16
May 17

Juez clausura proceso por inconsistencias en caso Valdez Paiz-Rosenberg

Luego de analizar los medios de prueba presentados por el Ministerio Público y por la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala, el Juzgado Tercero resolvió clausurar -de manera provisional- el proceso contra los supuestos autores intelectuales de la muerte del abogado Rodrigo Rosenberg, los hermanos Estuardo y Francisco Valdés Paiz.

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El juez Mynor Motto argumentó durante casi tres horas las inconsistencias en la investigación que lo llevaron a no enviar a juicio a los sindicados. Hay incongruencias en las declaraciones de los colaboradores eficaces y no se estableció la relación de causalidad  qué llevara a los Valdés Paiz a supuestamente planificar el homicidio de Rosenberg, ocurrido en mayo de 2009. Ni el MP, ni la CICIG presentaron un informe de activación de antenas de las llamadas ejecutadas desde el teléfono móvil que habría servido para la supuesta comunicación entre los hermanos y los supuestos ejecutores del crimen. El juez Motto emplazó al MP para que, a más tardar el 14 de agosto próximo, sea presentada una nueva acusación con nuevos medios de investigación. En el nuevo escrito no deberán tomar en cuenta las declaraciones testimoniales que fueron desacreditadas en la audiencia de ayer.

El Ministerio Público presentó la acusación el 10 de octubre del 2010 por el delito de asesinato. Sin embargo, por orden de la Corte de Constitucionalidad  la acusación fue modificada a homicidio. Desde 2013 los hermanos Valdez Paiz gozaban de caución y ya se veía venir la resolución de ayer dada la debilidad de la acusación.

Por este caso, un Tribunal de Sentencia ya condenó a nueve personas por ser los autores materiales del crimen. Si esas sentencias fueran revisadas ahora, ¿se encontraría inconsistencias y contradicciones?

Para los que vinieron tarde, o eran muy patojos en 2009:

El 10 de mayo de 2009 Rodrigo Rosenberg causó una enorme polémica que sacudió a la administración de los Colom/Torres/Espada ya que la víctima dejó grabado un video en el cual advertía que, en caso de sucederle algo malo, él responsabilizaba al Presidente, a su esposa Sandra Torres (que luego se divorciaría de Colom para conseguir una candidatura presidencial), al secretario privado Gustavo Alejos –hoy en la cárcel por casos de corrupción–, y a Gregorio Valdés; pero en enero de 2010 la CICIG promovió la versión de que el mismo Rosenberg había planificado su asesinato.

El vídeo en cuestión desató una serie de manifestaciones populares y pacíficas -por la justicia- a lo largo de varias semanas.

En aquella ocasión  la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala y el jefe de esa misión, Carlos Castresana, armaron una historia de novela que fue comprada por distintos grupos de interés, cuyo objetivo era el de evitar el colapso de la administración de los Colom/Torres/Espada y con ella la del proyecto socialdemócrata en Guatemala.  La Unidad Nacional de la Esperanza, el partido de oficialista es miembro de la Internacional Socialista.

Por cierto que, si te interesa el tema, te recomiendo el libro Un libanés de San Marcos, por Aziza Musa. El caso Rosenberg no estará resuelto hasta que se resuelva el caso Musa. Parece evidente que la verdad interina de la CICIG era muy interina.

Este fracaso de la CICIG no es el primero; pero si es uno de los más grandes.  Abajo una lista de otras chorradas de la Comisión.

La increíble y  triste historia de los fracasos de la CICIG.

Otro fiasco de la CICIG

Otro pedo inflado de la CICIG y el MP

La CICIG, como Saturno, se come a sus hijos

La CICIG otra vez en la picota

La mulada, la CICIG

Los fracasos de la CICIG y la crisis de los tributarios

¿Otra vez la chorreó la CICIG?

La CICIG y Thalia

Otra vez, y otra vez, la CICIG en entredicho

Otra vez la CICIG cuestionada, esta vez por adopciones

Las cuitas de la CICIG

De verdad, espero que los procesos iniciados en abril de 2016 no se añadan a esta lista larga y ominosa.


03
May 17

¡Que no haya otra Brenda…y no haya otro Jabes!

Con tanto caos alguien va a hacer algo estúpido, dice el inspector Finch en la película V for Vendetta; y acto seguido un señalador le dispara a una niña y esta cae muerta.   Cuando aquello ocurra, las cosas se van a poner muy mal, añade el policía y en la siguiente escena un grupo de personas acorrala al señalador asesino, que desenfunda su arma para luego recibir un golpe con una llave inglesa por parte de uno de los que lo tienen rodeado. Ese acto desata la cadena de sucesos que llevan el desenlace de la película.

Escucha el podcast aquí.

De esa escena me acordé cuando vi que el miércoles pasado una persona (entonces no identificada) atropelló a un grupo de jóvenes que bloqueaba la Calzada San Juan.  Luego se identificaría al hechor como Jabes Meda Maldonado.  La sucesión de actos en aquél día y lugares fatídicos resultó en la peor de las tragedias cuando Brenda Domínguez, una de las chicas que bloqueaban la vía perdió la vida a causa de las heridas recibidas bajo el automóvil que conducía Meda.

Desde hace ratos –en mayo de 2016 y en junio de 2015– para citar dos ejemplos, he advertido que los bloqueos de calles y carreteras no sólo afectan la libertad de locomoción (así en abstracto); sino que afectan las vidas y los negocios de miles de personas reales, individuales (en concreto). Por eso son situaciones muy volátiles y peligrosas y que lo peor que puede pasar durante un bloqueo, ¡y lo que no debería ocurrir!, es la violencia.

Por su naturaleza, los bloqueos son situaciones muy tensas, en las que la irracionalidad y la violencia pueden encontrar el campo fértil, como triste y desgraciadamente ocurrió en la San Juan.   Además de la muerte de Brenda Domínguez, por lo menos 10 chicos más resultaron embestidos y heridos.

Ahora bien, le corresponde a un tribunal de justicia establecer qué es lo que ocurrió ahí exactamente y quiénes (quiénes, no sólo quién) fueron los responsables de la cadena de sucesos que llevó al desenlace fatal. ¿Está claro que deberíamos tratar de que cosas así no vuelvan a ocurrir?

Parece evidente que hay un consenso con respecto a que quien conducía el automóvil que atropelló a Brenda Domínguez y a sus compañeros están la primera línea de responsabilidad. El piloto tomó la decisión de avanzar y acelerar y embestir a los bloqueadores.

Pero hay una segunda línea de responsables: ¿Quiénes organizaron el bloqueo? ¿Quiénes convencieron a otros de que salir a bloquear la San Juan era una buena idea? ¿Había maestros entre ellos? Brenda Martínez era menor de edad, ¿bajo la responsabilidad de quién, o de quiénes está un estudiante menor de edad cuando se halla en la escuela, o en el instituto cualquiera que este sea? ¿Había estudiantes mayores de edad entre los organizadores? Estos responsables no son los hechores, claro; pero sin su participación activa, o sin su negligencia, el bloqueo y el sucesivo atropellamiento no hubieran sido posibles.

La tercera línea de responsabilidad es la de las autoridades castradas encargadas de hacer cumplir la ley y las de mantener despejadas las vías de tránsito y circulación.  Los bloqueos son  delitos, y cuando las autoridades incumplen con sus obligaciones legales, y permiten que un delito continuado como el bloqueo ocurra y se extienda innecesariamente, su negligencia hace que se intensifique en clima de tensión y que el caldo de cultivo para la irracionalidad y la violencia se haga más nutritivo.

Finalmente hay una cuarta línea de responsabilidad, la de los formadores de opinión y la de las dirigencias que fomentan los bloqueos, las marchas y otras formas de violencia como instrumentos políticos.  Los que no dudan en usar jóvenes y gente modesta, desde lejos, para bloqueo tras bloqueo, marcha tras marcha, generalizar un ambiente de tirantez y estrés sociales que, se suman a los problemas que día a día tiene que enfrentar la gente.  Inocentemente, muchas personas dudan que los bloqueos sirvan para algo, y se preguntan, que, ¿qué ganan los bloqueadores y marchistas? Pues ganan angustia, incertidumbre, tensión y un sentimiento generalizado de estar al borde. En el Hogar seguro virgen de la asunción se llegó al borde; y aquel triste y fatídico miércoles en la San Juan se llegó al borde.

A veces, los chapines sentimos que estamos en una de esas semanas en las que se nos descompone el automóvil, nos abandona la pareja, se nos muere el gato y perdemos el examen parcial.  En esas condiciones, y recordando lo que dijo el inspector Finch: Alguien pude hacer algo estúpido, y las cosas se pueden poner verdaderamente mal. Tal y como ocurrió en la San Juan.

Esto es, en parte (pero no totalmente) a causa de que no distinguimos derechos, de necesidades; ni derechos, de caprichos.  Me explico:

Una característica esencial de un derecho es que su ejercicio no viola derechos ajenos.  Si en el ejercicio de una facultad que yo creo que es mi derecho, violo un derecho ajeno, uno de los dos no es derecho.

Me explico:

Tengo necesidad a trabajar, lo cual implica que otros tienen la obligación de  no impedir que yo busque y encuentre un empleo de forma pacífica y voluntaria. Lo que no puedo hacer, a pesar de tener necesidad de trabajar y el derecho a buscar trabajo libremente, es a forzar a otros a darme empleo.  Si fuerzo a otros a emplearme, violo sus derechos a la libertad y a la propiedad y lo que era mi derecho a trabajar se convierte en una forma de violencia.

¿Otro ejemplo?

Tengo derecho a la libertad de expresión y eso quiere decir que nadie debería impedir, o tratar de impedir que yo diga, o escriba lo que pienso, o creo.  Eso sí, no puedo, de manera alguna, forzar a otros a publicar, difundir, o patrocinar mis ideas, u opiniones, si no están de acuerdo con ellas.  Y ni siquiera si están de acuerdo; pero simplemente no tienen deseos de colaborar con ellas.

¿Un tercer ejemplo?

Tengo el derecho a congregarme y manifestar.  Tengo la facultad de ejercer el derecho de petición.  Incluso puedo manifestar y ejercer mi derecho de petición para solicitar privilegios y hasta disparates.  Pero si en el ejercicio de aquel derecho le ocasiono daños y perjuicios a otras personas, en sus vidas, o en su propiedad, el derecho de manifestar y el derecho de petición dejan de serlo para convertirse en formas de provocación, de agresión, de presión y de violencia.  ¡No existe tal cosa como el derecho a la amenaza del uso de la fuerza, o el derecho al uso de la fuerza para conseguir privilegios, o disparates!  Si existiera, los extorsionistas no serían delincuentes. ¿Verdad?

Voy a apostar a coincidimos en lo que ocurrió en la San Juan el miércoles pasado fue muy malo y muy triste, y que deberíamos evitar que vuelva a pasar.  Voy a apostar a que coincidimos en que los responsables deben enfrentar -con justicia- las consecuencias de sus acciones, u omisiones. ¿Coincidimos en que las autoridades deben proteger la vida, la libertad y la propiedad de todos por igual?  ¿Podemos coincidir en que no está bien usar jóvenes y personas modestas para fines alcanzar nuestros fines?

No se vale derivar, de estas meditaciones, que no se debe salir a manifestar.  ¡Contra la tiranía, contra la corrupción, contra los abusos de las autoridades, para evitar la injusticia, hay que manifestar!  Lo que no es aceptable es violar derechos ajenos durante las manifestaciones, ni dañar, ni perjudicar a otros durante las manifestaciones.

¿Cachas la idea?

¿Podemos coincidir, también, en que debemos evitar acciones violentas, incluidas las amenazas en el uso de la fuerza?  ¿Podemos coincidir en que no es un derecho aquello que causa daños y perjuicios a otros?

A mi me conmueve y me da tristeza cuando mueren jóvenes, especialmente si es en circunstancias evitables; y me conmueve y me da tristeza cuando jóvenes estropean sus vidas por no actuar con prudencia, o por actuar criminalmente. Por las Brendas y los Jabes potenciales que andan por ahí, ¡que no haya una víctima más!


28
Abr 17

Don Chilo del Valle y la reforma judicial

El establecimiento de jueces es uno de los puntos más delicados en todas las sociedades políticas. Así lo dice El amigo de la Patria, Número 17, Folio 379 del 27 de febrero de 182… José Cecilio del Valle era quien publicaba aquel periódico moderado, en el que los gases o bacos se enfrentaban a las ideas radicales de los cacos, lidereados por Pedro Molina desde su periódico El editor constitucional.

Nadie, con dos dedos de frente, negará –a estas alturas– que aquella observación de Valle es fundamental para una república sana.  En Guatemala, es evidente que urge una reforma judicial; pero no sólo una que nos permita conseguir una administración de justicia pronta y cumplida, sino una que consolide el sistema republicano y una que fortalezca el estado de derecho y la institucionalidad (o tal vez que los funde).

Escucha el podcast aquí.

De ahí que la reforma judicial, por la reforma misma, sea un propósito insuficiente.  Es un desatino y un desperdicio desaprovechar la ocasión y usarla para propósitos ideológicos, y para empecinarse en temas que distraen de lo que es importante.

¿Por qué habríamos de perder la oportunidad de separar lo administrativo de lo jurídico en el Organismo Judicial? Ese sería el efecto, por ejemplo, de un consejo de la carrera judicial que estuviera al mismo nivel de la Corte Suprema de Justicia, y/o que estuviera cooptado por grupos de interés, o por fuerzas políticas, o diseñado desde una perspectiva corporativista.  Peor aún, uno que, por su conformación más política que judicial, se convirtiera en fábrica de jueces serviles, de celadores de intereses particulares, o de los del Organismo Ejecutivo.  Uno que fuera la usina para una dictadura de los jueces, como ha ocurrido en otros países.

Ya lo dijo don Chilo del Valle: el establecimiento de jueces es un asunto delicado.  Por eso urge un abordaje cívico del tema, uno que no descalifique a quienes pedimos una reforma responsable y uno que nos permita luchar contra la injusticia, la corrupción y la politización. No se vale imponer el pensamiento único.

ActualizaciónEn este enlace encontrarás la propuesta de reforma elaborada por el Centro de Estudios Económico-Sociales, proyecto que apoyo con gusto y entusiasmo.

Columna publicada en elPeriódico.   La foto, del número original de El amigo de la patria, fue posible gracias a la Biblioteca Ludwig von Mises.


16
Mar 17

La absolución de Carlos Vielmann

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Después de siete largos y penosos años de proceso, la justicia española absolvió y declaró inocente al exministro de Gobernación, Carlos Roberto Vielmann, acusado de autorizar el asesinato de ocho presos en Pavón durante la tristemente célebre incursión de las autoridades en aquel centro penitenciario, ocurrida el 25 de septiembre de 2006.

Por la muerte de presos en aquella ocasión, fueron procesados y absueltos el entonces ministro, Vielmann, el subdirector de investigaciones criminales de la Policía, Javier Figueroa; el director de presidios, Alejanro Giammattei y sólo ha sido condenado el jefe de la policía, Erwin Sperisen, a cadena perpétua.

Sobre lo que ocurrió en aquella jornada aciaga, y sobre las persecusiones posteriores, Giammattei escribió un libro llamado Relato de una injusticia: caso Giammattei.

En el caso de Vielmann, el tribunal resolvió que no ha quedado acreditado que el acusado Carlos Vielmann tuviera conocimiento de las circunstancias reales en que se produjo la captura y muerte de un reo fugado del Infiernito;  y que tampoco pudo acreditarse que Vielmann participase en la ejecución de los reclusos [de Pavón], ni ordenándola, ni autorizándola, ni manifestando su respaldo o aquiescencia.

Al comentar la sentencia, Carlos Vielmann comentó: En aquel momento era un tema político, no jurídico; se veía la actitud de presión que tenía Dall‘Anese  (Francisco Dall’Anese exjefe de la CICIG), el caso aún estaba en reserva pero él lo socializaba en los medios nacionales y extranjeros, él nos sentenció públicamente, en ese tiempo las condiciones no estaban bien,  ni jurídicas ni de seguridad personal, entonces lo hablamos con mis abogados y  luego de un análisis decidimos enfrentar el juicio acá.  Supongo que nadie lo cuestionará nadie porque el fallo es de la Audiencia Nacional Española la que resuelve. 

Con respecto a a la calidad de las supuestas pruebas presentadas en su contra, Vielmann dijoNo no voy a ponerme a calificar, realmente se contradijeron fue obvio, lo vieron todos  los que estuvimos en la audiencia, era notorio, inclusive los propios testigos de al acusación, los policías españoles dijeron que no había nada que me vinculara directamente. Luego tuvimos algunos con lagunas mentales que cuando preguntaba mis abogados no se acordaban y cuando preguntaba la fiscalía si se acordaban, cayeron en grandes contradicciones. Un testigo era un secuestrador que dejaba sin orejas a la gente. Lo importante es que hubo un trabajo profesional, habían armado un caso, no habían pruebas, esto pudo ser una novela policiaca.

La absolución de tres de los cuatro señalados por los hechos de septiembre de 2006 en Pavón -y la absolución de Carlos Vielmann en particular- abre una ventana de esperanza para Erwin Sperissen que fue condenado a cadena perpetua en Suiza.  Los abogados defensores de Sperissen han denunciado a uno de los jueces que ha llevado el caso -Yves Bertossa- por tener lazos con una de las organizaciones que han procurado que se procese a Sperisen; y las absoluciones de los otros exfuncionarios han puesto en evidencia lo insustanciales que han sido las pruebas en su contra, ante tribunales imparciales.

La foto la tomé de Facebook.


01
Mar 17

¿Justicia ancestral a prueba?

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José Rodrigo Juárez, Erick Rolando Ruano y Lebner Rubin Monterroso, teniente y subtenientes del ejército respecticamente, fueron detenidos ilegalmente en San Juan Sacatepéquez por un grupo de encapuchados. Monterroso fue cruelmente torturado y se halla en el Centro Médico Militar con traumas craneocefálicos y laceraciones; Juárez y Ruano fueron llevados a la sede de la Policía Nacional Civil en aquella población.

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Aquel acto de barbarie ocurrió hoy, a sólo dos días de que, en Todos Santos Cuchumatán, Huehuetenango, falleciera Cándido Méndez, luego de que fuera vapuleado el 22 de febrero pasado.

¿Ya viste la reacción del Procurador de los Derechos Humanos, o la del Ministerio Público? Los culpables de estos actos delincuenciales, ¿serán perseguidos, procesados y condenados? Si los responsables son autoridades ancestrales, ¿quedarán impunes?  Por otro lado, ¿De qué se acusó a los sindicados?

La pena impuesta, ¿fue proporcional al delito cometido? ¿Cómo se distingue la justicia ancestral de las acciones de vigilantes encapuchados en poblaciones indígenas?

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La justicia ancestral ya está reconocida en la Constitución en el artículo 66; y está por verse si la reforma del sistema de justicia va a integrar este tipo de actos, y cómo; así como está por verse si va a ser reconocida la capacidad de juzgar y de hacer cumplir lo juzgado por parte de las autoridades ancestrales al mismo nivel  que el de los jueces y magistrados de la jurisdicción ordinaria.

Actualización: Hice una consulta en @luisficarpediem y resulta que de 40 personas que la contestaron una opinó en el sentido de que la cultura puede ser fuente de impunidad en el caso de los torturadores; los demás fueron de la opinión de que los torturadores deben enfrentar cargos independientemente de que, dentro de sus culturas, sean autoridades ancestrales.:

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16
Feb 17

¿Justicia ancestral como oportunidad?

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Escucha el podcast aquí.

Hay una perspectiva desde la cual el tema de la justicia ancestral podría ser, no una causa de enfrentamientos y de discordias, sino una fuente de oportunidades.  Esa perspectiva está basada en el reconocimiento de que el derecho es una tecnología;  y de que, como tal, pueden competir con otras tecnologías de su misma naturaleza.

Pero antes, ¿qué es una tecnología? es el conjunto de conocimientos y técnicas que, aplicados de forma lógica y ordenada, permiten al ser humano modificar su entorno material, o virtual para satisfacer sus necesidades, esto es, un proceso combinado de pensamiento y acción con la finalidad de crear soluciones útiles.

Dicho lo anterior, en el artículo titulado How Local Governments Could Work More Like Cell Phones, Zachary Caceres explica que  la gobernabilidad puede ser mejorada por medio de innovaciones focalizadas, que pueden ofrecer una prueba de del concepto antes de su adopción más amplia. La clave, según Zach, es dar autonomía a los barrios y ciudades para implementar reformas a pequeña escala, por lo que sirven de campo de pruebas para nuevos enfoques. Una ciudad de arranque [o startup city]  podría tener un sistema legal, o una policía diferentes. Las comunidades se convierten en “startups” que prueban las reformas como prototipos y modifican las políticas hasta que funcionen bien.

En Startup Cities: How Can Entrepreneurs Save Politics, Zachary Caceres abunda en aquella perspectiva. La reforma política es extremadamente arriesgada. Típicamente, sólo pensamos que una reforma ha ‘fallado’ cuando una nueva ley, o programa no es aprobado por el Congreso. Pero la reforma, al igual que la iniciativa empresarial, está llena de fracasos. A veces una reforma es cooptada por intereses especiales y se convierte en un Frankenstein, una horrible creación que sus inventores nunca quisieron. O un comité en algún lugar a lo largo del camino lo destruye. Lo peor de todo es que a veces los reformadores se equivocan y terminan “haciendo mal mientras tratan de hacer el bien”…Estos rasgos empeoran, dice Zach,  si se intenta reformar a nivel nacional porque nada se pone a prueba. Desde una perspectiva local las comunidades que compiten tienen suficiente autonomía para probar muchos enfoques diferentes y nuevos para el mismo problema. Este es el espíritu de humildad del emprendedor por medio de experimentos. Cualquier falla es pequeña y local en lugar de arrastrar todo el país. Los experimentos locales son más baratos ya menudo son más fáciles de entender. Las ciudades son más ágiles que las naciones y pueden adaptarse más rápidamente al fracaso.

Luego, si la función del derecho -como tecnología- es satisfacer ciertas necesidades de las personas en sociedad, como  la de limitar el poder, las de evitar y resolver conflictos, la de reducir los costos de transacción, además de conseguir justicia, paz y orden para sólo mencionar unas, la idea de Zach es que podemos poner a prueba diferentes formas de derecho, como ponemos a prueba diferentes tipos de teléfonos;  y la clave es que las pruebas sean focalizadas…y voluntarias.  Que no sean generalizadas, ni forzadas para evitar que, si la tecnología (el derecho) fracasa,  los daños sean extendidos; y si la tecnología (el derecho) tiene éxito, la prueba facilite su adopción a niveles más extendidos.

En aquel contexto la justicia ancestral (o el sistema de derecho ancestral) -si fuera tratada como tecnología- podría competir con otras formas de justicia (o sistemas de derecho). Empero, aquella competencia debe ser libre, voluntaria y pacífica -como ocurre con la competencia en otras tecnologías, digamos, la de los teléfonos-  No puede ser de forma coercitiva, y no puede ser sobre bases etnicistas. A nadie se le ocurriría, por ejemplo, promover que los miembros de esta, o aquella etnia, no pueden usar ciertas marcas de teléfonos,o ciertas marcas de computadoras, o ciertos tipos de automóviles.  El tratamiento racista del experimento, aunque fuera focalizado como sugiere Zach, fracasaría porque no sería voluntario.

Un detalle importante- a estas alturas- es que en la propuesta de reforma constitucional del sistema de justicia, que se discute en el Congreso, no se está discutiendo el reconocimiento del derecho ancestral.  Ese reconocimiento ya está consignado -a nivel nacional- en el artículo 66 de la Constitución, desde 1985.  Lo que está a discusión es el reconocimiento de la capacidad de juzgar y de hacer cumplir lo juzgado por parte de las autoridades ancestrales al mismo nivel  que el de los jueces y magistrados de la jurisdicción ordinaria.

No está claro, sin embargo, cuáles son los límites de aquella capacidad de juzgar y de hacer cumplir lo juzgado por parte de las autoridades ancestrales.  ¿Cuáles serán las materias de competencia para las autoridades ancestrales? Sabemos que el principal criterio es etnicista; pero, ¿se aplicará a asuntos comerciales, a asuntos penales, de toda cuantía, en todo el territorio del país? ¿Qué ocurrirá si las partes son de etnias diferentes, digamos indígenas, y garífunas?  Todas las dudas que hay sobre el las facultades jurisdiccionales del sistema ancestral podrían ponerse a prueba si se entiende la propuesta de Zachary Cáceres en los dos artículos citados arriba.

Digamos que está en el mejor interés de la paz y de la cooperación social reconocer que -debido a la multiculturalidad y a que cada cabeza es un mundo– distintas personas tienen distintas necesidades y perspectivas con respecto esa tecnología conocida como derecho o sistema de justicia.  ¿Por qué no despojar a esas necesidades del componente etnicista del cual están saturadas en la discusión actual? En un espíritu disruptivo, innovador, emprendedor y más allá del colectivismo etnicista, ¿qué tal si aprovechamos la oportunidad y probamos distintos tipos de derecho en statrup cities, por ejemplo?

En el primer párrafo mencioné muy de pasada el tema de la competencia entre tecnologías, competencia que no es ajena a las fuentes del derecho.  En esta conferencia, que te recomiendo mucho, Enrique Ghersi explica el carácter competitivo de las fuentes del derecho; basado en las preferencias de las personas de acuerdo con sus intereses particulares, de los costos y beneficios y de nuestra escala de valores.

Eso sí, para que la competencia de sistemas de justicia, o de fuentes de derecho sea legítima, es imprescindible que a las statrup cities sus habitantes puedan unirse pacífica y voluntariamente, y no por mandato legal y menos por circunstancias tan impersonales y fuera de su control como la etnia.  Es imprescindible que los habitantes puedan elegir, libremente, las  startup cities en las que la tecnología política y la tecnología judicial -entre otras- cumplan con sus funciones a satisfacción de quienes las han elegido.

¿Qué opinas?

La ilustración es por Deval Kulshrestha, CC BY-SA 3.0


15
Feb 17

La justicia ancestral y las ordalias

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Si en occidente estuviéramos apegados a la justicia ancestral todavía veríamos ordalías y otras prácticas poco civilizadas.

En occidente, la evolución del derecho penal pasó por la práctica de la venganza privada, misma que no se detenía en el ofensor sino que se extendía a toda su familia hasta el extremo de causar guerras; pasó por una etapa religiosa en la que el el estado actuaba como representante de la voluntad del dios de turno, en esa etapa un delito era una ofensa a la divinidad y los delitos contra la patria, o el dios (o los dioses) eran los más atroces.  Una tercera etapa fue aquella en la que la justicia se asentó sobre bases cívicas y morales. Todo esto lo puedes leer en Derecho penal, de Eugenio Cuello Calón y me recordó mis clases de esa materia con Francisco Fonseca Penedo.

Las ordalías eran pruebas que invocaban e interpretaban el juicio de dios en materia de solución de conflictos, o en materia de comisión de delitos.  Mediante el uso de procedimientos y ritos (místicos e irracionales) se infería la inocencia, o culpabilidad del acusado. Precisamente por su carácter mágico e irracional, las ordalías fueron sustituidas por la tortura. Ese era el carácter de la justicia  ancestral: el del misticismo, el látigo y el potro.

A veces la ordalía era un combate y la gente creía que el vencedor era favorecido por el dios que estuviera a cargo.  No era raro que la ordalía consistiera en tomar un hierro ardiente, caminar sobre fuego, o meter las manos en brasas.  Si el acusado sobrevivía, o resultaba con daños menores, se estimaba que era inocente.

No todas las ordalías eran a base de fuego pues las había de agua. Estas pruebas se realizaban en la iglesia como un privilegio otorgado por el señor local y los acusados le pagaban a la iglesia la tasa exigida para la prueba.  Esta consistía en meter la mano en agua hirviendo y demostrar que al tercer día las quemaduras estaban sanadas…si se era inocente.

Por cierto, ¿qué pensarán los dirigentes de las distintas iglesias chapinas con respecto a las azotinas y otros castigos similares en el siglo XXI?

Si occidente no hubiera abandonado el derecho ancestral, las garantías procesales, y la idea de justicia como un proceso racional de identificación nunca hubieran sustituido a la arbitrariedad, el misticismo, la superstición y la crueldad.  Pero aún hay grados de arbitrariedad y hasta de crueldad vas ha decir.  Y, claro, claro que sí…pero no son bien vistos, ya no son la regla, son ilegales, en occidente nadie -con dos dedos de frente- está de acuerdo con que sigan existiendo, y es generalmente reconocido que son inmorales e inaceptables.


14
Feb 17

¿Qué es lo tradicional y qué es lo excesivo?

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He estado bajo la impresión de que -aparte del tema racista en que se basa la propuesta de que haya distintos sistemas judiciales para personas de distintas etnias- la idea es que la justicia indígena se basa en la costumbre o en la tradición y por eso es consuetudinaria.  Pero tal vez esté equivocado.

Lo digo porque hace poco más de un año  Cristobalina Lucas denunció en la alcaldía indígena  que su hijo, Jonathan Morales Lucas, le había robado una computadora portátil que sería utilizada por otra de sus hijas. Frente a decenas de vecinos, las autoridades indígenas le propinaron nueve azotes a Morales Lucas, de 20 años, luego de que confesara el robo.

En ese contexto,  Raúl Ricardo Rodríguez, auxiliar de la Procuraduría de los Derechos Humanos en Quiché, dijo que esa oficina no está  contra la aplicación del castigo indígena, pero apela a que en vez de azotar a personas señaladas de hechos delincuenciales, se apliquen medidas correctivas como trabajo comunitario en beneficio de las personas afectadas. Rodríguez agregó qué si la persona que recibe ese tipo de castigos considera que fue excesivo, pudiera interponer una denuncia ante el Ministerio Público contra del grupo que lo hayan golpeado.

Morales Lucas estuvo amarrado durante dos días y dos noches y esa fue la forma en la que las autoridades indígenas consiguieron su confesión.

Y a mí me surgen varias dudas:

  • La PDH no está contra los azotes, ¿a pesar de que las penas crueles, o infamantes son evidentemente violatorias de la dignidad de las personas?
  • Si el derecho indígena se basa en la costumbre o tradición, y por eso es que es consuetudinario, al cambiar los azotes por trabajo comunitario, ¿se altera la costumbre y se desnaturaliza la tradición?
  • ¿Cuál es la gracia de que sea legitimada constitucionalmente una forma de justicia etnicista supuestamente basada en costumbres y tradiciones que vienen de muchas generaciones atrás, si luego esas costumbres y tradiciones van a ser cambiadas porque una autoridad ajena a las etnias involucradas apela a que sean cambiadas?
  • Puesto de otra forma: Para sus usuarios…¿la justicia ancestral va a tener gracia sin las azotinas?
  • Morales Lucas recibió nueve azotes. ¿Diez, o doce hubieran sido excesivos? ¿Morales se hubiera podido quejar en el Ministerio Público contra la alcaldía indígena?
  • En el criterio de excesivo: ¿Influye la fuerza con las que se dan los nueve azotes? ¿Qué es excesivo, 12 azotes suaves, u ocho azotes fuertes? ¿Influye en el criterio si los azotes son con vara de membrillo, con látigo de cuero, o con lazo…y si el lazo tiene nudos?
  • ¿Quién lleva control si el ladrón de compus vuelve a robar?  Y si vuelve a hacerlo, ¿cuál sería el castigo?  Se dice que serán 40 azotes; ¿eso será excesivo comparado con nueve?
  • ¿Cómo actuaría el Ministerio Público contra los miembros de la alcaldía indígena en caso de castigos excesivos en el ejercicio de su autoridad? La alcaldía indígena, ¿reconocerá la autoridad del MP?
  • ¿Si el sujeto activo del hurto de la computadora hubiera sido una mujer indígena? ¿Hubiera recibido nueve azotes? ¿Y si hubiera sido una mujer ladina?
  • ¿Qué, exactamente, es trabajo comunitario equivalente a 9 azotes?
  • El que una persona esté señalada de hechos delincuenciales, ¿quiere decir que es culpable y que debe ser penalizada?
  • ¿Qué opinan la PDH y el MP de la práctica de conseguir confesiones acerca de delitos por medio de amarrar a los sindicados? ¿En qué condiciones estuvo amarrado Morales Lucas para que confesara?

Si te interesan estos temas, seguramente te interesará por qué fracasó la jurisdicción indígena en Bolivia.


18
Ene 17

Captura de familiares del Presidente

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Sammy Morales, hermano del presidente de la República, Jimmy Morales, fue capturado por su presunta participación en el caso conocido como Botín en el Registro de la propiedad; por ese mismo caso hay una orden de captura contra José Manuel Morales, hijo del mandatario.

¡Es extraordinario que la familia de un Presidente en funciones sea conducida a los tribunales!  Desde una perspectiva importante, lo que ha ocurrido hoy es ejemplar y ojalá sea un paso más hacia la fundación de un estado de derecho en Guatemala.  ¿Quién iba a decir que cosas así serían posibles?

¿Cuál es el caso en el que están presuntamente involucrados los Morales?  La compra fingida de unos desayunos -que nunca fueron servidos- para el Registro de la propiedad, a un restaurante vinculado a un amigo de la familia presidencial.  El monto del negocio, o de los negocios esos, fue de casi Q200, 000.  Pecatta minuta, diría alguien por ahí, comparada con los saqueos millonarios en el Transurbano, en el mismo Registro y en casi toda la administración pública durante las administraciones de Los Colom y de Pérez/Baldetti.  ¿Por qué me refiero sólo a esas dos administraciones, si seguramente hubo corrupción en las anteriores? Porque en estas dos últimas ha estado vigente el mandato de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (aunque sólo desde la última ha estado activa contra la corrupción).  Pecatta minuta, o no, lo cierto es que sería fabuloso que ni la familia presidencial estuviera por encima de la ley.  Este es un mensaje y una lección importante no sólo para los guatemaltecos, sino para muchas otras sociedades en las que el estatismo ha sido el caldo de cultivo para la corrupción.

Hay un caveat, sin embargo. Hay grupos sociales y políticos que nunca se resignaron a perder las elecciones y al hecho de que los electores guatemaltecos rechazaron a sus candidatos.  Algunos de esos grupos son sólo oportunistas; pero un componente clave en aquella coalición informal es el de los colectivos vinculados con la exguerrilla, con la dirigencia popular que bloquea calles y carreteras y quema maquinarias y equipos industriales, con los que siembran las semillas del conflicto, con los que siembran otras semillas peligrosas para la república y el orden constitucional.

Para el observador agudo, está claro que desde el día 1 de su mandato, el presidente Jimmy Morales ha sido blanco de una variedad de intentos de deslegitimación.  El no ayuda por su inexperiencia y por su carácter; pero ciertemente que no le ayudan los negocios de sus parientes.

Los ciudadanos y los mandantes chapines nos enfrentamos ahora a otro momento fascinante en nuestra historia cívica.  Por un lado cabe celebrar que se impongan el estado de derecho y la ley hasta lo más alto de la pirámide del poder político, e incluso a la familia presidencial; y, por otro lado, tenemos la responsabilidad de no dejar que las circunstancias sean aprovechadas para que grupos de ningún lado del espectro político impongan sus agendas y consigan objetivos que los electores han rechazado en sucesivas ocasiones.  En persecución de la justicia, el reto es conseguir las dos cosas.

Actualización: José Manuel Morales se entregó poco después de esta publicación.

La foto es de ElPeriódico.


02
Dic 16

FUBAR

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FUBAR es un acrónimo que quiere decir Fucked up beyond any recognition y es lo que se me ocurrió ahora que se acerca el fin de año con respecto al proceso iniciado en abril de 2015.

Jodido, más allá de todo reconocimiento porque tengo la impresión de que desperdiciamos la oportunidad dorada de hacer una reforma política sustancial; estamos desperdiciando la oportunidad de oro de hacer una reforma del sistema de justicia; y no termina de estar claro qué procesos contra la corrupción son sustanciosos y cuáles son palos de ciego, o van a terminar en doctorados honoris causa de carácter político, o en foto-ops para las memorias de labores.

¡Hay que rescatar el proceso iniciado en 4/15!; pero para ello hay que alejarlo de la eterna lucha de facciones y de la eterna lucha de intereses. Hay que alejarlo del afán constructivista que parte de la premisa de que la sociedad se puede diseñar a fuerza de legislación y de la premisa de que la vida en sociedad es una competencia por acumular privilegios.  Hay que alejarlo de la idea de que el sistema fiscal y el presupuesto del estado son medios para expoliar y para transferir riqueza por medios políticos hacia quienes tienen poder e influencia política.

Si el proceso iniciado en 4/15 continúa por la vía de apoyarse en legislación específica y concreta, diseñada para atender demandas e intereses particulares (como los del establishment político, como los de sindicatos y cámaras, como los de jueces y magistrados, como los intereses étnicos y de sexo entre otros intereses igualmente colectivistas, sólo para mencionar unos), FUBAR va a ser poco.  Si hemos de rescatar el proceso citado tiene que ser por la vía de las leyes generales y abstractas, iguales para todos, sin privilegios y sin dedicatoria; por la vía del respeto absoluto a los derechos individuales, frente a los intereses colectivos y por la vía de la responsabilidad de los mandantes.

El proceso iniciado en 4/15 no se trata de salir a la plaza a pedir mi particular monte de orégano; sino de sentar bases sólidas para la paz, la cooperación social y la prosperidad, aunque sea a costa de le ideología.

Columna publicada en elPeriódico.