15
Nov 16

Reforma de justicia, hoy en el Congreso

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Si todo sale como quieren los promotores de la reforma de justicia -tal y como está- el Congreso conocerá esa iniciativa hoy.  La parte más controversial de aquella propuesta es la que se relaciona con el reconocimiento del derecho indígena a modo de ordenamiento jurídico paralelo.

Al respecto, escribí en junio y lo comparto de nuevo:  El reconocimiento del derecho indígena -que es una forma de derecho consuetudinario o basado en la costumbre- presenta muchos retos y estos no pueden ser ignorados, ni desestimados, porque la existencia de formas de resolución de conflictos propias de los indígenas es un hecho.  Por ejemplo, en Totonicapán, comités de personas de edad madura -con experiencia y generalmente más prósperos que el promedio- tienen a su cargo la resolución de conflictos y la administración de diversos actos de carácter civil, así como la de recursos como el agua.

Aquel sistema funciona bastante bien en términos de celeridad y de resarcimiento, por ejemplo,  y no debería sorprendernos. En contextos comunitarios y tribales donde las relaciones interpersonales son más cercanas e intensas que en los contextos sociales, la importancia que tienen aquellas relaciones interpersonales y el alto valor que tiene la posición de las personas en las escalas de las comunidades hacen que las intermediaciones y los arreglos tipo conciliadoras y de arbitraje tengan grados elevados de efectividad.  Los lazos familiares, del clan y de la comunidad facilitan aquellos procesos.

La desventaja es que en realidad no hay tal cosa como un derecho indígena; sino que hay una multiplicidad de prácticas -unas más enraizadas que otras- que varían no sólo entre etnias, sino entre poblaciones y quién sabe si entre grupos más pequeños.  Es un hecho que entre más pequeño es el grupo, más eficientes son los procedimientos de conciliación y arbitraje, u otras formas consuetudinarias de intermediación y resolución de conflictos. La cosa se complica cuando crecen las poblaciones, y más cuándo se diversifican. La aplicación del derecho consuetudinario y procedimientos como los mencionados arriba son más efectivos para resolver asuntos sencillos y/o de poca cuantía, que asuntos complejos y de montos elevados.  De igual manera la efectividad es distinta cuando se trata de delitos menores, como el hurto de unas gallinas, que cuando se trata de crímenes como la violación de una niña, el asesinato, o actos así.

El derecho indígena funciona muy bien en contextos específicos; y si se lo va a integrar al ordenamiento jurídico nacional quizás no sea buena idea sacarlo de esos contextos y a toda costa debe evitarse dudas de cuándo aplicarlo y cuándo no. Sin esas condiciones quién sabe a qué intereses sirva la propuesta de quelas autoridades de los pueblos indígenas podrán ejercer funciones jurisdiccionales de conformidad con sus propias normas, procedimientos, usos y costumbres siempre que no sean contrarios a los derechos consagrados en la Constitución y a los derechos humanos internacionalmente reconocidos. Para este efecto deberán desarrollarse las coordinaciones necesarias entre el Sistema de Justicia Oficial y las autoridades indígenas”.  Al menos, en esa propuesta están excluidas las penas corporales e infamantes que, por bárbaras, son contrarias a los derechos consagrados en la Constitución y a los derechos humanos reconocidos internacionalmente.

Hay que resolver -antes de que se vuelva problema…y peor aún, antes de que se involucren galones de gasolina- un  problema práctico.  Si el sistema jurídico indígena paralelo fuera aprobado, ¿a quién y dónde se le aplicaría?  Sería un derecho etnicista (por no decir racista) que seguiría a las personas de determinada étnia no sólo en su contexto territorial y cultura, sino incluso cuando saliera de él y viviera en un contexto territorial y cultural ajeno?  ¿Sería de aplicación territorial para todos los habitantes del lugar sin distinción de étnias?  Si es de tipo etnicista, ¿cuál será el criterio para definir a qué grupo étnico pertenecen el ofensor y el ofendido?  Si son de dos étnias diferentes, ¿cuál ordenamiento jurídico prevalecera? ¿El del ofensor, o el del ofendido? Los criterios de decisión sobre qué ordenamiento se aplica, ¿serán los mismos si una de las partes es indígena y la otra no, como si una parte indígena es de una étnia, y otra es de otra étnia? ¿Cuál prevalecerá, el ordenamiento mayense, o el occidental? ¿El quiché, o el cackchiquel? Todo esto son más que intríngulis.  No sólo porque violan el principio de igualdad de todos ante la ley y crea privilegios etnicistas (por no decir racistas); sino que enreda la solución de conflictos.  Confrlictos no sólo de orden civil y mercantil donde puede haber acuerdos a priori sobre cómo resolver pleitos; sino que en materia penal, en la que se trata con asuntos criminales y con delincuentes, muchas veces repugnantes como son los violadores, los asesinos, los secuestradores y los ladrones.

Una vez resueltos aquellos nudos gordianos, ¿de dónde van a salir los recursos y los funcionarios para mantener vivo y creíble aquel enredo? Si no hay recursos, ni capacidad para hacer funcionar un sólo sistema de justicia comparativamente sencillo, ¿de dónde van a salir los recursos y el personal para evitar las arbitrariedades, las penas extremadamente violentas e infamantes, las injusticias y las inconformidades en un sistema paralelo tan alejado de la objetividad?

¿Sabes qué me gustaría saber? ¿Qué ocurre con las personas a quienes se les imponen los castigos mayas? ¿Vuelven a deliquir? ¿Siguen viviendo como si nada en el pueblo? ¿No vuelven a asomarse por ahí? ¿Escarmientan? ¿Se ríen de todo frente a un litro de cerveza, mientras chupan limones colgados de hule canche? Los próximos que causen lesiones graves, o roben un auto, ¿serán sometidos a los mismos castigos, o recibirán castigos diferentes? ¿Cómo se definen los castigos? ¿Hay registros de todo esto?

La foto es de Prensa Libre, por Jimmy Ren.


01
Jun 16

Meditaciones sobre el derecho indígena

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Escucha el podcast aquí.

El 16 de febrero pasado Edín Pérez Pérez, de 27 años, fue capturado y azotado por pobladores de la comunidad Cacabal 2, en Chinique, Quiché, acusado de violar a una menor de 16 años.  Puedes ver el vídeo, de Nery Urizar, en Knal 4 de Quiché.  El sujeto amarrado y en ropa interior fue llevado a una cancha deportiva y allí el vocero de la Alcaldía Indígena, Casimiro Pixcar le dio azotes.  Uno puede suponer que fue una azotina dolorosa porque Pérez grita.  Pixcar procedió a explicar que el castigado fue detenido por vecinos que lo acusaron de violar a una adolescente.  Nos preocupa que haya pasado esto y por esa razón es que la autoridad corrige y posteriormente procede a entregarlo a las autoridades para que sea juzgado de forma correspondiente, dijo Pixcar.

La violación de una menor de edad es cosa seria y comete ese delito quien yaciere con mujer usando violencia suficiente para conseguir su propósito, o aprovechando la circunstancia de que la mujer esté privada de razón, o de sentido, o incapacitada para resistir.  ¿Cuál es la pena establecida por el Código Penal? De 6 a 12 años de prisión.

Cuando vi el vídeo me pregunté…por dura que sea la azotina (y no sabemos cuántos azotes fueron), la violación de una chica de 16 años, ¿puede ser intercambiada por 6 a 12 años de prisión? Si por desgracia cometieras un delito, ¿qué preferirías? 10, 50, o 100 azotes (a un minuto por azote, digamos); o de 6 a 12 años en Pavón?  Luego me pregunté: ¿cómo se concilia una azotina con la doctrina generalmente aceptada (por lo menos en Occidente) que rechaza las penas corporales e infamantes?

En eso estaba cuando noté un detalle: el vocero, Pixar, explica que la autoridad indígena corrige al delincuente para luego entregarlo a las autoridades (sospecho que a las autoridades nacionales) para que sea juzgado de forma correspondiente (sospecho que de acuerdo con los códigos penal y procesal penal).  ¿Es, esto, doble pena por el mismo delito?  No se trata, entonces, de escoger entre 10, o 100 latigazos y entre 6 y 12 años de cárcel.  Se trata de recibir los latigazos, más los años de prisión (si es que es encontrado culpable luego de un debido proceso judicial).  En Occidente existe una garantía constitucional con el nombre latino de Non bis in idem; que significa que una persona no debe ser enjuiciada dos veces por el mismo delito. ¿Qué ocurre con este principio cuando alguien es azotado por orden de una autoridad y luego encarcelado por orden de otra…por el mismo acto delictivo? ¿Cuál es el criterio para que a alguien se le someta al derecho indígena, es genético, o cultura, se le puede imponer, o tendría que haber un acuerdo previo como ocurre con el arbitraje? El ordenamiento jurídico nacional, o el sistema de justicia nacional, reconocerán los veredictos, o laudos de los tribunales indígenas y estos constituirán cosa juzgada y no permitirán impugnación?

El reconocimiento del derecho indígena -que es una forma de derecho consuetudinario o basado en la costumbre- presenta muchos retos similares; y estos no pueden ser ignorados, ni desestimados, porque la existencia de formas de resolución de conflictos propias de los indígenas es un hecho.  Por ejemplo, en Totonicapán, comités de personas de edad madura -con experiencia y generalmente más prósperos que el promedio- tienen a su cargo la resolución de conflictos y la administración de diversos actos de carácter civil, así como la de recursos como el agua.

Aquel sistema funciona bastante bien en términos de celeridad y de resarcimiento, por ejemplo,  y no debería sorprendernos. En contextos comunitarios y tribales donde las relaciones interpersonales son más cercanas e intensas que en los contextos sociales, la importancia que tienen aquellas relaciones interpersonales y el alto valor que tiene la posición de las personas en las escalas de las comunidades hacen que las intermediaciones y los arreglos tipo conciliadoras y de arbitraje tengan grados elevados de efectividad.  Los lazos familiares, del clan y de la comunidad facilitan aquellos procesos.

La desventaja es que en realidad no hay tal cosa como un derecho indígena; sino que hay una multiplicidad de prácticas -unas más enraizadas que otras- que varían no sólo entre etnias, sino entre poblaciones y quién sabe si entre grupos más pequeños.  Es un hecho que entre más pequeño es el grupo, más eficientes son los procedimientos de conciliación y arbitraje, u otras formas consuetudinarias de intermediación y resolución de conflictos. La cosa se complica cuando crecen las poblaciones, y más cuándo se diversifican. La aplicación del derecho consuetudinario y procedimientos como los mencionados arriba son más efectivos para resolver asuntos sencillos y/o de poca cuantía, que asuntos complejos y de montos elevados.  De igual manera la efectividad es distinta cuando se trata de delitos menores, como el hurto de unas gallinas, que cuando se trata de crímenes como la violación de una niña, el asesinato, o actos así.

El derecho indígena funciona muy bien en contextos específicos; y si se lo va a integrar al ordenamiento jurídico nacional quizás no sea buena idea sacarlo de esos contextos y a toda costa debe evitarse dudas de cuándo aplicarlo y cuándo no. Sin esas condiciones quién sabe a qué intereses sirva la propuesta de que las autoridades de los pueblos indígenas podrán ejercer funciones jurisdiccionales de conformidad con sus propias normas, procedimientos, usos y costumbres siempre que no sean contrarios a los derechos consagrados en la Constitución y a los derechos humanos internacionalmente reconocidos. Para este efecto deberán desarrollarse las coordinaciones necesarias entre el Sistema de Justicia Oficial y las autoridades indígenas.  Al menos, en esa propuesta están excluidas las penas corporales e infamantes que, por bárbaras, son contrarias a los derechos consagrados en la Constitución y a los derechos humanos reconocidos internacionalmente.

La foto es de Knal 4.


13
May 16

Bajaron el canasto por ley electoral

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Escucha el podcast aquí.

Los presidentes del Ejecutivo y Legislativo bajaron los canastos y están peleando por la Ley Electoral.  El texto aprobado por el Congreso tiene cosas buenas; como el hecho de que el TSE tenga la facultad de fiscalizar los aportes que reciben los partidos.  Pero tiene cosas malas como que el estado (políticos y funcionarios en el poder) se encargue de adquirir la pauta publicitaria.  Mala es la limitación a la publicación de encuestas y me incomoda el voto en el extranjero porque, si es difícil garantizar la transparencia aquí con controles cruzados; no termino de confiar en cónsules nombradas sólo porque son amantes de alguien.

Peligrosas son las cuotas de hombres, mujeres e indígenas; un desatino que debe ser desestimado.  Sobre todo ahora que su fracaso ha sido reconocido ¡hasta Suecia!, donde la llamada discriminación positiva fue popular.

Recientemente, Raúl Vilas, nos cuenta que gobierno sueco suprimió las cuotas por sexo (o género, de acuerdo con el lenguaje políticamente correcto) para acceder a las universidades.  Ante el mayor porcentaje de mujeres universitarias la burocracia decidió resolver el problema mediante cuotas en las que se discriminaba positivamente a los hombres. ¿El resultado?  95 por ciento de las solicitudes de acceso rechazadas son de mujeres que, en su mayoría, tenían mejores cualificaciones que los hombres admitidos por ser varones.

En los EE.UU. y desde hace ratos, Thomas Sowell y Walter Williams han advertido contra los incentivos perversos y daños que hacen aquellas políticas igualitaristas en la población afroamericana.

Lo que ocurriría si las cuotas fueran aprobadas en Guatemala sería que los miembros de los grupos no discriminados positivamente -pero bien cualificados- serían hechos a un lado en favor de los grupos discriminados positivamente; cuyos miembros tendrían acceso a puestos en las boletas sólo por hechos irrelevantes como sexo y etnia, en vez de por sus capacidades, valores, e ideas.  Por lo no elegido, en vez de lo que han elegido.

Si te interesa el tema electoral te recomiendo el artículo Diagnóstico de la Ley Electoral y de Partidos Políticos de Guatemala: situación y alternativas para su reforma, del Centro de Estudios Económico-Sociales.

Esta columna fue publicada en elPeriódico.


05
Feb 16

Mejor cuando no legislaban

Congreso

Puedes escuchar el podcast aquí.

¿De qué presume un diputado promedio cuando recibe estudiantes en el Congreso? Presume de la cantidad de propuestas de ley que ha hecho; como presumiría un fabricante de salchichas, con respecto a la cantidad de embutidos que produce. No en balde J. D. Saxe dijo que Las leyes, como las salchichas, dejan de inspirar respeto en proporción a cuánto sabemos de cómo están hechas.

Los diputados, acosados por escándalos desproporcionados de corrupción, mala administración y desperdicio del dinero que toman de los tributarios, se han embarcado en un frenesí legislativo y, como quien suelta un chorro, sólo el martes avanzaron en una ley de privilegios para los grupos que dicen representar a los jóvenes, revivieron la ley de subdesarrollo rural integral y una para privilegiar a ex burócratas, entre otras piezas de legislación.

En parte será hacer parecer que non esas lacras que la gente sabe que son (salvo los buenos); y en parte será para halagar a los grupos de interés que promueven legislación en su beneficio. Ya sabes, la administración (que llamamos gobierno) es una forma de transferir recursos de los bolsillos de los ciudadanos no organizados, hacia los bolsillos de los ciudadanos organizados. Y la legislación es el medio perfecto para aquella expoliación.

Si así es como son las cosas, era mejor cuando los diputados cobraban sin trabajar y no legislaban. El hecho es que en vez de aprobar leyes generales y abstractas que protejan los derechos de las personas; lo que hacen es multiplicar normativas específicas y concretas que crean privilegios, ocasionan gastos, multiplican costos, violan derechos, sirven a intereses específicos, perjudican a otros intereses específicos, y hacen posible que –legalmente- el interés colectivo prevalezca sobre los derechos individuales. Se confirma lo que dijo Mark Twain: Ni la vida, ni la libertad, ni la propiedad de ningún hombre está a salvo cuando el legislativo está reunido.

Antes de que los diputados continúen con la diarrea legislativa, hay que ponerles una camisa de fuerza. Hay que ubicarlos. Y tu, ¿te cuentas entre los que pedían que los diputados trabajaran?

Columna publicada en elPeriódico y la foto es por Luis Andrés Figueroa.


14
Ago 15

¿Los dejarás jugar con fuego por capricho?

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El gobierno no es una razón, tampoco es elocuencia, es la fuerza.  Opera como el fuego; es un sirviente peligroso y un amo temible.  En ningún momento se debe permitir que manos irresponsables lo controlen es una frase que se le atribuye a George Washington; y es lo que se me ocurrió luego de ver lo que pasó ayer en el Congreso de la República.

Este Congreso y esta Administración -estos pipoldermos– están completamente ilegitimados para continuar legislando y administrando.  Son las manos irresponsables que están manipulando el fuego.  Irresponsables son, también, los dirigentes de los grupos de interés y los grupos de presión que insisten en que los mismos políticos que acusan (con razón) de corruptos, venales, vendidos, y viles discutan y aprueben leyes como la electoral y de partidos políticos.  ¡¿Vieron, o no vieron lo que ocurrió ayer?! ¿Quién les ha dicho que los diputados no van a hacer marufias con la ley electoral, por ejemplo, que ya de por sí es un desatino y no debe ser aprobada? A este Congreso no le queda legitimidad alguna.  ¿Por qué hay grupos que insisten en obligarlo a actuar?

No estoy de acuerdo con que haya que hacer renunciar al Presidente.  Claro que sería chulo sentar un precedente y que el próximo mandatario sepa que lo podríamos sacar a sombrerazos y eso habrá que hacérselo ver al próximo que venga, tan pronto como sea posible.  Pero actualmente, en las particulares circunstancias de este momento, en medio de la confusión…¿a qué precio? Actualmente, al de que aquellos grupos de interés y de presión impongan un gobierno a dedo hecho a su medida, para servir a sus propósitos particulares y pescar en río revuelto.

Lo que corresponde -hasta que termine el actual período constitucional- es que tanto el Congreso como el Organismo Legislativo se abstengan de actuar como no sea para garantizar la transición pacífica y constitucional.  ¡Nada de nuevas leyes, nada de aventuras, nada que ponga en peligro el orden constitucional! Los ánimos están caldeados y los grupos que se benefician con las fisuras están activos con discursos inflamatorios que piden a Robespierre, que claman por el paro nacional, que aseguran que los legalismos no deben impedir la consecución de sus objetivos politicos y quieren ver cabezas rodando, están haciendo que muchas personas confundan venganza con justicia.

Ningún objetivo político o de poder, por bueno que parezca y por bueno que sea, debe ser perseguido al margen de la ley y del orden constitucional. Ningún objetivo político o de poder, por bueno que parezca y por bueno que sea les debe ser encargados a un Congreso y a una Administración cuyas legitimidades no sólo están en entredicho, sino que ya resultaron nulas.  ¿A quíén representan el Ejecutivo y el Congreso? ¿Te representan? ¿Los dejarás jugar con fuego por capricho? ¿Vas a estar ahí para evitar que los diputados y políticos mafiosos hagan sus marufias a la hora de aprobar legislación? En cambio, ¿quiénes sí que van a estar y tienen añales de experiencia en engañar, corromper y manipular la cosa pública?

La ilustración la tomé de Facebook.


17
Jul 15

Maldiciones y religiosos

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Es un error grave confundir la religión con la ética. ¿Por qué no es virtuoso Tomás, el discípulo de Jesús?  Porque no creyó ciegamente; porque su creencia necesitaba pruebas y porque quería evidencias para creer.  Porque en realidad no quería creer, sino saber.  Creer sin ver es el campo de la religión.

¿Cuál es el de la ética? Esta es el código de valores que sirve para guiar nuestras elecciones y acciones con el propósito de ser felices y vivir como seres humanos.  Y para vivir como seres humanos debemos elegir hacerlo.  La razón, y no la fe es la herramienta que nos permite conocer e integrar los valores que –de acuerdo con la realidad y la naturaleza– hacen posible que vivamos como seres humanos pensantes y productivos.

Esto viene al caso porque se avivaron los intentos de imponer la enseñanza de la Biblia en las escuelas y colegios, por parte del diputado Marvin Osorio y un grupo de fanáticos.  En ese contexto, el consultor Carlos Mendoza fue maldecido y acusado de ser enviado de Satanás, durante una intervención en el Congreso.  Te recomiendo que veas el vídeo publicado por el diario La Hora.  Es una muestra de lo que ocurre cuando los fanáticos del pensamiento único tienen, o pretenden controlar el poder y hacer uso de la ley para imponer sus creencias

En julio de 1562, el mismo celo que animó a los religiosos en el Congreso chapín el miércoles pasado, animó a Diego de Landa y a otros frailes a quemar los códices de los mayas porque no tenían cosa en que no oviesse supersticion y falsedades del demonio.

El control político de la educación es el semillero del pensamiento único emanado del ministerio del ramo y de la ideología que lo controla.  De ese tipo de educación salen los ciudadanos obedientes que son más súbditos que otra cosa.  De ahí salen los mandantes y tributarios que no cuestionan a sus mandatarios, que creen que estos tienen derecho a expoliarlos y que más que mandantes se sienten gobernados.  ¿También van a salir de ahí fanáticos que en vez de atender razones sólo puedan lanzar maldiciones y gritar ¡Saquen a Satanás!?  Es mala idea forzar la Biblia (o cualquier otro libro) en la educación.

Columna publicada en elPeriódico.


25
Sep 14

Peligrosa ley de subdesarrollo rural

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Hay dos grandes aspectos muy peligrosos en torno a la mal llamada ley de desarrollo rural (cuyo verdadero nombre debería ser ley de deterioro rural, ley de subdesarrollo rural o algo parecido).

El primero es su contenido:   La ley de deterioro rural es el fruto  de una perseverante y talentosa estrategia política.  Es la materialización de la reforma agraria, del separatismo indigenista y de otros ideales de la lucha guerrillera; ideales no conseguidos luego de miles de muertos y 36 años de enfrentamiento armado, pero relativamente fáciles de alcanzar con paciencia y con la complicidad de políticos y dirigentes oportunistas y depredadores.

Crea privilegios y condiciones de clientelismo para sectores y regiones en el contexto del comercio.  En vez de eliminiar los privilegios, que tanto daño hacen en la sociedad, la normativa los multiplica e institucionaliza.  Faculta a quienes ejercen el poder para administrar la reforma y democratización de la estructura de la tenencia y el uso de la tierra…desincentivando su concentración; y a esto, en mi pueblo, se le llama reforma agraria. Traducido, aquel texto quiere decir que los políticos y funcionarios -no el mercado, ni los actores económicos- decidirán por medio del uso de la fuerza y de la ley, quién puede tener tierra y quién no.  Ese mismo artículo les otorga los políticos y sus funcionarios la facultad de decidir qué se puede cultivar y qué no; y en dónde.  Lo tuyo ya no será tuyo, porque otros te dirán si puedes conservarlo, y otros te dirán qué puedes hacer con ello.  La ley acaba con el derecho de propiedad y lo somete no sólo a la arbitrariedad de los políticos y sus funcionarios, sino a la voluntad de la mayoría (que es lo mismo que decir a la voluntad de quien diga representarla). La ley habla de promover y garantizar la participación de la población rural en los procesos y espacios de toma de decisiones en los diferentes niveles (local, municipal, departamental y regional). Esta previsión  desnaturaliza el concepto de ciudadano, que es individual, y lo colectiviza integrándolo en dos grandes grupos difíciles de definir y por lo tanto expuestos a la arbitrariedad: población rural, y población urbana.   Además crea dos clases de personas, unos son los habitantes de las áreas rurales que tendrán el privilegio de influir directamente en las decisiones que los afecten; y otros son los habitantes de las áreas urbanas que tendrán que aguantarse con lo que les receten los pipoldermos y los grupos de interés que influyan en ellos.

El segundo es que su discusión agolpada confirma que el Congreso está legislando bajo presión y chantaje; unas veces por temor, otras veces para cosechar clientela a corto plazo, y otras veces por ambos motivos.  Como ocurrió con la mal llamada ley de telecomunicaciones (que debería llamarse ley de privilegios para los grupos dominantes en el mercado de telecomunicaciones), la aprobación de un prestmao por US$280 millones, y la ley de obtenciones vegetales, la aprobación de la ley de subdesarrollo rural hiede a legislación para satisfacer las demandas de grupos de interés específicos.  En el caso de esta última, a los mismos grupos que son capaces de desatar actos de terrorismo y de violencia extrema para impedir la contrucción de una fábrica y una carretera que beneficiará a miles y miles de personas; y cuya existencia depende de la multiplicación e intensificación de conflictos, así como de la proletarización de la clase media.  Aquellos grupos bloquean calles y carreteras, se plantan ante el Congreso, presionan al Ejecutivo y aterrorizan  a quien tengan que aterrorizar para conseguir sus objetivos.  Que en este caso es una ley violatoria de los derechos individuales, corruptora del estado de derecho, empobrecedora, generadora de enfrentamientos y enconos, y generadora de arbitrariedades.

La ley de subdesarrollo rural es tan importante para sus promotores que es un parteaguas o un punto de inflexión.  Y en momentos como este vale la pena recordar esto que escribió Ayn Rand: En todo conflicto entre dos hombres (o grupos) que comparten los mismos principios básicos, gana el más consistente. En toda colaboración entre dos hombres (o grupos) que se apoyan en diferentes principios básicos, el más maligno, o irracional es el que gana. Cuando los principios básicos opuestos están abierta y claramente definidos, eso obra en ventaja del lado racional; y cuando no están claramente definidos, sino que están ocultos, o difusos eso obra en ventaja del lado irracional.

Para conocer los grupos de conflictividad que presionan para aprobar esta legislación haz clic aquí.


11
Jun 14

Leyes y legislación…¿son plagas?

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Quienes gustan de las leyes y las salchichas, no deberían ver cómo se hacen, le oí decir -varias veces- a mi maestro Manuel F. Ayau.   La semana pasada una amiga extranjera me comentó que en su país, cada vez que alguien quiere “mejorar” las cosas, recurre a buscar que sea aprobada una ley que obligue a los demás a actuar de acuerdo con el propósito de la ley. 

De ambas meditaciones me acordé hoy, que leí que en Guatemala existen más de 70 mil regulaciones de todo tipo (leyes, reglamentos, acuerdos y demás); y que, no obstante, los diputados siguen aprobando más y más leyes, muchas de ellas repudiadas por la opinión pública y la ciudadanía.  Asimismo, abundan las leyes con mano cargada, o leyes con nombres y apellidos, hechas al gusto del cliente.

Leí, también, que hay quienes creen que no hay ley perfecta, que los errores en las leyes son porque se las aprueba de prisa, que las inconstitucionalidades minan la integridad de las leyes,  y que muchas leyes traen doble intención. También leí que hay quienes creen que las leyes no se cumplen porque no hay quien las haga valer.

Está claro que hay una inflación de leyes.  Está claro que en Guatemala hay una impunidad generalizada que data de décadas.  Hubo gente que apoyó una ley específica contra el robo de celulares habiendo ya una ley general que prohíbe y castiga el robo.  Como no se hace valer esta última, aquella gente concluyó que lo que hacía falta era una ley adicional, sin resolver las causas de la impunidad.  ¿Alguien sabe cuál es la proporción de ladrones de teléfonos condenados, con relación al número de ladrones de otras cosas,  condenados?

Está claro que leyes absurdas como la del chaleco para los motoristas y la ley anticapuchas son el hazmerreír de la gente.  ¿Cuántos motoristas respetan la disposición de sólo parar detrás de otros automotores, y no al lado? ¿Ya viste que la mayoría de chalecos ya están tan sucios y raídos que los números empiezan a ser muy difíciles de identificar? ¿Hace falta una ley que obligue a los motoristas a cambiar sus chalecos, o a lavarlos con alguna frecuencia?

A todos los males señalados arriba añádele algo peor.  Lo que ha ocurrido con la ley no es novedad y ya lo había explicado Federico Bastiat en la primera mitad del siglo XIX: La ley se ha pervertido bajo la influencia de dos fuerzas radicalmente diferentes: el egoísmo falto de inteligencia y la falsa filantropía.  La ley ha sido convertida en instrumento de expliación y por lo tanto borra de las conciencias la noción de lo que es justo e injusto.  La perversión de la ley confiere preponderancia exagerada a la pasión política, a las luchas políticas y a la política propiamente dicha.

¡Parece que Bastiat viviera hoy entre nosotros!, ¿Sí, o no?  Y Bastiat nos da la clave para resolver el asunto: La fórmula para lograr el respeto de las leyes es que las leyes sean respetables.

¿No te convenció Bastiat? ¿Qué tal El principito? En el capítulo X de esa obra, por Antoine de Saint Exupéry, el Rey -monarca absoluto y universal- explica que la autoridad se fundamenta en primer lugar en la razón. Si ordenas a tu pueblo que se tire al mar, hará la revolución. Yo tengo el derecho de exigir obediencia porque mis órdenes son razonables. Si yo ordenara a un general convertirse en ave marina, y si el general no obedeciera, no sería la culpa del general. Sería mi culpa.

La autoridad se fundamenta en la razón.  No en la fuerza; no en el capricho; no en el egoísmo irracional, o falto de inteligencia; y no en los votos que alguien haya recibido en un momento específico y circunstancias específicas que podrían haber cambiado.  La ley y la autoridad tienen que ser respetables para ser respetadas.

Dicho lo anterior, vale la pena profundizar: no todo lo que llamamos ley, es Ley.  El positivismo jurídico -una tradición maldita- y la ligereza de los medios de comunicación masivos le llaman Ley a casi cualquier cosa que cumple los procedimientos legislativos en el Congreso.  Pero si queremos entender mejor lo que nos está ocurriendo hay que cavar más hondo.

Las leyes, propiamente dichas,  son normas universales de conducta justa que son aplicadas a un número de casos futuros e igualmente a todas las personas que se encuentren en las circunstancias objetivas descritas en la norma, independientemente de lo efectos que la observancia de la norma producirá en una situación específica.  Esto se lo aprendí a Friedrich Hayek.  Tales normas no son marcos de conducta ni nada parecido; su propósito es proteger esferas individuales de acción permitiéndole a cada persona, o grupo organizado usar todos los medios posibles en la persecusión de sus fines particulares -siempre que no viole derechos ajenos, ¡por supuesto!- y evitar conflictos entre las acciones de las diferentes personas.  Por eso se dice que son normas generales y abstractas.  ¿Quieres un ejemplo?  Quien tomare, sin la debida autorización cosa, mueble, total o  parcialmente ajena, será sancionado con prisión de 1 a 6 años. La norma prohíbe el hurto y se los prohíbe a todos por igual.  No distingue entre tirios y troyanos, ni le importa cuál es el propósito del hurto.  Lo importante es que no debemos tomar cosas ajenas sin permiso…y si lo hacemos debe haber consecuencias.  Protegen derechos.

La legislación -que no es lo mismo que la ley- son normas que son aplicables solamente a personas específicas o que están al servicio de finalidades de los gobernantes.  Aunque pueden ser generales en diferentes medidas y pueden referirse a múltiples casos específicos, normalmente se transforman, o son mandatos específicos.  Eso también se lo aprendía a Hayek.  Tales normas suelen ser marcos de conducta de los cuáles no se puede salir el actor.  Establecen límites, u ordenan cursos de acción.  Otorgan permisos, o facultades. ¿Quiéres un ejemplo? Los conductores de motocicletas y motobicicletas deben usar chaleco de color anarajado con las siguientes características…bla, bla, bla.

La plaga legislativa, la inflación no es necesariamente de leyes, pero sí de legislación, que es una explosión nefasta de regulaciones que te dicen qué hacer y cómo hacerlo.  Que ropa debes usar cuando vas en ciertas ocasiones, qué medicinas puedes usar y cuales no, de qué color puedes pintar tu casa,  qué alimentos puedes consumir y cuándo, en qué debes utilizar parte de tu sueldo, y centenares de detalles más.

¡Hay que detener la inflación legislativa!  ¡Hay que detener la expoliación y el endeudamiento forzado!  Es absurdo y peligroso evaluar a los legisladores por la cantidad de legislación que producen.  ¡Nadie debería de tener la facultad de usar el poder de hacer legislación para beneficiarse de los demás!

Y de paso no está de más recordar algo que escribió Jaques Matter: Las leyes no pueden ser observadas cuando no sean buenas, y no pueden conseguirse buenas leyes sin tener buenas costumbres.

La ilustración es Authority of Law por James Earle Fraser CC BY 2.0


15
May 13

¡Buenas noticias: el Congreso no ha legislado!

Cuando el Congreso está reunido, la vida, la propiedad y la libertad de la gente están en peligro, dijo Mark Twain sabiamente.  Por eso es buena noticia que en cinco meses que  van del año el Congreso guatemalteco no haya aprobado una sóla pieza de legislación.  En la Dirección Legislativa hay más de 120 proyectos de legislación que no han podido ser convertidos en instrumentos de expoliación, de coacción, o de interferencia en las vidas privadas de las personas.  Hasta los mal llamados tratados de libre comercio, que en realidad son tratados de comercio dirigido, están estancados.

Tengo la impresión de que lo único que pasa con facilidad en el Congreso son las alzas a los impuestos y las leyes necesarias para el terrorismo fiscal, así como los acuerdos legislativos necesarios para que crezca el endeudamiento.  ¿Tenía, o no tenía razón Mark Twain?


08
Mar 13

Leyes y salchichas

A Bismark se le atribuye la frase que dice que Quienes gustan de las leyes y de las salchichas no deberían ver cómo es que las hacen; y de eso me acordé cuando leí que los diputados están discutiendo la posibilidad de algún tipo de legislación para garantizar el uso de las tarjetas de crédito y débito.

Esto, claro, luego del non-event del sábado pasado con relación a la clonación de tarjetas. Asunto del que casi no se habló en las redes sociales –sospecho que fue por la ley de pánico financiero– y del que no casi no se dijo algo en los medios masivos, quizás por… ¿prudencia?

Entre nosotros existe una cultura nefasta que nos hace creer que, cuando algo anda mal, o cuando algo salió mal debería haber una ley. Se cree, medio ingenuamente, que las leyes sirven para desfacer entuertos. Se cree que por eso que las leyes deberían ser específicas y particulares. Se cree que por medio de la facultad coercitiva de la ley –o de la multiplicación de los reglamentos– se pueden proteger, por ejemplo, las garantías de seguridad de las tarjetas que emiten los bancos. Se cree, entre nosotros, que es una necesidad la de legislar más y mejor sobre todo tipo de temas; especialmente aquellos que tienen que ver con los temores de las personas, ¡Y más! si es en temas financieros, o de salud. Si a la gente no se la puede proveer con seguridad, ciertamente sí se le puede dar la ilusión de seguridad. Aunque sea a costa de la libertad, o a expensas del sentido común.

Lo cierto es que de casi nada sirve multiplicar la legislación, si no se cumplen las leyes que ya hay. Y de casi nada sirve hacer leyes específicas, si no se cumplen las generales. Y en el caso que inspira estas meditaciones, lo cierto es que las medidas de seguridad que los bancos les ofrecen a sus clientes son de orden tecnológico y así deben ser tratadas. Esas cosas no se resuelven con que haya una ley, ni con que haya un reglamento, o dos, o tres.

Lo que sí ayuda es que fluya la información. Y, en todo caso, sugiero que debería haber una ley contra la multiplicación de leyes… porque ya te imaginaste cómo es que las hacen. Y quiénes.

Columna publicada en El periódico.