Luego de que la dirigencia popular consiguió –por la fuerza– que el Congreso echara marcha atrás y derogara la Ley para la Protección de Obtenciones Vegetales, esos grupos se han envalentonado.
Por lo pronto aquella dirigencia popular ha dispuesto utilizar acciones intimidatorias y violentas –como bloquear calles y carreteras y efectuar otras acciones de chantaje– para conseguir que sean derogadas otras dos leyes que no son de su gusto: La mal llamada ley de telecomunicaciones, cuya naturaleza generadora de privilegios y violadora de la propiedad ha generado muchísimo rechazo; y la ley conocida como de túmulos que ordena que sean removidos todos los obstáculos que hay en las carreteras. A la dirigencia popular no le gusta esa ley porque dice que criminaliza la protesta social al facilitar que sean removidos de las carreteras las barricadas y otros obstáculos que ellos usan para sus bloqueos y otras prácticas abusadoras.
Lo curioso con esa ley es que, si las autoridades no sienten que tienen autoridad moral suficiente como para aplicarla –y remover por la fuerza a quienes inician el uso de la fuerza mediante los bloqueos para imponer sus criterios–, sería mejor que ni existiera. Su existencia e inaplicabilidad por falta de autoridad, sólo hace de las autoridades los hazmerreíres de una parodia. Se repite el caso de la ley anticapuchas…¿te acuerdas? ¿Qué autoridad se atreve a aplicar la ley anticapuchas? ¿Todavía está vigente
Las leyes inaplicables por falta de autoridad moral no sólo minan la autoridad temporal de quienes ejercen el poder; ¡lo peor de todo es que minan el concepto de ley! Por eso es que la dirigencia popular puede chantajear y secuestrar las instituciones. Por eso es que puede iniciar el uso de la violencia –y herir policías– y no enfrentar consecuencias penales. Ahora ha conseguido derogar una ley y persigue derogar otras mediante amenazas y acciones violentas. La dirigencia popular engaña a la gente y la hace creer que el derecho a manifestar y la libertad de expresión la faculta para perjudicar a otros, ejercer coacción y violar la libertad de otros. ¿Qué sigue?
Columna publicada en El periódico.