24
Jul 17

La legislación antiadopciones cuesta vidas

La semana pasada una mujer dejó a sus dos bebés gemelos, recién nacidos, en un maizal y uno de los chiquitos murió. ¿De frío y de hambre?  En esa semana leí que el cuerpecito de un bebé muerto fue abandonado en una mochila, que otro fue dejado en una bolsa negra, de esas de basura, en un mercado -y ahí fue encontrado su pequeño cadáver-  y que una bebita fue abandonada en la calle. ¡Esos son cinco chiquitillos en una semana! ¡Que sepamos!

¿Cuántos bebés más habrán sido abandonados y murieron de hambre y frío?

La legislación antiadopciones ha hecho muy difícil que las madres que no quieren, o no pueden criar a sus hijos los den en adopción para que otras personas los críen -seguramente con amor-.  De hecho, la ley antiadopciones y las autoridades encargadas de hacer que se cumpla casi fuerzan a las madres a quedarse con los pequeños que no pueden, o no quieren criar.

La legislación antiadopciones, las autoridades encargadas de hacer que se cumpla y sus promotores pone a las mujeres entre la espada y la pared.  Si no pueden entregar a sus hijos a personas que desean criarlos, ¿cuáles son las opciones? El abandono, o el aborto.

La legislación antiadopciones es una normativa mala.  Es perversa y cuesta vidas.  No sólo las de los chiquitos que terminan en maizales, bosas, mochilas, tragantes, calljones y basureros, sino que las de las mujeres que son arrinconadas y no hallan salida a sus situaciones angustiosas.

Cuando leo historias como las de arriba, deseo, ¡en serio!, que los llantos de los bebés que mueren de hambre y de frío -tirados por ahí- les quiten el sueño a los promotores de la legislación antiadopciones y a las autoridades que podrían hacer algo por cambiarla, y no hacen nada.

La foto es de Prensa Libre.


21
Jun 17

¿Legislación contra la “violencia obstétrica”? Otra chorrada de Convergencia

Que los políticos y especialmente los diputados quieran regular las vidas y las actividades de las personas; y que incluso se extralimiten en esa pretensión no debería sorprender a nadie.  Que los políticos y diputados quieran opinar y participar legislativamente en temas médicos y científicos, debería alarmar a todos.

Que una chorrada como legislación para prevenir y sancionar la violencia obstétrica, que interfiera en la conducta, los criterios y decisiones médicas, científicas y técnicas que un profesional de la medicina pueda tener frente a una paciente y el producto de su embarazo por una complicación, venga del partido Convergencia y de sus dos diputados, ¿te sorprende?

¿Cuál es el límite para la legislorrea?

¿Vas a creer?,  la exposición de motivos de aquella aberración legislativa dice que la violencia obstétrica inicia cuando un proceso natural como lo debería ser el embarazo y el parto, es tranformado en un problema médico y abordado como una “enfermedad”, a través de la medicalización y la patologización. Así se despoja el embarazo y al parto de una condición natural y se le da un carácter médico.  Es en serio, no me lo inventé.

La normativa propuesta por Convergencia pretende sustituir el criterio médico, científico y técnico por artículos decretados desde el Congreso.

Explica el Colegio de Médicos que la definición de “violencia obstétrica” no contempla que el ser humano, en este caso la madre, y también el producto del embarazo constituyen una unidad altamente susceptible de asociarse con enfermedades que se padecen desde antes del embarazo, o complicarse con patologías diversas propias de la condición fisiológica del proceso de la maternidad. Que para producirse un nuevo ser, y constituirse en la unidad madre/niño principalmente en el orden hemodinámico, incrementando el volumen sanguíneo, produciendo sobre esfuerzo en el aparato cardiovascular, hepático y renal principalmente, con lo cual dispone a la paciente a través de este fenómeno fisiológico al riesgo de evidenciar problemas cardiacos, metabólicos y renales, que por la sobre carga que sufre la madre, de manera interna sin la intervención de profesional alguno la llevarla a sufrir patologías que se evidencian con complicaciones agregadas al proceso fisiológico del embarazo.

Añade aquella organización gremial que la violencia obstétrica inicia cuando un proceso natural como el embarazo y el parto, es transformado en un problema medico y abordado como una enfermedad, a través de la medicalización y la patologización, despojando al embarazo y el parto de una condición natural para darle un carácter médico. Esta afirmación revela nuevamente desconocimiento del proceso fisiológico que vive la mujer embarazada, que ya hemos descrito antes ampliamente.

Las condiciones actuales en las que se atiende a la mujer embarazada y al producto de su embarazo, en los sistemas de salud nacionales, de seguridad social y principalmente en áreas rurales, son deplorables, la carencia de medicamentos, insumos quirúrgicos y de atención en general solo es superada por la deficiencia infraestructura y equipamiento en las instituciones de salud de nuestro país. Es claro que en estas condiciones estas instituciones funcionan y dan servicio rindiendo productos positivos a la comunidad, solamente por el actuar desinteresado y apostólico de médicos, enfermeras, personal de salud y administrativos, que con salarios de hambre deciden prestar sus servicios aún en esas condiciones corriendo todos los riesgos y ahora amenazados judicialmente y ante esa situación de condiciones de trabajo prácticamente sentenciados a la cárcel. 

Es por todas estas situaciones analizadas y expresadas que el gremio médico se man¡fiesta totalmente en contra de que dicha iniciativa de ley se convierta en ley en el congreso de la república de Guatemala.

Gracias a mi cuata, Astrid, por la pista.

Foto por:  Tom and Katrien (Flickr) [CC BY-SA 2.0, via Wikimedia Commons


15
Nov 16

Reforma de justicia, hoy en el Congreso

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Si todo sale como quieren los promotores de la reforma de justicia -tal y como está- el Congreso conocerá esa iniciativa hoy.  La parte más controversial de aquella propuesta es la que se relaciona con el reconocimiento del derecho indígena a modo de ordenamiento jurídico paralelo.

Al respecto, escribí en junio y lo comparto de nuevo:  El reconocimiento del derecho indígena -que es una forma de derecho consuetudinario o basado en la costumbre- presenta muchos retos y estos no pueden ser ignorados, ni desestimados, porque la existencia de formas de resolución de conflictos propias de los indígenas es un hecho.  Por ejemplo, en Totonicapán, comités de personas de edad madura -con experiencia y generalmente más prósperos que el promedio- tienen a su cargo la resolución de conflictos y la administración de diversos actos de carácter civil, así como la de recursos como el agua.

Aquel sistema funciona bastante bien en términos de celeridad y de resarcimiento, por ejemplo,  y no debería sorprendernos. En contextos comunitarios y tribales donde las relaciones interpersonales son más cercanas e intensas que en los contextos sociales, la importancia que tienen aquellas relaciones interpersonales y el alto valor que tiene la posición de las personas en las escalas de las comunidades hacen que las intermediaciones y los arreglos tipo conciliadoras y de arbitraje tengan grados elevados de efectividad.  Los lazos familiares, del clan y de la comunidad facilitan aquellos procesos.

La desventaja es que en realidad no hay tal cosa como un derecho indígena; sino que hay una multiplicidad de prácticas -unas más enraizadas que otras- que varían no sólo entre etnias, sino entre poblaciones y quién sabe si entre grupos más pequeños.  Es un hecho que entre más pequeño es el grupo, más eficientes son los procedimientos de conciliación y arbitraje, u otras formas consuetudinarias de intermediación y resolución de conflictos. La cosa se complica cuando crecen las poblaciones, y más cuándo se diversifican. La aplicación del derecho consuetudinario y procedimientos como los mencionados arriba son más efectivos para resolver asuntos sencillos y/o de poca cuantía, que asuntos complejos y de montos elevados.  De igual manera la efectividad es distinta cuando se trata de delitos menores, como el hurto de unas gallinas, que cuando se trata de crímenes como la violación de una niña, el asesinato, o actos así.

El derecho indígena funciona muy bien en contextos específicos; y si se lo va a integrar al ordenamiento jurídico nacional quizás no sea buena idea sacarlo de esos contextos y a toda costa debe evitarse dudas de cuándo aplicarlo y cuándo no. Sin esas condiciones quién sabe a qué intereses sirva la propuesta de quelas autoridades de los pueblos indígenas podrán ejercer funciones jurisdiccionales de conformidad con sus propias normas, procedimientos, usos y costumbres siempre que no sean contrarios a los derechos consagrados en la Constitución y a los derechos humanos internacionalmente reconocidos. Para este efecto deberán desarrollarse las coordinaciones necesarias entre el Sistema de Justicia Oficial y las autoridades indígenas”.  Al menos, en esa propuesta están excluidas las penas corporales e infamantes que, por bárbaras, son contrarias a los derechos consagrados en la Constitución y a los derechos humanos reconocidos internacionalmente.

Hay que resolver -antes de que se vuelva problema…y peor aún, antes de que se involucren galones de gasolina- un  problema práctico.  Si el sistema jurídico indígena paralelo fuera aprobado, ¿a quién y dónde se le aplicaría?  Sería un derecho etnicista (por no decir racista) que seguiría a las personas de determinada étnia no sólo en su contexto territorial y cultura, sino incluso cuando saliera de él y viviera en un contexto territorial y cultural ajeno?  ¿Sería de aplicación territorial para todos los habitantes del lugar sin distinción de étnias?  Si es de tipo etnicista, ¿cuál será el criterio para definir a qué grupo étnico pertenecen el ofensor y el ofendido?  Si son de dos étnias diferentes, ¿cuál ordenamiento jurídico prevalecera? ¿El del ofensor, o el del ofendido? Los criterios de decisión sobre qué ordenamiento se aplica, ¿serán los mismos si una de las partes es indígena y la otra no, como si una parte indígena es de una étnia, y otra es de otra étnia? ¿Cuál prevalecerá, el ordenamiento mayense, o el occidental? ¿El quiché, o el cackchiquel? Todo esto son más que intríngulis.  No sólo porque violan el principio de igualdad de todos ante la ley y crea privilegios etnicistas (por no decir racistas); sino que enreda la solución de conflictos.  Confrlictos no sólo de orden civil y mercantil donde puede haber acuerdos a priori sobre cómo resolver pleitos; sino que en materia penal, en la que se trata con asuntos criminales y con delincuentes, muchas veces repugnantes como son los violadores, los asesinos, los secuestradores y los ladrones.

Una vez resueltos aquellos nudos gordianos, ¿de dónde van a salir los recursos y los funcionarios para mantener vivo y creíble aquel enredo? Si no hay recursos, ni capacidad para hacer funcionar un sólo sistema de justicia comparativamente sencillo, ¿de dónde van a salir los recursos y el personal para evitar las arbitrariedades, las penas extremadamente violentas e infamantes, las injusticias y las inconformidades en un sistema paralelo tan alejado de la objetividad?

¿Sabes qué me gustaría saber? ¿Qué ocurre con las personas a quienes se les imponen los castigos mayas? ¿Vuelven a deliquir? ¿Siguen viviendo como si nada en el pueblo? ¿No vuelven a asomarse por ahí? ¿Escarmientan? ¿Se ríen de todo frente a un litro de cerveza, mientras chupan limones colgados de hule canche? Los próximos que causen lesiones graves, o roben un auto, ¿serán sometidos a los mismos castigos, o recibirán castigos diferentes? ¿Cómo se definen los castigos? ¿Hay registros de todo esto?

La foto es de Prensa Libre, por Jimmy Ren.


01
Jun 16

Meditaciones sobre el derecho indígena

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Escucha el podcast aquí.

El 16 de febrero pasado Edín Pérez Pérez, de 27 años, fue capturado y azotado por pobladores de la comunidad Cacabal 2, en Chinique, Quiché, acusado de violar a una menor de 16 años.  Puedes ver el vídeo, de Nery Urizar, en Knal 4 de Quiché.  El sujeto amarrado y en ropa interior fue llevado a una cancha deportiva y allí el vocero de la Alcaldía Indígena, Casimiro Pixcar le dio azotes.  Uno puede suponer que fue una azotina dolorosa porque Pérez grita.  Pixcar procedió a explicar que el castigado fue detenido por vecinos que lo acusaron de violar a una adolescente.  Nos preocupa que haya pasado esto y por esa razón es que la autoridad corrige y posteriormente procede a entregarlo a las autoridades para que sea juzgado de forma correspondiente, dijo Pixcar.

La violación de una menor de edad es cosa seria y comete ese delito quien yaciere con mujer usando violencia suficiente para conseguir su propósito, o aprovechando la circunstancia de que la mujer esté privada de razón, o de sentido, o incapacitada para resistir.  ¿Cuál es la pena establecida por el Código Penal? De 6 a 12 años de prisión.

Cuando vi el vídeo me pregunté…por dura que sea la azotina (y no sabemos cuántos azotes fueron), la violación de una chica de 16 años, ¿puede ser intercambiada por 6 a 12 años de prisión? Si por desgracia cometieras un delito, ¿qué preferirías? 10, 50, o 100 azotes (a un minuto por azote, digamos); o de 6 a 12 años en Pavón?  Luego me pregunté: ¿cómo se concilia una azotina con la doctrina generalmente aceptada (por lo menos en Occidente) que rechaza las penas corporales e infamantes?

En eso estaba cuando noté un detalle: el vocero, Pixar, explica que la autoridad indígena corrige al delincuente para luego entregarlo a las autoridades (sospecho que a las autoridades nacionales) para que sea juzgado de forma correspondiente (sospecho que de acuerdo con los códigos penal y procesal penal).  ¿Es, esto, doble pena por el mismo delito?  No se trata, entonces, de escoger entre 10, o 100 latigazos y entre 6 y 12 años de cárcel.  Se trata de recibir los latigazos, más los años de prisión (si es que es encontrado culpable luego de un debido proceso judicial).  En Occidente existe una garantía constitucional con el nombre latino de Non bis in idem; que significa que una persona no debe ser enjuiciada dos veces por el mismo delito. ¿Qué ocurre con este principio cuando alguien es azotado por orden de una autoridad y luego encarcelado por orden de otra…por el mismo acto delictivo? ¿Cuál es el criterio para que a alguien se le someta al derecho indígena, es genético, o cultura, se le puede imponer, o tendría que haber un acuerdo previo como ocurre con el arbitraje? El ordenamiento jurídico nacional, o el sistema de justicia nacional, reconocerán los veredictos, o laudos de los tribunales indígenas y estos constituirán cosa juzgada y no permitirán impugnación?

El reconocimiento del derecho indígena -que es una forma de derecho consuetudinario o basado en la costumbre- presenta muchos retos similares; y estos no pueden ser ignorados, ni desestimados, porque la existencia de formas de resolución de conflictos propias de los indígenas es un hecho.  Por ejemplo, en Totonicapán, comités de personas de edad madura -con experiencia y generalmente más prósperos que el promedio- tienen a su cargo la resolución de conflictos y la administración de diversos actos de carácter civil, así como la de recursos como el agua.

Aquel sistema funciona bastante bien en términos de celeridad y de resarcimiento, por ejemplo,  y no debería sorprendernos. En contextos comunitarios y tribales donde las relaciones interpersonales son más cercanas e intensas que en los contextos sociales, la importancia que tienen aquellas relaciones interpersonales y el alto valor que tiene la posición de las personas en las escalas de las comunidades hacen que las intermediaciones y los arreglos tipo conciliadoras y de arbitraje tengan grados elevados de efectividad.  Los lazos familiares, del clan y de la comunidad facilitan aquellos procesos.

La desventaja es que en realidad no hay tal cosa como un derecho indígena; sino que hay una multiplicidad de prácticas -unas más enraizadas que otras- que varían no sólo entre etnias, sino entre poblaciones y quién sabe si entre grupos más pequeños.  Es un hecho que entre más pequeño es el grupo, más eficientes son los procedimientos de conciliación y arbitraje, u otras formas consuetudinarias de intermediación y resolución de conflictos. La cosa se complica cuando crecen las poblaciones, y más cuándo se diversifican. La aplicación del derecho consuetudinario y procedimientos como los mencionados arriba son más efectivos para resolver asuntos sencillos y/o de poca cuantía, que asuntos complejos y de montos elevados.  De igual manera la efectividad es distinta cuando se trata de delitos menores, como el hurto de unas gallinas, que cuando se trata de crímenes como la violación de una niña, el asesinato, o actos así.

El derecho indígena funciona muy bien en contextos específicos; y si se lo va a integrar al ordenamiento jurídico nacional quizás no sea buena idea sacarlo de esos contextos y a toda costa debe evitarse dudas de cuándo aplicarlo y cuándo no. Sin esas condiciones quién sabe a qué intereses sirva la propuesta de que las autoridades de los pueblos indígenas podrán ejercer funciones jurisdiccionales de conformidad con sus propias normas, procedimientos, usos y costumbres siempre que no sean contrarios a los derechos consagrados en la Constitución y a los derechos humanos internacionalmente reconocidos. Para este efecto deberán desarrollarse las coordinaciones necesarias entre el Sistema de Justicia Oficial y las autoridades indígenas.  Al menos, en esa propuesta están excluidas las penas corporales e infamantes que, por bárbaras, son contrarias a los derechos consagrados en la Constitución y a los derechos humanos reconocidos internacionalmente.

La foto es de Knal 4.


09
Feb 16

La beatada contra la educación sexual

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Puedes escuchar el podcast aquí.

La llamada ley de la juventud es una pieza de legislación específica y concreta, que crea privilegios y asignaciones presupuestarias a grupos de interés que se atribuyen la representación de los jóvenes.  Las normativas de este tipo minan la igualdad de todos ante la ley, que debería ser un principio republicano fundamental. ¡Sólo por eso! aquella legislación debería ser rechazada de plano, no sólo en el Congreso, sino por todos aquellos que entienden el valor de la erradicación de los privilegios.

Pero ahí está que no…y los únicos que han expresado su rechazo a aquellas normativas son los cachurecos, y por las razones equivocadas.  Los que se toman en serio aquella escena de Como agua para chocolate en la que Pedro reza: No es por vicio, ni por fornicio, sino para hacer un hijo para tu servicio.

La beatada estima que los niños no deberían recibir información y educación de carácter sexual, científica y biológica si no es por medio de la familia; y definitivamente no por parte del estado.  Y estiman que la información y educación sexual  debería estar acompañada por consideraciones de orden espiritual…sus consideraciones de orden espiritual, para ser claros.

En principio yo estaría de acuerdo con el párrafo anterior  porque que el estado (o sea los políticos y sus funcionarios) no deberían involucrarse en la educación.  Punto.  No debería existir la educación estatal. Punto.  Pero existe; y si existe, la información objetiva sobre el sexo no debería ser excluida de los programas, como no debería ser excluida, por decir algo, la teoría de la evolución (aunque eso ofenda a los creacionistas).

Me inquieta, sin embargo, aquella postura que se opone a la distribución de información objetiva sobre el sexo por organizaciones más allá de la familia; y esto es porque en este país hay muchísima desintegración familiar, muchísima paternidad irresponsable y muchísima desinformación acerca del sexo.  La mayoría de familias no son cuadros de Norman Rockwell.  Sólo echa cuenta de que en 2014, el Observatorio de Salud Reproductiva estimó que hubo 71,000 embarazos de niñas y jóvenes. ¿Cuántos abortos se evitarían si los involucrados hubieran tenido información objetiva acerca del sexo? Y voy a apostar a que la mayoría de jóvenes obtienen, de parte de sus pares, cualquiera información de orden sexual que tengan.

Es cierto, claro, que el sexo tiene una dimensión más allá de lo puramente científico; pero eso es otro par de zapatos. Así como las escuelas estatales no debería forzar religión alguna en sus usuarios, tampoco deberían forzar ideas sobre el sexo.  En una sociedad donde la desintegración familiar es elevada, ¿quién debería discutir ese tema con los niños y jóvenes, in loco parentis? Descontando que los niños y jóvenes van a discutir el tema entre ellos (bien informados, o no), no queda más que admitir que otras instancias podrían ser fuentes de información mejor calificadas; y en tanto que esas instancias no tengan un monopolio, o una posición preponderante por medio de la legislación, mientras más y más diversas sean, quizás es mejor.  Pueden ser organizaciones privadas voluntarias de servicio, o lo que sea..hasta iglesias si no hay de otra; pero ninguna debería excluir a las otras mediante el uso de la fuerza de la ley.

Con respecto al sexo, Ayn Rand escribió que este es una capacidad física; pero su ejercicio está determinado por la mente del hombre  -por su elección de valores celebrada consciente, o inconscientemente. Para un hombre racional, el sexo es una expresión de su autoestima, una celebración de sí mismo y de la existencia. Para el hombre que carece de autoestima, el sexo es un intento de fingir y adquirir su ilusión momentánea.

El amor romántico, en el pleno sentido del término, es una emoción posible sólo para el hombre (o mujer) de inquebrantable autoestima: es su respuesta a sus propios valores más altos, identificados en la persona de otro; -es una respuesta integrada de su mente y su cuerpo, del amor y el deseo sexual. Tal hombre (o mujer) es incapaz de experimentar un deseo sexual separado de los valores espirituales.

Alguien debería compartir estas ideas con niños y jóvenes, y descubrir con ellos su significado; pero nadie debería tener el monopolio de discutir el tema.  Y es un error de ignorancia suponer que -en una sociedad con un elevado número de familias desintegradas y un elevado número de niños y jóvenes creciendo al margen de cualquier forma familiar- para esos niños y jóvenes sea fácil encontrar respuestas de calidad a sus inquietudes.

La ilustración la tomé de Facebook.


26
Ago 14

Siguen el robo y “flasheo” de teléfonos móviles

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A ver, a ver…¿te extraña que luego de 10 meses de vigencia de la ley contra el robo de teléfonos móviles, persistan el robo y el flasheo de aquellos aparatos? A mí, no.  ¿Desde cuándo es que la existencia de una ley es suficiente para evitar la delincuencia?  Se les dijo entonces y se confima ahora.  Una ley era innecesaria y sería ineficiente?  En realiad, se les dijo eontondes y se confirma ahora, lo que sí funciona es la certeza de castigo.  Mientras continúe la impunidad generalizada, continuará la delincuencia generalizada. Se les dijo entonces, y se confirma ahora.

Aunque en enero pasado la cifra de teléfonos reportados como robados (que seguramente es menor al número total de teléfonos robados) llegó a  casi 29 mil y luego bajó a cerca de 15 mil en marzo; desde este último més ha ido ascendiendo hasta pasar los 18 mil en julio.

¿Te extraña que los ladrones de teléfonos móviles hayan migrado de ese y otros delitos relacionados a la práctica de las extorsiones?  A mí no.  Si la impunidad es genealizada, cuando las cosas se ponen algo difíciles en una actividad delictiva, ¿por qué es que los criminales no deberían moverse a otras actividades delictivas?

Obvio que la respuesta no está en hacer otra, otra y otra normativa.  ¿Será muy necio insistir en esto y en que la clave está con acabar con la impunidad?

¿Será que la legialación que fue tan ineficiente para acabar con los robos de teléfonos, pero tan eficiente en dotar a los políticos y a sus funcionarios con una herramienta de control social muy poderosa les quita el sueño a todos los que la promovieron y aplaudieron?

Gráfica por Prensa Libre.


11
Jun 14

Leyes y legislación…¿son plagas?

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Quienes gustan de las leyes y las salchichas, no deberían ver cómo se hacen, le oí decir -varias veces- a mi maestro Manuel F. Ayau.   La semana pasada una amiga extranjera me comentó que en su país, cada vez que alguien quiere “mejorar” las cosas, recurre a buscar que sea aprobada una ley que obligue a los demás a actuar de acuerdo con el propósito de la ley. 

De ambas meditaciones me acordé hoy, que leí que en Guatemala existen más de 70 mil regulaciones de todo tipo (leyes, reglamentos, acuerdos y demás); y que, no obstante, los diputados siguen aprobando más y más leyes, muchas de ellas repudiadas por la opinión pública y la ciudadanía.  Asimismo, abundan las leyes con mano cargada, o leyes con nombres y apellidos, hechas al gusto del cliente.

Leí, también, que hay quienes creen que no hay ley perfecta, que los errores en las leyes son porque se las aprueba de prisa, que las inconstitucionalidades minan la integridad de las leyes,  y que muchas leyes traen doble intención. También leí que hay quienes creen que las leyes no se cumplen porque no hay quien las haga valer.

Está claro que hay una inflación de leyes.  Está claro que en Guatemala hay una impunidad generalizada que data de décadas.  Hubo gente que apoyó una ley específica contra el robo de celulares habiendo ya una ley general que prohíbe y castiga el robo.  Como no se hace valer esta última, aquella gente concluyó que lo que hacía falta era una ley adicional, sin resolver las causas de la impunidad.  ¿Alguien sabe cuál es la proporción de ladrones de teléfonos condenados, con relación al número de ladrones de otras cosas,  condenados?

Está claro que leyes absurdas como la del chaleco para los motoristas y la ley anticapuchas son el hazmerreír de la gente.  ¿Cuántos motoristas respetan la disposición de sólo parar detrás de otros automotores, y no al lado? ¿Ya viste que la mayoría de chalecos ya están tan sucios y raídos que los números empiezan a ser muy difíciles de identificar? ¿Hace falta una ley que obligue a los motoristas a cambiar sus chalecos, o a lavarlos con alguna frecuencia?

A todos los males señalados arriba añádele algo peor.  Lo que ha ocurrido con la ley no es novedad y ya lo había explicado Federico Bastiat en la primera mitad del siglo XIX: La ley se ha pervertido bajo la influencia de dos fuerzas radicalmente diferentes: el egoísmo falto de inteligencia y la falsa filantropía.  La ley ha sido convertida en instrumento de expliación y por lo tanto borra de las conciencias la noción de lo que es justo e injusto.  La perversión de la ley confiere preponderancia exagerada a la pasión política, a las luchas políticas y a la política propiamente dicha.

¡Parece que Bastiat viviera hoy entre nosotros!, ¿Sí, o no?  Y Bastiat nos da la clave para resolver el asunto: La fórmula para lograr el respeto de las leyes es que las leyes sean respetables.

¿No te convenció Bastiat? ¿Qué tal El principito? En el capítulo X de esa obra, por Antoine de Saint Exupéry, el Rey -monarca absoluto y universal- explica que la autoridad se fundamenta en primer lugar en la razón. Si ordenas a tu pueblo que se tire al mar, hará la revolución. Yo tengo el derecho de exigir obediencia porque mis órdenes son razonables. Si yo ordenara a un general convertirse en ave marina, y si el general no obedeciera, no sería la culpa del general. Sería mi culpa.

La autoridad se fundamenta en la razón.  No en la fuerza; no en el capricho; no en el egoísmo irracional, o falto de inteligencia; y no en los votos que alguien haya recibido en un momento específico y circunstancias específicas que podrían haber cambiado.  La ley y la autoridad tienen que ser respetables para ser respetadas.

Dicho lo anterior, vale la pena profundizar: no todo lo que llamamos ley, es Ley.  El positivismo jurídico -una tradición maldita- y la ligereza de los medios de comunicación masivos le llaman Ley a casi cualquier cosa que cumple los procedimientos legislativos en el Congreso.  Pero si queremos entender mejor lo que nos está ocurriendo hay que cavar más hondo.

Las leyes, propiamente dichas,  son normas universales de conducta justa que son aplicadas a un número de casos futuros e igualmente a todas las personas que se encuentren en las circunstancias objetivas descritas en la norma, independientemente de lo efectos que la observancia de la norma producirá en una situación específica.  Esto se lo aprendí a Friedrich Hayek.  Tales normas no son marcos de conducta ni nada parecido; su propósito es proteger esferas individuales de acción permitiéndole a cada persona, o grupo organizado usar todos los medios posibles en la persecusión de sus fines particulares -siempre que no viole derechos ajenos, ¡por supuesto!- y evitar conflictos entre las acciones de las diferentes personas.  Por eso se dice que son normas generales y abstractas.  ¿Quieres un ejemplo?  Quien tomare, sin la debida autorización cosa, mueble, total o  parcialmente ajena, será sancionado con prisión de 1 a 6 años. La norma prohíbe el hurto y se los prohíbe a todos por igual.  No distingue entre tirios y troyanos, ni le importa cuál es el propósito del hurto.  Lo importante es que no debemos tomar cosas ajenas sin permiso…y si lo hacemos debe haber consecuencias.  Protegen derechos.

La legislación -que no es lo mismo que la ley- son normas que son aplicables solamente a personas específicas o que están al servicio de finalidades de los gobernantes.  Aunque pueden ser generales en diferentes medidas y pueden referirse a múltiples casos específicos, normalmente se transforman, o son mandatos específicos.  Eso también se lo aprendía a Hayek.  Tales normas suelen ser marcos de conducta de los cuáles no se puede salir el actor.  Establecen límites, u ordenan cursos de acción.  Otorgan permisos, o facultades. ¿Quiéres un ejemplo? Los conductores de motocicletas y motobicicletas deben usar chaleco de color anarajado con las siguientes características…bla, bla, bla.

La plaga legislativa, la inflación no es necesariamente de leyes, pero sí de legislación, que es una explosión nefasta de regulaciones que te dicen qué hacer y cómo hacerlo.  Que ropa debes usar cuando vas en ciertas ocasiones, qué medicinas puedes usar y cuales no, de qué color puedes pintar tu casa,  qué alimentos puedes consumir y cuándo, en qué debes utilizar parte de tu sueldo, y centenares de detalles más.

¡Hay que detener la inflación legislativa!  ¡Hay que detener la expoliación y el endeudamiento forzado!  Es absurdo y peligroso evaluar a los legisladores por la cantidad de legislación que producen.  ¡Nadie debería de tener la facultad de usar el poder de hacer legislación para beneficiarse de los demás!

Y de paso no está de más recordar algo que escribió Jaques Matter: Las leyes no pueden ser observadas cuando no sean buenas, y no pueden conseguirse buenas leyes sin tener buenas costumbres.

La ilustración es Authority of Law por James Earle Fraser CC BY 2.0


09
Sep 13

Guatemala…donde todo ocurre 20 años después

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A Mark Twain y a Will Rogers le atribuyen aquello de que cuando sea el fin del mundo quiero estar en Cincinatti porque allá todo ocurre 20 años despúes.  De eso me acordé cuando leí que el Congreso chapín aprobó una ley que obliga a los pipoldermos a ponere en práctica medidas de prevención para mitigar el cambio climático.

Y, ¿qué tienen que ver Twain y Rogers con eso?  Pues que en Guatemala, como en Cincinatti, las cosas también suceden años y años despúés.  Verás…luego del fraude del calentamiento global lo cierto es que la ciencia desconoce muchísimo acerca del cambio climático y si la ciencia está en gallo…¡imagínate cómo estan los legisladores en la Novena avenida!

¿Qué van a legislar si nadie sabe exactamente de qué se trata el fenómeno sobre el cual han emitido legislación?  La gráfica que ilustra esta entrada muestra que los modelos científicos no coinciden con la realidad.   De hecho…todo apunta a que el planeta se está enfriando.

Entonces…¿qué ocurrirá con las medidas que demanda la ley chapina?  Sospecho que esa ley era para 20 años atrás cuando la gente se tragaba lo del calentamiento y los cuentos de Al Gore.  Ahora, que hay nueva evidencia, ¿qué clase de disparate es aquella legislación?

Si te interesa el tema te recomiendo: Getting Environmental Regulation Right, por Richard Epstein.


23
Ago 13

Y ahora, ¿qué hacés con tu chaleco?

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Mi sugerencia es que dejen en suspenso la compra de chalecos, dijo el Ministro de Gobernación al anunciar que las reformas al Reglamento de Tránsito -que obligan a los motoristas a usar chalecos de color anaranjado y a conducir sólo en el carril derecho- fueron suspendidas.

Cientos de motoristas manifestaron su rechazo a la aplicación del Acuerdo Gubernativo 289-2013, que reforma el Reglamento de Tránsito. La caravana salió del Obelisco y finalizó en el Club de Oficiales de la Policía Nacional Civil.  Durante el trayecto se detuvieron frente a la Tu Muni, el Congreso y el Palacio Nacional de la Cultura donde gritaron consignas contra los pipoldermos.

La pregunta, ahora, es…¿qué funcionario va a indemnizar a los motoristas que cumplieron con el Reglamento y compraron sus chalecos?  Digo…porque si esta Administración va a terminar de imponer la obligatoriedad de chalecos no hay clavo para los que acataron la normativa desde el primer momento.  Aún así, ¡bien para los que se resistieron!  ¿Y los obedientes? ¿Deben ser castigados con gastos innecesarios a causa de una reglamentación mal diseñada, mal pensada, mal ejecutada, caprichosa y absurda? Pero…y si la suspensión sólo es temporal, ¿para qué? ¿Por qué retrasar una medida de seguridad ciudadana? ¿Cuántas víctimas va a haber porque fue suspendida la vigencia del reglamento? Todo esto es un disparate.

¿Será que la lección para los ciudadanos es que la legislación es un chiste y las autoridades no tienen autoridad? ¿Será que se confirma que es mejor no cumplir con la legislación hasta el último momento y sólo si la amenaza del uso de la fuerza es demasiado en serio?


21
Ago 13

Como en un concurso de autoridades pendejas

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La semana pasada los pipodermos chapines emitieron una normativa que obliga a los motoristas a usar un chaleco de color anaranjado -con los números de placas- y a circular sólo por el carril derecho.  Según ellos con eso van a acabar con la delincuencia motorizada.  Otros pipoldermos ya intentaron algo parecido con chalecos negros; pero no les funcionó.   ¿Sería por el color? ¿Sería porque nadie tiene la autoridad para hacer cumplir una legislación así? ¿Sería porque nadie tiene corazón para multar a un motorista por no llevar el chaleco como debe ser? ¿Sería porque a los delincuentes les pela?

¡Ah pero nuestros pipoldermos no son los únicos!  ¿Hay algún concurso internacional de autoridades pendejas y no nos hemos enterado?  Digo porque en Shenzhen las autoridades emitieron una normativa según la cual multarán con 16 euros a las personas que, al orinar, no apunten bien y meen fuera del mingitorio.   Y uno se pregunta si habrá agentes del estado en los baños públicos supervisando a la gente que va a orinar.  ¿Habrá un supervisor por cada orinante, o uno por cada sitio para orinar?  ¿Tendrá uno que avisar para que llegue el inspector, o el inspector se aparecerá sin más?

En los años 70 -en el aeropuerto de Schipol- y actualmente, en mi oficina, el asunto de la mala puntería se resuelve con la imágen de un insecto al que hay que apuntarle.  Sin regulaciones y sin inspectores; pero con dos dedos de frente. En la foto se ilustra el asunto.

Mientras tanto sigue el concurso: En el Reino Unido un supermercado fue multado por…por…por vender fresas muy baratas.  Esto, claro, en el contexto del comercio justo.  ¿Cómo iba a ser de otra forma?

En la República bolivariana de Venezuela  una pareja propietaria de un perro que mató a un cerdo en el estado de Apure, oeste de Venezuela, fue condenada a 15 días de prisión por descuidar a su mascota.

¿Hay que ver estas cosas para creerlas, o no?