25
Mar 19

El problema guatemalteco de Biden

El ex vicepresidente Joe Biden dejó  claro que si se lanza a la carrera presidencial de 2020, se presentará como Demócrata con las opciones de política exterior que el país necesita. Centroamérica, cada vez más importante para la seguridad nacional de los Estados Unidos, es una región en la que se considera un experto.

Haz clic en la foto para leer el artículo que da origen a esta entrada.

Aquella pretención fue afectada el martes cuando Guatemala emitió una orden de arresto para la ex fiscal general Thelma Aldana por cargos que incluyen la falsificación de documentos y el fraude fiscal; con estos dos párrafos inicia la columna titulada Biden´s Guatemalan Problem, de Mary Anastasia O´Grady publicada en el diario Wall Street Journal, que añade que los guatemaltecos se quejaron amargamente del desprecio de la Sra. Aldana por la ley durante su mandato como fiscal general de 2014 a 2018. Pero ella fue protegida contra la investigación por la embajada de los Estados Unidos y por la Comisión contra la Impunidad en Guatemala, conocida como CCIG (financiada por los EE.UU.) y su comisionado colombiano, Ivan Velásquez.

Una ex fiscal general, que trabajaba con la ONU es acusada de fraude, dice el subtitulo de la columna que es objeto de esta entrada.

Biden ha sido uno de los más entusiastas promotores de la CICIG, a pesar de que la Comisión terminó siendo un fracaso épico, explica O´Grady.

Luego, en su columna que es de antología y que hay que guardar, la periodista relata como es que el rol de aquella comisión se fue deteriorando a pesar del apoyo del que llegó a gozar en 2015. Cuenta cómo es que la comisión no responde a nadie y cómo es que Velásquez llegó a comportarse como un virrey.

En esas circunstancias, O´Grady cuenta cómo es que la arbitrariedad de Velásquez -condonada por Aldana- creó una cultura de miedo y cómo es que uno y la otra llegaron a necesitarse mutuamente. No fue hasta que los abusos de la CICIG llamaron la atención internacional, que los guatemaltecos recobraron confianza para manifestarse sobre aquellos abusos.

Luego, en su columna, Mary Anastasia O´Grady les cuenta a sus lectores las cuitas electorales y judiciales de Thelma Aldana, que viajó a El Salvador.

De vuelta a Biden, la columnista señala que Biden no ha sido el único Demócrata que ha continuado apoyando a la CICIG luego de que sus asaltos contra el estado de derecho fueran documentados; y menicona a Norma Torres y James Mc Govern, así como a Patrick Leahy.

O´Grady finaliza su columna con la siguiente observación: No podría haber evidencia clara de que la comisión de la ONU se ha convertido en un instrumento político de la izquierda guatemalteca y estadounidense. Esto retrasó el objetivo de fortalecer la democracia guatemalteca y dañó los intereses de seguridad de los Estados Unidos en la región. Si el Sr. Biden corre, tendrá que dar algunas explicaciones.


14
Ene 19

¿Qué ha ocurrido en Guatemala?

Con el título de Guatemala Gives the U.N. the Boot, que traduzco como Guatemala le da una patada a la ONU, Mary Anastasia O´Grady publicó en el Wall Street Journal algunos datos sobre lo que ocurrió en este país la semana pasada y explicó que la comisión contra la impunidad socava la confianza en el sistema de justicia.

En el artículo, O´Grady explica que mientras que el presidente Trump ha estado batallando en el Congreso sobre el tema de seguridad en la frontera del sur, la ONU ha ocasionado una crisis política en Guatemala.  Los Estados Unidos difícilmente hará algún progreso en el primer tema, sin ponerle atención al segundo.  O´Grady también llama la atención sobre el hecho de que, a los ojos de la ONU, el jefe de la Cicig no responde a ante nadie; y al hecho de que la ONU no ha estado abierta a buscarle una solución a la crisis que se origina, no sólo en diferencias con el jefe de la misión, sino a su incapacidad de garantizar las libertades civiles básicas luego de once años de operar en el país.

Apunta, O´Grady que ahora que los guatemaltecos han tenido un roce aterrador con el autoritarismo impuesto por una agencia de la ONU,  que no es responsable, tal vez tengan un incentivo mayor para hacer el trabajo de fortalecer el sistema de justicia ellos mismos.  ¡Qué razón tiene!  La Cicig sólo fue la típica excusa chapina para no entrarles a los problemas de fondo y delegar la soluciones en un tutor del que ahora muchos son adictos.

El artículo en cuestión es muy oportuno porque, la semana pasada, en ese mismo diario fue publicada una pieza que hacía caso omiso de las violaciones a las garantías procesales, por ejemplo.  Y no dimensionaba el peligro que esta crisis significa no sólo para la seguridad al norte del río Bravo; sino para los flujos migratorios.

De verdad te recomiendo que leas el artículo de O´Grady.


11
Ene 19

¿Exitos, o “papas y pan pintados?

De forma aventurada, y en un artículo del Wall Street Journal, un reportero recién afirmó que la CICIG ha encarcelado a directivos del IGSS, en el marco de un artículo que celebra los supuestos éxitos de aquella comisión. ¿Cuándo lo leas, nota que el reportero dice que ha sido la CICIG, y no el MP?

Lo que el reportero no explica es que muchos de esos encarcelamientos han sido ejecutados de tal forma que constituyen evidentes violaciones de no sólo de las garantías procesales de los acusados, sino de sus derechos individuales. Tres años y ocho meses ha durado la injusta e ilegal prisión preventiva a la que han estado sometidos Max Quirín, Julio Suárez y otros miembros de la junta directiva del IGSS; y ¿qué decir de los médicos Edwin Castañeda que murió preso por un fallo cardio-respiratorio y Jesús Oliva que se suicidó, deprimido por estar injustamente en prisión preventiva?

Según la CIDH, puede haber un uso excesivo de la prisión preventiva (y de esa aberración llamada prisión provisional); y es un deber de los estados –un deber de los políticos y burócratas– velar porque esta medida cautelar no sea usada de modo punitivo; así como encontrar opciones en respeto al principio de presunción de inocencia. Una comisión internacional que busca la justicia, ¿debería haberse ocupado de esta injusticia? Seguramente sí; pero sólo si la administración de justicia se basara en evidencias, en vez de ser un instrumento ideológico y de política.

Contra Quirín, Suárez y otros miembros de aquella directiva no hay evidencias; y el mayor señalamiento que se les hace es que aprobaron el contrato con PISA, aunque la junta de licitación no había determinado la capacidad técnica de la empresa, extremo que no le correspondía al Presidente de la directiva, sino a la citada junta. A eso, en mi pueblo se le dice que es papas y pan pintados.

El tribunal a cargo de esta causa puede tratar de enmendar los daños causados cuando apruebe medidas sustitutivas; pero el actuar de la CICIG (al estilo Stasi y en modo KGB) no puede apuntarse como un éxito digno de presumir en uno de los diarios más prestigiosos del mundo.

Columna publicada en elPeriódico.


07
Oct 18

¿Por qué es que Centroamérica se mantiene pobre?

La suspensión de operaciones de la mina de plata Escobal en el sureste de Guatemala, en julio de 2017, desplazó a más de 850 trabajadores y puso en peligro los medios de subsistencia de miles de personas más cuyos trabajos están respaldados indirectamente por el proyecto. La pérdida de ingresos familiares ha perjudicado a las comunidades en el municipio de San Rafael Las Flores y, en algunos casos, ha enviado a los desempleados al norte a buscar trabajo en los EE. UU., dice Mary Anastasia O´Grady en su columna de The Wall Street Journal, titulada Why Central America Stays Poor.

Y luego explica que la naturaleza puede ser cruel en países subdesarrollados. Sin embargo, no fue el fuego, una inundación, un alud o un volcán lo que produjo aquel golpe económico. Es una farsa hecha por el hombre, cortesía de la Corte de Constitucionalidad de Guatemala. Es una saga que vale la pena volver a contar porque va al corazón de la pobreza intransigente del país.

La columnista cuenta con detalles el caso de El Escobal, que es propiedad de la minera San Rafael; así como el rol que han tenido la ONG CALAS, la CICIG y la Corte de Constitucionalidad en este caso de fabricación de miseria.

O`Grady concluye en que la mina podría ser reabierta fácilmente respetando los derechos de los Xincas. Pero al parecer, el tribunal supremo no quiere que eso suceda, sin importar el costo para el pueblo guatemalteco. Y eso es lo que a mi me enoja, el hecho de que a los magistrados activistas no les importe hacer tantos daños, a tantas personas, no sólo vinculadas con la mina; sino a todos aquellos que no obtendrán empleos, ni mejorarán sus ingresos en la medida en que más y más empresas se den cuenta de lo absurdo que es invertir en Guatemala.


04
Sep 18

El sucesor de Iván Velásquez

Quien sea designado para suceder a Iván Velásquez, como jefe de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala, debe ser un profesional de la justicia, y no un activista; debe asegurar una transición -entre ahora y septiembre del año entrante- que fortalezca el sistema de justicia y no dañe más a las instituciones; debe generar suficiente confianza como para desfacer el entuerto que deja Velásquez.

Es posible que la decisión de Jimmy Morales en el sentido de prohibir el ingreso de Velásquez sea un desatino y seguramente el asunto tendrá que dilucidarse en los tribunales; pero lo que no debe ocurrir es que Velásquez sea impuesto y que esa imposición genere daños institucionales y contribuya a profundizar y a agravar las fisuras sociales en Guatemala.

En los tribunales se habrá de dilucidar, por ejemplo, si el Presidente tiene, o no la facultad de ordenarle al Director General de Migración que le prohiba la entrada al país a una persona; habrá que dilucidar si el Jefe de la CICIG necesita visa, o no; y otros detalles.  El sucesor de Velásquez habrá de continuar las investigaciones pendientes contra Jimmy Morales en su calidad de secretario general del partido con el que ganó las elecciones.

Y con todo y eso, ¿sábes? Pienso que si el Secretario General de la ONU y los gobiernos que no sólo financian a la CICIG, sino que se empecinan en mantener a Velásquez como jefe de la misión, de verdad quisieran contribuir a acabar con la impunidad y la corrupción en Guatemala, deberían detenerse y preguntarse: ¿Hicimos lo mejor que podíamos haber hecho? ¿La agenda que no es evidente, vale la pena a cualquier costo? La imposición de Velásquez, ¿puede ser una victoria pírrica que desate quién sabe qué clase de monstruos?

De paso, ¿qué agenda? La de Patrick Leahy y otros políticos y gobiernos que quisieran ver a Latinoamérica convertida en una enorme Cuba.  La que no terminan de ver los funcionarios republicanos que no distinguen Guatemala de Guadalajara, ni de Guam.

A lo largo de los años, la CICIG amplió su autoridad para hacer avanzar la política de la extrema izquierda, que busca consolidar el poder mediante el control de las instituciones. Es la misma estrategia empleada por el fallecido dictador venezolano Hugo Chávez, explica Mary Anastasia O´Grady, de el Wall Street Journal.

En esta misma dirección, O´Grady apunta a que la izquierda internacional ha aplaudido la turbia influencia y el capricho de la CICIG porque arma y silencia a los oponentes ideológicos del socialismo. En la CICIG, los socialistas dentro y fuera de la ONU creían haber encontrado un modelo que podían desplegar en todo el mundo en desarrollo para debilitar a los defensores de las ideas de centroderecha y potenciar el colectivismo, todo bajo el pretexto de luchar contra la corrupción. Abundan los rumores de que el Tribunal Constitucional, un aliado del  señor Velásquez, se está preparando para declarar ilegal la decisión del presidente. Eso explicaría por qué, el martes [hoy], el señor Morales anunció que al señor Velásquez no se le permitiría regresar al país.

Además, en su columna de hoy, O´Grady añade: El señor Velásquez no es un funcionario electo. Es más un virrey moderno, que reprime con fuerza la oposición en la “colonia” contra aquellos que desafían su autoridad. Los guatemaltecos han llegado a entender que denunciar los métodos ilegales de la CICIG es arriesgarse a la condena pública como amigo de los corruptos, o incluso a la investigación y la detención preventiva. Empresarios turbios, políticos, matones notorios y especialmente jueces parecen tener un pase siempre que acepten la agenda del señor Velásquez, o se mantengan fuera de su camino. En otras palabras, la administración de justicia de la CICIG ha sido selectiva.

Comparto estos párrafos de la columna de O´Grady porque ayudan muy bien a entender qué es lo que está en juego y por qué es que es importante defender las instituciones, por precarias que sean; evitar la fractura social que desate monstruos y defender el pequeño germen de república que pueda haber donde quiera que lo haya.

El sucesor de Iván Velásquez tiene la misión de trasladar las capacidades de la Comisión al Ministerio Público; y para cumplirla a cabalidad y terminar la gestión de la CICIG con algún grado de respetabilidad no debe actuar como un virrey, ni al margen del debido proceso y de otras garantías constitucionales, ni del sistema de pesos y contrapesos.

¡Con, o sin CICIG, todos contra la corrupción!, ¡Con, o sin Velásquez, todos contra la corrpución!


20
Ago 18

WSJ: Estados Unidos financia abusos en Guatemala

Con el subtítulo de Washington ignora violaciones graves de los derechos humanos llevadas a cabo con dinero de los tributarios, el Wall Street Journal publicó la columna de Mary Anastasia O´Grady que invita a una meditación importante no sólo para Guatemala, sino para los tributarios de los Estados Unidos de America.

En la columna, O´Grady dice: El encarcelamiento ilegal de Max Quirin y otros cinco ex miembros de la junta ejecutiva [del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social] suena a justicia de república bananera. Pero gran parte de la responsabilidad de los crímenes estatales perpetrados contra estas personas inocentes recae en el Congreso de los EE. UU.

El Congreso financia casi la mitad del presupuesto de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, o CICIG. La comisión, creada en 2006 para combatir el crimen y la corrupción, está pasando por alto a los guatemaltecos respetuosos de la ley, explica O´Grady.

El senador Lindsey Graham, presidente del subcomité de operaciones estatales y extranjeras, no respondió a las solicitudes de comentarios sobre la anarquía de la CICIG. El senador Patrick Leahy, el demócrata de mayor rango del subcomité y defensor de los derechos humanos en América Latina, admite que la CICIG podría ser mejorada, pero la aplaude. Sin ella, dice, “funcionarios de alto rango o miembros de redes criminales con la capacidad de intimidar a fiscales y jueces y amenazar o asesinar a testigos” no podrían comparecer ante la justicia, relata la columnista y miembro del Consejo Editorial de The Wall Street Journal, que luego nace una meditación que eriza los pelos: Por esa lógica, las represalias extralegales están justificadas porque la criminalidad existe. ¿Quién necesita el debido proceso?

No te cuento mucho más del artículo para que lo leas; pero luego de aquellas líneas, la columnista relata el proceso contra Max Quirín y la directiva del IGSS así como los agusos e irregularidades que lo caracterízan.

Antes de concluir anota que la detención preventiva está limitada a un año por ley. Al señor  Quirin se le ha negado la libertad bajo fianza varias veces. Mientras tanto, el izquierdista Juan Alberto Fuentes Knight, ex presidente de Oxfam Internacional y ex ministro de finanzas que enfrenta cargos de corrupción, recibió una fianza de $ 66,000 dentro de un mes de su arresto.

Después de 10 años en Guatemala, la CICIG ha conseguido pocas condenas y necesita trofeos para complacer a gente como el señor Leahy. Se está apostando a que el encarcelamiento indefinido convencerá al inocente de confesar algo que no hizo y a firmar acuerdos de declaración de culpabilidad para salir de prisión.

Mary O´Grady concluye: A solicitud del senador de Florida Marco Rubio, se ha suspendido un desembolso de $ 6 millones para la CICIG corrupta, en espera de una reforma significativa. Pero la CICIG protege a la izquierda guatemalteca, y un asistente del Congreso me dijo que los demócratas clave están presionando mucho para levantar la suspensión.

Mientras tanto, coincido con O´Grady en que quienes pierden son los derechos humanos.


10
Jul 18

Rusia en Centroamérica

Nicaragua debería ser una lección para los guatemaltecos y para los Estados Unidos. Los controles y equilibrios para contener al Sr. Ortega estaban vigentes hace una década. Pero gradualmente los erosionó, y su toma de poder fue permitida e incluso celebrada en casa y en el extranjero. Se decía que estaba ayudando a los pobres mientras compartía los despojos de su poder con la comunidad empresarial. También hizo que Rusia se sienta como en casa, advierte Mary Anastasia O´Grady -miembro del Consejo Editorial de The Walll Street Journal, en su columna del domingo pasado.

Es lo puro cierto, durante varios años, antes de que sus arreglos políticos les estallaran en la cara a los Ortega-Murillo, vi a varios empresarios, e incluso a algunos amigos, alabar el sistema nica.  Allá -escuché decir de una, u otra forma- es cierto que los Ortega-Murillo controlan todo; pero hay seguridad y estabilidad y se puede hacer negocios.  Y yo pensaba que es muy triste y peligroso que la gente se obsesione tanto con la seguridad y la estabilidad, que esté dispuesta a sacrificar la libertad.  Yo pensaba que aquel idilio no podría durar mucho.  Y me enojaba que algunos chapines pensaran que esa es la situación ideal para Centroamérica y Guatemala: Una dictadura maquillada que garantice seguridad, estabilidad y buen ambiente para los negocios.

Y es que como dice O´Grady: parece que América Central no quiere o no puede establecer la conexión entre instituciones fuertes y una sociedad libre y justa. En estas latitudes, hay demasiada gente que cree que la clave para la paz y la prosperidad son las personas que están a cargo del gobierno, y no las instituciones y las leyes.  En última instancia la pobreza que incentiva a mucha de Guatemala, Honduras y El Salvador, a emigrar es consecuencia de instituciones fallidas; y debilitar las ya débiles instituciones no mejora la situación.

En su columna, O´Grady explica que ese ha sido el efecto de la Comisión Contra la Impunidad en Guatemala, que se ha transformado en una herramienta de intereses políticos y económicos hambrientos de poder.

Bajo la tutela de la CICIG grupos conocidos del crimen organizado, como uno famoso por robar flagrantemente energía eléctrica para financiar su activismo militante de izquierdas [y su transformación en partido político], no han sido tocados por la CICIG. Mientras tanto, la comisión usa su poder sin control para perseguir intereses comerciales de centro derecha que tradicionalmente han respaldado el capitalismo democrático. 

En su columna, Mary Anastasia O´Grady hace referencia a las conexiones rusas con la CICIG, y con la represión armada contra la gente en Nicaragua.


01
Jul 18

Guatemala, Rusia y los Bitkov en el Wall Street Journal

Han pasado dos meses desde que la Corte de Constitucionalidad de Guatemala eximiera a una familia de inmigrantes rusos de todos los cargos criminales relacionados con el uso de documentos emitidos ilegalmente. La exoneración de Igor Bitkov, su esposa, Irina, y su hija, Anastasia, por parte de la Corte fue ampliamente difundida, incluso en el Wall Street Journal. Sin embargo, los Bitkov todavía no están libres; y eso es porque la misma corte ahora dice que Igor Bitkov tiene que ser enjuiciado nuevamente por cargos relacionados. Los casos de Irina y Anastasia permanecen en el limbo. Los tres están fuera de la cárcel pero confinados a la ciudad de Guatemala, así comienza su columna, de hoy, Mary Anastasia O´Grady, autora de The Americas y miembro del consejo editorial de aquel diario.

Otra vez el cuestionable sistema de justicia chapín -tutelado por la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala y la Organización de las Naciones Unidas- está en la picota.  Según O´Grady, y estoy de acuerdo con ella, la historia de los Bitkovs merece ser difundida  aún más en la prensa estadounidense porque su persecución continúa a manos de una agencia de las Naciones Unidas -la Comisión contra la Impunidad en Guatemala, o CICIG- que está financiada por los EE. UU. y opera impunemente.

En el artículo titulado Guatemala, Russia and the Bitkovs, la autora enlaza la persecusión de las víctimas, los Bitkov, con agentes de Vladimir Putin, los bancos estatales rusos  VTB y Gazprombank, los abogados guatemaltecos Carrillo, Comte y Font, la CICIG y la ONU, con Iván Velásquez, Ericka Aifán y los magistrados de la Corte de Constitucionalidad, así como con la Comisión Helsinki, del gobierno de los Estados Unidos, el Departamento de Estado y el Senador Marco Rubio.  Es una historia compleja de política y violaciones al debido proceso y al estado de derecho que te recomiendo que leas.

Los partidarios de CICIG dicen que ha hecho algo bueno. En el “caso de migración”, ha capturado peces pequeños en un círculo criminal dentro de las oficinas gubernamentales. Pero nunca ha atrapado al pez grande. E incluso si lo hubiera hecho, eso no es carta blanca para burlar la ley. Decenas de guatemaltecos están languideciendo en la cárcel sin juicios bajo las investigaciones de la CICIG, advierte  O´Grady, y añade: Algunos en Washington lo entienden. Un alto asistente del Congreso me dijo que el “Departamento de Estado está muy dividido respecto a la CICIG”, y que los funcionarios designados por Trump argumentan que la “retención” solicitada por el senador de Florida, Marco Rubio, sobre $ 6 millones de fondos de la CICIG se utilizará para “apalancar la reforma de un de la agencia de control”. El asistente agregó: “Aún así, un grupo de diplomáticos de carrera está luchando para negar completamente toda evidencia de complicidad de la CICIG en la gran injusticia contra  los Bitkov, así como su politización y pérdida de credibilidad en Guatemala”.


10
May 18

Caso Bitkov: más venganza y política, que justicia

Ayer, la jueza de mayor riesgo D resolvió por escrito y sin presentarse al tribunal, cuatro horas después de programada la audiencia y en una resolución fechada el martes, que Igor Bitkov -el ciudadano ruso perseguido por Vladimir Putin y acosado por la CICIG- habrá de enfrentar un nuevo juicio.

La resolución de la jueza desafía una resolución de la Corte de Constitucionalidad en el sentido de que Bitkov es migrante y debe aplicársele la convención de Palermo; y ese desafío hace obvio que en aquel tribunal y en este caso no es la justicia lo que está en juego, sino la venganza y la política.  Dicha obviedad se subraya con el hecho de que, aunque la resolución estaba fechada desde el martes, la jueza hizo esperar durante cuatro largas horas, con todo lo que eso implica emocionalmente para el acusado y su familia.  Sea cierto, o no que había fallas de audio en la sala del tribunal, ¿qué justifica que una jueza -sabiendo que una vida humana está en juego- haga esperar cuatro horas por su resolución?  ¿Qué justifica que una juzgadora -que no desconoce el principio de presunción de inocencia- imponga en un acusado y su familia la carga emociona de una espera tan, pero tan larga?  ¿Qué justifica que en el marco del debido proceso, una jueza disponga ignorar una resolución del más alto tribunal constitucional que está relacionada con la protección de los derechos individuales de un migrante?

Este último detalle es más ominoso cuando los chapines tenemos miles y miles y miles de compatriotas emigrados, siendo maltratados y hasta humillados en otros países; y no cesamos de pedir mejores tratos y justicia para ellos.

En el contexto del caso de los Bitkov, hay dos notas de prensa internacionales a las que vale la pena ponerles atención.  La primera es un editorial de el Wall Street Journal y se titula Your Taxpayer Dollars at the U.NEl mismo dice: El tribunal constitucional de Guatemala confirmó el fallo de que la familia es migrante y cometió solo delitos administrativos. Pero en lugar de liberarlos, el miércoles un juez de la corte inferior entregó una orden escrita para un nuevo juicio para el Sr. Bitkov. Y llama la atención sobre algo que debería alarmarnos, pero que muchos por aquí consideran que es pecatta minuta y que a nadie debería incomodar: la CICIG es un organismo no electo, de la ONU, y su jefe Iván Velásquez tiene el poder de un virrey. El ha intimidado a muchos guatemaltecos para que lo apoyen si quieren permanecer fuera de la cárcel. Otros lo están animando mientras amenaza con derrocar al presidente Jimmy Morales. Eso es algo a tener en cuenta cuando los defensores de la CICIG bombardean Capitol Hill para defender la autoridad sin control de la CICIG. Su mejor argumento es que la CICIG ha hecho algunas cosas buenas. Sin embargo, eso se hará evidente en cualquier investigación, al igual que los abusos de poder. Si los presidentes republicanos con autoridad sobre el dinero de los tributarios[en el Congreso de los EE.UU.] tienen interés en estabilizar Centroamérica, detendrán el financiamiento de la CICIG y comenzarán una revisión.

Europa y la BBC también le están poniendo atención al asunto.  ¿Por qué no? Si quieres saber más del caso, el reportaje titulado El polémico caso de los Bitkov, la familia rusa presa en Guatemala que asegura ser víctima de una persecución del Kremlin, por Lioman Lima, está en español y ofrece una perspectiva clara.  En especial te recomiendo las declaraciones del abogado Rolando Alvarado.  ¿Por qué? Porque él explica muy bien la razón por las que migrantes que huyen de la amenaza más grave para la democracia y los valores occidentales que existe en el mundo de hoy, tienen que cambiarse los nombres; por qué es que los Bitkov usaban documentos reales y auténticos.

En un país que necesita fortalecer sus insituciones y la administración de justicia, en uno que necesita erradicar la impunidad y la corrupción, es una lástima que prevalezcan la venganza y la política.

La foto de Igor Bitkov es de elPeriódico.


25
Abr 18

Guatemala, la CICIG y los Bitkov en “National Review”

Guatemala está, de nuevo, en las noticias. ¿Cómo iba a ser de otra forma? Esta vez en la revista Nacional Review, en un artículo por Jay Nordlinger, titulado Why Are They Doing this to the Bitkovs? En el mismo, el autor medita: La CICIG y la policía guatemalteca estaban persiguiendo a algunos actores muy malos: funcionarios corruptos del gobierno y traficantes de personas, a saber, coyotes. Había un anillo de estas personas. Personajes verdaderamente desagradables, del tipo de los que denuncian a los denunciantes, algunos de ellos. Pero, ¿Igor, Irina y Anastasia Bitkov pertenecen a la misma red?

El artículo de Nordlinger tiene dos virtudes que quiero destacar: 1. Es una relación de hechos bien ordenada y completa, que le permite al lector entender la complejidad del caso, y sus detalles objetivos espeluznantes. 2. Cuenta detalles de las particulares expriencias penosas y duras pruebas que han vivido Anastasia y Vladimir Bitkov, los niños de esta tragedia.  Anastasia ya es mayor de edad; pero era niña cuando empezó la pesadilla y el pequeño Vladimir tiene 6 años.

  • En junio de 2007, algo malo sucedió: la hija de los Bitkovs, Anastasia, de 16 años, fue secuestrada, drogada y violada repetidamente. Esto tuvo lugar en el transcurso de tres días. ¿Quién lo hizo? “Una estructura criminal, trabajando con el FSB”, explica Igor. “Uno con impunidad”. (“FSB” es el nuevo nombre para “KGB”). Igor pagó un rescate de $ 200,000, en efectivo. Le entregó el dinero, dólares, a la policía, actuando como “intermediarios”.
  • El 15 de enero de 2015, a las 6 de la mañana, fueron arrestados. Un total de 70 agentes llegaron a la casa de los Bitkovs. Otros 30 fueron a la oficina de la familia. Todavía otros 30 fueron a la casa del novio de Anastasia. Eso es 130 agentes en total, un número impresionante para un caso de pasaporte. Inicialmente, los Bitkovs se mantuvieron en carceletas, o jaulas, en condiciones humillantes y peligrosas. Igor tuvo que lidiar con miembros de pandillas (MS-13 y Barrio 18). Anastasia tuvo una terrible crisis. Los detalles de estos primeros días son asombrosos.
  • ¿Qué pasó con el niño pequeño, Vladimir, de tres años en ese momento? El Kremlin se apresuró a intervenir. Lo hizo en la persona de Pavel Astakhov, que era el comisionado de [Vladimir] Putin para los “derechos de los niños”. Astakhov declaró que Vladimir era un niño ruso que debería estar en manos de las autoridades rusas. (Mala suerte, Pavel: nacido en Guatemala, Vladimir es ciudadano guatemalteco). Irina e Igor querían que su hijo estuviera en manos de sus guardianes elegidos: su niñera de hacía tiempo y uno de los abogados de la familia. Un juez lo envió a un orfanato. Estuvo allí por 42 días. Cuando finalmente fue liberado a sus tutores, estaba en muy mal estado físico y mental. Él tenía una cicatriz sobre su ojo. Tenía una infección respiratoria y una infección en el oído. Tenía conjuntivitis en ambos ojos. Tenía un diente delantero astillado. Estaba desnutrido. Además, estaba en un estado de zombie, incapaz de hablar. De hecho, olvidó cómo hablar ruso por completo.

Si puedes leer en inglés, sin no estás prejuiciado e incluso si quieres explorar tus prejuicios, si te interesa este caso, seguramente quieres leer este artículo.

Este viernes 27 de abril, en Washington, habrá una audiencia sobre este caso en el Congreso de los Estados Unidos, a cargo de la Helsinki Commission; y en ese contexto, Nordlinger pregunta: ¿Qué pueden hacer los Estados Unidos? ¿Cualquier cosa? Bueno, Washington es el mayor donante de ayuda a Guatemala, de lejos, y también paga cerca de la mitad del presupuesto de la CICIG. Como mínimo, el Congreso debería saber acerca de este caso desconcertante y enfermizo.

No faltará quien trate de desautorizar a Jay Nordlinger (National Review), como han tratado de desautorizar a Mary Anastasia O´Grady (The Wall Street Journal) con base en que ella nunca ha sido fan del régimen de los hermanos Castro en Cuba; pero si puedes, lee el artículo de Nordlinger y los de Mary, y dime si no hay algo muy perverso en todo este asunto.