cicig

¿Qué ha ocurrido en Guatemala?

Con el título de Guatemala Gives the U.N. the Boot, que traduzco como Guatemala le da una patada a la ONU, Mary Anastasia O´Grady publicó en el Wall Street Journal algunos datos sobre lo que ocurrió en este país la semana pasada y explicó que la comisión contra la impunidad socava la confianza en el sistema de justicia.

En el artículo, O´Grady explica que mientras que el presidente Trump ha estado batallando en el Congreso sobre el tema de seguridad en la frontera del sur, la ONU ha ocasionado una crisis política en Guatemala. Los Estados Unidos difícilmente hará algún progreso en el primer tema, sin ponerle atención al segundo. O´Grady también llama la atención sobre el hecho de que, a los ojos de la ONU, el jefe de la Cicig no responde a ante nadie; y al hecho de que la ONU no ha estado abierta a buscarle una solución a la crisis que se origina, no sólo en diferencias con el jefe de la misión, sino a su incapacidad de garantizar las libertades civiles básicas luego de once años de operar en el país.

Apunta, O´Grady que ahora que los guatemaltecos han tenido un roce aterrador con el autoritarismo impuesto por una agencia de la ONU, que no es responsable, tal vez tengan un incentivo mayor para hacer el trabajo de fortalecer el sistema de justicia ellos mismos. ¡Qué razón tiene! La Cicig sólo fue la típica excusa chapina para no entrarles a los problemas de fondo y delegar la soluciones en un tutor del que ahora muchos son adictos.

El artículo en cuestión es muy oportuno porque, la semana pasada, en ese mismo diario fue publicada una pieza que hacía caso omiso de las violaciones a las garantías procesales, por ejemplo. Y no dimensionaba el peligro que esta crisis significa no sólo para la seguridad al norte del río Bravo; sino para los flujos migratorios.

De verdad te recomiendo que leas el artículo de O´Grady.

cicig / Justicia / The Wall Street Journal — Comentarios desactivados
11
Ene 19

¿Exitos, o “papas y pan pintados?

De forma aventurada, y en un artículo del Wall Street Journal, un reportero recién afirmó que la CICIG ha encarcelado a directivos del IGSS, en el marco de un artículo que celebra los supuestos éxitos de aquella comisión. ¿Cuándo lo leas, nota que el reportero dice que ha sido la CICIG, y no el MP?

Lo que el reportero no explica es que muchos de esos encarcelamientos han sido ejecutados de tal forma que constituyen evidentes violaciones de no sólo de las garantías procesales de los acusados, sino de sus derechos individuales. Tres años y ocho meses ha durado la injusta e ilegal prisión preventiva a la que han estado sometidos Max Quirín, Julio Suárez y otros miembros de la junta directiva del IGSS; y ¿qué decir de los médicos Edwin Castañeda que murió preso por un fallo cardio-respiratorio y Jesús Oliva que se suicidó, deprimido por estar injustamente en prisión preventiva?

Según la CIDH, puede haber un uso excesivo de la prisión preventiva (y de esa aberración llamada prisión provisional); y es un deber de los estados –un deber de los políticos y burócratas– velar porque esta medida cautelar no sea usada de modo punitivo; así como encontrar opciones en respeto al principio de presunción de inocencia. Una comisión internacional que busca la justicia, ¿debería haberse ocupado de esta injusticia? Seguramente sí; pero sólo si la administración de justicia se basara en evidencias, en vez de ser un instrumento ideológico y de política.

Contra Quirín, Suárez y otros miembros de aquella directiva no hay evidencias; y el mayor señalamiento que se les hace es que aprobaron el contrato con PISA, aunque la junta de licitación no había determinado la capacidad técnica de la empresa, extremo que no le correspondía al Presidente de la directiva, sino a la citada junta. A eso, en mi pueblo se le dice que es papas y pan pintados.

El tribunal a cargo de esta causa puede tratar de enmendar los daños causados cuando apruebe medidas sustitutivas; pero el actuar de la CICIG (al estilo Stasi y en modo KGB) no puede apuntarse como un éxito digno de presumir en uno de los diarios más prestigiosos del mundo.

Columna publicada en elPeriódico.

Alberto Herrarte / cicig / estado de derecho — Comentarios desactivados
08
Ene 19

Un desacuerdo y un incumplimiento no son golpe de estado

Una amiga a la que le tengo mucho cariño escribió: Me siento como un espectador en un partido de pin pon. Veo ir y venir la pelota sin entender las razones ni conocer el origen de los golpes. Oigo los vítores de uno y otro equipo de “apoyo” y me pregunto ¿qué es lo que los entusiasma? Lo cierto es que la confianza en las instituciones políticas y sus actores es cada vez más débil. Veo hacia lo que esta por venir y pienso: “y esto en año electoral”.

Así ha de andar mucha gente; motivo por el cual es necesario hacer esfuerzos extraordinarios por aclararse uno las ideas. Carpe Diem, este espacio, es mi esfuerzo por aclarame las ideas; y es un esfuerzo público porque los lectores contribuyen a ese proceso de búsqueda y de aclaración.

Cuento esto para recordarles, o para advertirles, a los visitantes, qué es lo que van a encontrar aquí.

En el contexto de los sucesos del viernes y sábado pasados -cuando un investigador de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala permaneció retenido durante 26 horas en el Aeropuerto Internacional La Aurora debido a que tenía prohibición de entrar al país; y luego fue ingresado tras una resolución de la Corte de Constitucionalidad y la intervención del Ministerio Público- hay mucho que comentar y me limitaré a tres aspectos: 1. Debe prevalecer el estado de derecho; 2. No fue un golpe de estado; 3 la Corte de Constitucionalidad ha establecido una dictadura judicial.

En su libro, El estado de derecho, el jurista Alberto Herrarte explicó que un estado de derecho tiene seis características: 1. Constitucionalismo; 2. División del poder; 3. Control jurisdiccional; 4. Federalismo y descentralización, 5. Sufragio; y 6. Respeto a los derechos individuales y sus garantías.

De acuerdo con la Constitución de la República de Guatemala, son funciones del Presidente de la República proveer a la defensa y a la seguridad de la Nación, así como a la conservación del orden público; mantener la integridad territorial y la dignidad de la Nación; y dirigir la política exterior y las relaciones internacionales, celebrar, ratificar y denunciar tratados y convenios de conformidad con la Constitución. Es al Presidente -para defender la seguridad y la dignidad de la Nación y el orden público- que le corresponde dirigir la política exterior y las relaciones internacionales, así como tomar las decisiones ejecutivas sobre qué funcionarios internacionales pueden ingresar al país.

Y, por supuesto, no es lo mismo prohibir el ingreso de funcionarios que llegan al país para verificar el respeto a los derechos individuales y sus garantías; que negarles la entrada a funcionarios que vienen a consolidar una dictadura judicial, violatoria de los derechos individuales y sus garantías; y a consolidar un proyecto de nación al margen de la voluntad de los electores y de los tributarios y por medio de una organización que no responde a la volutad de los electores y de los tributarios.

Para el pesar de algunos, lo que ocurrió el viernes y sábado no fue, ni de cerca, un golpe de estado como han querido hacer creer individuos y grupos interesados en acceder al poder sin pasar por elecciones (que normalmente pierden estrepitosamente).

Tal y como lo señaló Omar Barrios, director del Centro de Estudios de Derecho, el conflicto entre el Ejecutivo y la Cicig ha sido sobredimensionado y no pasa de ser un incumplimiento y desacuerdo. No hubo rompimiento constitucional por incumplir un amparo provisional. Quienes promueven la idea de que lo ocurrido fuera un golpe tratan de justificar el uso de la violencia.

Además, y aquí acudo a Alberto Herrarte, la función jurisdiccional, aunque importante, no pertenece a la teoría clásica de la división del poder; sino a la categoría de control político control político. La Corte de Constitucionalidad no es un poder del estado, sino un órgano de control político; de modo que sin que hubiera remoción del Presidente del Organismo Judicial, o del Organismo Legislativo, o del Organismo Ejecutivo, o disolución de alguno de esos organismos, no se pude hablar de golpe por un acto simple de incumplimiento.

Lo que si hay es una creciente dictadura judicial por parte de la Corte de Constitucionalidad al servicio de a Cicig. ¿Cómo, si no así, se explica que la Corte se tome meses para fallar en un asunto como el de la minera San Rafael; y sólo unas horas en fallar cuando se trata de un asunto de interés para la Comisión? ¿Cómo, si no así, se explica que por medio de recursos de Amparo, promovidos por personajes afines a la Cicig, la Corte pretenda pasar por sobre atribuciones y resoluciones que -constitucionalmente- le corresponden al Organismo Ejecutivo? Cuando la Constitución es lo que los jueces dicen que es, según advirtió Charles Evans Hughes, citado por Herarte, y cuando esa práctica goza de un formidable apoyo mediático, la Constitución se desnaturaliza y la voluntad de los magistrados se convierte en la ley suprema.

¿Quién es responsable de este enredo? El último responsable es el Secretario General de la Organización de las Naciones Unidas que, ante las fricciones cada vez más peligrosas que hay entre la Cicig y la actual administración chapina, se empecinó en no ofrecer una salida diplomática y civilizada; se empecinó en mantener a Iván Velásquez como jefe de la misión; y dejó pasar la oportunidad de desfacer el entuerto de una forma racional y prudente.

Ilustración Cabinet des Médailles [Dominio público], via Wikimedia Commons

cicig / Ecuador / El Periódico — 1 Comment
04
Ene 19

¿Cicig en Ecuador? ¡Mala idea!

En Guatemala cuando el remedio sale peor que la enfermedad decimos que “salió más caro el caldo que la gallina”; y cuando leí que en Ecuador hay grupos que intentan repetir el experimento de la CICIG, fue aquel dicho lo que se me vino a la mente.

Tengo varios cuates en Ecuador y para ellos van estas reflexiones. Cuando hace poco más de 10 años se discutía aquí la idea de aquella comisión puse tres objeciones principales: 1. Que la comisión reforzaría la mala costumbre chapina de no resolver los problemas de fondo y abdicar a sus responsabilidades; 2. Que el Ministerio Público (la fiscalía general) se volviera Cicigadicto y que nunca pudiera madurar y ser independiente; y 3. Que la Comisión se convirtiera en una especie de KGB, Stasi o Gestapo temida por sus procedimientos inescrupulosos. Y las tres se han cumplido.

Me faltaron dos más que no se vieron hasta poco tiempo después de que la CICIG empezara a funcionar: 1. La Comisión tendería a ocuparse de casos de impacto político beneficioso para su agenda y para la de sus aliados, de allí la justicia selectiva; y 2. La Comisión –inconexa con tributarios y electores- resultaría irresponsable incluso frente a la ONU y se constituyó en un poder formidable que no tiene pesos, ni contrapesos republicanos.

Tristemente es cierto que la corrupción en nuestros países es escandalosa, como lo son la impunidad, los abusos del poder y el descaro de las mafias que han capturado el estado. Pero la idea de resolver aquellos males mediante un instrumento que tiene las cinco características citadas arriba es bastante más que un despropósito. Por ejemplo, porque no puedes luchar contra la corrupción mediante sólo perseguir corruptos y sin desmantelar el sistema de incentivos perversos en el que medra la venalidad; y porque no puedes luchar contra la injusticia y la impunidad mediante la arbitrariedad, la selectividad y la violación de garantías procesales.

A los ecuatorianos: ojalá que la desesperación no los lleve a cometer el error que cometieron los chapines. La desesperación y el activismo que se alimenta de ella, son malos consejeros.

Columna publicada en elPeriódico y en elcato.org; La ilustración es de Diego Delso [CC BY-SA 4.0], via Creative Commons.

cicig / elecciones / migración / privilegios / Tribunal Supremo Electoral — Comentarios desactivados
29
Nov 18

¿Cuál es la prisa con el voto de los migrantes?

El Tribunal Supremo Electoral presentó una iniciativa de ley para que los guatemaltecos que residen en el extranjero y cuentan con el Documento Personal de Identificación sean tomados en cuenta en las votaciones programadas para el próximo año. ¿Cuál es la prisa con el voto de los migrantes?

Digo…entiendo que para ciertos migrantes pueda resulta difícil y caro irse a empadronar antes de votar; quizás como puede resultar difícil y caro -para un habitante lejano de Huehuetenango, por decir algo- irse a empadronar al centro de empadronamiento más cercano a su caserío. Entonces, ¿cuál es la prisa de incluirlos en los comicios hasta el punto de crear un procedimiento específico e incluso privilegiado para aquellos? Si se puede votar sin estar empadronado en Chicago, ¿por qué no se puede votar de la misma forma en los rincones de Chiquimula?

En el fondo, ¿para qué quieres un padrón si hay ciudadanos que sólo podemos votar si estamos incluidos en él, y hay ciudadanos que pueden votar sin estar incluidos en él?

Los migrantes guatemaltecos nunca han votado -y a lo mejor sería bueno que votaran, o se- pero, en el contexto de las caravanas de migrantes y su naturaleza, ¿cuál es la pisa de voten los migrantes chapines casi que a como de lugar?

En el contexto del acuerdo entre el Tribunal Supremo Electoral y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, ¿cuál es el interés y la prisa de que voten los migrantes, en condiciones que le son negadas a otros ciudadanos guatemaltecos?

El TSE habilitó en julio pasado un sitio Web para que los chapines se empadronen, pero no se obtuvieron avances significativos ya que solamente se registraron 70 solicitudes en cinco meses. Puede ser que entre los migrantes haya cierta dirigencia muy interesada en votar en 2019; pero, ¿hay interés legítimo entre el grueso de migrantes? ¿Son necesarias la prisa y un procedimiento específico y privilegiado para el voto de los migrantes?

Carlos Vielmann / cicig / Justicia / ministerio público — Comentarios desactivados
27
Nov 18

Banderas de alerta en el Caso gavilán

Basada en los testimonios de secuestradores y asesinos particularmente crueles y perversos, obtenidos aquellos testinonios en circunstancias muy cuestionables por la Fiscalía Especial Contra la Impunidad, la jueza de Mayor riesgo A ligó a proceso a cinco señalados por ejecución extrajudicial de reos y tortura; y uno de los encartados es Carlos Vielmann, exministro de Gobernación, que ya había sido procesado y exculpado -en España- por el primer delito.

El hecho de que la FECI y el Ministerio Público incluyan en su persecusión un delito que ya había sido desestimado anteriormente por un tribunal viola el principio que prohíbe que un acusado sea enjuiciado dos veces por un mismo delito. No es posible que la FECI y el MP desconozcan el principio y no es posible que desconocieran que Vielmann ya había sido juzgado en españa por ejecuciones extrajiudiciales y que en mayo, un tribunal de Madrid lo había absuelto.

En esas condiciones, ¿cuál era la intención de incluir esa acusación en el proceso que lleva el juzgado de Mayor riesgo A? Porque nótese que se trata de un principio de derecho y no de un mero aspecto de legislación. ¿Trataban la FECI y el MP de elevar la presión sobre los acusados como una muestra de poder? ¿Trataban de tener un elemento de negociación y apalancamiento? ¿Pensaban que si disparaban así, con escopeta, algo iba a pegar aunque fuera contra un principio del derecho? ¿Cupo, en algún momento, la posibilidad de que aquel principio fuera pasado por alto?

Creo que esta movida debe levantar banderas de alerta donde haya que levantarlas; porque no bastaba que la FECI y el MP usaran criminales curtidos y testimonios conseguidos con base en favores para imputarles delitos a Vielmann y a los otros procesados. La FECI y el MP estuvieron dispuestos a violar un principio del derecho con tal de conseguir que los acusdados sean llevados a juicio, aunque no hubiera indicios que sustentaran el fallo de la jueza de Mayor riesgo A. Como no fueran los testimonios obtenidos

Cuando a sabiendas de que se está violando un principio como el de non bis in idem, las autoridades encargadas de la persecusión penal acuden a ese recurso -al de violar un principio del derecho- ¿cómo es que eso no es una violación a los derechos individuales de personas que (como lo indica otro principio del derecho) son inocentes hasta que no se pruebe lo contrario? ¿Por qué es que esa no es una forma de litigio malicioso?

Lo actuado por la FECI y el MP (al amparo de la CICIG) debería ser una señal de alerta (como si hiciera falta) en cuanto a que en cuanto a aquel establishment se le mete entre ceja y ceja castigar a alquien -por el motivo que sea-, el establilshment no va a detenerse frente a la falta de evidencias, ni frente al uso malintencionado de testigos altamente cuestionables, ni frente a la violación de principios de derecho.

Las ejecuciones extrajudiciales y la tortura – cuando las hubiere- deben ser delitos perseguidos y castigados conforme al las leyes y a la Constitución; pero no a costa de la justicia, ni a costa de la búsqueda de la verdad, ni a costa del debido poroceso, de las garantías procesales, o de los principios de derecho. La administración de Justicia no debería servir a objetivos políticos, ni a venganza.

Puedes construir tu casa sobre roca sólida, o sobre arenas movedizas, escuché una vez; y este caso, el Caso gavilán, es cimientos en arenas movedizas. Y todas las banderas de alerta deberían estar levantadas ahora.

Foto por © José Luiz Bernardes Ribeiro / CC BY-SA 4.0

cicig / delincuencia / elecciones / impunidad / partidos políticos — Comentarios desactivados
11
Nov 18

Pretensiones perversas del Movimiento para la liberación de los pueblos

El Movimiento para la liberación de los pueblos -vástago de Codeca- quiere nacionalizar todos los bienes y servicios privatizados en Guatemala; esto es: estatizarlos, que es lo mismo que devolverles el control de los mismos a políticos y burocratas.

Y tu ya sabes lo que ocurría cuando los políticos y burócratas controlaban la energía eléctrica, por ejemplo: había apagones de hasta 8 horas y no había energía para nuevos negocios, y muchos negocios tuvieron que comprar sus propias plantas eléctricas.

Tu ya sabes lo que pasaba cuando los políticos y burocratas controlaban las telecomunicaciones: ¡No había líneas telefónicas! y había un monopolio de las líneas fijas, y otro de las móviles. Había que pagar Q4,000 quetzales por una línea fija (cuando el quetzal andaba a menos de Q6 x 1$) y en casa de mis padres esperamos cuatro años por una línea. Mucha gente daba mordidas para conseguir las lineas que necesitaba.

¿Te sigo contando? Aviateca, la línea aérea nacional no tenía aviones propios y era un pozo hediondo de corrupción, como lo eran Guatel y el sistema de electrificación estatal.

Como no sea por motivos ideológicos, ¿por qué sera que una organización política -que se financia con el robo de energía eléctrica y tiene centenares de denuncias judiciales por aquellos actos delictivos- quisiera devolverles a los políticos y burócratas el control de la energía eléctrica, de las telecomunicaciones, de la aviación, y todas esas cosas?

Si todo el tiempo estamos quejándonos de que la mayoría de políticos y burocratas son corruptos, ¿por qué querríamos que controlaran la energía eléctrica, de las telecomunicaciones, de la aviación, y todas esas cosas?

A como van las cosas, pareciera que hay la intención de que en las próximas eleciones los chapines tengamos que elegir entre el Movimiento para la liberación de los pueblos y la Unidad Nacional de la Esperanza (el partido de Sandra Torres, la admiradora de Fidel Castro, miembro distinguido de la Internacional Socialista, involucrada en el negocio del Transurbano y ex esposa de Alvaro Colóm). O elegir entre ellos y el voto nulo. O elegir entre ellos y algún advenedizo.

El MLP (Codeca) tiene otras pretensiones:

Organizar a todo el país en comunidades para la recuperación y defensa de la dignidad y soberanía plurinacional para construir el buen vivir.
Construir el estado plurinacional desde las autonomías indígenas.
Impulsar el proceso de una asamblea constituyente popular y plurinacional.
Recuperar las tierras, los territorios y agua para el cultivo y consumo nacional.

Los bolivianos ya fueron por ahí y mira cómo les fue.

Ahora la curiosidad es, ¿que tiene el MLP-Codeca que los inmuniza contra una investigación oficial y seria sobre sus fuentes de financiamiento? ¿Qué tiene ese grupo que le garantiza impunidad incluso frente a la todopooderosa CICIG? ¿Qué tiene la UNE que parece gozar de igual privilegio?

La foto es de elPeriódico.

cicig / Corte de Constituciionalidad / Mary Anastasia O´Grady / minería / The Wall Street Journal — Comentarios desactivados
07
Oct 18

¿Por qué es que Centroamérica se mantiene pobre?

La suspensión de operaciones de la mina de plata Escobal en el sureste de Guatemala, en julio de 2017, desplazó a más de 850 trabajadores y puso en peligro los medios de subsistencia de miles de personas más cuyos trabajos están respaldados indirectamente por el proyecto. La pérdida de ingresos familiares ha perjudicado a las comunidades en el municipio de San Rafael Las Flores y, en algunos casos, ha enviado a los desempleados al norte a buscar trabajo en los EE. UU., dice Mary Anastasia O´Grady en su columna de The Wall Street Journal, titulada Why Central America Stays Poor.

Y luego explica que la naturaleza puede ser cruel en países subdesarrollados. Sin embargo, no fue el fuego, una inundación, un alud o un volcán lo que produjo aquel golpe económico. Es una farsa hecha por el hombre, cortesía de la Corte de Constitucionalidad de Guatemala. Es una saga que vale la pena volver a contar porque va al corazón de la pobreza intransigente del país.

La columnista cuenta con detalles el caso de El Escobal, que es propiedad de la minera San Rafael; así como el rol que han tenido la ONG CALAS, la CICIG y la Corte de Constitucionalidad en este caso de fabricación de miseria.

O`Grady concluye en que la mina podría ser reabierta fácilmente respetando los derechos de los Xincas. Pero al parecer, el tribunal supremo no quiere que eso suceda, sin importar el costo para el pueblo guatemalteco. Y eso es lo que a mi me enoja, el hecho de que a los magistrados activistas no les importe hacer tantos daños, a tantas personas, no sólo vinculadas con la mina; sino a todos aquellos que no obtendrán empleos, ni mejorarán sus ingresos en la medida en que más y más empresas se den cuenta de lo absurdo que es invertir en Guatemala.

cicig / jimmy morales / ONU — Comentarios desactivados
27
Sep 18

La ONU en la picota

El ideal de CICIG, se perdió en el marco de la burocracia de Naciones Unidas y en el culto a la persona, que por principio nunca debe ser mayor que la institución que representa, dijo Jimmy Morales, presidente de Guatemala, en la Asamblea General de la ONU, organización que debe estar en la picota.

¿A alguien le soprende que eso haya ocurrido? Las burocracias suelen ser laberintos para los ideales; y si son laberintos para ideales bien concebidos y para ideales nobles, ¿cómo no van a ser laberintos y hasta tumbas para ideales oscuros.

Ya en 2009, el periodista Eric Frattini, en su libro Historia de la corrupción en la ONU, escribió acerca de la burocracia y la corrupción en aquella organización internacional. Advirdió sobre Espías, traidores y otras tribulaciones; Excesos, Acoso sexual, mentiras y favores; la corrupción express; los abusos, el rentable negocio de los refugiados; y otros males endémicos de la Organización.

En 2004, Jordi Raich publicó El espejismo humanitario: la especie solidaria al descubierto, libro en el que pone al desnudo los dilemas políticos y éticos de la solidaridad y las relaciones del humanitario -un misionero del tercer milenio- con otros actores del teatro filantrópico: víctimas egoístas, políticos sin escrúpulos, periodistas susceptibles, militares fanáticos y cooperantes aprovechados.

Pero las advertencias vienen de lejos, ya en 1986, en Capitalism, the Unknown Ideal, Ayn Rand escribió que desde el punto de vista psicológico, la ONU ha contribuido en gran medida al pantano gris de la desmoralización, el cinismo, la amargura, la desesperanza, el miedo y la culpa anónima, que se está tragando el mundo occidental.

Ronald Reagan sacó a los Estados Unidos de América, de la UNESCO en 1984 debido a la corrupción; y Donald Trump estaría por retirar a su país del Consejo de los Derechos Humanos de la ONU debido al pantano gris que mencionó Rand en su oportunidad.

En realidad hay bastante material sobre lo intrinsecamente perverso que es el sistema. Además de los citados arriba, te recomiendo dos libros:

The Lords of Poverty, por Graham Hancock.
Blanco bueno necesita negro pobre, por Gustau Nerín.

Incluso el sentido del humor se ocupa de ese mundillo burocrático y corrupto que es el de los organismos internacionales, gubernamentales, o no. ¿Viste el trailer que ilustra esta nota? Si no, velo.

En el marco de lo que está ocurriendo en Guatemala y en el marco de su propia naturaleza, tanto la ONU como la CICIG están llamadas a hacer un ejercicio de introspección e incluso uno de expiación. Abajo te comparto frases del discurso de Morales en la ONU. Son food for thought. Se que Morales es lider de nada; pero es el Presidente constitucional de la república electo popularmente (aunque fuera porque no había mejor opción) y lo que cuenta merece ser tomado en serio; indepentemente de él y de la calidad de su administración.

Guatemala ha sido el único Estado en firmar un acuerdo de cooperación con la Secretaría General de las Naciones Unidas para establecer una “Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala”, denominada “CICIG”, que tendría una duración de dos años. Considerando que la iniciativa era valiosa, el Estado de Guatemala le concedió cinco prórrogas más.

Al mando de tres comisionados, la CICIG tuvo sus luces y sus sombras, y como Estado soberano decidimos no solicitar la sexta prórroga considerando que después de más de una década, ha sido tiempo suficiente para cumplir con su mandato.

Muy oportuno sería, que el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas informe, (en aras de la transparencia), el detalle del uso de los recursos desde el establecimiento de la comisión, para rendir cuentas a la comunidad internacional sobre la utilización de los fondos acreditados.

La misma Comisión Helsinky, del Senado de los Estados Unidos de América, le ha pedido cuentas a la CICIG y esta comisión se ha negado a hacerlo en reiteradas ocasiones.

Esa negativa a la rendición de cuentas, contradice totalmente, el espíritu de la comisión contra la impunidad.

Por las circunstancias dadas es necesario hacer del conocimiento de la comunidad internacional las razones por las cuales se ha decidido no prorrogar el mandato de la CICIG en Guatemala.

Primero: porque violó la Constitución Política de la República, nuestras leyes y el acuerdo mismo de su creación, excediéndose en su mandato, manipulando la justicia, atentando contra la presunción de inocencia y el debido proceso.

Segundo: porque el comisionado Velásquez se entrometió en asuntos internos del país politizando la justicia y judicializando la política, abusos que han polarizado a la sociedad guatemalteca y han creado una atmósfera de inestabilidad que llega a vulnerar la seguridad.

A pesar de que nosotros, me refiero al gobierno de Guatemala habíamos manifestado tiempo atrás nuestras preocupaciones de los abusos de la CICIG en Guatemala, tuvo que darse un caso que afectara intereses internacionales para que la comunidad internacional se percatará de las injusticias cometidas por esa comisión de Naciones Unidas.

Y aquí me refiero a la indiferencia y la pasividad del Secretario General de la ONU, a quien desde hace más de un año le presenté personalmente y de manera oficial: las preocupaciones del Gobierno de Guatemala sobre las malas prácticas de la CICIG y su comisionado.

Nadie puede negar que muchas personas y familias guatemaltecas, también han sufrido persecuciones ilegales, o han sido violentados sus derechos humanos y garantías constitucionales con total impunidad por dicha comisión.

¿Cómo se ha violado la presunción de inocencia y el debido proceso por la CICIG en Guatemala?

Contrario a lo regulado en instrumentos internacionales en materia de derechos humanos y al orden constitucional guatemalteco los señalamientos de la comisión iniciaron con conferencias de prensa, mediatizando los casos vulnerando la presunción de inocencia, porque a través de dicha mediatización se ejerció presión sobre jueces y magistrados para sus resoluciones.

Que el jurista al frente de la comisión haya expresado que el ser humano se va haciendo menos inocente conforme avanzan las investigaciones y el proceso penal, es una afirmación que viola la Constitución Política de la República, puesto que esta garantiza el derecho humano de presunción de inocencia.

El ser humano es inocente en tanto no exista una sentencia firme que le haya condenado.

Otro abuso que no podemos dejar pasar es: el uso excesivo de la fuerza y el abuso del poder, que llegaron a llamarse “Jueves de GICIG” que además de las mencionadas conferencias de prensa incluían capturas y allanamientos con excesivo abuso de la fuerza. Haciéndose acompañar de decenas de policías fuertemente armados, incluso con fusiles de alto calibre.

Debe considerarse también, el excesivo uso de la prisión preventiva, que debiendo ser una excepción, la CICIG la ha convertido en la regla en Guatemala.

Conforme las leyes de Guatemala, ninguna persona debe permanecer más de tres meses en prisión preventiva, pero en los casos de la CICIG, hay algunas personas que estuvieron más de tres años en prisión preventiva; cinco años más ligados a proceso y luego fueron declaradas inocentes.

Y a la fecha, hay cientos de personas que llevan años guardando prisión preventiva.

Hay un caso denominado Pavo Real, en el que una persona fue juzgada en Guatemala, otra en Austria y otra en España; y en los tres países las pruebas presentadas por CICIG no fueron suficientes y se les declaró inocentes.

Hoy se lamentan cinco muertes causadas por ese abuso de prisión preventiva, en donde la presión de CICIG sobre los jueces, influyó para que dichos jueces no otorgaran medidas alternas de privación de libertad que garantizara un tratamiento médico adecuado.

Hay otro caso que quiero traer a colación, el caso del joven Alfredo Zimeri. Un joven de 19 años, que fue brutalmente golpeado por personal de la CICIG, provocándole múltiples fracturas graves en su rostro y cráneo; el señor Velásquez excedió su mandato al solicitar en conflicto de intereses las grabaciones de los videos de las cámaras de vigilancia, evidencia que solo el Ministerio Público estaba facultado a realizar.

¿Cómo se le puede llamar a esto? ¿Justicia o impunidad?

En esencia, la CICIG ha llegado a ser una amenaza para la paz en Guatemala. La CICIG ha montado un sistema de terror, un sistema en donde, el que piensa diferente lo persigue, lo investiga, se le señala de coaccionar testigos, que luego los convierte en colaboradores eficaces, ofreciéndoles procesos abreviados y redención de penas.

Con sus antecedentes, es sano que la ONU esté en la picota, o por lo menos que esté bajo la luz seguidora. Y, para los chapines, es más sano que la CICIG responda por sus 10 años de gestión en Guatemala, y traslade sus capacidades al finalizar su mandato.

cicig / Economía — 1 Comment
21
Sep 18

El mal huevo de un mal cuervo

Estoy leyendo la biografía de Leonardo Da Vinci por W. Isaacson; y es admirable como es que la prosperidad en Florencia fue un ambiente propicio para las artes, no sólo en los espacios públicos y políticos, sino en los espacios privados. El asunto viene al caso porque un amigo –artista- me contó que, en lo que va del año se le han caído tres proyectos grandes (privados) porque sus mecenas no están en ánimo, ni en disposición de emprender proyectos artísticos. No hay confianza en el futuro y si ese recelo ya se nota en el campo artístico (que es un lujo), ¿cómo estarán las cosas en el campo productivo?

El ambiente de tensión extrema que se vive en el país no sólo ocurre en las redes sociales virtuales donde el vitriolo va y viene entre tirios y troyanos acerca de si Iván se va, o si Iván se queda. Si me preguntan diré que prefiero que se vaya; pero no me opongo a un acuerdo en el que el jefe de la CICIG nombre a un adjunto y que el jefe dirija la comisión desde afuera. El ambiente de tensión es una realidad violenta donde hay ataques a hidroeléctricas, invasiones de fincas y bloqueos; así como donde hay intimidaciones, insultos, desmanes y empujones en espacios públicos. La conflictividad fabricada está siendo asfixiante.

En un informe titulado Inversión en Guatemala, ¿problema estructural, o coyuntural?, el equipo de UFM Market Trends advierte que la causa del atraso económico ha sido la incapacidad de Guatemala de atraer inversión extranjera directa, o para generarla endógenamente mediante más ahorro. ¿Y para qué quieres que no haya atraso económico? Para que haya más bienes y servicios, para que la gente encuentre trabajo, para que mejoren los salarios, para que la gente pueda llenar sus necesidades y ahorrar, para que no tengamos que privarnos de obras de arte hermosas en espacios públicos.

La CICIG es un experimento fallido, es un mal huevo que salió de un mal cuervo; y la conflictividad que ha disparado debe ser resuelta cuanto antes, por vías racionales, con los ojos puestos en el futuro y no en busca de algún tipo de victoria pírrica. Antes de que cause más daños.

Columna publicada en elPeriódico.

Ilustración de Leonardo da Vinci [Dominio público], via Wikimedia Commons

Luis Figueroa CARPE DIEM Periodismo de reflexión, por la libertad y la razón