14
Jul 17

¿Subsidios y una guerra ajena?

En el contexto de la guerra perdida contra las drogas, uno de cuyos frentes más violentos está en Ixchiguan y Tajumulco; y el Ministerio de Desarrollo analiza darles un subsidio a quienes siembran amapolas allá, para que dejen de hacerlo.

Escucha el podcast aquí.

La idea es darles Q27 millones, del dinero tomado de los tributarios, a los dueños de tierras en aquellas poblaciones; unos Q1,500 a cada propietario, durante seis meses. Y pasó lo que tenía que pasar: la propuesta no fue bien recibida porque se estima que cada familia recibe cerca de Q64 mil al año por tres cosechas de amapolas en una cuerda.

Las siembras de amapolas que se hallan en aquellas localidades prosperan allí, sin necesidad de mayores cuidados. Hay políticos y burócratas que creen que aquel producto podría ser sustituido por vegetales, si se cambiara la mentalidad de la gente y si la gente recibiera apoyo estatal; pero ¿qué va a igualar la rentabilidad de las amapolas?  El precio de esa materia prima supera a la de cualquier otro cultivo gracias a la demanda de heroína en los Estados Unidos de América, principalmente.

Si para igualar la rentabilidad de la amapola que se da solita, la gente tiene que sembrar y cosechar vegetales tres veces al año, ¿de verdad creen, los burócratas, que la gente va a querer trabajar tanto para recibir la misma cantidad de dinero, o menos?  Las autoridades que piensan que sí, no tienen idea alguna de lo que es rentabilidad.  Y seguramente no han trabajado en el campo, ni han sembrado, ni cosechado algo bajo el sol.

¿Y la idea del subsidio? ¡Malísima! Es criar más dependientes del estado benefactor y del dinero de los tributarios. Es una burla para los más pobres. ¿Sabes qué va a pasar en seis meses? Los pobres van a seguir siendo pobres y antes de que se acabe el subsidio van a bloquear carreteras y va a volver la violencia en demanda de que continúe el privilegio de recibir dinero ajeno. Y va a ser una injusticia para los pobres de otros rincones, que no van a recibir las dádivas políticas. La pobreza se combate con seguridad jurídica, libertad económica e igualdad de todos ante la ley; no con subsidios y una guerra ajena.

Columna publicada en elPeriódico;  la foto es de ese mismo diario.


06
Jul 17

Política vrs. justicia, el caso de San Rafael

Ochenta y cinco mil personas que dependen directa, o indirectamente de la operación de la mina San Rafael, en Santa Rosa, han sido traicionadas por la Corte Suprema de Justicia que suspendió -de forma provisional- la licencia de operaciones de aquella unidad productiva.

¿Por qué actuaron así los jueces? Porque en las cortes se está enraizando la cultura de que la política debe prevalecer sobre la justicia.  Porque el caso lo hace aconsejable, dijeron los magistrados.

Porque la dirigencia popular le hace creer a la gente que la mina ocasionó los temblores de junio pasado…a pesar de que Guatemala está localizada sobre tres placas tectónicas que están en constante movimiento, está cruzada por docenas y docenas de fallas geológicas (algunas de ellas muy peligrosas, como la del Motagua que causó el terremoto fatídico de 1976 y de que en el país hay 32 volcanes y tres de ellos están activos todos los días).  De paso el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meterorología e Hidrología determinió que los sismos, en Santa Rosa, se deben a la falla de Jalpatagua.

Sin embargo, ¿cuándo es que la verdad ha servido a los intereses de la dirigencia popular revolucionaria, siempre antiminería, siempre antihidroeléctcas y siempre fabricante de miseria?

El fallo judicial aduce que la población no fue consultada al respecto y que no fueron respetados los derechos de los indígenas en el contexto del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo.  Empero, dicho convenio carece de reglamento para su aplicación y no está claro todo ese tema de las consultas y su carácter vinculante.

Es como de opereta, pero una opereta del diablo que deja a quién sabe cuántas familas (85 mil personas) sin trabajo, sin ingresos, sin una forma decente y digna de ganarse la vida. Y, ¿para qué? Para que más de una ONG se anote un éxito y consiga más financiamiento el año entrante; para que haya más pobres y más miseria que es el caldo de cultivo para la revolución; y para que se consolide la idea de que la política debe prevalecer sobre la justicia.

La foto de abajo muestra la caída de las acciones de la empresa propietaria de San Rafael.  Es el costo de hacer negocios en Guatemala. Gracias a mi cuate, Ramón, por la pista. ¿Quién va a ser el siguiente?

¿Sabes qué me recordó? Las minas de San Sebastian en la República Popular de México, en La rebelión de Atlas.

La foto de trabajadores de la mina San Rafael es de Oscar F. Herrera, de elPeriódico.


08
Jun 17

¡Claro que es el estado!…y los niños en peligro

Hoy leemos que los monitores señalados  de cometer abusos contra los menores de edad que se encontraban el el hogar estatal seguro virgen de la asunción todavía reciben sueldos pagados por los tributarios y que los políticos y burócratas que son sus jefes, no los han podido despedir porque sus puestos laborales están emplazados. Es decir, protegidos por la legislación de trabajo que privilegia a los empleados, frente a la justicia.

Por si no lo sabías, los monitores del centro golpeaban y abusaban sexualmente de los menores y no tienen el perfil idóneo para tratar con niños y niñas.  ¡Pero están protegidos por el Código de Trabajo!

También leímos que el nuevo residencial de la zona 15, de la Secretaría de Bienestar Social, es fuente de problemas (¿Será el único?). En la noche del martes hubo un incidente en el que dos jóvenes -a cargo de los políticos y funcionarios que controlan el lugar-  resultaron con daños físicos.

En ese lugar se encuentran 14 adolescentes que habían sido víctimas de maltrato en todas sus formas. Sin embargo, ¡por orden judicial! ingresaron tres nuevos con una problemática más compleja (¿Qué querrá decir eso, exactamente?). La mezcla de perfiles  es la que está generando desestabilización.

¿Te das cuenta?  ¡Es el estado: políticos, burócratas, y jueces!…y son los estatistas.

La foto es de elPeriódico.


31
May 17

Captura de Lacs, una alarma

Por orden judicial, ¡con firma y sellos falsificados!, la Policía Nacional Civil procedió a la captura del ex viceministro de Comercio Exterior, Enrique Lacs.  Fue un atropello el que se cometió contra el ex funcionario.

El Juez Tercero Penal, Mynor Mauricio Moto Samayoa, negó haber librado la orden; y la secretaria general del Ministerio Público, Mayra Véliz, indicó que la Fiscalía de Delitos Administrativos no pidió la aprehensión del ex funcionario.

Lacs fue destituido del Ministerio de Economóa el 3 de mayo pasado, días despúes de que el Presdiente le solicitó su renuncia al ministro de Economía,  Rubén Morales…por medio de Whatsapp.

Todo esto es como de opereta; pero es grave.  ¿Quién tiene la capacidad y el poder para falsificar una orden judicial de captura y movilizar a la PNC en un operativo como el de esta mañana contra Lacs?  ¿Por qué vía llegó el documento a la PNC? Si el documento es del 4 de mayo y dice Aprehensión inmediata, ¿por qué ocurrió hasta hoy? En cualquier país civilizado, en el siglo XXI, sería un escándalo que algo así ocurriera: La captura de una persona con una orden falsa, o falsificada.  Esta captura, y la demanda inconstitucional contra el diputado Fernando Linares no deben pasar inadvertidas y son señales de alarma.

Va a ser fascinante el resultado de la investigación que se haga de lo que sucedió hoy; porque si las cosas siguen así, ¿quién está a salvo de persecuciones falsas? ¿Cuánto falta para que La Administración tenga que raspar la olla con tal de conseguir funcionarios? ¿Quién va a estar dispuesto a arriesgar su reputación en un ambiente así?

Actualización: Hoy en la tarde el juez Mynor Moto decretó falta de mérito para Enrique Lacs, por el delito de abuso de autoridad.

La foto es de Soy 502.


16
May 17

Juez clausura proceso por inconsistencias en caso Valdez Paiz-Rosenberg

Luego de analizar los medios de prueba presentados por el Ministerio Público y por la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala, el Juzgado Tercero resolvió clausurar -de manera provisional- el proceso contra los supuestos autores intelectuales de la muerte del abogado Rodrigo Rosenberg, los hermanos Estuardo y Francisco Valdés Paiz.

Imagen de previsualización de YouTube

El juez Mynor Motto argumentó durante casi tres horas las inconsistencias en la investigación que lo llevaron a no enviar a juicio a los sindicados. Hay incongruencias en las declaraciones de los colaboradores eficaces y no se estableció la relación de causalidad  qué llevara a los Valdés Paiz a supuestamente planificar el homicidio de Rosenberg, ocurrido en mayo de 2009. Ni el MP, ni la CICIG presentaron un informe de activación de antenas de las llamadas ejecutadas desde el teléfono móvil que habría servido para la supuesta comunicación entre los hermanos y los supuestos ejecutores del crimen. El juez Motto emplazó al MP para que, a más tardar el 14 de agosto próximo, sea presentada una nueva acusación con nuevos medios de investigación. En el nuevo escrito no deberán tomar en cuenta las declaraciones testimoniales que fueron desacreditadas en la audiencia de ayer.

El Ministerio Público presentó la acusación el 10 de octubre del 2010 por el delito de asesinato. Sin embargo, por orden de la Corte de Constitucionalidad  la acusación fue modificada a homicidio. Desde 2013 los hermanos Valdez Paiz gozaban de caución y ya se veía venir la resolución de ayer dada la debilidad de la acusación.

Por este caso, un Tribunal de Sentencia ya condenó a nueve personas por ser los autores materiales del crimen. Si esas sentencias fueran revisadas ahora, ¿se encontraría inconsistencias y contradicciones?

Para los que vinieron tarde, o eran muy patojos en 2009:

El 10 de mayo de 2009 Rodrigo Rosenberg causó una enorme polémica que sacudió a la administración de los Colom/Torres/Espada ya que la víctima dejó grabado un video en el cual advertía que, en caso de sucederle algo malo, él responsabilizaba al Presidente, a su esposa Sandra Torres (que luego se divorciaría de Colom para conseguir una candidatura presidencial), al secretario privado Gustavo Alejos –hoy en la cárcel por casos de corrupción–, y a Gregorio Valdés; pero en enero de 2010 la CICIG promovió la versión de que el mismo Rosenberg había planificado su asesinato.

El vídeo en cuestión desató una serie de manifestaciones populares y pacíficas -por la justicia- a lo largo de varias semanas.

En aquella ocasión  la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala y el jefe de esa misión, Carlos Castresana, armaron una historia de novela que fue comprada por distintos grupos de interés, cuyo objetivo era el de evitar el colapso de la administración de los Colom/Torres/Espada y con ella la del proyecto socialdemócrata en Guatemala.  La Unidad Nacional de la Esperanza, el partido de oficialista es miembro de la Internacional Socialista.

Por cierto que, si te interesa el tema, te recomiendo el libro Un libanés de San Marcos, por Aziza Musa. El caso Rosenberg no estará resuelto hasta que se resuelva el caso Musa. Parece evidente que la verdad interina de la CICIG era muy interina.

Este fracaso de la CICIG no es el primero; pero si es uno de los más grandes.  Abajo una lista de otras chorradas de la Comisión.

La increíble y  triste historia de los fracasos de la CICIG.

Otro fiasco de la CICIG

Otro pedo inflado de la CICIG y el MP

La CICIG, como Saturno, se come a sus hijos

La CICIG otra vez en la picota

La mulada, la CICIG

Los fracasos de la CICIG y la crisis de los tributarios

¿Otra vez la chorreó la CICIG?

La CICIG y Thalia

Otra vez, y otra vez, la CICIG en entredicho

Otra vez la CICIG cuestionada, esta vez por adopciones

Las cuitas de la CICIG

De verdad, espero que los procesos iniciados en abril de 2016 no se añadan a esta lista larga y ominosa.


03
May 17

¡Que no haya otra Brenda…y no haya otro Jabes!

Con tanto caos alguien va a hacer algo estúpido, dice el inspector Finch en la película V for Vendetta; y acto seguido un señalador le dispara a una niña y esta cae muerta.   Cuando aquello ocurra, las cosas se van a poner muy mal, añade el policía y en la siguiente escena un grupo de personas acorrala al señalador asesino, que desenfunda su arma para luego recibir un golpe con una llave inglesa por parte de uno de los que lo tienen rodeado. Ese acto desata la cadena de sucesos que llevan el desenlace de la película.

Escucha el podcast aquí.

De esa escena me acordé cuando vi que el miércoles pasado una persona (entonces no identificada) atropelló a un grupo de jóvenes que bloqueaba la Calzada San Juan.  Luego se identificaría al hechor como Jabes Meda Maldonado.  La sucesión de actos en aquél día y lugares fatídicos resultó en la peor de las tragedias cuando Brenda Domínguez, una de las chicas que bloqueaban la vía perdió la vida a causa de las heridas recibidas bajo el automóvil que conducía Meda.

Desde hace ratos –en mayo de 2016 y en junio de 2015– para citar dos ejemplos, he advertido que los bloqueos de calles y carreteras no sólo afectan la libertad de locomoción (así en abstracto); sino que afectan las vidas y los negocios de miles de personas reales, individuales (en concreto). Por eso son situaciones muy volátiles y peligrosas y que lo peor que puede pasar durante un bloqueo, ¡y lo que no debería ocurrir!, es la violencia.

Por su naturaleza, los bloqueos son situaciones muy tensas, en las que la irracionalidad y la violencia pueden encontrar el campo fértil, como triste y desgraciadamente ocurrió en la San Juan.   Además de la muerte de Brenda Domínguez, por lo menos 10 chicos más resultaron embestidos y heridos.

Ahora bien, le corresponde a un tribunal de justicia establecer qué es lo que ocurrió ahí exactamente y quiénes (quiénes, no sólo quién) fueron los responsables de la cadena de sucesos que llevó al desenlace fatal. ¿Está claro que deberíamos tratar de que cosas así no vuelvan a ocurrir?

Parece evidente que hay un consenso con respecto a que quien conducía el automóvil que atropelló a Brenda Domínguez y a sus compañeros están la primera línea de responsabilidad. El piloto tomó la decisión de avanzar y acelerar y embestir a los bloqueadores.

Pero hay una segunda línea de responsables: ¿Quiénes organizaron el bloqueo? ¿Quiénes convencieron a otros de que salir a bloquear la San Juan era una buena idea? ¿Había maestros entre ellos? Brenda Martínez era menor de edad, ¿bajo la responsabilidad de quién, o de quiénes está un estudiante menor de edad cuando se halla en la escuela, o en el instituto cualquiera que este sea? ¿Había estudiantes mayores de edad entre los organizadores? Estos responsables no son los hechores, claro; pero sin su participación activa, o sin su negligencia, el bloqueo y el sucesivo atropellamiento no hubieran sido posibles.

La tercera línea de responsabilidad es la de las autoridades castradas encargadas de hacer cumplir la ley y las de mantener despejadas las vías de tránsito y circulación.  Los bloqueos son  delitos, y cuando las autoridades incumplen con sus obligaciones legales, y permiten que un delito continuado como el bloqueo ocurra y se extienda innecesariamente, su negligencia hace que se intensifique en clima de tensión y que el caldo de cultivo para la irracionalidad y la violencia se haga más nutritivo.

Finalmente hay una cuarta línea de responsabilidad, la de los formadores de opinión y la de las dirigencias que fomentan los bloqueos, las marchas y otras formas de violencia como instrumentos políticos.  Los que no dudan en usar jóvenes y gente modesta, desde lejos, para bloqueo tras bloqueo, marcha tras marcha, generalizar un ambiente de tirantez y estrés sociales que, se suman a los problemas que día a día tiene que enfrentar la gente.  Inocentemente, muchas personas dudan que los bloqueos sirvan para algo, y se preguntan, que, ¿qué ganan los bloqueadores y marchistas? Pues ganan angustia, incertidumbre, tensión y un sentimiento generalizado de estar al borde. En el Hogar seguro virgen de la asunción se llegó al borde; y aquel triste y fatídico miércoles en la San Juan se llegó al borde.

A veces, los chapines sentimos que estamos en una de esas semanas en las que se nos descompone el automóvil, nos abandona la pareja, se nos muere el gato y perdemos el examen parcial.  En esas condiciones, y recordando lo que dijo el inspector Finch: Alguien pude hacer algo estúpido, y las cosas se pueden poner verdaderamente mal. Tal y como ocurrió en la San Juan.

Esto es, en parte (pero no totalmente) a causa de que no distinguimos derechos, de necesidades; ni derechos, de caprichos.  Me explico:

Una característica esencial de un derecho es que su ejercicio no viola derechos ajenos.  Si en el ejercicio de una facultad que yo creo que es mi derecho, violo un derecho ajeno, uno de los dos no es derecho.

Me explico:

Tengo necesidad a trabajar, lo cual implica que otros tienen la obligación de  no impedir que yo busque y encuentre un empleo de forma pacífica y voluntaria. Lo que no puedo hacer, a pesar de tener necesidad de trabajar y el derecho a buscar trabajo libremente, es a forzar a otros a darme empleo.  Si fuerzo a otros a emplearme, violo sus derechos a la libertad y a la propiedad y lo que era mi derecho a trabajar se convierte en una forma de violencia.

¿Otro ejemplo?

Tengo derecho a la libertad de expresión y eso quiere decir que nadie debería impedir, o tratar de impedir que yo diga, o escriba lo que pienso, o creo.  Eso sí, no puedo, de manera alguna, forzar a otros a publicar, difundir, o patrocinar mis ideas, u opiniones, si no están de acuerdo con ellas.  Y ni siquiera si están de acuerdo; pero simplemente no tienen deseos de colaborar con ellas.

¿Un tercer ejemplo?

Tengo el derecho a congregarme y manifestar.  Tengo la facultad de ejercer el derecho de petición.  Incluso puedo manifestar y ejercer mi derecho de petición para solicitar privilegios y hasta disparates.  Pero si en el ejercicio de aquel derecho le ocasiono daños y perjuicios a otras personas, en sus vidas, o en su propiedad, el derecho de manifestar y el derecho de petición dejan de serlo para convertirse en formas de provocación, de agresión, de presión y de violencia.  ¡No existe tal cosa como el derecho a la amenaza del uso de la fuerza, o el derecho al uso de la fuerza para conseguir privilegios, o disparates!  Si existiera, los extorsionistas no serían delincuentes. ¿Verdad?

Voy a apostar a coincidimos en lo que ocurrió en la San Juan el miércoles pasado fue muy malo y muy triste, y que deberíamos evitar que vuelva a pasar.  Voy a apostar a que coincidimos en que los responsables deben enfrentar -con justicia- las consecuencias de sus acciones, u omisiones. ¿Coincidimos en que las autoridades deben proteger la vida, la libertad y la propiedad de todos por igual?  ¿Podemos coincidir en que no está bien usar jóvenes y personas modestas para fines alcanzar nuestros fines?

No se vale derivar, de estas meditaciones, que no se debe salir a manifestar.  ¡Contra la tiranía, contra la corrupción, contra los abusos de las autoridades, para evitar la injusticia, hay que manifestar!  Lo que no es aceptable es violar derechos ajenos durante las manifestaciones, ni dañar, ni perjudicar a otros durante las manifestaciones.

¿Cachas la idea?

¿Podemos coincidir, también, en que debemos evitar acciones violentas, incluidas las amenazas en el uso de la fuerza?  ¿Podemos coincidir en que no es un derecho aquello que causa daños y perjuicios a otros?

A mi me conmueve y me da tristeza cuando mueren jóvenes, especialmente si es en circunstancias evitables; y me conmueve y me da tristeza cuando jóvenes estropean sus vidas por no actuar con prudencia, o por actuar criminalmente. Por las Brendas y los Jabes potenciales que andan por ahí, ¡que no haya una víctima más!


28
Abr 17

Don Chilo del Valle y la reforma judicial

El establecimiento de jueces es uno de los puntos más delicados en todas las sociedades políticas. Así lo dice El amigo de la Patria, Número 17, Folio 379 del 27 de febrero de 182… José Cecilio del Valle era quien publicaba aquel periódico moderado, en el que los gases o bacos se enfrentaban a las ideas radicales de los cacos, lidereados por Pedro Molina desde su periódico El editor constitucional.

Nadie, con dos dedos de frente, negará –a estas alturas– que aquella observación de Valle es fundamental para una república sana.  En Guatemala, es evidente que urge una reforma judicial; pero no sólo una que nos permita conseguir una administración de justicia pronta y cumplida, sino una que consolide el sistema republicano y una que fortalezca el estado de derecho y la institucionalidad (o tal vez que los funde).

Escucha el podcast aquí.

De ahí que la reforma judicial, por la reforma misma, sea un propósito insuficiente.  Es un desatino y un desperdicio desaprovechar la ocasión y usarla para propósitos ideológicos, y para empecinarse en temas que distraen de lo que es importante.

¿Por qué habríamos de perder la oportunidad de separar lo administrativo de lo jurídico en el Organismo Judicial? Ese sería el efecto, por ejemplo, de un consejo de la carrera judicial que estuviera al mismo nivel de la Corte Suprema de Justicia, y/o que estuviera cooptado por grupos de interés, o por fuerzas políticas, o diseñado desde una perspectiva corporativista.  Peor aún, uno que, por su conformación más política que judicial, se convirtiera en fábrica de jueces serviles, de celadores de intereses particulares, o de los del Organismo Ejecutivo.  Uno que fuera la usina para una dictadura de los jueces, como ha ocurrido en otros países.

Ya lo dijo don Chilo del Valle: el establecimiento de jueces es un asunto delicado.  Por eso urge un abordaje cívico del tema, uno que no descalifique a quienes pedimos una reforma responsable y uno que nos permita luchar contra la injusticia, la corrupción y la politización. No se vale imponer el pensamiento único.

ActualizaciónEn este enlace encontrarás la propuesta de reforma elaborada por el Centro de Estudios Económico-Sociales, proyecto que apoyo con gusto y entusiasmo.

Columna publicada en elPeriódico.   La foto, del número original de El amigo de la patria, fue posible gracias a la Biblioteca Ludwig von Mises.


16
Mar 17

La absolución de Carlos Vielmann

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Después de siete largos y penosos años de proceso, la justicia española absolvió y declaró inocente al exministro de Gobernación, Carlos Roberto Vielmann, acusado de autorizar el asesinato de ocho presos en Pavón durante la tristemente célebre incursión de las autoridades en aquel centro penitenciario, ocurrida el 25 de septiembre de 2006.

Por la muerte de presos en aquella ocasión, fueron procesados y absueltos el entonces ministro, Vielmann, el subdirector de investigaciones criminales de la Policía, Javier Figueroa; el director de presidios, Alejanro Giammattei y sólo ha sido condenado el jefe de la policía, Erwin Sperisen, a cadena perpétua.

Sobre lo que ocurrió en aquella jornada aciaga, y sobre las persecusiones posteriores, Giammattei escribió un libro llamado Relato de una injusticia: caso Giammattei.

En el caso de Vielmann, el tribunal resolvió que no ha quedado acreditado que el acusado Carlos Vielmann tuviera conocimiento de las circunstancias reales en que se produjo la captura y muerte de un reo fugado del Infiernito;  y que tampoco pudo acreditarse que Vielmann participase en la ejecución de los reclusos [de Pavón], ni ordenándola, ni autorizándola, ni manifestando su respaldo o aquiescencia.

Al comentar la sentencia, Carlos Vielmann comentó: En aquel momento era un tema político, no jurídico; se veía la actitud de presión que tenía Dall‘Anese  (Francisco Dall’Anese exjefe de la CICIG), el caso aún estaba en reserva pero él lo socializaba en los medios nacionales y extranjeros, él nos sentenció públicamente, en ese tiempo las condiciones no estaban bien,  ni jurídicas ni de seguridad personal, entonces lo hablamos con mis abogados y  luego de un análisis decidimos enfrentar el juicio acá.  Supongo que nadie lo cuestionará nadie porque el fallo es de la Audiencia Nacional Española la que resuelve. 

Con respecto a a la calidad de las supuestas pruebas presentadas en su contra, Vielmann dijoNo no voy a ponerme a calificar, realmente se contradijeron fue obvio, lo vieron todos  los que estuvimos en la audiencia, era notorio, inclusive los propios testigos de al acusación, los policías españoles dijeron que no había nada que me vinculara directamente. Luego tuvimos algunos con lagunas mentales que cuando preguntaba mis abogados no se acordaban y cuando preguntaba la fiscalía si se acordaban, cayeron en grandes contradicciones. Un testigo era un secuestrador que dejaba sin orejas a la gente. Lo importante es que hubo un trabajo profesional, habían armado un caso, no habían pruebas, esto pudo ser una novela policiaca.

La absolución de tres de los cuatro señalados por los hechos de septiembre de 2006 en Pavón -y la absolución de Carlos Vielmann en particular- abre una ventana de esperanza para Erwin Sperissen que fue condenado a cadena perpetua en Suiza.  Los abogados defensores de Sperissen han denunciado a uno de los jueces que ha llevado el caso -Yves Bertossa- por tener lazos con una de las organizaciones que han procurado que se procese a Sperisen; y las absoluciones de los otros exfuncionarios han puesto en evidencia lo insustanciales que han sido las pruebas en su contra, ante tribunales imparciales.

La foto la tomé de Facebook.


01
Mar 17

¿Justicia ancestral a prueba?

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José Rodrigo Juárez, Erick Rolando Ruano y Lebner Rubin Monterroso, teniente y subtenientes del ejército respecticamente, fueron detenidos ilegalmente en San Juan Sacatepéquez por un grupo de encapuchados. Monterroso fue cruelmente torturado y se halla en el Centro Médico Militar con traumas craneocefálicos y laceraciones; Juárez y Ruano fueron llevados a la sede de la Policía Nacional Civil en aquella población.

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Aquel acto de barbarie ocurrió hoy, a sólo dos días de que, en Todos Santos Cuchumatán, Huehuetenango, falleciera Cándido Méndez, luego de que fuera vapuleado el 22 de febrero pasado.

¿Ya viste la reacción del Procurador de los Derechos Humanos, o la del Ministerio Público? Los culpables de estos actos delincuenciales, ¿serán perseguidos, procesados y condenados? Si los responsables son autoridades ancestrales, ¿quedarán impunes?  Por otro lado, ¿De qué se acusó a los sindicados?

La pena impuesta, ¿fue proporcional al delito cometido? ¿Cómo se distingue la justicia ancestral de las acciones de vigilantes encapuchados en poblaciones indígenas?

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La justicia ancestral ya está reconocida en la Constitución en el artículo 66; y está por verse si la reforma del sistema de justicia va a integrar este tipo de actos, y cómo; así como está por verse si va a ser reconocida la capacidad de juzgar y de hacer cumplir lo juzgado por parte de las autoridades ancestrales al mismo nivel  que el de los jueces y magistrados de la jurisdicción ordinaria.

Actualización: Hice una consulta en @luisficarpediem y resulta que de 40 personas que la contestaron una opinó en el sentido de que la cultura puede ser fuente de impunidad en el caso de los torturadores; los demás fueron de la opinión de que los torturadores deben enfrentar cargos independientemente de que, dentro de sus culturas, sean autoridades ancestrales.:

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16
Feb 17

¿Justicia ancestral como oportunidad?

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Escucha el podcast aquí.

Hay una perspectiva desde la cual el tema de la justicia ancestral podría ser, no una causa de enfrentamientos y de discordias, sino una fuente de oportunidades.  Esa perspectiva está basada en el reconocimiento de que el derecho es una tecnología;  y de que, como tal, pueden competir con otras tecnologías de su misma naturaleza.

Pero antes, ¿qué es una tecnología? es el conjunto de conocimientos y técnicas que, aplicados de forma lógica y ordenada, permiten al ser humano modificar su entorno material, o virtual para satisfacer sus necesidades, esto es, un proceso combinado de pensamiento y acción con la finalidad de crear soluciones útiles.

Dicho lo anterior, en el artículo titulado How Local Governments Could Work More Like Cell Phones, Zachary Caceres explica que  la gobernabilidad puede ser mejorada por medio de innovaciones focalizadas, que pueden ofrecer una prueba de del concepto antes de su adopción más amplia. La clave, según Zach, es dar autonomía a los barrios y ciudades para implementar reformas a pequeña escala, por lo que sirven de campo de pruebas para nuevos enfoques. Una ciudad de arranque [o startup city]  podría tener un sistema legal, o una policía diferentes. Las comunidades se convierten en “startups” que prueban las reformas como prototipos y modifican las políticas hasta que funcionen bien.

En Startup Cities: How Can Entrepreneurs Save Politics, Zachary Caceres abunda en aquella perspectiva. La reforma política es extremadamente arriesgada. Típicamente, sólo pensamos que una reforma ha ‘fallado’ cuando una nueva ley, o programa no es aprobado por el Congreso. Pero la reforma, al igual que la iniciativa empresarial, está llena de fracasos. A veces una reforma es cooptada por intereses especiales y se convierte en un Frankenstein, una horrible creación que sus inventores nunca quisieron. O un comité en algún lugar a lo largo del camino lo destruye. Lo peor de todo es que a veces los reformadores se equivocan y terminan “haciendo mal mientras tratan de hacer el bien”…Estos rasgos empeoran, dice Zach,  si se intenta reformar a nivel nacional porque nada se pone a prueba. Desde una perspectiva local las comunidades que compiten tienen suficiente autonomía para probar muchos enfoques diferentes y nuevos para el mismo problema. Este es el espíritu de humildad del emprendedor por medio de experimentos. Cualquier falla es pequeña y local en lugar de arrastrar todo el país. Los experimentos locales son más baratos ya menudo son más fáciles de entender. Las ciudades son más ágiles que las naciones y pueden adaptarse más rápidamente al fracaso.

Luego, si la función del derecho -como tecnología- es satisfacer ciertas necesidades de las personas en sociedad, como  la de limitar el poder, las de evitar y resolver conflictos, la de reducir los costos de transacción, además de conseguir justicia, paz y orden para sólo mencionar unas, la idea de Zach es que podemos poner a prueba diferentes formas de derecho, como ponemos a prueba diferentes tipos de teléfonos;  y la clave es que las pruebas sean focalizadas…y voluntarias.  Que no sean generalizadas, ni forzadas para evitar que, si la tecnología (el derecho) fracasa,  los daños sean extendidos; y si la tecnología (el derecho) tiene éxito, la prueba facilite su adopción a niveles más extendidos.

En aquel contexto la justicia ancestral (o el sistema de derecho ancestral) -si fuera tratada como tecnología- podría competir con otras formas de justicia (o sistemas de derecho). Empero, aquella competencia debe ser libre, voluntaria y pacífica -como ocurre con la competencia en otras tecnologías, digamos, la de los teléfonos-  No puede ser de forma coercitiva, y no puede ser sobre bases etnicistas. A nadie se le ocurriría, por ejemplo, promover que los miembros de esta, o aquella etnia, no pueden usar ciertas marcas de teléfonos,o ciertas marcas de computadoras, o ciertos tipos de automóviles.  El tratamiento racista del experimento, aunque fuera focalizado como sugiere Zach, fracasaría porque no sería voluntario.

Un detalle importante- a estas alturas- es que en la propuesta de reforma constitucional del sistema de justicia, que se discute en el Congreso, no se está discutiendo el reconocimiento del derecho ancestral.  Ese reconocimiento ya está consignado -a nivel nacional- en el artículo 66 de la Constitución, desde 1985.  Lo que está a discusión es el reconocimiento de la capacidad de juzgar y de hacer cumplir lo juzgado por parte de las autoridades ancestrales al mismo nivel  que el de los jueces y magistrados de la jurisdicción ordinaria.

No está claro, sin embargo, cuáles son los límites de aquella capacidad de juzgar y de hacer cumplir lo juzgado por parte de las autoridades ancestrales.  ¿Cuáles serán las materias de competencia para las autoridades ancestrales? Sabemos que el principal criterio es etnicista; pero, ¿se aplicará a asuntos comerciales, a asuntos penales, de toda cuantía, en todo el territorio del país? ¿Qué ocurrirá si las partes son de etnias diferentes, digamos indígenas, y garífunas?  Todas las dudas que hay sobre el las facultades jurisdiccionales del sistema ancestral podrían ponerse a prueba si se entiende la propuesta de Zachary Cáceres en los dos artículos citados arriba.

Digamos que está en el mejor interés de la paz y de la cooperación social reconocer que -debido a la multiculturalidad y a que cada cabeza es un mundo– distintas personas tienen distintas necesidades y perspectivas con respecto esa tecnología conocida como derecho o sistema de justicia.  ¿Por qué no despojar a esas necesidades del componente etnicista del cual están saturadas en la discusión actual? En un espíritu disruptivo, innovador, emprendedor y más allá del colectivismo etnicista, ¿qué tal si aprovechamos la oportunidad y probamos distintos tipos de derecho en statrup cities, por ejemplo?

En el primer párrafo mencioné muy de pasada el tema de la competencia entre tecnologías, competencia que no es ajena a las fuentes del derecho.  En esta conferencia, que te recomiendo mucho, Enrique Ghersi explica el carácter competitivo de las fuentes del derecho; basado en las preferencias de las personas de acuerdo con sus intereses particulares, de los costos y beneficios y de nuestra escala de valores.

Eso sí, para que la competencia de sistemas de justicia, o de fuentes de derecho sea legítima, es imprescindible que a las statrup cities sus habitantes puedan unirse pacífica y voluntariamente, y no por mandato legal y menos por circunstancias tan impersonales y fuera de su control como la etnia.  Es imprescindible que los habitantes puedan elegir, libremente, las  startup cities en las que la tecnología política y la tecnología judicial -entre otras- cumplan con sus funciones a satisfacción de quienes las han elegido.

¿Qué opinas?

La ilustración es por Deval Kulshrestha, CC BY-SA 3.0