22
May 19

CICIG intenta asedio contra la libertad de expresión

Con el pretexto de que la desinformación en redes sociales es una herramienta de las redes político económicas criminales para socavar la lucha contra la corrupción, la CICIG (¿Todavía existe la CICIG?) mandó a hacer un informe (o consiguió un informe) en el que acusa de netcenteros a varios tuiteros que suelen cuestionar la actuación de la Comisión.

Según la CICIG los netcenters divulgan mensajes que provocan odio hacia los actores de la lucha contra la corrupción y estos son reenviados y multiplicados por rebaños de personas desinformadas y manipulables.

Desde lejos y por medio de una videoconferencia, el jefe de la CICIG se refirió al informe sobre netcenters. Foto de elPeriódico.

A decir verdad, no dudo que haya netcenters, ¿por qué no iba a haberlos? En los tiempos de las redes sociales virtuales hay suficientes incentivos como para que grupos de interés de todos los colores hagan uso de ese recurso para influir en la opinión pública.  ¿Cuándo es que los grupos de interés no han hecho uso de todo tipo de recursos para influir en la opinión pública? Lo malo, por supuesto, es tratar de influir por medio de noticias e informaciones falsas, o de medias verdades, o de manipulaciones malintencionadas.

Dicho lo anterior, ya sabes: Estoy en desacuerdo con lo que dices, pero defenderé hasta la muerte tu derecho a decirlo, es una frase que Evelyn Beatrice Hall le atribuyó a Voltaire. Lo que no se vale es que un poder como la CICIG (un poder que no responde ante los tributarios, ni ante los electores) consiga un informe ad hoc y señale de odiadores (haters) a sus críticos; y que los señale de causar odio contra los actores que luchan contra la corrupción que, ¿cómo iba a ser de otra forma? ¡Qué casualidad!, son la mismísima Comisión y sus patrocinadores y corifeos. Lo que no se vale es que el informe no fuera sobre la totalidad de netcenters (esas malvadas organizaciones manipuladoras), sino sólo sobre los que opinan y operan contra los intereses de la CICIG, sus patrocinadores y sus corifeos. ¿Me vas a decir que los tuiteros afines a aquellos tres no operan igual que los tuiteros que los cuestionan?

¿Qué quieren la CICIG, sus patrocinadores y sus corifeos? ¿Un pensamiento único que no los incomode? ¿Un pensamiento hegemónico? ¿Un ambiente sumiso que no cuestionara el poder desmedido e irresponsable que llegó a tener la Comisión? ¿Sólo tuiteros y feisbuqueros serviles?  ¿No es así una de las formas en que se enraízan las dictaduras? En el siglo XX, ¿no era la prensa servil, sumisa y de pensamiento único la que ponía a la opinión pública del lado de los tiranos?

Seguro que para la CICIG moribunda, para su Jefe y para sus funcionarios, algunas opiniones de usuarios de redes sociales virtuales son incómodas y desagradables; pero, en Guatemala, es libre la emisión del pensamiento por cualesquiera medios de difusión, sin censura ni licencia previa. Este derecho constitucional no podrá ser restringido por ley o disposición gubernamental alguna; y no constituyen delito o falta las publicaciones que contengan denuncias, críticas o imputaciones contra funcionarios o empleados públicos por actos efectuados en el ejercicio de sus cargos. Esta disposición constitucional (si alguien todavía respeta la Constitución en este país) se le aplica también a la CICIG; aunque esa Comisión, su Jefe y sus funcionaros todavía crean que pueden actuar con la impunidad con que actuaron durante una década.

La ilustración es de Vosnisho.

No se vale intimidar a los usuarios de las redes sociales virtuales adversos, ni colgarles un sambenito para manipular la opinión pública mediante una forma de censura contra opiniones incómodas.  Esas son cosas de la Inquisición, de la Stasi, de la KGB, y de la Gestapo.  ¡¿Sorpresa?!


07
May 19

¿Por qué la tardanza en los amparos de Thelma y Zury?

¿Como se explica que la Corte de Constitucionalidad no resuelva los amparos de Thelma Aldana y Zury Ríos? El retardo en aquellos fallos no sólo afecta la certeza jurídica que sería sana en un proceso electoral; sino fomenta la apatía y perjudica los resultados del proceso.

¿Quiénes se benefician de la incertidumbre en el proceso?

¿A quién beneficia la incertidumbre? ¿Quién se beneficiaría de un proceso electoral deslegitimado? ¿Quién se beneficiaría de un Presidente electo en un proceso deslegitimado?

Yo digo que la incertidumbre beneficia a la candidata que pueda alegar que, dado que su participación fue obstaculizada, el proceso electoral y sus resultados son ilegítimos.  La incertidumbre beneficia a aquellos que no tienen capacidad alguna de ganar una elección en buena lid; pero pueden organizar una toma del poder por medio de güizachadas. Vimos ensayos con vestuario de esas maniobras antes de la elección de 2015 y durante toda la administración que está por concluir contra viento y marea. A muchos partidos políticos y grupos de interés (normalmente satélites de la Comisión Contra la Impunidad en Guatemala y afines a la exguerrilla) les vendría como anillo al dedo que la próxima administración comenzara como conecuencia de un proceso que aquellos partidos y grupos calificaran de ilegítimo, así de entrada. Ya sabes como funciona este tipo de maniobra: los partidos que se benefician de la maniobra gritan que el proceso ha estado viciado, sus centros de pensamiento validan aquel reclamo y las cajas de resonancia en los medios de comunicación y en las redes sociales amplifican el ambiente; en consecuencia: la proxima administración es un lame duck y la república es presa fácil.

La Corte de Constitucionalidad tiene una historia en la mala práctica de retrasar fallos con propósitos políticos; y como ejemplo puedes recordar el de la minera San Rafael cuando los magistrados se tardaron 425 días para resolver.  La CC tiene también una historia de comportamiento activista, más que jurídico.

La incertidumbre en el proceso electoral es mala porque en río revuelto, ganancia de pescadores. Es mala porque contribuye a la apatía. En nada beneficia a la construcción de la república un proceso electoral que no sólo es incierto, sino que aleja a los electores y que, encima, que pueda producir resultados precarios como consecuencia de la decisión política de los magistrados en el sentido de no cumplir con el principio de celeridad, en busca de establecer un proyecto de nación al margen de los electores y de los tributarios.


18
Abr 19

Mario Estrada y otra chambonada de la CICIG

Las preguntas del millón -en torno a la captura de Mario Estrada y Juan Pablo González Mayorga en Miami, señalado, el primero, de conspirar para importar cocaína hacia los Estados Unidos, ya que este pretendía obtener financiamiento del cartel de Sinaloa para los gastos de su campaña electoral, a cambio de facilitarles desde Guatemala el tráfico de drogas, a través de los puertos y aeropuertos del país- son varias; pero a mi dan mucha, mucha curiosidad cinco.

Si aquella acusación te impresionó, ¿qué tal esta otra? El 8 de febrero de 2019, durante una reunión en la ciudad de Guatemala, el candidato a la presidencia por Unión del Cambio Nacional, Mario Estrada y su socio, González Mayorga (ex operador político de la Unidad Nacional de la Esperanza, el partido de Sandra Torres)  les pidieron a dos agentes encubiertos de la Agencia para el Control de Drogas —que se hacían pasar como miembros del cartel de Sinaloa— que asesinaran a dos de sus rivales políticos. En la solicitud que hace Estrada, asegura que uno de los políticos sería blanco fácil porque tiene muchos enemigos en Guatemala.  Gonzalez Mayorga, también es acusado por la DEA de ayudar al candidato a la presidencia para facilitar el envió de drogas al país norteamericano.

La ilustración la tomé de https://twitter.com/Gran_Pablito

Las preguntas, si las sindicaciones de la DEA resultan siendo ciertas:

¿A lo largo de 10 años de operaciones y de experiencia en Guatemala, cómo fue que todo este tema se les pasó a la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala?

¿Cómo fue que todo este tema se les coló a las fiscales generales Thelma Aldana y Claudia Paz y Paz apoyadas por la CICIG?

¿Cómo fue que todo este tema  se le pasó al Tribunal Supremo Electoral, a quién la CICIG le trasladó capacidades en su oportunidad?

¿Cuántos políticos chapines -a todo nivel- están en iguales, o similares circunstancias que el candidato Mario Estrada, su socio y el partido que lo apoya?

¿Quiénes iban a ser las víctimas de los sicarios solicitados?

Yo buscaría las respuestas a las tres primeras en el hecho de que la CICIG y el Ministerio Público se enfocaron en construir un proyecto socialista de nación y no en acabar con estructuras criminales. Si que en algunos momentos intensos hubo persecución de algunos delincuentes y corruptos; pero las grandes estructuras criminales (como el sistema de aduanas y el narcotráfico) y los ambientes institucionales que las hacen posibles sobrevivieron a Castresana, Dall´anese y a Velásquez; así como a Paz y Paz y a Aldana.

La CICIG, con la ayuda del MP protegieron a la administración corrupta de los Colom/Torres en su momento (con el pretexto de defender la democracia chapina, pero con el objetivo de allanar el camino para el socialismo); y luego procedieron a allanar los caminos institucional, judicial y electoral para facilitar que, por lo menos una de sus candidatas consentidas -Sandra Torres, primero, Thelma Aldana, después y tras la pifia de esta, Torres de nuevo)- pudieran llegar a la Presidencia de la República y llenar de diputados el Congreso.

En ese afán se perdió la CICIG.  Sus todopoderosas facultades no se enfilaron a combatir el cáncer del narcopoder, sino que se concentraron en la abusadora pretensión de cambiar Guatemala a su sabor y antojo y al de sus patrocinadores y lacayos, incluso contra los deseos de los electores y de los tributarios. No que Guatemala no necesite cambiar, ¡Claro que sì!  Urge acabar con las estructuras y los ambientes que hacen posible la corrupción, así como urge acabar con el estado benefactor y mercantilista que hace del país un patrimonio de grupos de interés, entre otras cosas.  Pero nada de eso va a ser posible si no se combate el narcopoder. Incluso la nueva Guatemala a la medida de la CICIG y del socialismo no iba a ser posible sin neutralizar al narcopoder; pero los ingenieros se cegaron con la posibilidad de hacerse con la Presidencia y con el Congreso rápidamente y casi sin sudor.

¡Por supuesto que buena parte del narcopoder tiene su fuente en la guerra perdida contra las drogas!; pero como no se ve que esta vaya a ser sustituida por una estrategia mejor, el experimento de la CICIG quizás no hubiera sido tanto un desperdicio si hubiera hecho lo que hicieron la Drug Enforcement Agency y el Deparment of Justice de los Estados Unidos de América.

Fíjate pues: la ayuda internacional contra la criminalidad no es mala, ni buena en sí misma.  El que la DEA y el Department of Justice, con la colaboración sólida de sus contrapartes guatemaltecas, hayan capturado a dos chapines notorios, por conspirar para ingresar drogas a los EE.UU. (que es un asunto interno de aquel país, porque la guerra contra las drogas es su guerra), tiene resultados positivo para el saneamiento de las elecciones que vienen en Guatemala y uno tiene la esperanza de que ¿qué más va a salir a luz y a qué hora para estar despierto?  Pero lo que no se vale es disfrazar de lucha contra la corrupción el intento de construir un proyecto de nación (cualquiera que sea el color del proyecto).

No te pierdas en la falacia del Package-Dealing. Esta es la que se comete cuando no se discriminan las diferencias cruciales. Consiste en tratar juntos, como partes de un único conjunto conceptual o paquete, elementos que difieren esencialmente en su naturaleza, su relación con la verdad, su importancia o su valor. Como dice la gente: una cosa es una cosa,y otra cosa es otra cosa

La quinta pregunta da para demasiadas especulaciones; y ojalá se aclare durante los procedimientos judiciales que se vienen.

El título de esta nota es porque esta no es la primera chambonada de la CICIG.  He aquí una lista de las pifias de la Comisión:

Testigos obligados a mentir

Otra chorrada de la CICIG

Otro tiro por la culata para la CICIG

La increíble y  triste historia de los fracasos de la CICIG.

Otro fiasco de la CICIG

Otro pedo inflado de la CICIG y el MP

La CICIG, como Saturno, se come a sus hijos

La CICIG otra vez en la picota

La mulada, la CICIG

Los fracasos de la CICIG y la crisis de los tributarios

¿Otra vez la chorreó la CICIG?

La CICIG y Thalia

Otra vez, y otra vez, la CICIG en entredicho

Otra vez la CICIG cuestinada, esta vez por adopciones

Las cuitas de la CICIG


03
Abr 19

¿Quién protege a Sandra Torres?

¿Cuántos cigarros y cuántos octavos le ha ofrecido a Maximón Sandra Evita Torres? ¿Quién la protege? ¿Vas a creer que el caso penal que se lleva en su contra estaba listo 117 días antes de que recibiera inmunidad como candidata presidencial?

¿Qué quiere decir, exactamente, que el caso estaba listo? ¿Vas a creer que un caso de tanta, pero de tanta trascendencia jurídica y política se iba a atascar solito en un escritorio de la Fiscalía General del  Ministerio Público? ¿Vas a creer que la Corte Suprema de Justicia no se enteró a la hora de rechazar la solicitud de retiro de inmunidad en el contexto de un caso por financiamiento electoral ilícito?

Imagen de Maximón o Mam.

¿Por qué es que la CICIG (¿todavía existe la CICIG?) y la FECI dejaron pasar 117 días y hasta ahora dan la alarma? ¿No tuvieron oportunidad de advertir a la CSJ de la existencia de este caso que ya estaba en el MP? Según la CSJ para el 27 de febrero pasado, sus miembros no tenían elementos de racionalidad suficientes para retirarle la inmunidad a la candidata de la Unidad Nacional de la Esperanza. Yo creo que la Fiscal General tiene explicaciones que dar en este intríngulis; ¡pero también tienen que dar explicaciones la CICIG y la FECI…y la fiscal de 2015!

El proceso contra Sandra Evita Torres se originó de las pesquisas del caso llamado Traficantes de Influencias, en el que empresas pagaban por la agilización del crédito fiscal, y que prosiguió con el rastreo del dinero cobrado. En total, los aportes identificados como no reportados ante el Tribunal Supremo Electoral  por la Unidad Nacional de la Esperanza en la pasada campaña sumaron Q19.53 millones.

Las tres empresas que concentran los aportes no registrados por el partido, según la acusación del MP, fueron: Promotora de Recursos Habitacionales (Prohabsa), Maariv y Grupo Inmobiliario Empresarial San Felipe, las primeras tendrían varias conexiones empresariales con Mario Leal Castillo -prófugo– y la última con Ixcamey.

Prohabsa habría canalizado fondos por Q5 millones 791 mil 824.35; Maariv, por Q9 millones 64 mil, y Grupo Inmobiliario Empresarial San Felipe, Q4 millones 653 mil 315.

Además, se habría conducido a través de terceras entidades Q122 mil 613.75 empleados para comprar espacios publicitarios en TVA Guatemala (TV Azteca) usados en el 2015.

¿Qué le ha ofrecido a Maximón, Sandra Evita Torres, para safarse de estas?

Eso sin contar que el 27 de marzo pasado se conoció un audio en el que Torres habla con Gustavo Alejos acerca de aportes de financistas (en 2015, ¿quién era fiscal general en 2015?). La conversación revela  la implicación de Torres y Alejos en la captación de fondos para la campaña de la UNE en las elecciones de hace cuatro años.

Hace cuatro años, Torres era la consentida de la CICIG y de sus patrocinadores; puesto que perdió por las colas que tenia y frente a Thelma Aldana.  Ahora que Aldana anda prófuga (por las colas que tiene), ¿quién se beneficiaría si su caso presentado por la CICIG al Ministerio Público se atorara ahí, sin seguimiento apropiado de parte de la Comisión y de su aliada, la FECI, a sabiendas de que Torres iba a ser inscrita como candidata y de que luego de ello tendría inmunidad?

¿Quién protege a Sandra Torres?


25
Mar 19

El problema guatemalteco de Biden

El ex vicepresidente Joe Biden dejó  claro que si se lanza a la carrera presidencial de 2020, se presentará como Demócrata con las opciones de política exterior que el país necesita. Centroamérica, cada vez más importante para la seguridad nacional de los Estados Unidos, es una región en la que se considera un experto.

Haz clic en la foto para leer el artículo que da origen a esta entrada.

Aquella pretención fue afectada el martes cuando Guatemala emitió una orden de arresto para la ex fiscal general Thelma Aldana por cargos que incluyen la falsificación de documentos y el fraude fiscal; con estos dos párrafos inicia la columna titulada Biden´s Guatemalan Problem, de Mary Anastasia O´Grady publicada en el diario Wall Street Journal, que añade que los guatemaltecos se quejaron amargamente del desprecio de la Sra. Aldana por la ley durante su mandato como fiscal general de 2014 a 2018. Pero ella fue protegida contra la investigación por la embajada de los Estados Unidos y por la Comisión contra la Impunidad en Guatemala, conocida como CCIG (financiada por los EE.UU.) y su comisionado colombiano, Ivan Velásquez.

Una ex fiscal general, que trabajaba con la ONU es acusada de fraude, dice el subtitulo de la columna que es objeto de esta entrada.

Biden ha sido uno de los más entusiastas promotores de la CICIG, a pesar de que la Comisión terminó siendo un fracaso épico, explica O´Grady.

Luego, en su columna que es de antología y que hay que guardar, la periodista relata como es que el rol de aquella comisión se fue deteriorando a pesar del apoyo del que llegó a gozar en 2015. Cuenta cómo es que la comisión no responde a nadie y cómo es que Velásquez llegó a comportarse como un virrey.

En esas circunstancias, O´Grady cuenta cómo es que la arbitrariedad de Velásquez -condonada por Aldana- creó una cultura de miedo y cómo es que uno y la otra llegaron a necesitarse mutuamente. No fue hasta que los abusos de la CICIG llamaron la atención internacional, que los guatemaltecos recobraron confianza para manifestarse sobre aquellos abusos.

Luego, en su columna, Mary Anastasia O´Grady les cuenta a sus lectores las cuitas electorales y judiciales de Thelma Aldana, que viajó a El Salvador.

De vuelta a Biden, la columnista señala que Biden no ha sido el único Demócrata que ha continuado apoyando a la CICIG luego de que sus asaltos contra el estado de derecho fueran documentados; y menicona a Norma Torres y James Mc Govern, así como a Patrick Leahy.

O´Grady finaliza su columna con la siguiente observación: No podría haber evidencia clara de que la comisión de la ONU se ha convertido en un instrumento político de la izquierda guatemalteca y estadounidense. Esto retrasó el objetivo de fortalecer la democracia guatemalteca y dañó los intereses de seguridad de los Estados Unidos en la región. Si el Sr. Biden corre, tendrá que dar algunas explicaciones.


19
Mar 19

Ve pues…orden de captura contra Thelma Aldana

El Juez décimo de Primera instancia penal, narcoactividad y delitos contra el ambiente emitió una orden de aprehensión contra Thelma Aldana, la candidata presidencial del socialista grupo Semilla; y una parte de mí se alegra; pero otra está incómoda.

La parte que se alegra celebra que la candidata enfrente a la justicia como tendría que enfrentarla cualquier otro mortal acusado de peculado por sustracción en forma continuada, falsedad ideológica y casos especiales de defraudación fiscal.

Según el Código Penal, el funcionario o empleado público que sustrajere o consintiere que otro sustraiga dinero o efectos públicos que tenga a su cargo por razón de sus funciones, comete peculado. Igual que el funcionario o empleado público que utilizare en provecho propio, trabajo o servicios pagados con fondos públicos.

Ese mismo cuerpo legislativo tipifica la falsedad ideológica como quien, con motivo del otorgamiento, autorización o formalización de un documento público, insertare o hiciere insertar declaraciones falsas concernientes a un hecho que el documento deba probar, de modo que pueda resultar perjuicio.

Los casos especiales de defraudación tributaria están tipificados aquí y no los transcribo porque son muy largos de enumerar.

La parte que se alegra se siente un poco menos noble y algo morbosa porque ¿cuántas veces vimos a la candidata, cuando era jefa de ministerio público, erigirse cual gran señaladora junto a Robespierre Velásquez? ¿Cuántas veces hemos visto al grupo Semilla apuntando el dedo y acusando con aroma de santidad? Sí, el grupo Semilla cuyo fundador no está preso (pero está libre con el privilegio de fianza), porque era uno de los favoritos de la CICIG y del establishment; privilegio, digo, y no derecho, porque a otros procesados esa opción les ha sido negada arbitrariamente y con saña. ¿Cuántas vidas arruinaron los equipos de Aldana/CICIG, no en busca de hacer justicia, sino de politizar la justicia y sembrar el terror?

Thelma Aldana, la candidata de la pureza parece no estar floreciendo.  Se tuvo que ir a inscribir a la sombra de la noche y por la puerta de atrás, armada sólo con un finiquito de conciencia; y luego, ¿alguien le tendió un puente de plata para que pudiera huir a El Salvador y no viéramos fotos de ella enchachada y frente a un juez? ¿Como es que la orden de captura es de ayer y la inscripción es de hoy? ¿Cuando y a qué hora se puso las de Villadiego?

Con todo y eso, otra parte de mi está incómoda.

Incómoda porque así como es inaceptable la politización de la justicia, es inaceptable la judicialización de la política.  ¿Qué tal si es cierto que este proceso contra Aldana es parte de un plan para allanarle el camino a Sandra Torres, la de la Internacional Socialista, la del gobierno de Colom, la que se divorció para ser candidata en las elecciones pasadas, la del Transurbano, y la admiradora de Fidel Castro. Sandra Torres la que debería estar procesada por financiamiento electoral ilícito y no registrado, pero que se ampara en el antejuicio del que gozan los candidatos.

Incómoda porque tanto melodrama -y tanta incertidumbre- huelen a compadre hablado; siendo que Aldana parece ser la nueva favorita de la CICIG y sus admiradores.  A ratos todo esto tiene aspecto de una opereta en la que nada es lo que parece y lo verdaderamente importante está ocurriendo tras bambalinas.

Y si es cosa de compadres hablados ¿Qué tal si todo se arregla de modo que parezca que el Ministerio Público hizo su mejor esfuerzo para perseguir a Aldana, luego resulta que el Juez dice que no hay caso, y acto seguido el Tribunal Supremo Electoral confirma su candidatura? Lo que sigue son los aplausos porque la candidata aclaró su situación jurídica y tutti contenti. ¡Bueno! Todos contentos entre la CICIG y su coro, y el establishment.

En todo caso, ¿quién me  presta una bola de cristal? ¿Quiénes van a ser los perdedores si todo esto es una charada? Los chapines, la credibilidad y legitimidad del proceso electoral, el estado de derecho y el futuro de la república.

Las dos ilustraciones las tomé de Facebook,


12
Mar 19

Sinaloa y el reglamento mordaza del TSE

Es posible que el reglamento mordaza del Tribunal Supremo Electoral, Acuérdo 99-2019, sea un copy/paste y adaptación del Reglamento de debates del estado de Sinaloa, México.  La cuestión, ahora, es quién pidió, o quiénes pidieron ese reglamento para Guatemala; quién, o quienes hicieron el copy/paste y por qué, con qué propósitos. ¿Para servir a qué intereses? ¿De dónde sale la gente que hace este tipo de cosas? ¿La CICIG tuvo algo que ver? ¿Alguien cobró por hacer el copy/paste?

Foto parcial del Plan de lineamientos, de Sinaloa, México

Los lineamientos para la organización de debates entre candidatos, de Sinaloa, regula la competencia y responasbilidad de los consejos electorales en la organización y difusión de los debates.  Define lo que son los debates y sus objetivos, así como sus términos y su estructura.  También especifica los temas sujetos a debate.

a) SOCIEDAD en función de los siguientes subtemas:

I. Desarrollo social. II. Seguridad pública, procuración e impartición de justicia. III. Educación. IV. Cultura. V. Etnias.

b) ECONOMÍA en función de los siguientes subtemas:

I. Desarrollo económico. II. Ecología. III. Inversión. IV. Empleo. c) GOBIERNO en función de los siguientes subtemas:

I. Relación entre niveles de gobierno.
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II. Desarrollo urbano. III. Relación entre gobierno y sociedad. IV. Responsabilidades de servidores públicos.

El reglamento citado también es muy específico con respecto al moderador.

a) Ser ciudadano mexicano en pleno goce de sus derechos políticos y civiles;

b) Contar por lo menos con 25 años de edad al día de la designación;

c) No desempeñar ni haber desempeñado cargo directivo de Comité Nacional, Estatal o Municipal o su equivalente en Partido Político alguno, en los últimos cinco años anteriores a la designación, ni ser de reconocida militancia o identificación partidista.

d) No desempeñar ni haber desempeñado cargo de elección popular, ni haber sido postulado como candidato, en los últimos cinco años anteriores a la fecha de su designación, ni haber participado en la campaña;

e) No ser ministro de culto religioso;

f) Contar con experiencia y conocimiento en las áreas de periodismo, humanidades, investigación o docencia;
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g) Gozar de buena reputación, reconocida capacidad, honorabilidad e imparcialidad;

h) No tener grado de parentesco en línea recta ascendente o descendente sin limitación de grado y en la línea colateral hasta el primer grado, con los candidatos y dirigentes de Partidos Políticos;

i) No haber desempeñado, en el período de tres años anterior a su designación, ningún cargo de dirección de la Federación, Estado o Municipio, así como sus organismos descentralizados; excepto quienes hayan desarrollado actividades relacionadas con la docencia; y,

j) No ser miembro de los Consejos Electorales.

No menos importante, en este contexto, es aclarar si la Comisión internacional contra la impundad en Guatemala tuvo un papel en esta aberración.

Foto parcial del acuerdo de colaboración entre la CICIG y el TSE.

Gracias a los lectores, Mario y César, por las pistas.

Actualización: el acuerdo mordaza del TSE fue revocado el 12 de marzo de 2019. Los magistrados, sin embargo, se niegan a aclarar cuál es el origen del mismo.


11
Mar 19

Mordaza y secuestro de la república

La receta para el secuestro de la democracia pasa por la toma del organismo judicial, la división entre buenos y malos, y reformas constitucionales ad hoc, dijo el expresidente Luis Alberto Lacalle, durantre el IV Encuentro ciudadano, celebrado el 6 de marzo pasado.

¡Y cuanta razón tiene!…mira el caso de Guatemala, por ejemplo.

La foto es de Coyau, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons.

Aquí, la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (y sus corifeos) se aseguró un grupo de jueces incondicionales que son los titulares de los juzgados de mayor riesgo; y se aseguró de señalar, como el enemigo, a los jueces y magistrados que no siguieran sus directrices. Los jueces serviles ignoran las garantías del debido proceso y violan los derechos humanos de cualquiera no sólo para castigar, sino para amedrentar y sembrar el terror.

Fueron los fans de la CICIG (¿de acuerdo con esa Comisión) quienes crearon el #PactoDeCorruptos para señalar a aquellos que cuestionaran las intenciones de la CICIG y la de sus corifeos. De esa forma, cualquiera que no sirviera a los propósitos de la Comisión (en los medios de comunicación, en las redes sociales, en la academia, en la política y donde fuera necesario) sería tachado como del bando de los malos. Sin que a los creadores del hashtag les importaran las motivaciones de los señalados.

La tercera parte de la receta es más compleja y requiere de un mise en place perverso que prepare el ambiente necesario para cambiar la ConstituciónPrimero una modificación de la opinión pública (que pasa por el párrafo anterior y por acciones como el Acuerdo 99-2019 del Tribunal Supremo Electoral, que es una forma de mordaza) para inclinar la balanza política/electoral y favorecer a los candidatos necesarios para hacer la reforma constitucional, entre otras. Luego modificaciones institucionales como las reformas a la ley electoral, con el propósito de cargar los dados y favorecer, desde la legislación, a los candidatos y grupos políticos elegidos. No menos importante es la inclusión de candidatos absurdos en las listas de los partidos afines, con el propósito de seguir deslegitimando el proceso político y la confianza en el sistema constitucional por parte de los electores y los tributarios.  De ahí las candidaturas del muchachito que no ha terminado el Diversificado, de La pirulina, y de El caminante, por citar tres. Este mise en place, ¿incluye la posibilidad de un fraude electoral? No como los que se hacían antes, robando urnas y eso. ¿Quién garantiza la neutralidad del sistema de cómputo del TSE? Lo citado en este párrafo, ¿por qué no califica como fraude si los dados están cargados? ¿Cuáles son los frutos de los convenios que el TSE firma con grupos de interés, con el PNUD, por ejemplo?

Estamos frente a un intento de secuestro mediante la manipulación de la justicia, la de la opinión pública y la de las instituciones con el propósito de modificar la Constitución.  Minutos más, minutos menos es el modus operandi que vimos en Nicaragua y en Venezuela; identificado por Lacalle. Es un intento de secuestro orquestado desde la CICIG, desde embajadas de países amigos, con el apoyo entusiasta de lacayos y clientes, y al margen de los electores y de los tributarios.  ¡En su perjuicio!  Es un intento de secuestro para hacer de Guatemala algo que los chapines no queremos, ni hemos querido.

Por supuesto que el secuestro  temible no es de la democracia; ya que toda democracia es secuestrada por la mayoría, o por quienes dicen representar a la mayoría.  El secuestro temible es el de nuestra incipiente y vulnerable república en construcción.

El que tiene ojos, que vea.


06
Feb 19

Se peló Iván Velásquez

Iván Velásquez -el jefe de la CICIG- le pidió a los Estados Unidos de América que fuerce un estado de derecho en Guatemala, según EfeNoticias, divulgado por Emisoras Unidas.

¡Se peló Velásquez!…le salió el cobre.

Está claro que el Comisionado no entiende lo que es un estado de derecho; y está claro que su veta autoritaria (si no totalitaria) y su veta constructivista, tan propias del socialismo, se impusieron sobre el maquillaje democrático con el que ha paseado por aquí.  Al lobo se le cayó la piel de oveja.

A la luz de la petición en cuestión, parece evidente que Velásquez cree que las valoraciones pueden ser impuestas por la fuerza.  ¿De verdad cree que por la fuerza se puede imponer sobre los chapines la valoracion de eso que conocemos como estado de derecho?  Digo, porque -para que florezca en el largo plazo- la valoración del estado de derecho tiene que ser consecuencia de que las ideas acerca del estado de derecho prevalezcan en la sociedad, sobre las ideas de otras modelos de orden.  No puedes llegar a una sociedad y forzar ideas e instituciones.

Eso lo saben los estadounidenses, o deberían saberlo, por su experiencia en el medio oriente y en América latina.

Por la fuerza puedes llegar a una sociedad y ayudarla a deshacerse del tirano que le impide desarrollar ideas e instituciones contrarias al autoritarismo y al  totalitarismo. Eso sí. Pero por la fuerza no puedes imponerle aquellas ideas a una sociedad. Eso lo sabe, o lo intuye cualquiera que entienda la naturaleza de la sociedad y cualquiera que no se tome en serio las alucinaciones totalitarias y constructivistas.

Al respecto, Hannah Adendt, escribió:  a lo que aspiran las ideologías totalitarias no es a transformar el mundo exterior, o a transmutar revolucionariamente la sociedad, sino a transformar la propia naturaleza humana. ¿Cómo? ¿Por la fuerza., como quiere Velásquez?

Una de dos, puedes tratar de hacer realidad un estado de derecho de una forma empírica, basada en la tradición y en instituciones que evolucionan, uno basado en la educación y el convencimiento; o puedes forzar un remedo de estado de derecho basado en la construcción de una utopía. La primera es propia de las experiencias británica y estadounidense; en tanto que la segunda es propia de las experiencias de la revolución francesa, y de los socialismos que costaron tantas vidas en el siglo XX e increíblemtne están costando vidas en el siglo XXI.

En fin…¿en serio se piensa que el estado de derecho se puede imponer por la fuerza?


14
Ene 19

¿Qué ha ocurrido en Guatemala?

Con el título de Guatemala Gives the U.N. the Boot, que traduzco como Guatemala le da una patada a la ONU, Mary Anastasia O´Grady publicó en el Wall Street Journal algunos datos sobre lo que ocurrió en este país la semana pasada y explicó que la comisión contra la impunidad socava la confianza en el sistema de justicia.

En el artículo, O´Grady explica que mientras que el presidente Trump ha estado batallando en el Congreso sobre el tema de seguridad en la frontera del sur, la ONU ha ocasionado una crisis política en Guatemala.  Los Estados Unidos difícilmente hará algún progreso en el primer tema, sin ponerle atención al segundo.  O´Grady también llama la atención sobre el hecho de que, a los ojos de la ONU, el jefe de la Cicig no responde a ante nadie; y al hecho de que la ONU no ha estado abierta a buscarle una solución a la crisis que se origina, no sólo en diferencias con el jefe de la misión, sino a su incapacidad de garantizar las libertades civiles básicas luego de once años de operar en el país.

Apunta, O´Grady que ahora que los guatemaltecos han tenido un roce aterrador con el autoritarismo impuesto por una agencia de la ONU,  que no es responsable, tal vez tengan un incentivo mayor para hacer el trabajo de fortalecer el sistema de justicia ellos mismos.  ¡Qué razón tiene!  La Cicig sólo fue la típica excusa chapina para no entrarles a los problemas de fondo y delegar la soluciones en un tutor del que ahora muchos son adictos.

El artículo en cuestión es muy oportuno porque, la semana pasada, en ese mismo diario fue publicada una pieza que hacía caso omiso de las violaciones a las garantías procesales, por ejemplo.  Y no dimensionaba el peligro que esta crisis significa no sólo para la seguridad al norte del río Bravo; sino para los flujos migratorios.

De verdad te recomiendo que leas el artículo de O´Grady.