser regulados; que debería haber un control de precios y que, por ejemplo, los propietarios de los estacionamientos deberían responder por daños que ocurran en los locales. Esa perspectiva pierde de vista que el servicio que prestan los estacionamientos y por el cual cobran lo que cobran (y los usuarios pagan sin ser obligados a adquirir el servicio) es el de espacio para estacionar; no el de seguridad para el vehículo. Este último es un tipo de servicio muy diferente al del espacio y no estoy seguro de si alguien querría prestarlo voluntariamente a los precios actuales. Aquella óptica pierde de vista que, cuando hay control de precios, sucede lo que tiene que suceder: escasez.

Mientras tanto, toma en cuenta que:

1. En los estacionamientos generalmente hay letreros que explican que el establecimiento no se hace responsable por daños a los vehículos y que los propietarios los dejan ahí por su cuenta y riesgo. De modo que queda claro que a cambio de cualquiera que sea la suma que me cobren en el parqueo, lo que me ofrecen es un espacio para dejar mi carro; y no me ofrece seguridad.

2. En esas condiciones, está claro que yo tengo que elegir entre no llevar automóvil, dejar ahí mi carro, o dejarlo en la calle y evaluar dos cosas: si quiero seguir dando vueltas en busca de un espacio, o si quiero jugármela y dejar mi auto en la calle para no pagar la tarifa del estacionamiento.

3. Si los dueños de estacionamientos ofrecieran seguridad, seguramente sus costos se elevarían y habría que ver si podrían, o querrían, prestar ese servicio adicional al mismo precio que prestan el de espacio.

4. Lo mismo ocurriría si pagaran algún tipo de seguro. Eso incidiría en sus costos. y podría influir en los precios para el usuario.

5. Para protegerse de usuarios inescrupulosos (o incluso de gente de buena fe que pudiera estar equivocada) en los parqueos tendrían que recibir los vehículos como cuando uno los alquila.  Tendríamos que llenar un formulario con un inventario mínimo de los daños que ya tiene el vehículo al dejarlo estacionado, e incluso un inventario de lo que hay adentro.  ¿Cuánto tiempo estás dispuesto a invertir en esto cada vez que te estaciones?

6.  Quizás debería haber dos tipos de estacionamiento: unos que sólo ofrezcan espacio, como los que hay ahora; y otros que, por el precio correcto, ofrezcan otros servicios como seguridad, seguro, limpieza y qué se yo qué más podrían querer los clientes y qué más estarían dispuestos a pagar.  Pero estos servicios deberían ser contractuales, voluntarios y pacíficos; no forzados, ni impuestos por la legislación y la política.

A mi juicio está claro, y siempre lo ha estado, que los estacionamientos no cobran por seguridad, sino que cobran por espacio. Es muy peligroso que haya quienes demanden que los diputados hagan leyes para obligar a otros a ofrecer bienes y servicios que no están dispuestos a ofrecer, a cambio de tarifas que no están dispuestos a aceptar.

Yo prefiero vivir en una sociedad en la que se respete las libertades de producir, consumir, intercambiar y de servir, sin coerción, ni privilegios.


21
Jun 17

¿Legislación contra la “violencia obstétrica”? Otra chorrada de Convergencia

Que los políticos y especialmente los diputados quieran regular las vidas y las actividades de las personas; y que incluso se extralimiten en esa pretensión no debería sorprender a nadie.  Que los políticos y diputados quieran opinar y participar legislativamente en temas médicos y científicos, debería alarmar a todos.

Que una chorrada como legislación para prevenir y sancionar la violencia obstétrica, que interfiera en la conducta, los criterios y decisiones médicas, científicas y técnicas que un profesional de la medicina pueda tener frente a una paciente y el producto de su embarazo por una complicación, venga del partido Convergencia y de sus dos diputados, ¿te sorprende?

¿Cuál es el límite para la legislorrea?

¿Vas a creer?,  la exposición de motivos de aquella aberración legislativa dice que la violencia obstétrica inicia cuando un proceso natural como lo debería ser el embarazo y el parto, es tranformado en un problema médico y abordado como una “enfermedad”, a través de la medicalización y la patologización. Así se despoja el embarazo y al parto de una condición natural y se le da un carácter médico.  Es en serio, no me lo inventé.

La normativa propuesta por Convergencia pretende sustituir el criterio médico, científico y técnico por artículos decretados desde el Congreso.

Explica el Colegio de Médicos que la definición de “violencia obstétrica” no contempla que el ser humano, en este caso la madre, y también el producto del embarazo constituyen una unidad altamente susceptible de asociarse con enfermedades que se padecen desde antes del embarazo, o complicarse con patologías diversas propias de la condición fisiológica del proceso de la maternidad. Que para producirse un nuevo ser, y constituirse en la unidad madre/niño principalmente en el orden hemodinámico, incrementando el volumen sanguíneo, produciendo sobre esfuerzo en el aparato cardiovascular, hepático y renal principalmente, con lo cual dispone a la paciente a través de este fenómeno fisiológico al riesgo de evidenciar problemas cardiacos, metabólicos y renales, que por la sobre carga que sufre la madre, de manera interna sin la intervención de profesional alguno la llevarla a sufrir patologías que se evidencian con complicaciones agregadas al proceso fisiológico del embarazo.

Añade aquella organización gremial que la violencia obstétrica inicia cuando un proceso natural como el embarazo y el parto, es transformado en un problema medico y abordado como una enfermedad, a través de la medicalización y la patologización, despojando al embarazo y el parto de una condición natural para darle un carácter médico. Esta afirmación revela nuevamente desconocimiento del proceso fisiológico que vive la mujer embarazada, que ya hemos descrito antes ampliamente.

Las condiciones actuales en las que se atiende a la mujer embarazada y al producto de su embarazo, en los sistemas de salud nacionales, de seguridad social y principalmente en áreas rurales, son deplorables, la carencia de medicamentos, insumos quirúrgicos y de atención en general solo es superada por la deficiencia infraestructura y equipamiento en las instituciones de salud de nuestro país. Es claro que en estas condiciones estas instituciones funcionan y dan servicio rindiendo productos positivos a la comunidad, solamente por el actuar desinteresado y apostólico de médicos, enfermeras, personal de salud y administrativos, que con salarios de hambre deciden prestar sus servicios aún en esas condiciones corriendo todos los riesgos y ahora amenazados judicialmente y ante esa situación de condiciones de trabajo prácticamente sentenciados a la cárcel. 

Es por todas estas situaciones analizadas y expresadas que el gremio médico se man¡fiesta totalmente en contra de que dicha iniciativa de ley se convierta en ley en el congreso de la república de Guatemala.

Gracias a mi cuata, Astrid, por la pista.

Foto por:  Tom and Katrien (Flickr) [CC BY-SA 2.0, via Wikimedia Commons


10
Jun 17

¿Es hora de que los diputados derramen sangre?

Es escandaloso que, para efectos del cálculo de sus bonos 14 y de sus aguinaldos, los diputados pretendan que se tomen en cuenta sus gastos de representación.

El de abajo es el glifo maya del sacrificio de derramamiento de sangre.  Tal vez es tiempo de que, los mandantes, exijamos que los diputados derrramen sangre, antes de emitir legislación, sobre todo cuando esa legislación es sobre privilegios para sí mismos.

El jueves, los diputados que tienes por corruptos, venales e ineptos se recetaron su salario mensual, dietas, gastos de representación y bonificación anual. Además, dejaron abierta la posibilidad de pedir indemnización cuando dejen el cargo para el cual fueron electos. Así, ¿o más ofensivo contra los tribubtarios?

La indemnización debe ser impugnada ya que en 2007 hubó un decreto en el que los congresistas salientes pretendían indemnizarse; pero existe un fallo en contra, de la Corte de Constitucionalidad.

Los reyes y sacerdotes mayas solían perforarse el pene, la lengua, o las orejas para extraerse la sangre que, ofrecida a los dioses, permitía que el universo continuara funcionando.

El glifo que ilustra esta entrara lo encontré en una estela ubicada en uno de los museos de Tikal, hace diez años; y cuando mi amigo Andy la vio opinó que los legisladores -igual que los gobernantes mayas- deberían derramar su sangre como parte de sus obligaciones, especialmente antes de legislar.  Esto por supuesto, es una nota de humor (para quienes necesitan que se les expliquen estas cosas); de humor para sobrellevar la rabia que dan aquellos canallas.

Lo que si es cierto y bien cierto es que es tiempo de renovar la clase política.


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May 17

Para esto sí hay dinero…tu dinero

¡Veintiseis diputados!  han salido en 28 viajes que han financiado los tributarios durante este año y  solo en dos de aquellos periplos se erogaron Q289 mil 801 en boletos y viáticos.  Un viaje a Ginebra, para una reunión de unas horas, duró 7 días para los afortunados.  Un viaje a Bangladesh, para dos diputados, les costó a los tributarios la nadería de Q129 mil 441  entre boletos y viáticos.

No es cierto, pues que los políticos y funcionarios no obtengan suficientes recursos de los tributarios. De hecho, lo que pasa es que sus prioridades son…son distintas a las de los que producen el dinero que desperdician.  El dinero que sirve para que los diputados, y otros funcionarios paseen por Europa y por países exóticos, no se usa en hospitales, escuelas, carreteras y otras necesidades.

Así se desperdician los impuestos que te quitan. Total…gobernar es gravar para gastar.