10
Dic 17

Hay que abolir la obligatoriedad de chalecos para motoristas

La ley que obliga a los motoristas a usar chalecos debe ser abolida porque es una ley mala.¿Te has dado cuenta? Los motoristas se han multimplicado por n; y la mayoría no lleva los chalecos obligatorios, o los lleva cubiertos por sus mochilas, o los lleva tan raídos que ni se notan. ¿Por qué es que la ley que obliga a los motoristas a llevar chalecos es una ley mala? Por dos razones:

1. Es un mandato, una legislación específica y obligatoria que fuerza a las personas a hacer algo que no harían voluntariamente.  Friedrich A. Hayek llama taxis a ese tipo de normas y son propias de un orden creado, como un banco, un ejército, un gobierno, o una familia; pero son impropias de un orden espontáneo como la sociedad.  Es cierto que la legislación de los chalecos fue decretada para combatir la delincuencia; pero casi nadie la cumple y eso nos lleva a la segunda razón por la cual esa normativa es mala.

2. La ley de los chalecos ya no es cumplida por casi nadie; y las autoridades encargadas de hacer que se cumpla no están dispuestas a aplicarla. ¡Las mismas autoridades  no cumplen con esa la legislación!  Los costos  de hacer cumplir la ley son muy elevados -sobre todo los costos emocionales-.  Las leyes que no se cumplen son malas porque hacen de la ley una burla.

La delincuencia no se acaba con la multiplicación de leyes y regulaciones, sino con la aplicación cierta e ineludible de las que hay. ¿Cuándo vamos a aprender la lección?

En el capítulo X de El Principito, por Antoine de Saint Exupéry, el Rey -monarca absoluto y universal- explica que la autoridad se fundamenta en primer lugar en la razón. Si ordenas a tu pueblo que se tire al mar, hará la revolución. Yo tengo el derecho de exigir obediencia porque mis órdenes son razonables. Si yo ordenara a un general convertirse en ave marina, y si el general no obedeciera, no sería la culpa del general. Sería mi culpa.


15
Nov 16

Reforma de justicia, hoy en el Congreso

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Si todo sale como quieren los promotores de la reforma de justicia -tal y como está- el Congreso conocerá esa iniciativa hoy.  La parte más controversial de aquella propuesta es la que se relaciona con el reconocimiento del derecho indígena a modo de ordenamiento jurídico paralelo.

Al respecto, escribí en junio y lo comparto de nuevo:  El reconocimiento del derecho indígena -que es una forma de derecho consuetudinario o basado en la costumbre- presenta muchos retos y estos no pueden ser ignorados, ni desestimados, porque la existencia de formas de resolución de conflictos propias de los indígenas es un hecho.  Por ejemplo, en Totonicapán, comités de personas de edad madura -con experiencia y generalmente más prósperos que el promedio- tienen a su cargo la resolución de conflictos y la administración de diversos actos de carácter civil, así como la de recursos como el agua.

Aquel sistema funciona bastante bien en términos de celeridad y de resarcimiento, por ejemplo,  y no debería sorprendernos. En contextos comunitarios y tribales donde las relaciones interpersonales son más cercanas e intensas que en los contextos sociales, la importancia que tienen aquellas relaciones interpersonales y el alto valor que tiene la posición de las personas en las escalas de las comunidades hacen que las intermediaciones y los arreglos tipo conciliadoras y de arbitraje tengan grados elevados de efectividad.  Los lazos familiares, del clan y de la comunidad facilitan aquellos procesos.

La desventaja es que en realidad no hay tal cosa como un derecho indígena; sino que hay una multiplicidad de prácticas -unas más enraizadas que otras- que varían no sólo entre etnias, sino entre poblaciones y quién sabe si entre grupos más pequeños.  Es un hecho que entre más pequeño es el grupo, más eficientes son los procedimientos de conciliación y arbitraje, u otras formas consuetudinarias de intermediación y resolución de conflictos. La cosa se complica cuando crecen las poblaciones, y más cuándo se diversifican. La aplicación del derecho consuetudinario y procedimientos como los mencionados arriba son más efectivos para resolver asuntos sencillos y/o de poca cuantía, que asuntos complejos y de montos elevados.  De igual manera la efectividad es distinta cuando se trata de delitos menores, como el hurto de unas gallinas, que cuando se trata de crímenes como la violación de una niña, el asesinato, o actos así.

El derecho indígena funciona muy bien en contextos específicos; y si se lo va a integrar al ordenamiento jurídico nacional quizás no sea buena idea sacarlo de esos contextos y a toda costa debe evitarse dudas de cuándo aplicarlo y cuándo no. Sin esas condiciones quién sabe a qué intereses sirva la propuesta de quelas autoridades de los pueblos indígenas podrán ejercer funciones jurisdiccionales de conformidad con sus propias normas, procedimientos, usos y costumbres siempre que no sean contrarios a los derechos consagrados en la Constitución y a los derechos humanos internacionalmente reconocidos. Para este efecto deberán desarrollarse las coordinaciones necesarias entre el Sistema de Justicia Oficial y las autoridades indígenas”.  Al menos, en esa propuesta están excluidas las penas corporales e infamantes que, por bárbaras, son contrarias a los derechos consagrados en la Constitución y a los derechos humanos reconocidos internacionalmente.

Hay que resolver -antes de que se vuelva problema…y peor aún, antes de que se involucren galones de gasolina- un  problema práctico.  Si el sistema jurídico indígena paralelo fuera aprobado, ¿a quién y dónde se le aplicaría?  Sería un derecho etnicista (por no decir racista) que seguiría a las personas de determinada étnia no sólo en su contexto territorial y cultura, sino incluso cuando saliera de él y viviera en un contexto territorial y cultural ajeno?  ¿Sería de aplicación territorial para todos los habitantes del lugar sin distinción de étnias?  Si es de tipo etnicista, ¿cuál será el criterio para definir a qué grupo étnico pertenecen el ofensor y el ofendido?  Si son de dos étnias diferentes, ¿cuál ordenamiento jurídico prevalecera? ¿El del ofensor, o el del ofendido? Los criterios de decisión sobre qué ordenamiento se aplica, ¿serán los mismos si una de las partes es indígena y la otra no, como si una parte indígena es de una étnia, y otra es de otra étnia? ¿Cuál prevalecerá, el ordenamiento mayense, o el occidental? ¿El quiché, o el cackchiquel? Todo esto son más que intríngulis.  No sólo porque violan el principio de igualdad de todos ante la ley y crea privilegios etnicistas (por no decir racistas); sino que enreda la solución de conflictos.  Confrlictos no sólo de orden civil y mercantil donde puede haber acuerdos a priori sobre cómo resolver pleitos; sino que en materia penal, en la que se trata con asuntos criminales y con delincuentes, muchas veces repugnantes como son los violadores, los asesinos, los secuestradores y los ladrones.

Una vez resueltos aquellos nudos gordianos, ¿de dónde van a salir los recursos y los funcionarios para mantener vivo y creíble aquel enredo? Si no hay recursos, ni capacidad para hacer funcionar un sólo sistema de justicia comparativamente sencillo, ¿de dónde van a salir los recursos y el personal para evitar las arbitrariedades, las penas extremadamente violentas e infamantes, las injusticias y las inconformidades en un sistema paralelo tan alejado de la objetividad?

¿Sabes qué me gustaría saber? ¿Qué ocurre con las personas a quienes se les imponen los castigos mayas? ¿Vuelven a deliquir? ¿Siguen viviendo como si nada en el pueblo? ¿No vuelven a asomarse por ahí? ¿Escarmientan? ¿Se ríen de todo frente a un litro de cerveza, mientras chupan limones colgados de hule canche? Los próximos que causen lesiones graves, o roben un auto, ¿serán sometidos a los mismos castigos, o recibirán castigos diferentes? ¿Cómo se definen los castigos? ¿Hay registros de todo esto?

La foto es de Prensa Libre, por Jimmy Ren.


01
Jun 16

Meditaciones sobre el derecho indígena

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Escucha el podcast aquí.

El 16 de febrero pasado Edín Pérez Pérez, de 27 años, fue capturado y azotado por pobladores de la comunidad Cacabal 2, en Chinique, Quiché, acusado de violar a una menor de 16 años.  Puedes ver el vídeo, de Nery Urizar, en Knal 4 de Quiché.  El sujeto amarrado y en ropa interior fue llevado a una cancha deportiva y allí el vocero de la Alcaldía Indígena, Casimiro Pixcar le dio azotes.  Uno puede suponer que fue una azotina dolorosa porque Pérez grita.  Pixcar procedió a explicar que el castigado fue detenido por vecinos que lo acusaron de violar a una adolescente.  Nos preocupa que haya pasado esto y por esa razón es que la autoridad corrige y posteriormente procede a entregarlo a las autoridades para que sea juzgado de forma correspondiente, dijo Pixcar.

La violación de una menor de edad es cosa seria y comete ese delito quien yaciere con mujer usando violencia suficiente para conseguir su propósito, o aprovechando la circunstancia de que la mujer esté privada de razón, o de sentido, o incapacitada para resistir.  ¿Cuál es la pena establecida por el Código Penal? De 6 a 12 años de prisión.

Cuando vi el vídeo me pregunté…por dura que sea la azotina (y no sabemos cuántos azotes fueron), la violación de una chica de 16 años, ¿puede ser intercambiada por 6 a 12 años de prisión? Si por desgracia cometieras un delito, ¿qué preferirías? 10, 50, o 100 azotes (a un minuto por azote, digamos); o de 6 a 12 años en Pavón?  Luego me pregunté: ¿cómo se concilia una azotina con la doctrina generalmente aceptada (por lo menos en Occidente) que rechaza las penas corporales e infamantes?

En eso estaba cuando noté un detalle: el vocero, Pixar, explica que la autoridad indígena corrige al delincuente para luego entregarlo a las autoridades (sospecho que a las autoridades nacionales) para que sea juzgado de forma correspondiente (sospecho que de acuerdo con los códigos penal y procesal penal).  ¿Es, esto, doble pena por el mismo delito?  No se trata, entonces, de escoger entre 10, o 100 latigazos y entre 6 y 12 años de cárcel.  Se trata de recibir los latigazos, más los años de prisión (si es que es encontrado culpable luego de un debido proceso judicial).  En Occidente existe una garantía constitucional con el nombre latino de Non bis in idem; que significa que una persona no debe ser enjuiciada dos veces por el mismo delito. ¿Qué ocurre con este principio cuando alguien es azotado por orden de una autoridad y luego encarcelado por orden de otra…por el mismo acto delictivo? ¿Cuál es el criterio para que a alguien se le someta al derecho indígena, es genético, o cultura, se le puede imponer, o tendría que haber un acuerdo previo como ocurre con el arbitraje? El ordenamiento jurídico nacional, o el sistema de justicia nacional, reconocerán los veredictos, o laudos de los tribunales indígenas y estos constituirán cosa juzgada y no permitirán impugnación?

El reconocimiento del derecho indígena -que es una forma de derecho consuetudinario o basado en la costumbre- presenta muchos retos similares; y estos no pueden ser ignorados, ni desestimados, porque la existencia de formas de resolución de conflictos propias de los indígenas es un hecho.  Por ejemplo, en Totonicapán, comités de personas de edad madura -con experiencia y generalmente más prósperos que el promedio- tienen a su cargo la resolución de conflictos y la administración de diversos actos de carácter civil, así como la de recursos como el agua.

Aquel sistema funciona bastante bien en términos de celeridad y de resarcimiento, por ejemplo,  y no debería sorprendernos. En contextos comunitarios y tribales donde las relaciones interpersonales son más cercanas e intensas que en los contextos sociales, la importancia que tienen aquellas relaciones interpersonales y el alto valor que tiene la posición de las personas en las escalas de las comunidades hacen que las intermediaciones y los arreglos tipo conciliadoras y de arbitraje tengan grados elevados de efectividad.  Los lazos familiares, del clan y de la comunidad facilitan aquellos procesos.

La desventaja es que en realidad no hay tal cosa como un derecho indígena; sino que hay una multiplicidad de prácticas -unas más enraizadas que otras- que varían no sólo entre etnias, sino entre poblaciones y quién sabe si entre grupos más pequeños.  Es un hecho que entre más pequeño es el grupo, más eficientes son los procedimientos de conciliación y arbitraje, u otras formas consuetudinarias de intermediación y resolución de conflictos. La cosa se complica cuando crecen las poblaciones, y más cuándo se diversifican. La aplicación del derecho consuetudinario y procedimientos como los mencionados arriba son más efectivos para resolver asuntos sencillos y/o de poca cuantía, que asuntos complejos y de montos elevados.  De igual manera la efectividad es distinta cuando se trata de delitos menores, como el hurto de unas gallinas, que cuando se trata de crímenes como la violación de una niña, el asesinato, o actos así.

El derecho indígena funciona muy bien en contextos específicos; y si se lo va a integrar al ordenamiento jurídico nacional quizás no sea buena idea sacarlo de esos contextos y a toda costa debe evitarse dudas de cuándo aplicarlo y cuándo no. Sin esas condiciones quién sabe a qué intereses sirva la propuesta de que las autoridades de los pueblos indígenas podrán ejercer funciones jurisdiccionales de conformidad con sus propias normas, procedimientos, usos y costumbres siempre que no sean contrarios a los derechos consagrados en la Constitución y a los derechos humanos internacionalmente reconocidos. Para este efecto deberán desarrollarse las coordinaciones necesarias entre el Sistema de Justicia Oficial y las autoridades indígenas.  Al menos, en esa propuesta están excluidas las penas corporales e infamantes que, por bárbaras, son contrarias a los derechos consagrados en la Constitución y a los derechos humanos reconocidos internacionalmente.

La foto es de Knal 4.


02
May 07

Linchamiento: imágenes de horror y barbarie

Algunos piensan que la aplicación “el derecho consuetudinario” (al estilo de los vapuleos, latigazos y linchamientos que ocurren entre los indígenas guatemaltecos) tiene ventajas sobre la justicia de Occidente porque aquella es gratuita, es rápida y porque permite la participación democrática de la comunidad en el castigo a los delincuentes.

Cuando hace poquito más de un año ocurrieron el horror y la barbarie de unos linchamientos en Sumpango, me impresionaron mucho las imágenes que transmitió la televisión chapina de cómo “la comunidad” acababa, a golpes y en las llamas, con la vida de dos personas. Los vídeos que quiero compartir ahora muestran algo parecido, y no es bueno que usted los vea si no está dispuesto a ver algo repulsivo. Los comparto porque si bien es cierto que la “justicia comunitaria” es “rápida y democrática”; también es cierto que es brutal.

Las imágenes son las de la lapidación de una mujer de origen yazidi que fue apedreada en público por tener relaciones con un hombre sunita. Las imágenes fueron tomadas por un periodista kurdo. El periódico Kurdish Aspect tiene la historia; y también Amnistía Internacional. Gracias a Tom Palmer por el tip.

Los enlaces para los vídeos están aquí; y posiblemente tenga que bajar un Plug-in para verlos.


05
Ene 07

El rapto

Me encontré con este letrero en la calle y mi mente de ex estudiante de Derecho me llevó directo al artículo 181 del Código Penal que dice: (Rapto propio). Quien, con propósitos sexuales sustrajere o retuviere a una mujer, sin su voluntad o empleando violencia o engaño, será sancionado con prisión de dos a cinco años.

Pero claro, ese no podría ser el motivo del letrero; así que para informarme y mejorar mi acervo cultural agarré un par de amansaburros y me encontré con que rapto es sinónimo de éxtasis y una forma de unión mística ¡Y chispas, ahora se algo que no sabía antes!


18
Dic 06

Para Ripley: racismo y privilegios

“La sentencia de la Corte Suprema de Justicia, que en el 2005 decretó que a una persona juzgada por sistema indígena no se le puede volver a juzgar por el occidental, es el primer caso de reconocimiento del derecho maya.
Un hombre que fue acusado por la comunidad de haber robado un vehículo, pero que lo devolvió al ser descubierto, fue sentenciado por el sistema indígena a servicio comunitario y a reconocer su falta públicamente. Como era confeso, la Policía Nacional Civil lo detuvo, y el Ministerio Público pidió ocho años de cárcel para él.
Finalmente fue sentenciado por robo. La Defensa Pública Penal, asesorada por varias organizaciones, pelearon el proceso, y en casación, la Corte Suprema de Justicia dictaminó que si ya había sido juzgado por un sistema, no podía volver a ser acusado.
Esta resolución sentó un precedente legal sobre la legitimidad del derecho indígena y su coexistencia con el oficial”, dice un reportaje de hoy y las negritas son mías.
Hasta aquí llega, oficialmente, la igualdad de todos ante la ley en Guatemala. Como están las cosas, si alguien se roba un carro ¡y lo devuelve al ser descubierto!, tiene dos opciones: se acoge el sistema occidental y corre el riesgo de pasar 8 años en la cárcel, o se somete al drecho maya y hace algunas tareas indefinidas luego de pasar una vergüenza. Usted, ¿qué preferiría?
Pero la cosa no se queda ahi. ¿Puede, un ladron ladino someterse al derecho maya? ¿Cuánto de sangre maya debe tener uno para someterse a la opción más benigna? Si el derecho maya es sólo para los mayas, ¿viola el principio de igualdad de todos ante la ley? Si asi fuere, de plano que es un privilegio. Y si lo fuere, ¡es un privilegio basado en la étnia! En esas condiciones, ¿es un privilegio racista? ¿Es excluyente?
Yo digo que sí. Es excluyente, es racista, es un privilegio y viola el principio de igualdad de todos ante la ley. ¿Qué ladrón atrapado, en sus cinco sentidos, no quisiera recibir la pena más benigna? y ¿Qué pasará si el ladrón vuelve a ser atrapado robando, o cometiendo algún otro delito?
Si la práctica de este “derecho indígena” está siendo promovida por la embajada de Noruega y por la gente de Cirma, ¡y avalada por la Corte Suprema de Justicia!, la muerte oficial de la igualdad de todos ante la ley, en Guatemala, ya tiene responsables.


14
Oct 06

Consuetudinario, o jacobino

1. Un muerto, y 28 casas y cinco automóviles quemados, fue el saldo que dejó el enfrentamiento entre los residentes de varias poblaciones que invadieron la aldea Tzucubal con el objetivo de capturar a un grupo de personas acusadas de vender niños. Así decían las noticias el 2 de octubre.

Para el 3, las cosas se pintaban peor; ya que para entonces, con el apoyo del alcalde del lugar e impedido el ingreso de la policía, 18 mujeres y cinco hombres fueron azotados y rapados.

Entre la actitud de este jefe edil y la del munícipe de Acatán, más los 12 casos de este tipo que en lo que va del año tiene registrados el Organismo Judicial, incluido el espeluznante caso de Sumpango, uno puede concluir, ¡otra vez!, en que el estado de Guatemala ha colapsado y que se está disolviendo en la anarquía.

¿Por qué no ocurrían tantas cosas de estas hace diez, o quince años? La hipótesis de un cuate es que la presencia del Ejército impedía estos desmanes entre la población indígena. “Los que estamos desubicados somos nosotros; porque, ¿de dónde sacamos que Guatemala es Occidente?”, dice el citado.

Y talvez sea cierto. Por cierto que según un mito tzutujil los K´ulantun winaq eran hechiceros cuyas costumbres malignas no tenían límites e incluían el robo de niños para el sacrificio (Stanzione, 2000). Mitos como este dan pie para que entre los indígenas, el simple rumor de un posible robo de niños puede desencadenar linchamientos. (Si me escribe a luisfi@intelnet.net.gt le mando un articulín que publiqué al respecto). Y si no, ¿qué explica hechos como el de Tzucubal, el de Sumpango, el linchamiento de aquellos turistas japoneses en Todos Santos y el ataque espantoso que sufrió June Weinstock, en San Cristóbal Verapaz?

Sin embargo puede que haya más. Mi hipótesis es que a aquellos grupos que se oponen a las adopciones y que andan por ahí asustando a la gente sencilla con historias sobre el robo de niños, se les ha ido la mano. Esas historias han revivido los mitos primitivos más profundos y han despertado demonios que estaban dormidos. Y como consecuencia, el estado de Guatemala se disuelve en la anarquía; entre una mezcla de intereses políticos retorcidos, algo de mumbo jumbo y el activismo (y la abulia) de elites irresponsables.

En medio del caos, los desmanes de la plebe se confunden con un supuesto derecho consuetudinario; haciéndose a un lado el hecho de que este se deriva de los precedentes judiciales y de la costumbre, siempre y cuando esta última sea repetida a lo largo de muchos años y que, por lo tanto, goce de un uso repetido y generalizado, al mismo tiempo de que, en torno, a ella exista una conciencia de obligatoriedad.

La quema de personas y de propiedad, los azotes y otras penas infamantes, puede que sean un fenómeno nuevo entre las comunidades indígenas, atribuible a la ausencia del estado como gendarme y como juez.

Entonces, si el derecho consuetudinario ha de desarrollarse entre los indígenas como una alternativa para restituir la legitimidad del estado, la dirigencia política y social que apoya ese camino debe establecer una diferencia inconfundible entre aquel, y el jacobinismo de las plebes y el de los alcaldes con alcances modestos y pretensiones napoleónicas.

Si no lo hicieran, uno podría pensar que, en realidad, las dirigencias populares que vemos en foros, o en ONG y que medran en los organismos internacionales, tienen poca, o ninguna conexión con las verdaderas dirigencias locales con las que las poblaciones indígenas sí tienen conexiones informales, pero efectivas, talvez por consuetudinarias.

2. Mojito: Un turista chapín entra a una tienda de música, en La Habana, y le pregunta al empleado: “¿Tiene la canción Morir de amor, por las hermanas Fabrisa, en 45 revoluciones?” A lo que el empleado le responde: “No, ese no lo tengo; pero sí tengo Morir de hambre, por los hermanos Castro, en una sóla revolución”.