12
Mar 19

Sinaloa y el reglamento mordaza del TSE

Es posible que el reglamento mordaza del Tribunal Supremo Electoral, Acuérdo 99-2019, sea un copy/paste y adaptación del Reglamento de debates del estado de Sinaloa, México.  La cuestión, ahora, es quién pidió, o quiénes pidieron ese reglamento para Guatemala; quién, o quienes hicieron el copy/paste y por qué, con qué propósitos. ¿Para servir a qué intereses? ¿De dónde sale la gente que hace este tipo de cosas? ¿La CICIG tuvo algo que ver? ¿Alguien cobró por hacer el copy/paste?

Foto parcial del Plan de lineamientos, de Sinaloa, México

Los lineamientos para la organización de debates entre candidatos, de Sinaloa, regula la competencia y responasbilidad de los consejos electorales en la organización y difusión de los debates.  Define lo que son los debates y sus objetivos, así como sus términos y su estructura.  También especifica los temas sujetos a debate.

a) SOCIEDAD en función de los siguientes subtemas:

I. Desarrollo social. II. Seguridad pública, procuración e impartición de justicia. III. Educación. IV. Cultura. V. Etnias.

b) ECONOMÍA en función de los siguientes subtemas:

I. Desarrollo económico. II. Ecología. III. Inversión. IV. Empleo. c) GOBIERNO en función de los siguientes subtemas:

I. Relación entre niveles de gobierno.
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II. Desarrollo urbano. III. Relación entre gobierno y sociedad. IV. Responsabilidades de servidores públicos.

El reglamento citado también es muy específico con respecto al moderador.

a) Ser ciudadano mexicano en pleno goce de sus derechos políticos y civiles;

b) Contar por lo menos con 25 años de edad al día de la designación;

c) No desempeñar ni haber desempeñado cargo directivo de Comité Nacional, Estatal o Municipal o su equivalente en Partido Político alguno, en los últimos cinco años anteriores a la designación, ni ser de reconocida militancia o identificación partidista.

d) No desempeñar ni haber desempeñado cargo de elección popular, ni haber sido postulado como candidato, en los últimos cinco años anteriores a la fecha de su designación, ni haber participado en la campaña;

e) No ser ministro de culto religioso;

f) Contar con experiencia y conocimiento en las áreas de periodismo, humanidades, investigación o docencia;
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g) Gozar de buena reputación, reconocida capacidad, honorabilidad e imparcialidad;

h) No tener grado de parentesco en línea recta ascendente o descendente sin limitación de grado y en la línea colateral hasta el primer grado, con los candidatos y dirigentes de Partidos Políticos;

i) No haber desempeñado, en el período de tres años anterior a su designación, ningún cargo de dirección de la Federación, Estado o Municipio, así como sus organismos descentralizados; excepto quienes hayan desarrollado actividades relacionadas con la docencia; y,

j) No ser miembro de los Consejos Electorales.

No menos importante, en este contexto, es aclarar si la Comisión internacional contra la impundad en Guatemala tuvo un papel en esta aberración.

Foto parcial del acuerdo de colaboración entre la CICIG y el TSE.

Gracias a los lectores, Mario y César, por las pistas.

Actualización: el acuerdo mordaza del TSE fue revocado el 12 de marzo de 2019. Los magistrados, sin embargo, se niegan a aclarar cuál es el origen del mismo.


10
Mar 19

Ataque del TSE contra la libertad de expresión

El Tribunal Supremo Electoral publicó un acuerdo que es inconfundiblemente violatorio de la libertad de expresión. Es un instrumento sin precedentes sobre censura, microadministración interferencia, constructivismo y abusos de parte de un órgano estatal.

Este acuerdo del TSE es un ataque directo contra la libertad de expresión

Los magistrados del TSE pretenden:

Impedir que los medios de comunicación cuestionen a los candidatos sobre temas que no estén incluidos dentro de un listado predefinido por los expertos del TSE y los magistrados.

Regular el contenido de las entrevistas de modo que estas se circunscriban a las materias que al TSE (y solo al TSE) le parecen atingentes. Según los magistrados, aquellas relacionadas con  la sociedad, la economía y el gobierno, y dentro de cada una de ellas obligan a que se aborden subtemas determinados también dentro de un reglamento reglamento. En el aspecto relativo a la sociedad, se encuentra el desarrollo social, la seguridad pública y justicia, educación, cultura y recreación, pueblos indígenas y el desarrollo sustentable. ¿Viste que no se incluye la ética? Mientras que en los temas económicos, puntualizan que se deben abordar sólo el desarrollo económico, la ecología, la inversión y el empleo. ¿Y otros temas económicos? Si algún medio quisiera abordar otro tema, quedaría a discreción del TSE su aprobación. ¿Así, o más abusiva y arbitraria la pretensión de los magistrados? En los aspectos relativos al gobierno, los magistrados dispusieron que se podrá cuestionar a los candidatos sobre la relación entre niveles del gobierno, el desarrollo urbano, la relación entre el gobierno y la sociedad, las responsabilidades de los servidores públicos, el combate a la corrupción, los servicios públicos y la  igualdad de género. ¿Cómo iba a faltar la igualdad de género?  Para este tipo de cosas no hay que pedir permiso.

Que los medios de comunicación tengan que conseguir autorización al de aquel cuerpo colegiado para celebrar foros, debates y entrevistas con candidatos. O sea, pedir permiso. Como en una dictadura.

Regular el tiempo de los debates: el máximo de un debate será de 120 minutos; tomando diez minutos para la realización de preguntas y respuestas. ¿Así, o más ingenieril, constructivista e invasiva la legislación y los poderes del TS?

Aprobar las programaciones y las mecánicas de los foros, debates y entrevistas.

Que los ministros de culto no pueden ser moderadores.  A ver, yo no sólo no soy creyente, sino que estoy convencido de que  las religiones son absurdas.  Sin embargo, ¿por qué no pueden ser ministros los curas, pastores, rabinos y otros? ¿Por qué no pueden ellos, y si podría un periodista, sociólogo y activista?

Regular las calidades que deben tener los moderadores de foros, y según los magistrados, sólo pueden moderar foros quienes tengan experiencia en áreas humanísticas, periodismo, investigación, docencia, ciencia política o sociología.

Este tipo de regulaciones tal vez sean normales en regímenes como los de Cuba, Venezuela, NIcaragua, Corea del norte, China popular y otros parecidos; pero son inaceptables en en otros ambientes.  ¡Son inaceptables en Guatemala!  No sólo porque la Constitución protege la libertad de expresión, sino -sobre todo- porque esta es un derecho humano indiscutible.

¿Sábes qué sería de valor? Conocer quiénes serían los profesionales encargados de, por ejemplo, dictaminar qué temas económicos y políticos son propios en una entrevista, o debate, si no estuvieran en el listado de arriba? O los encargados de dictaminar cuál es la mecánica legal para hacer una entrevista, un foro, o un debate.  ¿Cuáles son las cualidades de aquellos expertos? ¿De dónde los sacan?

Me gustaría saber si aquellas regulaciones, ideadas para medios, también se aplican a personas individuales.  Digamos, ¿se aplican a tí y a mi si somos blogueros, o youtuberos? ¿Se aplican a ti si invitas a candidatos a tu casa para hablar con tus colegas, amigos y familiares? ¿Se aplican si grabas ese encuentro y lo subes a Youtube, por decir algo?

Las pretensiones de los magistrados del Tribunal Supremo Electoral no sólo son arbitrarias y abusadoras; también son muy peligrosas porque abren la puerta a quién sabe qué cantidad de legislación similar.

Estas normas no deben ser obedecidas; y deben ser formalmente declaradas inconstitucionales si no fueran erradicadas por el propio TSE.  Recordemos que en Guatemala es libre la emisión del pensamiento por cualesquiera medios de difusión, sin censura ni licencia previa. Este derecho constitucional no podrá ser restringido por ley o disposición gubernamental alguna.

Si quieres conocer el texto completo de esta normativa mordaza, haz clic aquí.

La ilustración es de elPeriódico.


27
Feb 19

¿Abusos en la investigación fiscal?

Según la bancada de la Nacional de la Esperanza -el partido de Sandra Torres- en la Gerencia de Investigación de la Superintendencia de Administración Tributaria hay controles escasos del personal que está a cargo de las investigaciones [contra los tributarios] y no hay procedimientos para elaborar los casos, situaciones que dan lugar a abusos.

Los impuestos son robo, Ilustración tomada de Facebook.

Y puede que la denuncia sea electorera, como dice el exjefe de la SAT, Juan Francisco Solórzano Foppa; pero, ¿y si no?

De cualquier manera, siendo bien conocida la voracidad tributaria de los políticos y funcionarios que tienen a su cargo tomar dinero ajeno por la fuerza, para luego repartirlo entre intereses particulares y específicos con los que los propietarios de aquel dinero no siempre colaborarían pacífica y voluntariamente, ¿por qué no iba a haber abusos?

A mí me parece muy sospechoso, por ejemplo, que a la GIS se le atribuya la compra de drones y de binoculares de visión nocturna.  ¿Para qué quieren, los publicanos, drones y anteojos de larga vista para ver en la noche? Eso es como cosa de espías.  ¿O no?

Otra cosa rara es que la GIS fue establecida en septiembre de 2016 y pasaron casi dos años antes de que esa unidad tuviera procedimientos aprobados; o sea que en aquel lapso sus operaciones fueron arbitrarias.

La aditoría interna de la GIS ha encontrado que algunos expedientes tienen componentes físicos; pero están incompletos y otros están en formato electrónico, igualmente incompletos.  En algunos no están la firma de visto bueno del gerente de turno, la notificación del juzgado correspondiente y/o los cierres de los casos.  Sospecho que todo aquello ha de ser un desorden del que nadie se hace responsable, y que en ese caos medran la arbitrariedad y los abusos.

Menos mal que, en agosto de 2018,  la Corte de Constitucionalidad suspendió el acceso de la SAT a información bancaria de los tributarios con el fin de investigarlos para cobrar impuestos.


17
Feb 19

Castraciones a bajo costo, en peligro

En abierta violación a la libertad de contratación una asamblea general el Colegio de Veterinarios y Zootecnistas aprobó un reglamento arancelario para la aplicación de la guía de cobros de servicios, instrumento que pretende abarcar a todas las actividades profesionales del gremio. En dicha asamblea se habría discutido una multa para los veterinarios y zootecnistas cobraran menos de lo establecido -a modo de un cartel-.

Foto por Raúl Contreras, de Así es la vida.

Los autores de la guía de cobros dispusieron que el costo de cualquier castración de gatos y perros debería costar Q700 (independientemente de lo que valga), más Q250 de la anestesia (independientemente de lo que valga).

Algunas organizaciones protectoras de animales advirtieron que las jornadas que realizan a bajo costo podrían estar en riesgo, ya que algunos veterinarios, por misericordia, regalan sus servicios (como los abogados que trabajan pro bono) cuando alguien y su mascota necesita ser apadrinado.  Según la nueva disposición esto no debería ocurrir y quienes regalaran su trabajo podrían ser castigados.

¿En serio pretenden castigar la benevolencia?

Al establecer un precio mínimo, los promotores de ese medida creen que van a elevar el nivel de ingresos de los agramiados mediante el uso de la coacción; pero no han previsto que ocurrirá lo que siempre ocurre cuando se alteran las leyes de la economía; por ejemplo: algunos agremiados van a empezar a trabajar en la clandestinidad porque necesitan cobrar menos que el arancel forzado; o para hacer caridad con los animalitos y con sus propietarios de escasos recursos.

Las fotos son por Raúl Contreras, de Así es la vida.

Muchas asociaciones animalistas hacen una gran labor, apoyadas en el tiempo y talentos regalados, o provistos a bajos costos por muchas personas y profesionales.  No obstante, un arancel forzoso, que impida la libre contratación y marginalice la benevolencia hará más difícil y criminalizará aquella labor. Todo en aras de, ¿qué? De la pretención irracional de que se pueden violar impunemente las leyes del mercado y las libertades individuales como la de contratación y las de servir e intercambiar sin coerción, ni privilegios.


06
Dic 18

El ambientalismo y la rapiña

El ministro de Ambiente, Alfonso Alonzo -el mismo del helicóptero y el de las plazas para las madres de sus hijospostuló a Guatemala para que organice una Convención sobre el Cambio Climático, luego de que el gobierno de Brasil renunció a la realización de la misma porque costaría US$104 millones -unos Q805 millones- y por no tener las condiciones financieras para enfrentar tremendo gasto.

¿Te das cuenta de los que son Q805 millones en un país en el que el presupuesto del estado está desfinanciado?  ¿Te imaginas el impacto de Q805 millones gastados en una convención cuando no hay insumos en los hospitales estatales, ni materiales en las escuelas estatales?  ¡¿Que lujo que la Administración esté pensando en derrochar Q805 millones cuando anda por el mundo con la mano extendida viendo quien le dona unos dólares, o unos euros?!  Los tributarios de los países donantes deberían ponerle atención a este tipo de prodigalidad.

En la antigua tradición de seguirle la pista al pisto, ¿quién o quiénes se enriquecerían directa, e indirectamente con esta aventura? ¿Quién se va a beneficiar con esta piñata? Porque…no me digas que no va a ser piñata. Me vas a decir que no va a haber rapiña.

Y todo aquello sin contar con que  el supuesto problema del cambio climático antropogénico es un embuste.  De paso, mi cuata, Claudia, me envió este enlace: La cumbre de la ONU sobre el CO2 producirá más CO2 que 8200 casas en un año.  ¿Así, o más canallas los burócratas nacionales y los internacionales?

La foto es de nubes iridiscentes.


06
Nov 18

Para cosas así es que pagas impuestos

Con tu pisto, con el que te quitan y llaman impuestos, cuatro diputados gastaron Q69 mil en máquinas para hacer cafés capuchinos.

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Los diputados a los que les pagas sus cafés de lujo son Alejandra Carrillo, Hugo García, Javier Hernández y Julio Lainfiesta.

Luego que no se diga que los impuestos son robo. Son una forma de tomar dinero ajeno por la fuerza y destinarlo a propósitos que el legítimo propietario de aquellos recursos nunca elegiría voluntariamente.

: Cincuenta y seis lectores participaron en una consulta que hice acerca de cuánto cuesta la máquina capuchinera que tienen en sus casas.  De ellos cuatro dijeron que cuesta más de $1700; 11 dijeron que cuesta menos de $1700 y 41 dijeron que no tienen máquina para hacer capuchinos en sus casas.

 


01
Nov 18

Las ONG que no son oenegés

El proyecto de presupuesto que llegó al Congreso mediante el Ministerio de Finanzas Públicas contemplaba asignaciones a organizaciones identificadas como no gubernamentales -que en realidad no lo son del todo- en el orden de Q2 mil 856 millones 424 mil 897; y lo aprobado por el Congrso fue de  Q2 mil 909 millones 375 mil 324, es decir un aumento de Q52 millones 950 mil 427.

Yo digo que las organizaciones que reciben dinero ajeno tomado por la fuerza mediante el uso del poder político en manos del gobierno no son no gubernamentales.  En el mundo de las llamadas ONG hay organizaciones privadas voluntarias de servicio que son legítimamente privadas y voluntarias; pero aquellas organizaciones cuya existencia depende de que los políticos y burócratas usen el poder coercitivo del estado para repartirles el dinero que involuntariamente entregan los tributarios, deberían tener una categoría propia.

En un reportaje publicado el viernes, en la página 6 de Prensa Libre, se ven listas de organizaciones de salud y de educación que reciben dinero tomado a los tributarios; pero sería muy valioso conocer, también, las organizaciones activistas e incluso  políticas que reciben iguales tajadas del pastel tributario.  ¿Qué otros intereses específicos y particulares -ajenos ala voluntad de los tributarios- reciben dinero de impuestos? ¿Cuantos directivos de organizaciones disfrazadas de ONG viven del dinero de los tributarios? ¿Cuántos intereses perjudiciales para los tributarios son financiados con dinero de impuestos?

En aras de la transparencia, las ONG que no son no gubernamentales (por recibir dinero que el gobierno les ha quitado a los tributarios) deberían tener un nombre que no confunda y que muestre su verdadera naturaleza, que es, por lo menos, mixta.

Esta entrada no enjuicia, ni pone en duda las buenas obras que algunas de aquellas organizaciones hagan -y las hay muy buenas-.  Lo que cuestiona es la falta de transparencia en cuanto a que, en realidad, no son organizaciones privadas voluntarias de servicio, sino que existen gracias a favores políticos.


30
Oct 18

Ataque contra la libertad de expresión

En un ataque contra la libertad de expresión, los diputados Delia Bac, Dolores Beltrán, Estuardo Galdámez, Karla Martínez y Eva Monte presentaron una iniciativa de ley mordaza que busca castigar con prisión a personas que critiquen -por medio  de plataformas digitales, o medios de difusión- a candidatos a cargos populares, o funcionarios en ejercicio del cargo durante y después de las elecciones.

Es evidente que  esta iniciativa de ley mordaza viola el artículo 35 de la Constitución, que dice que es libre la emisión del pensamiento por cualesquiera medios de difusión, sin censura ni licencia previa. Este derecho constitucional no podrá ser restringido por ley o disposición gubernamental alguna; y añade que no constituyen delito o falta las publicaciones que contengan denuncias, críticas o imputaciones contra funcionarios o empleados públicos por actos efectuados en el ejercicio de sus cargos.

Los ponentes pretenden crear dos delitos nuevos. El primero  llamado acoso político para el que propone prisión de 2 a 3 años contra quien presione, hostigue o persiga a candidatos, funcionarios o políticos. Y se establece que quien ejecute aquellas acciones por cualquier medio de difusión (medios de comunicación, redes sociales) además de irse preso quedaría inhabilitado para ejercer cargo público.

El segundo llamado violencia política establece que quien, o quienes realicen actos de agresión física y/o psicológica o cualquier tipo de coacción contra personas, postulantes electas, designadas o en el ejercicio de la unción política, durante o después del proceso electoral será sancionado con prisión de 2 a 5 años. Incluye un agravante para los empleados, o representantes legales de una persona jurídica, o empresa para quiene habría una una multa de 5 a 20 mil quetzales, además de la pena de prisión. Y si hubiera reincidencia, la ley facultaría a la cancelación definitiva de la empresa.

Esta última parte del pretendido delito de violencia política, sospecho que va dirigida directamente a periodistas y empresas periodísticas.

Aunque la iniciativa es evidentemente inconstitucional es preciso que sea aplastada en el pleno del Congreso antes de que avance un paso más.  Ninguna iniciativa igual, o parecida debe ser tolerada por nadie a lo largo y lo ancho del espectro político, y por nadie a lo largo y lo ancho del espectro de electores y tributarios.  Todo intento de mordaza y todo intento de usar la legislación para coartar la libertad de expresión debe ser repugnante y debe ser extirpado sin miramientos.


16
Oct 18

Es hora de sanear el Ministerio Público

Cuando un político, o un burócrata sabe que puede actuar arbitrariamente y que las posibilidades de que su actuación arbitraria prevalezca y permanezca impune, lo más probable es que se sienta tentado actuar arbitrariamente.  Esa es una de las principales fuentes de la corrupción y del abuso de poder.

En eso pensé cuando leí que no menos de 20 anomalías y vicios fueron encontrarods en los nombramientos de la coordinadora nacional y ocho fiscales regionales del Ministerio Público durante 2017 y principios de 2018, durante la administración de Thelma Aldana.  Luego de una investigación y ante las irregularidades, la fiscal María Consuelo Porras convocó a los funcionarios para pedirles que renunciaran al ascenso, con la poisibilidad de ser reubicados en los puestos que ocupaban antes de ser nombrados como fiscales regionales.  De los ocho, cinco renunciarun al asenso y una dimitió.

¿Por qué es que una Fiscal general podría hacer ascensos que no cumplen con las estipulaciones legales? Porque estaría segura de que nadie se los va a investigar y a cuestionar. Es lo malo de no tener pesos y contrapesos en el ejercicio del poder.  Es lo malo de que grupos de poder pongan en círculo las carretas alrededor de personajes, y olviden que los funcionarios son depositarios de la autoridad, responsables legalmente por su conducta oficial, sujetos a la ley y jamás superiores a ella.

De cualquier manera es sano que la fiscal Porras ponga orden en el Ministerio Público y es sano que conforme un equipo en el que pueda confiar.

En el campo de poner orden, ¿cómo te explicas que las anteriores adminisitraciones del Ministerio Público se hayan desentendido del pago por la construcción del edificio que ocupa aquella dependencia y que esa deuda ascienda a Q97.5 millones? ¿Cómo te explicas que las anteriores administraciones del MP se hayan desentendido del pago por arrendamiento de computadoras y que esa deuda ascienda a Q107 millones?  Una vez más la respuesta se halla en la arbitrariedad y el en el ejercicio ilimitado del poder.

Si tu tuvieras una empresa, ¿cuántos años crees que pasarían sin que tuvieras que pagar deudas como aquellas?

Las anteriores administraciones del MP pudieron hacerse las locas con los pagos porque han tenido el poder arbitrario para hacerlo.  Actos de corrupción como estos sólo pueden llevarse a cabo cuando se abusa del poder público con algún nivel de seguridad en el sentido de que ¿quién se va a atrever a reclamar? ¿Quién se va a atrever a investigar? Y si alguien se atreviera a reclamar y a investigar, ¿hasta dónde van a llegar las quejas si los grupos que ejercen el poder ponen en círculo las carretas.

¿Ya ves? ¿De qué sirve la supuesta lucha contra la corrpución si ni al Ministerio Público, ni a la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala se les ocurre algo tan básico como cumplir los contratos y garantizar la sanidad financiera del MP? ¿Qué resposabilidad tienen Thelma Aldana, Claudia Paz y Paz y los anteriores jefes del MP en aquellas anomalías, en aquellos abusos y en aquellos incumplimientos deliberados?  Para que la lucha contra la corrupción y la impunidad sean efectivas, es hora de sanear el Ministerio Público; y es impostergable la necesidad de que las élites del país asuman -moral y políticamente- un compromiso para consolidar la república, si tutelajes y sin codependencias.

La foto es de elPeriódico.


03
Jul 18

¿Para esto pagas impuestos?

El Ministerio de Desarrollo Social -uno de los que menos presupuesto ejecuta- tiene contratados facilitadores sociales, delegados municipales y asistentes operativos -que ganan sueldos- cuya función es monitorear a personas en condiciones vulnerables; pero la cartera contrató  –por Q74 mil– el servicio de helicóptero para cuatro funcionarios que supuestamente visitaron zonas en condiciones de pobreza en el interior del país. En la justificación de la compra no se especificó cuándo, ni quiénes realizaron los vuelos.

Y tu trabajando para pagar los impuestos con los que se pagan estas excentricidades.

De paso: ¿Hay un plan de vuelo para esa aeronave? En este tipo de vuelos, ¿se deben registrar los nombres de los pasajeros y del piloto? ¿De qué sirve que el Mides contrate personal para monitorear la pobreza, si luego hay que ir a volar encima de ella a un costo de Q74 mil? La clase media que paga impuestos directamente y los pobres que pagan las consecuencias de los impuestos, ¿no agradecerían que se les descargara el peso de los Q74 mil en tributos?

Aparte de esto, en serio…aquí la pobreza ya está sobrediagnosticada e identificada. ¡Lo que nos urge es entender en qué condiciones y cómo se crea la riqueza!

La foto es de elPeriódico.