19
Oct 17

Derechos, facultades y el orden constitucional

Las facultades administrativas e incluso las políticas de los funcionarios -locales, o extranjeros- no son derechos.  Estos -como el derecho a la vida, el derecho a la libertad y el derecho a la propiedad- son acuerdos morales que se ejercen sin necesidad de pedirle permiso a nadie; en tanto que las facultades administrativas, para comenzar, no deben ser violatorias de los derechos (incluido el derecho al debido proceso, que se deriva de los derechos a la vida y a la libertad).  Luego, las facultades administrativas de los funcionarios son consecuencias de acuerdos políticos, es decir, de acuerdos enraizados en el ejercicio del poder, o en el ejercicio de la influencia política. El ejercicio del poder público es una facultad, no un derecho.

Un funcionario podría decir que tiene derecho a ejercer tal, o cual facultad, sí y sólo sí, existe un acuerdo político que le permite ejercer la facultad.  Empero, a diferencia de los derechos que ni se dan, ni se quitan desde el poder, las facultades sí dependen de este.

Pensé en aquello porque la Corte de Constitucionalidad, constituida en tribunal extraordinario de amparo, debería proteger a las personas contra las amenazas de violaciones a sus derechos o para restaurar el imperio de los mismos cuando la violación hubiere ocurrido. Empero, la Constitución nada dice de proteger a los funcionarios -nacionales, o extranjeros- contra las amenazas que pendan sobre sus facultades, o para restaurar las mismas cuando hubieran sido suspendidas, o anuladas.

Ya sabes, en el campo de las relaciones sociales voluntarias, la ley sirve para proteger la esfera de acción privada de las personas y garantizan que estas puedan hacer todo lo que no está expresamente prohibido por la ley (porque viola derechos ajenos); en tanto que en el campo de las relaciones sociales coercitivas, la legislación sirve para enmarcar las acciones de los sujetos a ella y garantizan que estas puedan hacer sólo lo que está expresamente permitivo por las normativas (para evitar la violación de derechos).

Por eso creo que es improcedente -y abusador- que la mayoría de magistrados de la Corte de Constitucionalidad crea que tiene la facultad de forzar al Presidente, o al Organismo Ejecutivo a revertir una decisión administrativa y política que no es violatoria de derecho alguno.  El jefe de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatamala, en el marco de su mandato derivado de un acuerdo político con el gobierno de Guatemala, tiene facultades políticas y administrativas, que no es lo mismo que decir que tiene derechos políticos y administrativos.

La Corte de Constitucionalidad, cuya función principal es la defensa del orden constitucional, debería tener en mente la distinción entre derechos y facultades, y debería tener en mente la distinción entre el campo de las relaciones voluntarias y el de las relaciones coercitivas.  Pero parece que no es así.  Parece que los magistrados están más interesados en ejercer lo que se conoce como el gobierno de los jueces, antes que en defender la Constitución y las leyes (que no son lo mismo que la legislación).

Ese fenómeno indeseable que es el gobierno de los jueces fue identificado por primera vez en 1921 por Edouard Lambert y es un sistema de revisión judicial verdaderamente sin restricciones, que no pudiera ser limitado ni siquiera por medio de una enmienda constitucional. El gobierno de los jueces no debe ser confundido con el control jurisdiccional que es, este último, un componente del estado de derecho.

En una república sana, la función de controlar las decisiones políticas y administrativas del Ejecutivo le corresponden al Congreso; y si la Corte de Constitucionalidad usurpara las funciones del Ejecutivo, o del Congreso, está claro que se excedería en sus facultades de una forma inaceptable.

Uno puede estar de acuerdo, o en desacuerdo con la decisión ejecutiva de pedirle al jefe de la CICIG que no se meta en política. Empero, la determinación de la Corte de Constitucionalidad, de convertirse en el árbitro final de las decisiones ejecutivas del Organismo Ejecutivo, pone en peligro el mismísimo orden constitucional; y eso debería preocuparnos a todos los que valoramos el estado de derecho.  De hecho, si vamos a tener éxito en la lucha contra la corrupción -¡y deberíamos tener éxito en esa lucha!- sólo va ha ser en el marco del estado de derecho, y mediante el respeto a la ley.

La ilustración es de elPeriódico.


28
Ago 17

La suspensión de San Rafael

La Corte de Constitucionalidad confirmó la suspensión provisional de las actividades de la mina San Rafael, debido a señalamientos de discriminación. En julio pasado la Corte Suprema de Justicia suspendió las operaciones de la mina -que es subsidiaria de la canadiense Tahoe Resources- y ordenó cesar operaciones por, supuestamente, haber discriminado al pueblo xinca.

Según la resolución, cuando el Ministerio de Energía y Minas  autorizó las operaciones de la mina, negó la existencia de la población xinca a la que no le consultó sobre los trabajos que harían. Según la ley, el MEM debe consultar a las comunidades para en estos casos, lo que causó disgusto en los pobladores.

Ofcialmente, Guatemala es un país hostil para las inversiones; uno en el que la política prevalece sobre la justicia y uno en el que los intereses colectivos prevalecen sobre los derechos individuales.  La suspensión de San Rafael es un acto criminal porque daña, directamente, a miles de familias que dependían de ella y las daña para beneficiar intereses políticos.

Según la Cámara de Industria de Guatemala,

  • El fallo ha causado que muchas empresas hayan tenido que despedir a miles de guatemaltecos que tenían empleos dignos en el área rural.
  • La suspensión ya les ha costado, a muchos guatemaltecos, un total de casi Q250 millones.
  • La resolución de la CSJ está llena de inconsistencias procesales y judiciales que desvirtúan los principios básicos del sistema jurídico.

¿Quién, sino los tributarios, crees que vamos a pagar la demanda millonaria que podría entablar la empresa afectada?

El desatino de la Corte de Constitucionalidad y de la Corte Suprema de Justicia es un golpe duro a la precaria economía de los guatemaltecos, y ocurre en el peor de los momentos.

Imagen de previsualización de YouTube

Según un informe de UFM Market Trends, por Jorge García, los flujos de inversión extranjera directa en Latinoamérica cayeron un 7.9% interanual en 2016. Esto representa una disminución del 17% con respecto al año 2011, cuando se alcanzó el máximo de IED en el siglo XXIEn Guatemala, la IED disminuyó un 3.3% interanual, alcanzando los 1181 millones de USD en 2016. El componente que mayor porcentaje de la IED reportó fue la reinversión de utilidades, el cual creció un 12% interanual.

Analizando el histórico reciente de la IED, se puede apreciar la importante caída (-88%) en 4 años del sector “agricultura, petróleo, minas y canteras”. La caída interanual en 2016 fue la más pronunciada (-69%).

En los componentes de la IED, la CEPAL identificó que la mayor caída se registró en aportes de capital (-10% interanual) y reinversión de utilidades (-6%). Esto podría ser señal de que las empresas trasnacionales están desarrollando estrategias defensivas por los precios bajos en commodities y por el lento desempeño de los mercados internos latinoamericanos. Los precios mundiales de los commodities es un factor muy importante a la hora de entender la disminución en IED. Al finalizar los años de precios altos, los flujos de capitales dirigidos a ese sector se desaceleraron. La participación de la IED en el sector de recursos naturales viene decreciendo desde 2010, siendo en 2016 un 13% del total de la IED. Además, las nuevas inversiones anunciadas en industrias extractivas pasaron del 38% del total de IED en la región entre 2005 y 2010, a ser el 14% en 2016, una disminución de más del 63% en menos de una década.

La IED en 2016 se dirigió principalmente a economías desarrolladas. El 59% de la IED mundial se dirigió a estos países, mientras que las economías emergentes alcanzaron solo el 37%…El estandarte de la globalización de trasladar la producción manufacturera a países en desarrollo en la búsqueda de reducir costos ya no es tan interesante para la población de los países más avanzados. Los políticos en países ricos buscan traer de vuelta la producción con la idea de dinamizar la producción nacional. La tecnología ha sido un factor importante pues las grandes trasnacionales han buscado mercados tecnológicamente sofisticados y han buscado activos como patentes o recurso humano cualificado…. las economías desarrolladas son un fuerte atractivo para los inversionistas, lo que complica aún más el panorama para las inversiones latinoamericanas. El rol protagonista que están tomando de nuevo Estados Unidos y Europa en las inversiones enfocadas a tecnología, sumado al hecho de que China ya no está tan interesada en recursos naturales, complica la competitividad para Latinoamérica.

Es un mal momento para la inversión extranjera en América Latina. Por eso es tan preocupante las campañas en contra de ciertas industrias en Guatemala. Por los motivos expuestos anteriormente no es atractivo para el inversionista en estos momentos dirigir capital a Guatemala. A pesar de tener una economía estable y una moneda fuerte, no es suficiente aliciente para hacernos atractivos.

El reporte de UFM Market Trends dice: Paralizar por completo la inversión en minería en Guatemala sería uno de los peores escenarios posibles para el desarrollo económico del interior de la República. Es necesario recordar que la inversión en Guatemala se concentra en las zonas urbanas, principalmente en la ciudad capital. Es difícil que una empresa decida invertir porque toda la cadena de valor que necesita para funcionar se encuentra en la ciudad. Las pocas empresas que se animan a invertir en el interior lo hacen comúnmente por el acceso a recursos naturales, sino no lo harían porque no hay incentivos a hacerlo. Y las que finalmente deciden invertir millones de dólares, luego de consumar la inversión (que no es a corto plazo) se encuentran con un panorama de conflictividad y falta de certeza jurídica por procedimientos que no le correspondían llevar a cabo a las empresas (con esto me refiero al artículo 169 de la Organización Internacional del Trabajo). Paralizando al mayor empleador de una comunidad se paraliza la economía de esa comunidad, como se está apreciando ahora en San Rafael Las Flores, Santa Rosa.

Nunca hay un buen momento; pero este es un momento terrible para ayuentar las inversiones extranjeras.

La foto es de Prensa Libre.


02
Mar 16

A propósito de la elección de magistrados

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Ahora que están siendo electos magistrados para la Corte de Constitucionalidad, esto viene al caso: El establecimiento de jueces es uno de los puntos más delicados en todas las sociedades políticas…. Así lo dice El amigo de la Patria Num. 17 Fol 379, del 27 de febrero de 182…

José del Valle era quien publicaba ese periódico. La foto, del número original de El amigo, fue posible gracias a la Biblioteca Ludwig von Mises.  Y, por cierto, hoy es el aniversario de fallecimiento de don Chilo.

El 2 de marzo de 1834, en un camino desierto, yermo, e inhóspito, en donde se levantaban enormes nubes de polvo, y en donde el sol calcinaba con sus rayos la humanidad de los caminantes, rodeado únicamente por su familia y los arrieros, falleció José del Valle  El cuadro clínico presentado es el de un infarto del miocardio, complicado por insuficiencia cardíaca izquierda en su forma más grave que es el edema agudo del pulmón.  Falleció sin saber que había sido electo Presidente de Centroamérica.


20
Nov 15

Lo que no te dicen de los impuestos

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El Bono revolucionario que se asignaron en la Corte de Constitucionalidad tuvo un costo de Q3.2 millones para los tributarios.  Ese dinero salió de impuestos que estaban destinados a la justicia. Si el bono para un magistrado es de casi Q73 mil, ¿cuánto será para la Presidenta que se auto recetó aquel privilegio?

Como aquel bono salió de impuestos quiere decir que los tributarios trabajaron para producirlo y que les fue quitado.  Aquel dinero no salió de la nada y  cuando el tributario promedio imagina que el fruto de su trabajo va a ser usado en mejorar el sistema de justicia, no se imagina que el fruto de su trabajo va a ir a servir para que la Presidenta de la C.C. ¿compre carro nuevo, amortice su casa nueva, o se vaya de viaje a fin de año?

Como aquel bono salió de impuestos quiere decir que los que produjeron el dinero para pagarlos –o sea sus legítimos propietarios– no lo pudieron usar para reparar su pichirilo, pagar el alquiler de la casa, ahorrar para la cuesta de enero, o invertirlo en mejorar la fábrica, ampliar inventario, o abonar cultivos.

El dinero que los políticos y funcionarios toman de la gente como tú –a quien le quitan los impuestos antes de que recibas el cheque de fin de mes– no lo puedes usar para tus necesidades porque en gran porcentaje sirve para satisfacer las necesidades de los que tienen acceso a él por medio del presupuesto del estado.  Algo sirve para pagar puentes que se caen, escuelas con maestros que no llegan a clases y hospitales sin medicinas; pero la mayoría de lo que pagas de impuestos sirve para sueldos, bonos, y prebendas, muchas veces para plazas fantasma, o para funcionarios que ganan Q73 mil al mes.

Recientemente nos están dando atol con el dedo al decirnos que si no se paga un impuesto adicional, la justicia no va a mejorar. ¡Hasta mi cuate, Carlos M., me escribió diciendo que prefiere pagar un impuesto más, a tener que sufrir a las maras!; pero ese es un dilema falso.  Deliberadamente elimina la opción de sanear la administración pública y eliminar privilegios antes de entrar a –siquiera–considerar el impuesto extra.

Que no te digan, que no te cuenten.

Columna publicada en elPeriódico; y la ilustración la tomé de Facebook.


11
Nov 15

Bono revolucionario y otras canalladas

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En el hospital general estatal San Juan de Dios las carnes fueron eliminadas de las dietas de los pacientes; en ese hospital medicinas y alimentos básicos brillan por su ausencia. Mientras tanto en el hospital estatal Roosevelt y por falta de recursos el nosocomio está en incapacidad de atender una emergencia mayor como un camionetazo, por ejemplo, de esos que ocurren de cuando en cuando.  Pero no te aflijas, hay plata y recursos para el ¡Bono revolucionario! en la Corte de Constitucionalidad, mismo que tuvo un costo de Q3.3 millones, dinero de los tributarios que no fue usado para medicinas y alimentos en los hospitales.

Es muy apropiado el nombre porque el saqueo y la expoliación son algo tan estatista, y el estatismo es algo tan, pero tan revolucionario. Si cosas así no fueran criminales, ni canalladas, hasta serían divertidas.

Mientras aquello ocurre, el jefe de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, quiere que un impuesto más pese sobre los guatemaltecos.

Como si no pasara nada, la estatal Empresa Portuaria Quetzal está evaluando la posibilidad de comprar canastas navideñas por valor de Q600 mil.  Eso ya huele mal; pero quieres saber qué hiede espantosamente: para el negocio ofertaron tres empresas, una constructora, una de papelería y otra de textiles.

¿Quiéres más? A 51 días de que termine el ejercicio fiscal, las 16 entidades estatales encargadas de llevar a cabo el estatal Pacto Hambre Cero sólo han ejecutado un 49% de su presupuesto.  ¡Pero el jefe de la CICIG, el ICEFI y quién sabe quiénes más quieren más impuestos!  ¿Cómo así, si no pueden ejecutar lo que ya tienen?  Y así ha de ser a todo lo ancho y lo largo de la administración pública. Desperdician y se roban todo lo que pueden y luego el Ministerio de Finanzas anda viendo como endeuda más a los tributarios; y organizaciones cómplices como el Banco Interamericano de Desarrollo, ¿van a alcahuetear a la corrupción y a a ineptitud?

¿Leíste la historia de las compras de combustible que hace la Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad de la Presidencia?  Ahí se fueron Q68 millones para la empresa del hijo del expresidente del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, y ex secretario de la presidencia, personaje que está preso y tiene cuentas pendientes con la justicia.  ¿Leíste la historia de el señor feudal de las carreteras del sur-oriente? No se te ha olvidado que la defraudación fiscal en la que participaban hasta el Expresidente y la Exvicepresidenta alcanzaba los Q14 millardos anuales, ¿verdad?

Como si nada hubiera ocurrido, ¿quién se estará saboreando la posibilidad de construir el faraónico centro administrativo del estado a un costo de US$180 millones?  ¿Cuánto significará eso en términos de comisiones?

Así es como se van tus impuestos.

La ilustración la tomé de Facebook.

Actualización: luego de intensa presión de los mandantes, parece que los magistrados devolverán el infausto bono.


25
Sep 15

Morónica para los morónicos

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Los impuestos a la telefonía y  al cemento; así como las nuevas regalías para las mineras fueron declaradas inconstitucionales por la Corte de Constuticionalidad, cuya función es la defensa del orden constitucional, frente a los abusos de poder de parte de quienes lo detentan.

Aquello debe haber sido un shock para los políticos y funcionarios cuyos ejercicios dependen de su capacidad para tomar dinero ajeno y repartirlo.  Pero no debe haber sorprendido a los técnicos del sistema tributario. Aquellos impuestos hedían a inconstitucionalidad desde el principio.  ¿Qué aprendemos de esta experiencia? Que es morónico apoyar el sistema tributario en impuestos que violan la Constitución.

Quizás en esta administración y la próxima, para no ganarse el título de pipoldermos, quieran aprender de los errores cometidos y atender consejos técnicos antes de imponer criterios ideológicos y expoliadores.

Para la próxima debe estar claro que los políticos sólo pueden obtener recursos si obligan a la gente a entregarles parte de sus ingresos y que si la carga es muy pesada, confusa, o ilegal, la gente lo va sentir y se va a hacer los quites.

Si ha de haber impuestos; si vivimos en una sociedad en la que a las personas no les importa que su dinero sea tomado por la fuerza y repartido políticamente, los impuestos deberían tener ciertas características para servir a las funciones legítimas propias del gobierno.

Primum non nocere o Primero no hacer daño debería ser el principio tributario fundamental, del que se derivan: Neutralidad, o sea que los impuestos no deben crear ventajas, ni desventajas para actividad económica alguna. Simpleza, o sea que la gente entienda qué es un impuesto, por qué lo está pagando y cómo lo debe pagar. Eficiencia, o sea que deben ser sostenibles y no deben corroer la formación de capital, ni debilitar la economía. Limitados, ya que si los impuestos son demasiado elevados, no sólo frenan el crecimiento y resultan en una recaudación menor; sino que los tributarios encontrarán que es más rentable evadirlos, y habrá menos recaudación.

Columna publicada en elPeriódico.


18
Ago 15

¡¿De verdad quieren sabotear las elecciones?!

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Queremos crear una crisis en la que nadie salga electo y forzar una reforma electoral, dijo una funcionaria de una agencia de cooperación el sábado en la noche, en La iguana perdida, un hotel de Santa Cruz La Laguna.  Un cuate estaba ahí y no podía creer lo que escuchaba y la forma tan pelada de la conversación.  La funcionaria y sus compañeros estaban usando recursos e influencia para sabotear deliberadamente las elecciones de septiembre en Guatemala.  No queremos que nadie resulte electo, particularmente Manuel Baldizón, dijo la funcionaria, según lo relató el testigo.

¡Por supuesto que a mí  no me gustaría que sean electos Baldizón, Sandra Torres, ni Jimmy Morales, ni otros!; pero de eso a sabotear las elecciones deliberadamente, usar recursos e ifluencias para ello, fabricar una crisis y forzar una reforma hay un abismo.

No es sólo la arrogancia necesaria para sabotear elecciones ajenas, forzar reformas mañosas y crear una crisis es insufrible; sino que…todos saben cómo empieza una crisis, pero, ¿quién sabe cómo va a terminar? Empezar una crisis a fuerza de plata e influencias ha de ser relativamente fácil; pero…¿quién pescará en el río revuelto y a qué costo?

¿De verdad está una agencia internacional de desarrolloinvolucrada en algo así? ¿Lo sabe su embajada en La Reforma? ¿Mi cuate oyó mal? ¿La funcionaria estaba hablando bullshit? ¿No era una funcionaria?

Ayer un grupo de estudiantes de la universidad estatal anduvo por las zonas 9 y 10 destruyendo propaganda electoral.  A nadie le gusta esa inmundicia de la propaganda; pero…tampoco es correcto salir a destruirla.  Este es el tipo de ocurrencias violentas suceden cuando hay crisis.  ¿Qué más va a ocurrir si grupos interesados en suspender las elecciones y establecer un gobierno provisional a dedo sienten que están legitimados para hacerlo por medio del sabotaje? ¿Quién está sembrando esas semillas?

Ayer, también, un abogado interpuso una acción -en la Corte de Constitucionalidad- con el objeto de suspender las elecciones. ¿Es este el tipo de cosas que les conviene a los promotores de la crisis y del sabotage a las elecciones organizados por aquellos funcionarios que estaban en Santa Cruz La Laguna?

Si es cierto lo que oyó mi cuate, ¿los socialistas, antiyankees y revolucionarios de este país van a salir a protestar contra la intervención extranjera?  ¿La Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala y el Ministerio Público deberían investigar este asunto?

Actualización: si te interesa el tema te recomiendo Entendiendo a Todd, por Fritz Thomas.


17
Jun 15

Corte de Constitucionalidad protege libertad de expressión

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En resguardo de la libertad de expresión, la Corte de Constitucionalidad resolvió que el Poder público -y los funcionarios que lo ejercen- no puede ser sujeto activo ante la Procuraduría de los Derechos Humanos contra un ciudadano.

La Corte consideró que los funcionarios públicos, en ejercicio de sus funciones, no pueden demandar tutela de la PDH contra un particular que les recrimine por acciones inherentes a sus cargos de funcionarios (ve el artículo 35 de la Constitución); ya que las garantías constitucionales están instituidas para defender a los particulares del abuso del podere público y no para que los funcionarios denuncien a sujetos de derecho privado. Indicó que la decisión del PDH, de admitir para su trámite la denuncia de un funcionario (o varios) contra un particular si constituye agravio contra este cuando del análisis de las actuaciones del PDH se constata que no es competente para conocer del asunto ya que los denuncaintes son funcionarios judiciales que hicieron sus denuncias como consecuencia de críticas inherentes a sus cargos.

La autoridad que se quejare ante la Procuraduría de derechos humanos, porque alguien la critique por actos relacionados con su cargo, viola la libertad de expresión e incurre en agravios cuando las declaraciones y opinones del particular sean vertidas con base en sus ideas y en ejercicio de la libertad de expresión.  Es importante notar que, de acuerdo con la Corte de Constitucionalidad, que confirmóe el criterio del Tribunal de Amparo de primer grado, la sóla admisión para su trámite, de una denuncia presentada ante el PDH produce agravios constitucionales contra el particular que haya ejercido su libertad de expresión.

Esta resolución puede ser consultada en el expediente 5330-2014 de la Corte de Constitucionalildad, con fecha 26 de mayo de 2015.

 


10
Oct 14

¿Y si se nos muere el exorcisado?

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Durante un ritual de exorcismo que un grupo religioso le practicaba a su mujer, una chica de 17 años resultó muerta a golpes y por asfixia luego de que las practicantes de aquel rito dispusieron que el demonio se le había metido a ella también. Entonces golpearon a la chica en el torso, el rostro y el cráneo, y la mataron. Eso dicen las noticias.

La semana pasada el Partido Patriota y el partido Lider se pusieron de acuerdo para garantizarse impunidad por medio de un pacto para la elección de magistrados para la Corte Suprema de Justicia y para la Corte de Apelaciones… y lo hicieron violando procedimientos legislativos. Aquel acto de abuso está siendo aprovechado por grupos de interés (muchos de ellos vinculados a la exguerrilla, ¿por qué no decirlo?) para anular la elección y forzar la elección de candidatos de sus simpatías. Esta es táctica no es novedad. Cuando a estos grupos no les gusta el resultado de una elección, o de una consulta popular, por ejemplo, tratan de que se vuelva a votar y que se vuelva a votar hasta que los resultados los satisfagan. A veces lo consiguen y a veces no.

¿En qué se parecen el exorcismo que devino en homicidio y el caso de las cortes? En que hay que tener cuidado con las consecuencias no intencionadas. Las religiosas exorcistas querían sacar el diablo; pero mataron a golpes a una niña. Lo de las cortes fue un abuso que genera indignación y debería tener consecuencias jurídicas; pero estas no deben ser a costa del Estado de derecho, ni a la medida de grupos de interés y de presión. No vaya a ser que se nos muera el exorcisado y que el remedio sea peor que la enfermedad.

Puede que para hoy la Corte de Constitucionalidad ya haya resuelto aquel enredo político; pero si eso no ha ocurrido, no está de más recordar que la Corte está moral y legalmente obligada a fallar conforme a derecho. Su compromiso debe ser con la Constitución y no con quienes se sientan con autoridad para somatarle la mesa. Está claro que el proceso de elección de magistrados es un proceso político; pero no debería ser partidista, ni para satisfacer a facciones, sean cuales sean estas.

Columna publicada en El periódico.


07
Jul 14

TSE y Corte de Constitucionalidad a la altura

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En cumplimiento de la ley -y de sanciones emitidas por el Tribunal Supremo Electoral- a partir del sábado, ninguna de las 11 agrupaciones políticas suspendidas por el TSE puede realizar actividades públicas, en las que  se muestren sus símbolos, o colores, o en las que que los posibles candidatos participen en mítines, ni de afiliación.

Entre los 11 partidos políticos inhabilitados figuran: Corazón Nueva Nación (CNN), Compromiso, Renovación y Orden (Creo), Libertad Democrática Renovada (Lider), Partido Patriota (PP), Partido de Avanzada Nacional (PAN), Partido Todos, Partido Republicano Institucional (PRI), Unión del Cambio Nacional (UCN), Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), Partido Unionista (PU) y Partido Victoria.  Todos ellos violaron el Acuerdo 117-2014 del TSE emitido el 16 de mayo, en el cual se fijaron 30 días hábiles para que retiraran toda la propaganda política anticipada difundida por los diferentes medios masivos, vallas publicitarias y redes sociales. Acuerdo que fue emitido luego de que aquellas organizaciones -que quieren que votes por ellas y por sus candidatos- violaron reiterada y continuadamente la ley electoral que prohibe las campañas anticipadas.

En días anteriores la Corte de Constitucionalidad le denegó, al partido Lider, de Manuel Baldizón 17 apelaciones por medio de las cuales aquella organización  y su dirigencia pretendían eludir la legislación electoral y las disposiciones del TSE.

De esta forma se les envía un mensaje alto y claro a los políticos: ¡No están por encima de la ley!; y tanto el TSE como la CC también les enviaron un mensaje de confianza y de institucionalidad a los electores y a los tributarios…o bien uno toma en cuenta la advertencia que nos hace, hoy, Dina FernándezTal vez sea el escepticismo natural al periodismo, pero después de mi entusiasmo inicial por la medida del TSE inmediatamente me asaltaron las dudas, sobre todo luego de hablar con algunos políticos y ver que estaban tranquilos y hasta satisfechos y con ganas de “colaborar”. ¿Sospechoso, no creen?

La ilustración la tomé de Facebook y es de Meme chef.