11
Mar 19

Mordaza y secuestro de la república

La receta para el secuestro de la democracia pasa por la toma del organismo judicial, la división entre buenos y malos, y reformas constitucionales ad hoc, dijo el expresidente Luis Alberto Lacalle, durantre el IV Encuentro ciudadano, celebrado el 6 de marzo pasado.

¡Y cuanta razón tiene!…mira el caso de Guatemala, por ejemplo.

La foto es de Coyau, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons.

Aquí, la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (y sus corifeos) se aseguró un grupo de jueces incondicionales que son los titulares de los juzgados de mayor riesgo; y se aseguró de señalar, como el enemigo, a los jueces y magistrados que no siguieran sus directrices. Los jueces serviles ignoran las garantías del debido proceso y violan los derechos humanos de cualquiera no sólo para castigar, sino para amedrentar y sembrar el terror.

Fueron los fans de la CICIG (¿de acuerdo con esa Comisión) quienes crearon el #PactoDeCorruptos para señalar a aquellos que cuestionaran las intenciones de la CICIG y la de sus corifeos. De esa forma, cualquiera que no sirviera a los propósitos de la Comisión (en los medios de comunicación, en las redes sociales, en la academia, en la política y donde fuera necesario) sería tachado como del bando de los malos. Sin que a los creadores del hashtag les importaran las motivaciones de los señalados.

La tercera parte de la receta es más compleja y requiere de un mise en place perverso que prepare el ambiente necesario para cambiar la ConstituciónPrimero una modificación de la opinión pública (que pasa por el párrafo anterior y por acciones como el Acuerdo 99-2019 del Tribunal Supremo Electoral, que es una forma de mordaza) para inclinar la balanza política/electoral y favorecer a los candidatos necesarios para hacer la reforma constitucional, entre otras. Luego modificaciones institucionales como las reformas a la ley electoral, con el propósito de cargar los dados y favorecer, desde la legislación, a los candidatos y grupos políticos elegidos. No menos importante es la inclusión de candidatos absurdos en las listas de los partidos afines, con el propósito de seguir deslegitimando el proceso político y la confianza en el sistema constitucional por parte de los electores y los tributarios.  De ahí las candidaturas del muchachito que no ha terminado el Diversificado, de La pirulina, y de El caminante, por citar tres. Este mise en place, ¿incluye la posibilidad de un fraude electoral? No como los que se hacían antes, robando urnas y eso. ¿Quién garantiza la neutralidad del sistema de cómputo del TSE? Lo citado en este párrafo, ¿por qué no califica como fraude si los dados están cargados? ¿Cuáles son los frutos de los convenios que el TSE firma con grupos de interés, con el PNUD, por ejemplo?

Estamos frente a un intento de secuestro mediante la manipulación de la justicia, la de la opinión pública y la de las instituciones con el propósito de modificar la Constitución.  Minutos más, minutos menos es el modus operandi que vimos en Nicaragua y en Venezuela; identificado por Lacalle. Es un intento de secuestro orquestado desde la CICIG, desde embajadas de países amigos, con el apoyo entusiasta de lacayos y clientes, y al margen de los electores y de los tributarios.  ¡En su perjuicio!  Es un intento de secuestro para hacer de Guatemala algo que los chapines no queremos, ni hemos querido.

Por supuesto que el secuestro  temible no es de la democracia; ya que toda democracia es secuestrada por la mayoría, o por quienes dicen representar a la mayoría.  El secuestro temible es el de nuestra incipiente y vulnerable república en construcción.

El que tiene ojos, que vea.


06
Feb 19

Se peló Iván Velásquez

Iván Velásquez -el jefe de la CICIG- le pidió a los Estados Unidos de América que fuerce un estado de derecho en Guatemala, según EfeNoticias, divulgado por Emisoras Unidas.

¡Se peló Velásquez!…le salió el cobre.

Está claro que el Comisionado no entiende lo que es un estado de derecho; y está claro que su veta autoritaria (si no totalitaria) y su veta constructivista, tan propias del socialismo, se impusieron sobre el maquillaje democrático con el que ha paseado por aquí.  Al lobo se le cayó la piel de oveja.

A la luz de la petición en cuestión, parece evidente que Velásquez cree que las valoraciones pueden ser impuestas por la fuerza.  ¿De verdad cree que por la fuerza se puede imponer sobre los chapines la valoracion de eso que conocemos como estado de derecho?  Digo, porque -para que florezca en el largo plazo- la valoración del estado de derecho tiene que ser consecuencia de que las ideas acerca del estado de derecho prevalezcan en la sociedad, sobre las ideas de otras modelos de orden.  No puedes llegar a una sociedad y forzar ideas e instituciones.

Eso lo saben los estadounidenses, o deberían saberlo, por su experiencia en el medio oriente y en América latina.

Por la fuerza puedes llegar a una sociedad y ayudarla a deshacerse del tirano que le impide desarrollar ideas e instituciones contrarias al autoritarismo y al  totalitarismo. Eso sí. Pero por la fuerza no puedes imponerle aquellas ideas a una sociedad. Eso lo sabe, o lo intuye cualquiera que entienda la naturaleza de la sociedad y cualquiera que no se tome en serio las alucinaciones totalitarias y constructivistas.

Al respecto, Hannah Adendt, escribió:  a lo que aspiran las ideologías totalitarias no es a transformar el mundo exterior, o a transmutar revolucionariamente la sociedad, sino a transformar la propia naturaleza humana. ¿Cómo? ¿Por la fuerza., como quiere Velásquez?

Una de dos, puedes tratar de hacer realidad un estado de derecho de una forma empírica, basada en la tradición y en instituciones que evolucionan, uno basado en la educación y el convencimiento; o puedes forzar un remedo de estado de derecho basado en la construcción de una utopía. La primera es propia de las experiencias británica y estadounidense; en tanto que la segunda es propia de las experiencias de la revolución francesa, y de los socialismos que costaron tantas vidas en el siglo XX e increíblemtne están costando vidas en el siglo XXI.

En fin…¿en serio se piensa que el estado de derecho se puede imponer por la fuerza?


14
Ene 19

¿Qué ha ocurrido en Guatemala?

Con el título de Guatemala Gives the U.N. the Boot, que traduzco como Guatemala le da una patada a la ONU, Mary Anastasia O´Grady publicó en el Wall Street Journal algunos datos sobre lo que ocurrió en este país la semana pasada y explicó que la comisión contra la impunidad socava la confianza en el sistema de justicia.

En el artículo, O´Grady explica que mientras que el presidente Trump ha estado batallando en el Congreso sobre el tema de seguridad en la frontera del sur, la ONU ha ocasionado una crisis política en Guatemala.  Los Estados Unidos difícilmente hará algún progreso en el primer tema, sin ponerle atención al segundo.  O´Grady también llama la atención sobre el hecho de que, a los ojos de la ONU, el jefe de la Cicig no responde a ante nadie; y al hecho de que la ONU no ha estado abierta a buscarle una solución a la crisis que se origina, no sólo en diferencias con el jefe de la misión, sino a su incapacidad de garantizar las libertades civiles básicas luego de once años de operar en el país.

Apunta, O´Grady que ahora que los guatemaltecos han tenido un roce aterrador con el autoritarismo impuesto por una agencia de la ONU,  que no es responsable, tal vez tengan un incentivo mayor para hacer el trabajo de fortalecer el sistema de justicia ellos mismos.  ¡Qué razón tiene!  La Cicig sólo fue la típica excusa chapina para no entrarles a los problemas de fondo y delegar la soluciones en un tutor del que ahora muchos son adictos.

El artículo en cuestión es muy oportuno porque, la semana pasada, en ese mismo diario fue publicada una pieza que hacía caso omiso de las violaciones a las garantías procesales, por ejemplo.  Y no dimensionaba el peligro que esta crisis significa no sólo para la seguridad al norte del río Bravo; sino para los flujos migratorios.

De verdad te recomiendo que leas el artículo de O´Grady.


11
Ene 19

¿Exitos, o “papas y pan pintados?

De forma aventurada, y en un artículo del Wall Street Journal, un reportero recién afirmó que la CICIG ha encarcelado a directivos del IGSS, en el marco de un artículo que celebra los supuestos éxitos de aquella comisión. ¿Cuándo lo leas, nota que el reportero dice que ha sido la CICIG, y no el MP?

Lo que el reportero no explica es que muchos de esos encarcelamientos han sido ejecutados de tal forma que constituyen evidentes violaciones de no sólo de las garantías procesales de los acusados, sino de sus derechos individuales. Tres años y ocho meses ha durado la injusta e ilegal prisión preventiva a la que han estado sometidos Max Quirín, Julio Suárez y otros miembros de la junta directiva del IGSS; y ¿qué decir de los médicos Edwin Castañeda que murió preso por un fallo cardio-respiratorio y Jesús Oliva que se suicidó, deprimido por estar injustamente en prisión preventiva?

Según la CIDH, puede haber un uso excesivo de la prisión preventiva (y de esa aberración llamada prisión provisional); y es un deber de los estados –un deber de los políticos y burócratas– velar porque esta medida cautelar no sea usada de modo punitivo; así como encontrar opciones en respeto al principio de presunción de inocencia. Una comisión internacional que busca la justicia, ¿debería haberse ocupado de esta injusticia? Seguramente sí; pero sólo si la administración de justicia se basara en evidencias, en vez de ser un instrumento ideológico y de política.

Contra Quirín, Suárez y otros miembros de aquella directiva no hay evidencias; y el mayor señalamiento que se les hace es que aprobaron el contrato con PISA, aunque la junta de licitación no había determinado la capacidad técnica de la empresa, extremo que no le correspondía al Presidente de la directiva, sino a la citada junta. A eso, en mi pueblo se le dice que es papas y pan pintados.

El tribunal a cargo de esta causa puede tratar de enmendar los daños causados cuando apruebe medidas sustitutivas; pero el actuar de la CICIG (al estilo Stasi y en modo KGB) no puede apuntarse como un éxito digno de presumir en uno de los diarios más prestigiosos del mundo.

Columna publicada en elPeriódico.


08
Ene 19

Un desacuerdo y un incumplimiento no son golpe de estado

Una amiga a la que le tengo mucho cariño escribió: Me siento como un espectador en un partido de pin pon. Veo ir y venir la pelota sin entender las razones ni conocer el origen de los golpes. Oigo los vítores de uno y otro equipo de “apoyo” y me pregunto ¿qué es lo que los entusiasma? Lo cierto es que la confianza en las instituciones políticas y sus actores es cada vez más débil. Veo hacia lo que esta por venir y pienso: “y esto en año electoral”.

Así ha de andar mucha gente; motivo por el cual es necesario hacer esfuerzos extraordinarios por aclararse uno las ideas.  Carpe Diem, este espacio, es mi esfuerzo por aclarame las ideas; y es un esfuerzo público porque los lectores contribuyen a ese proceso de búsqueda y de aclaración.

Cuento esto para recordarles, o para advertirles, a los visitantes, qué es lo que van a encontrar aquí.

En el contexto de los sucesos del viernes y sábado pasados -cuando un investigador de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala permaneció retenido durante 26 horas en el Aeropuerto Internacional La Aurora debido a que tenía prohibición de entrar al país; y luego fue ingresado tras una resolución de la Corte de Constitucionalidad y la intervención del Ministerio Público- hay mucho que comentar y me limitaré a tres aspectos:  1. Debe prevalecer el estado de derecho; 2. No fue un golpe de estado; 3 la Corte de Constitucionalidad ha establecido una dictadura judicial.

En su libro, El estado de derecho, el jurista Alberto Herrarte explicó que un estado de derecho tiene seis características: 1. Constitucionalismo; 2. División del poder; 3. Control jurisdiccional; 4. Federalismo y descentralización, 5. Sufragio; y 6. Respeto a los derechos individuales y sus garantías.

De acuerdo con la Constitución de la República de Guatemala, son funciones del Presidente de la República proveer a la defensa y a la seguridad de la Nación, así como a la conservación del orden público; mantener la integridad territorial y la dignidad de la Nación; y dirigir la política exterior y las relaciones internacionales, celebrar, ratificar y denunciar tratados y convenios de conformidad con la Constitución.  Es al Presidente -para defender la seguridad y la dignidad de la Nación y el orden público- que le corresponde dirigir la política exterior y las relaciones internacionales, así como tomar las decisiones ejecutivas sobre qué funcionarios internacionales pueden ingresar al país.

Y, por supuesto, no es lo mismo prohibir el ingreso de funcionarios que llegan al país para verificar el respeto a los derechos individuales y sus garantías; que negarles la entrada a funcionarios que vienen a consolidar una dictadura judicial, violatoria de los derechos individuales y sus garantías; y a consolidar un proyecto de nación al margen de la voluntad de los electores y de los tributarios y por medio de una organización que no responde a la volutad de los electores y de los tributarios.

Para el pesar de algunos, lo que ocurrió el viernes y sábado no fue, ni de cerca, un golpe de estado como han querido hacer creer individuos y grupos interesados en acceder al poder sin pasar por elecciones (que normalmente pierden estrepitosamente).

Tal y como lo señaló Omar Barrios, director del Centro de Estudios de Derecho, el conflicto entre el Ejecutivo y la Cicig ha sido sobredimensionado y no pasa de ser un incumplimiento y desacuerdo.  No hubo rompimiento constitucional por incumplir un amparo provisional.  Quienes promueven la idea de que lo ocurrido fuera un golpe tratan de justificar el uso de la violencia.

Además, y aquí acudo a Alberto Herrarte, la función jurisdiccional, aunque importante, no pertenece a la teoría clásica de la división del poder; sino a la categoría de control político control político.  La Corte de Constitucionalidad no es un poder del estado, sino un órgano de control político; de modo que sin que hubiera remoción del Presidente del Organismo Judicial, o del Organismo Legislativo, o del Organismo Ejecutivo, o disolución de alguno de esos organismos, no se pude hablar de golpe por un acto simple de incumplimiento.

Lo que si hay es una creciente dictadura judicial por parte de la Corte de Constitucionalidad al servicio de a Cicig.  ¿Cómo, si no así, se explica que la Corte se tome meses para fallar en un asunto como el de la minera San Rafael; y sólo unas horas en fallar cuando se trata de un asunto de interés para la Comisión?  ¿Cómo, si no así, se explica que por medio de recursos de Amparo, promovidos por personajes afines a la Cicig, la Corte pretenda pasar por sobre atribuciones y resoluciones que -constitucionalmente- le corresponden al Organismo Ejecutivo? Cuando la Constitución es lo que los jueces dicen que es, según advirtió Charles Evans Hughes, citado por Herarte, y cuando esa práctica goza de un formidable apoyo mediático, la Constitución se desnaturaliza y la voluntad de los magistrados se convierte en la ley suprema.

¿Quién es responsable de este enredo?  El último responsable es el Secretario General de la Organización de las Naciones Unidas que, ante las fricciones cada vez más peligrosas que hay entre la Cicig y la actual administración chapina, se empecinó en no ofrecer una salida diplomática y civilizada; se empecinó en mantener a Iván Velásquez como jefe de la misión; y dejó pasar la oportunidad de desfacer el entuerto de una forma racional y prudente.

Ilustración Cabinet des Médailles [Dominio público], via Wikimedia Commons


04
Ene 19

¿Cicig en Ecuador? ¡Mala idea!

En Guatemala cuando el remedio sale peor que la enfermedad decimos que “salió más caro el caldo que la gallina”; y cuando leí que en Ecuador hay grupos que intentan repetir el experimento de la CICIG, fue aquel dicho lo que se me vino a la mente.

Tengo varios cuates en Ecuador y para ellos van estas reflexiones.  Cuando hace poco más de 10 años se discutía aquí la idea de aquella comisión puse tres objeciones principales: 1. Que la comisión reforzaría la mala costumbre chapina de no resolver los problemas de fondo y abdicar a sus responsabilidades; 2. Que el Ministerio Público (la fiscalía general) se volviera Cicigadicto y que nunca pudiera madurar y ser independiente; y 3. Que la Comisión se convirtiera en una especie de KGB, Stasi o Gestapo temida por sus procedimientos inescrupulosos.  Y las tres se han cumplido.

Me faltaron dos más que no se vieron hasta poco tiempo después de que la CICIG empezara a funcionar: 1. La Comisión tendería a ocuparse de casos de impacto político beneficioso para su agenda y para la de sus aliados, de allí la justicia selectiva; y 2. La Comisión –inconexa con tributarios y electores- resultaría irresponsable incluso frente a la ONU y se constituyó en un poder formidable que no tiene pesos, ni contrapesos republicanos.

Tristemente es cierto que la corrupción en nuestros países es escandalosa, como lo son la impunidad, los abusos del poder y el descaro de las mafias que han capturado el estado.  Pero la idea de resolver aquellos males mediante un instrumento que tiene las cinco características citadas arriba es bastante más que un despropósito.  Por ejemplo, porque no puedes luchar contra la corrupción mediante sólo perseguir corruptos y sin desmantelar el sistema de incentivos perversos en el que medra la venalidad; y porque no puedes luchar contra la injusticia y la impunidad mediante la arbitrariedad, la selectividad y la violación de garantías procesales.

A los ecuatorianos: ojalá que la desesperación no los lleve a cometer el error que cometieron los chapines. La desesperación y el activismo que se alimenta de ella, son malos consejeros.

Columna publicada en elPeriódico y en elcato.org; La ilustración es de Diego Delso [CC BY-SA 4.0], via Creative Commons.


29
Nov 18

¿Cuál es la prisa con el voto de los migrantes?

El Tribunal Supremo Electoral presentó una iniciativa de ley para que los guatemaltecos que residen en el extranjero y cuentan con el Documento Personal de Identificación sean tomados en cuenta en las votaciones programadas para el próximo año. ¿Cuál es la prisa con el voto de los migrantes?

Digo…entiendo que para ciertos migrantes pueda resulta difícil y caro irse a empadronar antes de votar; quizás como puede resultar difícil y caro -para un habitante lejano de Huehuetenango, por decir algo- irse a empadronar al centro de empadronamiento más cercano a su caserío.  Entonces, ¿cuál es la prisa de incluirlos en los comicios hasta el punto de crear un procedimiento específico e incluso privilegiado para aquellos? Si se puede votar sin estar empadronado en Chicago, ¿por qué no se puede votar de la misma forma en los rincones de Chiquimula?

En el fondo, ¿para qué quieres un padrón si hay ciudadanos que sólo podemos votar si estamos incluidos en él, y hay ciudadanos que pueden votar sin estar incluidos en él?

Los migrantes guatemaltecos nunca han votado -y a lo mejor sería bueno que votaran, o se- pero, en el contexto de las caravanas de migrantes y su naturaleza, ¿cuál es la pisa de voten los migrantes chapines casi que a como de lugar?

En el contexto del acuerdo entre el Tribunal Supremo Electoral y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, ¿cuál es el interés y la prisa de que voten los migrantes, en condiciones que le son negadas a otros ciudadanos guatemaltecos?

El TSE habilitó en julio pasado un sitio Web para que los chapines  se empadronen, pero no se obtuvieron avances significativos ya que solamente se registraron 70 solicitudes en cinco meses. Puede ser que entre los migrantes haya cierta dirigencia muy interesada en votar en 2019; pero, ¿hay interés legítimo entre el grueso de migrantes? ¿Son necesarias la prisa y un procedimiento específico y privilegiado para el voto de los migrantes?


27
Nov 18

Banderas de alerta en el Caso gavilán

Basada en los testimonios de secuestradores y asesinos particularmente crueles y perversos, obtenidos aquellos testinonios en circunstancias muy cuestionables por la Fiscalía Especial Contra la Impunidad, la jueza de Mayor riesgo A ligó a proceso a cinco señalados por ejecución extrajudicial de reos y tortura; y uno de los encartados es Carlos Vielmann, exministro de Gobernación, que ya había sido procesado y exculpado -en España- por el primer delito.

El hecho de que la FECI y el Ministerio Público incluyan en su persecusión un delito que ya había sido desestimado anteriormente por un tribunal viola el principio que prohíbe que un acusado sea enjuiciado dos veces por un mismo delito.  No es posible que la FECI y el MP desconozcan el principio y no es posible que desconocieran que Vielmann ya había sido juzgado en españa por ejecuciones extrajiudiciales y que en mayo, un tribunal de Madrid lo había absuelto.

En esas condiciones, ¿cuál era la intención de incluir esa acusación en el proceso que lleva el juzgado de Mayor riesgo A? Porque nótese que se trata de un principio de derecho y no de un mero aspecto de legislación.  ¿Trataban la FECI y el MP de elevar la presión sobre los acusados como una muestra de poder? ¿Trataban de tener un elemento de negociación y apalancamiento? ¿Pensaban que si disparaban así, con escopeta, algo iba a pegar aunque fuera contra un principio del derecho? ¿Cupo, en algún momento, la posibilidad de que aquel principio fuera pasado por alto?

Creo que esta movida debe levantar banderas de alerta donde haya que levantarlas; porque no bastaba que la FECI y el MP usaran criminales curtidos y testimonios conseguidos con base en favores para imputarles delitos a Vielmann y a los otros procesados.  La FECI y el MP estuvieron dispuestos a violar un principio del derecho con tal de conseguir que los acusdados sean llevados a juicio, aunque no hubiera indicios que sustentaran el fallo de la jueza de Mayor riesgo A.  Como no fueran los testimonios obtenidos

Cuando a sabiendas de que se está violando un principio como el de non bis in idem, las autoridades encargadas de la persecusión penal acuden a ese recurso -al de violar un principio del derecho- ¿cómo es que eso no es una violación a los derechos individuales de personas que (como lo indica otro principio del derecho) son inocentes hasta que no se pruebe lo contrario?  ¿Por qué es que esa no es una forma de litigio malicioso?

Lo actuado por la FECI y el MP (al amparo de la CICIG) debería ser una señal de alerta (como si hiciera falta) en cuanto a que en cuanto a aquel establishment se le mete entre ceja y ceja castigar a alquien -por el motivo que sea-, el establilshment no va a detenerse frente a la falta de evidencias, ni frente al uso malintencionado de testigos altamente cuestionables, ni frente a la violación de principios del derecho.

Las ejecuciones extrajudiciales y la tortura – cuando las hubiere- deben ser delitos perseguidos y castigados conforme al las leyes y a la Constitución; pero no a costa de la justicia, ni a costa de la búsqueda de la verdad, ni a costa del debido poroceso, de las garantías procesales, o de los principios del derecho.  La administración de Justicia no debería servir a objetivos políticos, ni a venganza.

Puedes construir tu casa sobre roca sólida, o sobre arenas movedizas, escuché una vez; y este caso, el Caso gavilán, es cimientos en arenas movedizas.  Y todas las banderas de alerta deberían estar levantadas ahora.

Foto por © José Luiz Bernardes Ribeiro / CC BY-SA 4.0


11
Nov 18

Pretensiones perversas del Movimiento para la liberación de los pueblos

El Movimiento para la liberación de los pueblos -vástago de Codeca- quiere nacionalizar todos los bienes y servicios privatizados en Guatemala; esto es: estatizarlos, que es lo mismo que devolverles el control de los mismos a políticos y burocratas.

Y tu ya sabes lo que ocurría cuando los políticos y burócratas controlaban la energía eléctrica, por ejemplo: había apagones de hasta 8 horas y no había energía para nuevos negocios, y muchos negocios tuvieron que comprar sus propias plantas eléctricas.

Tu ya sabes lo que pasaba cuando los políticos y burocratas controlaban las telecomunicaciones: ¡No había líneas telefónicas! y había un monopolio de las líneas fijas, y otro de las móviles.  Había que pagar Q4,000 quetzales por una línea fija (cuando el quetzal andaba a menos de Q6 x 1$) y en casa de mis padres esperamos cuatro años por una línea.  Mucha gente daba mordidas para conseguir las lineas que necesitaba.

¿Te sigo contando? Aviateca, la línea aérea nacional no tenía aviones propios y era un pozo hediondo de corrupción, como lo eran Guatel y el sistema de electrificación estatal.

Como no sea por motivos ideológicos, ¿por qué sera que una organización política -que se financia con el robo de energía eléctrica y tiene centenares de denuncias judiciales por aquellos actos delictivos- quisiera devolverles a los políticos y burócratas el control de la energía eléctrica, de las telecomunicaciones, de la aviación, y todas esas cosas?

Si todo el tiempo estamos quejándonos de que la mayoría de políticos y burocratas son corruptos, ¿por qué querríamos que controlaran  la energía eléctrica, de las telecomunicaciones, de la aviación, y todas esas cosas?

A como van las cosas, pareciera que hay la intención de que en las próximas eleciones los chapines tengamos que elegir entre el Movimiento para la liberación de los pueblos y la Unidad Nacional de la Esperanza (el partido de Sandra Torres, la admiradora de Fidel Castro, miembro distinguido de la Internacional Socialista, involucrada en el negocio del Transurbano y ex esposa de Alvaro Colóm).   O elegir entre ellos y el voto nulo. O elegir entre ellos y algún advenedizo.

El MLP (Codeca) tiene otras pretensiones:

  • Organizar a todo el país en comunidades para la recuperación y defensa de la dignidad y soberanía plurinacional para construir el buen vivir.
  • Construir el estado plurinacional desde las autonomías indígenas.
  • Impulsar el proceso de una asamblea constituyente popular y plurinacional.
  • Recuperar las tierras, los territorios y agua para el cultivo y consumo nacional.

Los bolivianos ya fueron por ahí y mira cómo les fue.

Ahora la curiosidad es, ¿que tiene el MLP-Codeca que los inmuniza contra una investigación oficial y seria sobre sus fuentes de financiamiento? ¿Qué tiene ese grupo que le garantiza impunidad incluso frente a la todopooderosa CICIG? ¿Qué tiene la UNE que parece gozar de igual privilegio?

La foto es de elPeriódico.


07
Oct 18

¿Por qué es que Centroamérica se mantiene pobre?

La suspensión de operaciones de la mina de plata Escobal en el sureste de Guatemala, en julio de 2017, desplazó a más de 850 trabajadores y puso en peligro los medios de subsistencia de miles de personas más cuyos trabajos están respaldados indirectamente por el proyecto. La pérdida de ingresos familiares ha perjudicado a las comunidades en el municipio de San Rafael Las Flores y, en algunos casos, ha enviado a los desempleados al norte a buscar trabajo en los EE. UU., dice Mary Anastasia O´Grady en su columna de The Wall Street Journal, titulada Why Central America Stays Poor.

Y luego explica que la naturaleza puede ser cruel en países subdesarrollados. Sin embargo, no fue el fuego, una inundación, un alud o un volcán lo que produjo aquel golpe económico. Es una farsa hecha por el hombre, cortesía de la Corte de Constitucionalidad de Guatemala. Es una saga que vale la pena volver a contar porque va al corazón de la pobreza intransigente del país.

La columnista cuenta con detalles el caso de El Escobal, que es propiedad de la minera San Rafael; así como el rol que han tenido la ONG CALAS, la CICIG y la Corte de Constitucionalidad en este caso de fabricación de miseria.

O`Grady concluye en que la mina podría ser reabierta fácilmente respetando los derechos de los Xincas. Pero al parecer, el tribunal supremo no quiere que eso suceda, sin importar el costo para el pueblo guatemalteco. Y eso es lo que a mi me enoja, el hecho de que a los magistrados activistas no les importe hacer tantos daños, a tantas personas, no sólo vinculadas con la mina; sino a todos aquellos que no obtendrán empleos, ni mejorarán sus ingresos en la medida en que más y más empresas se den cuenta de lo absurdo que es invertir en Guatemala.