04
Sep 18

La chorrada de la Corte de Constitucionalidad

¿Cuántos días es que los magistrados de la Corte de Constitucionalidad se tardaron para salir con la chorrada que hicieron pública ayer con respecto a la minera San Rafael?  Fueron 425; pero eso no es nada… deliberadamente los magistrados dejaron a centenares y centenares de familias sin ingresos para pagar el alquiler, el colegio de los niños, por decir algo; Guatemala está confirmada como una plaza inestable y hasta peligrosa para las inversiones; y se ha reducido la expectativa de crecimiento económico en el país.

Los magistrados de la Corte de Constitucionalidad Neftaly Aldana, José Francisco De Mata Vela y Bonerge Mejía Orellana, Dina Ochoa y Gloria Patricia Porras, al fin fallaron…y se echaron una chorrada.  Resolvieron que la minera puede operar luego de que se realice un diálogo en el área de operaciones para poder reiniciar labores. El diálogo deberá ser realizado de forma inmediata por medio del Ministerio de Energía y Minas, el cual deberá determinar si  levanta, o no la suspensión de las operaciones de la empresa.

¿Cuál es el origen de este disparate? La Corte Suprema de Justicia otorgó en julio de 2017, un amparo provisional al Centro de Acción Legal, Ambiental y Social de Guatemala, con el cual dejó en suspenso la licencia de operación de la minera.

Lo que resolvieron los magistrados de la CC no sólo es back to square one; sino que siendo que el resultado del diálogo no sería vinculante, nomás le ha devuelto la pelota al MEM, es decir, al Organismo Ejecutivo.  ¡Tanto daño para que los magistrados se hicieran los locos!  Y luego está por verse cuánto tiempo se va tomar el Ejecutivo (en las circunstancias políticas espinosas en las que se halla) para organizar el diálogo. Yo no me preocuparía mucho porque se cree un paso burocrático y político más para los próximos que quieran invertir en minería en Guatemala, porque…¿quién va a querer venir a meterse a semejante nido de vívoras?

Pues…a lo mejor no falta quien. Cuándo me preguntan que qué es lo que creo que ocurrió  en la Corte de Constitucionalidad, tengo dos hipótesis:

  1. Que ha prevalecido la mentalidad anti-industrial más irracional y fabricante de miseria entre los magistrados.  Esta es mi hipótesis inocente; pero está la otra.
  2. Que alguien está interesado en sacar a la minera San Rafael de El escobal.  ¿Para qué? Para que otra empresa aproveche el camino andado en la mina (porque el  mineral va a seguir ahí), negocie con la dirigencia popular involucrada en este asunto, consiga una consulta que la favorezca y consiga la licencia correspondiente del MEM y luego de que un sacerdote Xinca esparza lo que tenga que esparcir en la entrada de la mina, esa empresa proceda a la explotación de la misma con toda tranquilidad.

¿Alguien tiene otra hipótesis?

Mientras tanto, estoy seguro de que a los fabricantes de miseria no les va a hacer falta con que pagar la amortización de la casa y el colegio de los patojos.

La foto es de elPeriódico.


04
Sep 18

“Las golondrinas” para la CICIG

El viernes pasado yo andaba presumiéndole Guatemala y la comida garífuna a un visitante extranjero cuando los timbres de mi teléfono empezaron a llamarme la atención insistentemente: Todo el mundo andaba con que el gobierno de Guatemala le avisó al Secretario general de la ONU que el Estado de Guatemala no solicitaría la sexta prórroga al mandato de la Comisión Contra la Impunidad en Guatemala  y con la novedad de que había vehículos armados rondando la sede de aquella comisión.

Imagen de previsualización de YouTube

Luego me enteré de que el gobierno respetaría el plazo vigente de la CICIG y que esta seguiría hasta el 3 de septiembre de 2019, por lo que se le solicitó a la Comision que traslade sus capacidades técnicas a las organizaciones estatales correspondientes…que sospecho que no están preparadas; en buena parte porque para  la CICIG no era prioritario prepararlas para un mundo sin ella.

De cualquier manera digo que es lo que procede.  Después de diez largos años de operaciones, la CICIG no sólo no ha desmantelado cuerpo ilegal, o aparato clandestino alguno ligado al narcotráfico (o no), sino que no ha desmantalado el sistema de privilegios y arbitrariedad en el que medra y se cultiva al corrupción.  En diez años la Comisión no sólo no fortaleció al Ministerio Público, sino que lo hizo dependiente y adicto a ella.  En diez años, ¿cuántas sentencias condenatorias firmes ha logrado la colaboración entre la CICIG y el MP?  En diez años lo que si hubo fue justicia selectiva, cacería de brujas y canalladas como la de la persecusión contra los hermanos Valdés, como las que hubo contra Alejandro Giammattei y Carlos Vielmann y la que hay contra Erwin Sperisen. En diez años lo que hay en el historial de la CICIG es la canallada en el caso de Khalil y Marjorie Musa.

En sus primeros 6 años la CICIG no hizo mucho más que proteger a la administración de los Colom/Torres y su partido UNE que es miembro de la Internacional Socialista, y durante los 3 ultimos años lo que se ha visto es que la Comisión no sólo le ha allanado el camino electoral a aquella organizacion y a grupos como Semilla y el Movimiento para la liberación de los pueblos (Codeca); sino que hace comenzó su infiltración en el Tribunal Supremo Electoral.

La historia de la CICIG es una de intimidación contra jueces, fiscales, empresarios, periodistas, a veces sutil mediante el señalamiento de que cualquiera que se oponga a sus designios es necesariamente miembro de un pacto de corruptos, y a veces mediante acusaciones penales y persecusiónes judiciales directas.  Que, no serían formas de intimidación, si no respondieran a formas de justicia selectiva ya que no todos los señalados y perseguidos son tratados con igualdad ante la ley, sino que se privilegia aquellos que son afines a los designios de la Comisión.  Designios que no respetan las garantías consitucionales, ni el debido proceso, ni responden a la búsqueda de justicia. Si no, ¿cómo te explicas que algunos señalados son tratados como Enrique IV en Canossa, y a otros sólo se les dan palmaditas?

Cuando en tiempos de la CICIACS se hablaba de una comisión que viniera a arreglar las cosas, en el espíritu de los que se esperaba de la CICIG, me opuse a la idea (que otros apoyaban con entusiasmo, otros que ahora reniegan de ella) por dos razones:

  1. Los chapines tendemos a no resolver los problemas de fondo y este iba a ser un caso de esos en que, en vez de fortalecer el Ministerio Público, la Policía Nacional Civil, el Organismo Judicial y el Sistema penitenciario, lo que iba a pasar es que íbamos a crear un nuevo ente que hiciera lo que no hacían los otros.
  2. Nos iba a confirmar como eternos inmaduros, incapaces de hacernos responsables de nuestra sociedad, por lo que íbamos a depender quién sabe si para siempre, de la tutela internacional.

…y dicho y hecho…con el agravente de un tercer elemento que descubrí hace poco: Que la CICIG tiene poder e influencia, y no está sujeta al sistema republicano de pesos y contrapesos.  La Comisión y su jefe no responden a los electores y tributarios guatemaltecos, y en aras del mayor bien (en realidad del supuesto mayor bien que es su proyecto de nación), hasta han llegado a estar por encima de la Constitución y la ley.

La Comisión y sus fans olvidaron que, para ser exitosa (y sólo los delincuentes no querrían que tenga éxito), la lucha contra la corrupción debe ser dentro del Estado de derecho.

Sospecho que la Administración no tiene nada preparado; por lo que los guatemaltecos deberíamos embarcarnos ya en el fortalecimiento del Ministerio Público, la Policía Nacional Civil, el Organismo Judicial y el Sistema penitenciario, en vez de llorar como niños a los que se les ha quitado el pepe y los ha soltado la niñera. Me uno a la sugerencia de Marta Yolanda Díaz-Durán en el sentido de que  la Fiscalía de crímenes internacionales en el Ministerio Público, que va a contar con la ayuda de agencias estadounidenses tales como el FBI, la DEA y la ICE, puede también asumir la tarea de perseguir a los corruptos de todos los gobiernos, incluidos los actuales y los que estén por venir. Este último un hecho que será inevitable una vez no cambiemos el sistema descrito con anterioridad. ¡Con, o sin CICIG, todos contra la corrupción!

Este es el momento en el que las élites guatemaltecas tienen que probar que son dignas de llevar aquel nombre.  ¡Con, o sin CICIG, todos contra la corrupción!

Dicho lo anterior, ¡que desatinado y que despropósito fue ese de sacar vehículos armados a rondar por la cede de la CICIG! ¡Qué desatinado y que despropósito fue ese de que el Presdiente anunciara la no prórroga de la CICIG rodeado de comandantes de zonas militares y otros jefes del ejército!  ¡Con aquellos despliegues sólo les sirvieron municiones, en bandeja de plata, a los que viven del conflicto, a los exguerrilleros y a los fans de la Comisión! ¡Qué desatinado y que despropósito haber comprometido al Ejército!

Cabe que, como dicen por ahí, Jimmy Morales y su equipo más íntimo tuvieran intenciones ulteriores y que estas hayan sido desactivadas oportunamente.  Cosa que atribuyo a que esta administración (a la que le sonó la flauta porque las opciones de Sandra Torres, o Manuel Baldizón eran evidentemente peores) no le quedó otra que raspar la olla y no cuenta con funcionarios de la talla que había hasta no hace mucho. A eso súmale que al Presidente le quedó enorme el tacuche y fue acorralado desde el principio por la torpeza de su hijo y su hermano, torpeza que fue bien aprovechada por la CICIG y su coro.

¿Qué noté durante estos tres últimos días?

  • Que los grupos que desde los años 60 han tratado de tomar el poder por la fuerza han afinado su habilidad para utilizar temas como la lucha contra la corruptión, y la institucionalidad incipiente contra casi cualquiera que tenga la osadía de cuestionar sus designios y su proyecto de nación.
  • Han descubierto que el diseño institucional del sistema político es permeable a su capacidad de cooptarlo y que ya no es necesario usar la fuerza no sólo para controlar el gobierno, sino que para remover obstáculos personales e institucionales.
  • Que los partidos políticos no pueden ser más irrelevantes.  Con un par de excepciones -que no hicieron mucho más que publicar comunicados- ¿dónde han estado los partidos políticos desde el viernes?  En Guatemala se están escribiendo los libros de historia y ningún partido político se hizo presente como se hacían presentes el Partido Unionista, el Partido Revolucionario, el Movimiento de Liberación Nacional o incluso la Democracia Cristiana Guatemalteca, por mencionar nombres.  Lo que llamamos partidos políticos no son más que pelusa en el ombligo, y en el mejor de los casos, meras roscas electoreras.
  • Los grupos políticos y grupos de interés que se beneficiarían de un colapso del gobierno constitucional se sirvieron de la prensa y de las redes sociales para tratar de imponer la idea de que hubo un golpe de estado al estilo del de Jorge Serrano y crearon una marea de opinión que fluye fuertemente y tiende a pasar sobre todos los obstáculos y a invisibilizar todas las opiniones contrarias.

¿Es bueno empezar a  ensayar Las golondrinas para la CICIG? Yo digo que sí; pero las élites del país -y los electores y los tributarios- no debemos saltar al vacío. ¡Todas las agendas de seguridad, justicia e institucionalidad que estaban pendientes hace diez años, siguen pendientes!  Con excepción de los daños insitucionales y personales que ha causado, la CICIG deja las cosas casi como las encontró.  ¿Y qué vamos a hacer? Yo digo que los que tienen vocación ya pueden empezar a actuar como próceres, y dejar a un lado las rivalidades personales.  Yo digo que no es cierto que no haya propuestas sobre la mesa.  Ahí está lo que se pueda rescatar de ProReforma y la propuesta de reforma judicial que se derivó de ella.  Yo digo que los chapines somos mejores de lo que creemos.


29
Ago 18

Así que Baldizón se va a entregar

El excandidato a la presidencia, Manuel Baldizón Méndez, divulgó un comunicado en el que informa que decidió prescindir del asilo político que tramitaba en Estados Unidos, para entregarse a la justicia guatemalteca y aclarar su situación jurídica, y para ello pidió su deportación voluntaria.  A mi me huele que llegó a algún tipo de acuerdo y que incluso pudo haberse ofrecido como colaborador eficaz, ¿y a tí?

Es aquello, o el conocimiento de que su petición de asilo no iba a ser aceptada y la inconveniencia de regresar enchachado a Guatemala y ser fotografiado así.

En su comunicado el excandidado presidencial dice que ha hecho un análisis de su trayectoria personal y que su lugar está en Guatemala donde está la gente que respeta. No admite que él podría haber cometido errores, sino que  se pudieron cometer errores; así, casi sin sujeto responsable.  Es como el niño que no dice que botó la lata de gaseosa, sino que dice que la gaseosa se cayó. Es como el que no dice que llegó tarde porque no salió a tiempo, sino porque había tráfico.

En el texto, el político dice que fueron errores y no delitos porque, según él, los delitos siempre implican dolo que es la intención maliciosa de cometerlos.  Pero esa afirmación no sólo evade el hecho de que existen delitos culposos -que se cometen sin la intención de cometerlos, por razón de negligencia, imprudencia, o impericia; sino que cualquier acción delictiva que se le imputare -según él- son meras equivocaciones, yerros, deslices, traspiés, o descuido.  ¡Ups, fue un gazapo lo de Odebrecht!

Si así es el camino, ¿cómo será el poblado? Imagínate que este personaje hubiera sido electo como Presidente de la república.  Imagínalo arguyendo cosas asi ante los señalamientos que hubiera en su contra si fuera cachado haciendo de las suyas desde la Presidencia.

…y al final de su comunicado la infaltable cita bíblica. Recurso imprescindible cuando urge verse inocente.

De cualquier manera celebro que se someta a la justicia para aclarar su situación jurídica.  Pero ojalá y sea para que se haga justicia y no para un show mediático en connivencia con el Ministerio Público y la Comisión Contra la Impunidad en Guatemala; y no para echar al agua a gatos y chivos expiatorios.


10
Ago 18

La vileza de la prisión preventiva

En casi todo el mundo -y en una medida, o en otra- las cárceles son lugares de degradación humana, hacinamiento, delincuencia, incuria, corrupción, irresponsabilidad, impunidad abusos de poder y violencia para mencionar algunas de las circunstancias en las que viven millones de presos. Y en los países en los que el estado de derecho es precario, o inexistente, las condiciones son peores, aunque a las cárceles se les llame granjas penales de rehabilitación, o de otra forma fancy.

La cárcel, o sea la privación de libertad, es la consecuencia jurídica para ciertos actos de aquellos que, en palabras de John Locke, se pusieron en estado de guerra contra otras personas, y para aquellos que, no siendo criminales, han cometido delitos.  Por eso es que la pena de cárcel debería responder a la justicia y no a la venganza.  Por eso es que la prisión preventiva no debe ser usada como castigo para quien no ha sido oído y vencido en juicio, según las garantías del debido proceso.

A pesar de que he estado de visita dos veces en Pavón y una en el Preventivo de la zona 18, la primera vez que abordé este tema fue en 2012 poco después de haber visto la película Presunto culpable, que te recomiendo.  No sé cómo es ahora; pero en 2016 más de tres mil seres humanos –con familias, supongo– se hallaban presos en cárceles guatemaltecas, ¡a pesar de que ya habían cumplido sus condenas!, a causa de la desidia de algunos burócratas.  El martes pasado leí que la mitad de los presos se hallan encarcelados en prisión preventiva y que 15 por ciento de los reos podrían ser beneficiado con medida alternativa porque no hay riesgo de fuga, o porque el delito que se le imputa cuenta con ese beneficio; pero esas personas son mantenidas en prisión, sólo porque a alguien no se le da la gana hacer su trabajo.

Ahora que hay muchos reos notorios y varios presuntos delincuentes han sido privilegiados políticamente con cauciones, es de aprovechar que hay luz en torno a este problema humanitario, con el propósito de ponerle remedio.

Columna publicada en elPeriódico.


08
Ago 18

La mora en el Ministerio Público

La fiscal general, María Consuelo Porras, recibió de Thelma Aldana una mora de casos del tamaño de 1 millón 200 mil.  Thelma Aldana recibió de Claudia Paz y Paz  1 millón 280 mil casos en mora.  Eso es mucha mora, ¿verdad?

Lo que esto indica es que, por lo menos desde 2011 para acá, ninguna de las jefas del Ministerio Público ha tenido como prioridad resolver el cuello de botella que hay en esa organización…seguramente por falta de organizacion y gerencia básicas.

Es posible que las prioridades hayan sido otras: Anunciar la apertura de casos y generar olas mediáticas de la mano de la agenda de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, por ejemplo.  ¿Podría decirse que preparar una plataforma electoral montada sobre el buzz de la lucha contra los corruptos, aunque no contra las causas de la corrupcion? Lo cierto es que, a juzgar por el tamaño de la mora sostenida había otras cosas que hacer antes que priorizar y ordenar casos para cumplir con la misión del MP.

¿Cuál es la mision del MP? Velar por el estricto cumplimiento de las leyes del país, y a su jefe le corresponde el ejercicio de la acción penal pública.  ¿Cuál es el propósito de las leyes propiamente dichas? Es proteger la vida, la libertad y la propiedad de las personas.  Y, ¿cuál es el propósito de la acción penal pública? Perseguir delilncuentes y llevarlos a juicio. ¿Quiénes son delincuentes? Básicamente criminales porque violan la vida, la libertad y/o la propiedad ajenas, pero también actores que violan ciertos tipos de legislación, es decir que cometen actos que son prohibidos, aunque no sean malos en si mismos o criminales.

¿Ves por qué es inadmisible que en los últimos siete años haya moras como las indicadas arriba?  Cuando el MP tiene moras de aquellas dimensiones lo que quiere decir es que incumple con velar porque se protejan la vida, la libertad y la propiedad de personas de carne y hueso; quiere decir que -por priorizar otras cosas- sus jefas y administradores ha hecho a un lado la tarea necesaria de ordenar la casa para atender dignamente a los tributarios y electores que necesitan que se les proteja contra los delincuentes.  A ver…en diez años de CICIG, ¿a nadie en esa organización auxiliar se le ocurrió -con moras que pasan del millón- que había que empezar por mejorar el servicio al cliente (que es el mandante) y facilitar procesos elementales? ¿Qué se necesita para que alguien pase 4 años en un puesto como el de Fiscal General sin darse cuenta de que tiene un problema administrativo básico y grave y de que debe resolverlo?

La foto es de elPeriódico.


01
Jul 18

Guatemala, Rusia y los Bitkov en el Wall Street Journal

Han pasado dos meses desde que la Corte de Constitucionalidad de Guatemala eximiera a una familia de inmigrantes rusos de todos los cargos criminales relacionados con el uso de documentos emitidos ilegalmente. La exoneración de Igor Bitkov, su esposa, Irina, y su hija, Anastasia, por parte de la Corte fue ampliamente difundida, incluso en el Wall Street Journal. Sin embargo, los Bitkov todavía no están libres; y eso es porque la misma corte ahora dice que Igor Bitkov tiene que ser enjuiciado nuevamente por cargos relacionados. Los casos de Irina y Anastasia permanecen en el limbo. Los tres están fuera de la cárcel pero confinados a la ciudad de Guatemala, así comienza su columna, de hoy, Mary Anastasia O´Grady, autora de The Americas y miembro del consejo editorial de aquel diario.

Otra vez el cuestionable sistema de justicia chapín -tutelado por la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala y la Organización de las Naciones Unidas- está en la picota.  Según O´Grady, y estoy de acuerdo con ella, la historia de los Bitkovs merece ser difundida  aún más en la prensa estadounidense porque su persecución continúa a manos de una agencia de las Naciones Unidas -la Comisión contra la Impunidad en Guatemala, o CICIG- que está financiada por los EE. UU. y opera impunemente.

En el artículo titulado Guatemala, Russia and the Bitkovs, la autora enlaza la persecusión de las víctimas, los Bitkov, con agentes de Vladimir Putin, los bancos estatales rusos  VTB y Gazprombank, los abogados guatemaltecos Carrillo, Comte y Font, la CICIG y la ONU, con Iván Velásquez, Ericka Aifán y los magistrados de la Corte de Constitucionalidad, así como con la Comisión Helsinki, del gobierno de los Estados Unidos, el Departamento de Estado y el Senador Marco Rubio.  Es una historia compleja de política y violaciones al debido proceso y al estado de derecho que te recomiendo que leas.

Los partidarios de CICIG dicen que ha hecho algo bueno. En el “caso de migración”, ha capturado peces pequeños en un círculo criminal dentro de las oficinas gubernamentales. Pero nunca ha atrapado al pez grande. E incluso si lo hubiera hecho, eso no es carta blanca para burlar la ley. Decenas de guatemaltecos están languideciendo en la cárcel sin juicios bajo las investigaciones de la CICIG, advierte  O´Grady, y añade: Algunos en Washington lo entienden. Un alto asistente del Congreso me dijo que el “Departamento de Estado está muy dividido respecto a la CICIG”, y que los funcionarios designados por Trump argumentan que la “retención” solicitada por el senador de Florida, Marco Rubio, sobre $ 6 millones de fondos de la CICIG se utilizará para “apalancar la reforma de un de la agencia de control”. El asistente agregó: “Aún así, un grupo de diplomáticos de carrera está luchando para negar completamente toda evidencia de complicidad de la CICIG en la gran injusticia contra  los Bitkov, así como su politización y pérdida de credibilidad en Guatemala”.


25
Jun 18

Caso Bitkov: Justicia vrs. Política

La Corte de Constitucionalidad se contradijo a sí misma, en el caso Bitkov.

La Corte de Constitucionalidad declaró con lugar el ocurso en queja presentado por la juez Erika Aifán, la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala , el Registro Nacional de las Personas y la Procuraduría General de la Nación, por lo que anula la resolución emitida por la Sala Tercera de Apelaciones que beneficiaba a la familia Bitkov.

Cuatro hechos llaman la atención:

  1. ¿Dónde se ha visto que una corte declare con lugar una queja contra su propia resolución?
  2. ¿Por qué es que la Corte de Constitucionalidad le notificó a la Prensa aquella resolución, antes de notificar a las partes?
  3. La resolución de mayo, conforme a derecho, fue emitida en el contexto de que la Comisión Helsinki tiene los ojos puestos en este caso. ¿Se les pasó el susto a los magistrados de la CC, a los directivos de la CICIG y a los del Renap?
  4. El Ministerio Público es el único llamado a ejerecer la acción penal, según la Constitución. Si el MP ya se dió cuenta de que a los Bitkov se les aplica el Procotolo de Palermo y no pueden ser perseguidos penalmente.  ¿Por qué es que la CC, la CICIG y el Renap insisten. ¿A quién, o a qué sirven estos tres?

Hay dos grandes causas evidentes por las cuales muchos guatemaltecos prefieren arriesgar sus vidas y las de sus familias en un viaje peligroso hacia los Estados Unidos de Amperica, en lugar de quedarse en Guatemala: 1. Las causas jurídicas que se resumen en ausencia de estado de derecho, de justicia y de seguridad; y 2. Las causas económicas, que se resumen en ausencia de oportunidades para salir de la miseria y de la pobreza.

Ambos grandes crupos de causas están profundamente enraizados en la sociedad chapina.  Las causas económicas están teóricamente arraigadas en en keynesianismo, cuando no en el marxismo.  ¿A qué hora se radicó, en el ambiente judicial de Guatemala, la idea de que el criterio político de los jueces debe prevalecer sobre las leyes y sobre las intenciones de los legisladores? ¿En qué escuelas de derecho, en qué seminarios para jueces, en qué cursos y conferencias se ha difundido y se difunde aquella teoría? ¿Quiénes han financiado y promovido la idea de que las leyes son sugerencias que los jueces pueden atender, o no según sus criterios personales y políticos?

La foto es de RepúblicaGt


13
Jun 18

¡Irina y Anastasia Bitkov salieron de prisión!

Luego de pagar la fianza correspondiente, Irina y Anastasia Bitkov salieron de prisión y se reunieron con Igor Bitvov, esposo de Irina y padre de Anastasia, y con el pequeño Vladimir.

Todavía están bajo arresto domiciliario, a pesar de que el Ministerio Público concluyo que no hay delito alguno que perseguir porque, en el contexto del Protocolo de Palermo y de una resolución de la Corte de Constitucionalidad, gozan de eximiente de responsabilidad penal.

Y entonces, ¿por qué es que sigue sometidos a proceso? Habrá que preguntarle a la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala y a la jueza Erika Aifán. ¿Por qué se rehusan a cumplir con la resolución de la Corte de Constitucionalidad? ¿Alguien necesita más evidencia de que la CICIG sigue su propia agenda independientemente de la ley y las instituciones?  ¿Ante quién es responsable la Comisión de la ONU?

La foto la tomé de Twitter.


11
Jun 18

Prohibir el matrimonio igualitario es un absurdo

Las reformas al Código Civil -que se discuten en el Congreso- pretenden prohibir el matrimonio y la unión de hecho entre personas del mismo sexo, lo cual es un absurdo jurídico.

¿Por qué?

Porque el orígen del matrimonio es un acuerdo entre individuos (o incluso entre familias), y por lo tanto dicho acuerdo pertenece al campo del Derecho Privado y al de la ley (Nomos);  campo en el que (en una sociedad sana) las personas pueden hacer todo lo que no está prohibido (prohibido porque viole derechos ajenos). Sin embargo, el estatismo hizo del matrimonio una institución social y un asunto de orden público, lo trasladó aquel acuerdo al campo del Derecho Público y al de la la legislación (Thesis) donde las personas sólo pueden hacer lo que está permitido.  En consecuencia, legislar para prohibir algo que no está permitido es un disparate legal; pero es una victoria política para el conservadurismo rancio.

Dicho lo anterior, comparto con los lectores un artículo que publiqué antes sobre este mismo tema, y que sigue teniendo vigencia. Con una salvedad: ahora estoy más a favor de llamar  virimonio, o en femimonio a la unión entre dos hombres, o dos mujeres. Y con un llamado: Los liberales estamos a la zaga en la batalla por la igualdad de todos ante la ley porque, intimidados por los conservadores, les dejamos a los socialistas temas como la naturaleza del matrimonio.  Por eso también estamos a la zaga en la batalla por el respeto irrestricto a los derechos individuales y a los proyectos de vida de otras personas.

Aunque el artículo se refiere al matrimonio, las consideraciones que hago también se aplican a la unión de hecho.

Contrato privado e igualdad ante la ley

Debido a que el matrimonio civil es una creación legislativa… la única discusión atingente respecto al matrimonio [igualitario] es aquella cuyo  reconocimiento por parte del gobierno constituye un acto de justicia y una confirmación del principio de igualdad de todos ante la ley.

Lo que conocemos como matrimonio es un acuerdo privado entre dos personas, que deciden compartir sus vidas –generalmente porque se aman– y hacerlo en el marco de cierta formalidad.  Dicha formalidad subraya el carácter de compromiso y de permanencia en la unión, y busca el apoyo del prójimo para la pareja contrayente.

Federico Puig Peña, sin embargo, considera que el abandono del matrimonio como acto privado es una etapa superada, y que tanto la affectio maritalis como el principio  consensus facit nuptias, así como la sola voluntad de los contrayentes sin requisito de forma alguna, no son suficientes para que el matrimonio quede válidamente constituido [1].

Válidamente constituido de cara a lo que el Gobierno y la legislación consideran como válido, claro, porque en las condiciones descritas por Puig Peña el Gobierno entra a regular un asunto que es principalmente contractual e íntimo. Un asunto en el que –en el contexto de una sociedad abierta, o en el de un orden espontáneo, como es la sociedad– el gobierno y el Estado deberían estar obligados a respetar el principio de igualdad de todos ante la ley.

Kosmos y sociedad abierta

Un orden espontáneo o kosmos, a diferencia de un orden creado o taxis, dice Friedrich A. Hayek, no está limitado por lo que determinada mente humana pueda dominar; su existencia no tiene por qué estar al alcance de nuestros sentidos, por estar basada en relaciones puramente abstractas  que sólo mentalmente cabe establecer; y finalmente, por no ser producto de creación intencionada, “no se puede legítimamente afirmar que persiga un fin determinado”, si bien el hecho de descubrir su existencia puede en gran medida contribuir a que con mayor facilidad consigamos materializar nuestras propias apetencias [2].  Un kosmos sólo puede ser regulado por leyes tipo nomoi [3]; es decir, por normas generales, abstractas, de aplicación para todos por igual y de conducta justa.  Precisamente el tipo de leyes que delimitan y protegen las esferas individuales de acción, dentro de las cuales las personas ejercen sus derechos individuales con la única obligación de respetar los derechos de los demás [4].

Adicionalmente, Karl Popper [5] advierte que esta civilización [la occidental] no se ha recobrado todavía completamente de la conmoción de su nacimiento, de la transición de la sociedad tribal o “cerrada”, con su sometimiento a las fuerzas mágicas, a la “sociedad abierta”, que pone en libertad las facultades críticas del hombre.  En la tribu –precisamente por su carácter tribal– cabe la intromisión de otros –por la fuerza de la costumbre o de la normativa– en un asunto tan íntimo y privado como el contrato de unión entre dos adultos capaces; pero en una sociedad abierta, donde es inaceptable aquella invasión, esta sólo se explica por la conmoción a la que se refiere Popper.

El Gobierno como taxis, orden creado u organización que persigue fines determinados, y el Estado, en persecución de los objetivos que le imponen a la sociedad quienes tienen la facultad de legislar, son los que disponen, por la fuerza de la legislación, que en el matrimonio –como institución jurídica– los involucrados deban ser de distinto sexo y su propósito la multiplicación de la especie humana.  Puig Peña [6] opina que no basta la unión espiritual de un hombre y una mujer para alcanzarel fin supremo de la procreación de la especie”, un objetivo indiscutiblemente colectivista,  sino que hace hincapié en que, para que haya matrimonio, aquella unión debe ser consagrada por la ley.

En algún momento de la historia de la humanidad las religiones dispusieron hacer uso del matrimonio para hacer avanzar sus intereses, e igual cosa hizo el Estado.  Pero antes de que ambas organizaciones se inmiscuyeran en aquel acuerdo privado, ya había compromisos de largo plazo entre personas individuales que decidían unir sus vidas.

Historia y tradición

Guillermo Cabanellas [7] lo explica con claridad, al decir que históricamente el matrimonio tiene por origen un contrato: el consentimiento familiar o sensual de la pareja humana, un acuerdo de las voluntades o de los deseos de ambos cónyuges.  Y luego añade que la religión (y la católica con mayor constancia y empeño que ninguna) lo eleva a la jerarquía de sacramento, basado siempre en la libre manifestación del consentimiento de los contrayentes.

Sabemos que los gentiles se juntaban sin necesidad de contar con la bendición del dios judeo-cristiano, porque, según la Biblia, así se lo dice Tobías a Sara en su noche de bodas: Nosotros somos hijos de santos y no podemos juntarnos a manera de los gentiles, que no conocen a Dios [8].  Tobías y Sara son de distinto sexo, pero por El banquete sabemos que desde la antigüedad ha habido amores entre personas del mismo  sexo [9].

El punto clave, aquí, es que la unión voluntaria de personas existía antes de que la religión judeo-cristiana dispusiera que esa unión tenía que ser santificada [10].  Y, de hecho, cada religión (con su dios y sus ceremonias) lo santifica a su modo.  De la misma forma en que cada legislación (con sus normas y sus procedimientos) lo legaliza a su modo.  En realidad, a la larga, ni la ceremonia matrimonial católica (qua ceremonia) es mejor o peor que la judía o que la sintoista. Del mismo modo en que la ceremonia matrimonial civil en Madrid (qua ceremonia) no es mejor o peor que la ceremonia civil en Nueva York, en Jerusalén, o en Japón.

A pesar de ello, las Iglesias cristianas y el Gobierno pretenden que el matrimonio sirva principalmente para la reproducción.  La Iglesia católica, por ejemplo, no solo pretende hacer de menos el carácter contractual del matrimonio, al asegurar, en su catecismo, que no depende del arbitrio humano.  El mismo Dios es el autor del matrimonio [11], sino que subraya la exigencia de que la naturaleza de aquel contrato sea la de servir para la reproducción.  De hecho, asegura que por su naturaleza misma, la institución misma del matrimonio y el amor conyugal están ordenados a la procreación y a la educación de la prole y con ellas son coronados como su culminación [12]. En ese sentido viene a mi mente la oración que Pedro, uno de los protagonistas de la película Como agua para chocolate,[13] dice antes de copular con su esposa, a través de una sábana con un agujero: no es por vicio ni por fornicio, sino para hacer un hijo para tu servicio.

De todos modos, el carácter contractual del matrimonio tiene una importante tradición -aún dentro de la Iglesia católica- porque, aunque el Código de Derecho Canónico vigente se refiere a la alianza matrimonial, el Codex iuris canonici de 1917, resaltaba el matrimonio como contrato [14].

En cuanto al Estado, Cabanellas [15] cuenta que Las partidas decían que el matrimonio era para perpetuar la especie.  Es en esa vía que Bergier y De Casso, citados por Cabanellas, coinciden en que el matrimonio es para tener hijos y para procrear y educar hijos, respectivamente.  Y en esa dirección va el artículo 78 del Código Civil [16] guatemalteco, que cita como objetivos del matrimonio vivir juntos, procrear, alimentar y educar a sus hijos, y auxiliarse entre sí. [Igual cosa hace la reforma que se discute actualmente en el Congreso].

El uso incorrecto de la ley

En tales condiciones es evidente que la ley y una institución jurídica están siendo usadas de forma incorrecta para imponerle a todos, en la sociedad, objetivos propios de algunos integrantes de la misma.  El propósito de este análisis no es moralizar sobre la ley, como no lo es cuestionar, y menos poner en duda, la validez de aquellos objetivos –en cuando sean fines individuales–.  Lo que sí se  busca con él es establecer como ilegítimo que aquellos fines le sean impuestos a una situación contractual como el matrimonio, que le sean impuestos en el contexto de un kosmos y que, de todas formas, tanto en este como en cualquier otro caso en el que el Gobierno crea derechos y obligaciones por medio de normas legales, estas deben aplicarse con estricto apego al principio de igualdad de todos ante la ley.

Es demasiado corrientemente aceptada la idea de que el derecho de familia  –y consecuentemente el matrimonio– es de orden público.  Asegura Puig Peña que las normas del Derecho de Familia son, por regla general, de “orden público”, inderogables por actuación de la mera voluntad privada. Las partes, en efecto, no pueden dejar de cumplir las condiciones naturales ni modificar a su arbitrio los cánones imprescriptibles del derecho de familia. No pueden casarse cuando quieren como quieren, ni adoptando la forma que estimen conveniente, ni disolver el matrimonio, ni incluso modificar los pactos matrimoniales establecidos.  Las potestades familiares no son potestades-derechos, sino “potestades-función”, o sea, facultades establecidas, no en propio beneficio, sino en utilidad y régimen de los que a ella aparecen como sometidos[17]. Y aquello podría ser bien visto en una sociedad colectivista, en una sociedad cerrada o en una tribu, en la que los individuos están llamados a ser engranajes de una maquinaria, órganos de un sistema, o partes de un todo superior a ellos;  pero no está bien en una sociedad de personas libres y responsables, en un kosmos o en una sociedad abierta.

Puig Peña considera que el hecho de que el Derecho de Familia tenga una función social, y  no sea una potestad-derecho, es un evidente progreso [18] para el derecho.  Desde mi punto de vista, esto pone de manifiesto la idea peligrosa de que el individuo y sus relaciones personales deben servir al Estado, o a la sociedad, y, peor aún, que el interés social debe prevalecer sobre los derechos individuales.

Ahora bien, como las personas no son animalitos que solo se unen para perpetuar la especie, el matrimonio del siglo XXI debe tomar en cuenta las diversas razones que llevan a las personas a unir sus vidas.  La comunidad de intereses, el amor, la admiración, la búsqueda de compañía, entre muchos otros, son ejemplos de aquellas razones.  El matrimonio debe tomar en cuenta que las personas son individuos, no aparatos reproductores, y que las mismas deben ser tratadas por la ley como seres racionales, no como medios ni como instrumentos.

Tradición y evolución

No es extraño, entonces, que en la sociedad, evolutiva por naturaleza, las palabras también evolucionen.  Por eso los diccionarios etimológicos son útiles para conocer mejor las palabras y sus orígenes, pero no para saber lo que significan, ya que muchas veces el significado actual de aquellas se distancia del de su génesis.

Friedrich A. Hayek explica que en todos los países y en todos los tiempos existen grupos que han alcanzado una posición más o menos estacionaria con hábitos y formas de vida establecidos durante generaciones.  Tales formas de vida pueden verse inesperadamente amenazadas por desarrollos con los que nada tienen que ver; y no sólo los miembros de las aludidas agrupaciones, sino a menudo otras gentes muy dispares pueden también desear la preservación de los hábitos en cuestión [19].

De esa cuenta, el matrimonio reservado únicamente para parejas de distinto sexo, o como instrumento para la reproducción, en el marco de culturas propias de sociedades cerradas, puede perfectamente pasar a ser el matrimonio moderno, como contrato de convivencia y de respeto mutuo entre individuos que lo aceptan libremente, independientemente de su sexo, su religión o etnia, en el marco de culturas propias de sociedades abiertas.  Ni al servicio de la Iglesia, ni al servicio del Estado,  sino que al servicio de aquellos que, en ejercicio de sus derechos como personas humanas, asuman el compromiso.

Un acto de justicia

Adicionalmente a las cuestiones tratadas arriba, está claro que el matrimonio apareja ciertas ventajas [o más bien, privilegios] de orden tributario y social para las parejas de distintos sexos que deciden optar por aquella forma de unión.  Las parejas de uno y otro sexo, que están casadas, pagan menos impuestos que las que no lo están [20].

Considérese el caso de una pareja del mismo sexo, en  la que a una de las partes se le niegue el acceso a ver a su contraparte en la sala de cuidados intensivos de un hospital, donde se encuentra, solo porque no es pariente cercano de la misma.  ¿Sería eso correcto? Por supuesto que no.  Una pareja del mismo sexo tiene tanto derecho a estar al lado de la persona que ama como lo tiene una pareja del sexo contrario.

En la serie Si las paredes hablaran [21] se cuenta la historia de dos ancianas que habían sido pareja durante toda su vida.  Cuando una de ellas muere, llega la familia de la difunta y saca a la sobreviviente de la casa que habían compartido ambas, dejándola sola y desamparada.  Se podría decir que fue por descuido,  que ambas deberían haber pensado en esa posibilidad, y que deberían haber hecho testamento o algún tipo de contrato de copropiedad.  Pero lo cierto es que no hay razón alguna para que, en un kosmos y en una sociedad abierta, una clase de personas tenga ciertos derechos y otra clase no los tenga.  No hay razón para que ciertas personas, por su etnia, su orientación sexual o su religión,  tengan que hacer previsiones adicionales, solo porque al Estado (en respuesta a presiones de grupos de interés) se le antoja que no haya igualdad de todos ante la ley.

Frente a la discriminación y a los privilegios, el matrimonio gay es un acto de justicia [22] que reconoce el carácter contractual y privado del matrimonio, y que reconoce, en el marco del principio de igualdad de todos ante la ley, el derecho de toda persona a unir su vida con otro u otra, y a buscar el apoyo de sus prójimos.

Conclusiones:

  1. El matrimonio es una institución jurídica. Como tal, debe estar sometido al principio de igualdad de todos ante la ley, que debe regir en una sociedad qua kosmos, y sobre todo, en una sociedad abierta.

  2. El reconocimiento del matrimonio [igualitario, virimonio, o femimonio] por parte del Estado es un acto de justicia; es decir, un acto del Estado dirigido a la protección absoluta de los derechos individuales de un sector de la población, al que actualmente le están vedados los privilegios fiscales y sociales que otorga el matrimonio.

  3. El reconocimiento del matrimonio [igualitario, virimonio o femimonio] por parte del Estado es un acto de justicia, por cuanto se realiza en el contexto de un juicio objetivo sobre el carácter contractual y privado de aquella opción de unión entre dos personas adultas y capaces,  tomando en cuenta que las personas son seres racionales, y no medios ni instrumentos.

  4. En una sociedad abierta –contrario a lo que podría ocurrir en una sociedad tribal– ni el Estado ni la sociedad tienen facultades para entrometerse en la esfera de acción privada de los individuos.

  5. En una sociedad abierta, o en un kosmos, no puede haber objetivos sociales, ni fines sociales.  Al Estado le está vedado normar los fines de los individuos mediante regulaciones tipo taxis, para obligarlos a ajustar sus objetivos individuales con los supuestos fines de la sociedad.  No es función de la ley cuestionar las intenciones o motivos de aquellos que desean, por medio de un contrato, asumir derechos y obligaciones que no violan la vida, la libertad y la propiedad de terceros. 

  6. En una sociedad abierta, o en un kosmos, Los grupos de interés –de carácter religioso, ideológico, corporativo y demás– no deben tener facultad alguna para utilizar la majestad de la ley con el fin de imponer sus objetivos sobre los otros miembros de la sociedad.  Pueden hacerlo dentro de sus organizaciones (taxis) y para quienes libremente opten por comprometerse a acatar tales disposiciones; pero no pueden, ni deben, imponerlas a la sociedad.

[1] Federico Puig Peña, Compendio de Derecho Civil. Editorial Aranzadi, Pamplona, 1979. Pág. 36.

[2] Friedrich A. Hayek. Derecho, legislación y libertad. Unión Editorial, Madrid, 1994. Pág. 74

[3] Hayek. Op. Cit. Págs. 165-214.

[4] “For every individual, a right is the moral sanction of a positive– of his freedom to act on his own judgment, for his own goals, by his own voluntary uncoerced choice.  As for his neighbors, his rights impose no obligation on them except for a negative kind: to abstain from violating his rights”. Ayn Rand. The Virtud of Selfishness. Signet Books, New York, 1964.

[5] Karl Popper. La sociedad abierta y sus enemigos. Ediciones Paidos, Buenos Aires, 1994. Pág. 15.

[6] Federico Puig Peña. Op. cit. Pág. 27.

[7] Guillermo Cabanellas. Diccionario enciclopédico de derecho usual.  Editorial Heliasta, Buenos Aires, 2001. Pág. 339.

[8] Tobías, VII:5.

[9] Platón. El banquete. En Diálogos. Espasa-Calpe Argentina, S.A.,  Buenos Aires, 1966. Págs. 89-138.

[10] Del mismo modo en que las casas de cambio preceden por miles de años a los bancos centrales –hecho que a los políticos y a los banqueros centrales no les gusta recordar–.  La gente tiende a creer que antes de que el Gobierno regulara ciertas prácticas estas no existían, y que no eran posibles sin aquellas normativas.

[11] Catecismo de la Iglesia Catolica. Coeditores católicos de México, 1993. Pág. 414.

[12] Guillermo Cabanellas. Op. cit. Pág. 427.

[13] La película, de 1993, es dirigida por Alfonso Arau,  y está basada en una novela de Laura Esquivel.

[14] Antonio Benlloch Poveda (Dir.) Código de Derecho Canónico. Edicep, Valencia, 1993. Pp. 469-470

[15] Guillermo Cabanellas. Op. cit. Pág. 339.

[16] Decreto-Ley número 106, de 1963.

[17] Federico Puig Peña. Op. cit. Págs. 19 y 20.

[18] Federico Puig Peña. Ibid.  Pág. 20.

[19] Friedrich A. Hayek. Los Fundamentos de la Libertad. Unión Edtorial, Madrid, 1975. Pág. 79.

[20] En términos materiales, por ejemplo, el matrimonio crea, deliberada y exclusivamente, beneficios fiscales para la pareja; y en términos morales, una pareja unida en matrimonio goza de más prestigio social que una pareja que simplemente convive, e incluso más que una pareja que está unida de hecho,  aunque esta última práctica esté normada, como el matrimonio, en el Código Civil guatemalteco, a partir de su artículo 173.

[21] Transmitida por HBO, en el 2000, y dirigida por Martha Coolidge y Anne Heche.

[22] De protección absoluta a los derechos individuales de todos los miembros de la sociedad, y de juicio objetivo respecto a la naturaleza del matrimonio mismo, como acuerdo voluntario entre adultos capaces, libres y responsables.


08
Jun 18

¿Por qué se opone CICIG a medida sustitutiva para Irina y Anastasia Bitkov?

La Sala Segunda de Mayor Riesgo, otorgó arresto domiciliar a Irina Bitkov y Anastasia Bitkov, y les asignó una caución económica de Q50 mil a cada una. ¿Quién se opuso y por qué? La Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala.

El fallo no está firme y habrá de ser llevado a la jueza Yasmín Barrios, que podría negarse e, incluso, recibir una apelación de parte de la CICIG.  Ni la Procuraduría General de la Nación, ni el Ministerio Público se opusieron a la resolución de la Sala Segunda (porque no hay delito alguno que perseguir, de acuerdo con el Protocolo de Palermo). Siendo que el MP -cuya función es promover la persecusión penaly dirigir la investigación de los delitos de accion pública en persecución de la justicia, de forma objetiva, imparcial y con apego al principio de legalidad- no se opueso; y siendo que la Comisiónes un auxiliar del MP, un organo asesor del MP llama la atención que se oponga. Llama la atención, también, que la CICIG pretenda usar a Irina Bitkov como rehén, y supuestamente garantizar la permanencia de la familia en el país.  Esto último es una práctica inhumana.

Mientras tanto, el senador Roger Kicker, presdiente de la Comisión Helsinki de los Estados Unidos de América, y el representante Chris Smith, vicepresidente, celebraron la resolución de la Sala Segunda.  Al liberar a la familia Bitkov, el gobierno de Guatemala ha demostrado su compromiso con el estado de derecho. Ahora se deben hacer todos los esfuerzos para proteger a esta familia de represalias adicionales por parte de las autoridades rusas y agilizar el proceso de limpieza de sus nombres, para que su larga pesadilla pueda terminar y puedan vivir en paz , dijo el presidente Wicker. Esta no será la última vez que el Kremlin intenta abusar de los tribunales e instituciones legales del mundo para resolver una venganza. Debemos encontrar formas de defender a nuestras organizaciones internacionales de la propaganda y la manipulación rusas, añadió.  A lo largo del caso la embajada de Rusia en Guatemala ha tenido comunicación intensa con la CICIG y con la jueza Ericka Aifán.

La foto 1 es de elPeriódico.