Con esa habilidad que tienen las izquierdas para organizar un pensamiento único y hacer este que prevalezca -incluso contra la razón y por la fuerza- y con la ayuda de algunos exaltados, hay comentaristas empeñados en hacer que la defensa del debido proceso, en el caso de los acusados por las muertes en Pavón, parezca una defensa actos que pudieran ser delictivos.
Sin empacho alguno para aplicar dobles estándares, aquellos corifeos claman respeto a las garantías procesales y al debido proceso cuando les conviene y cuando sirven a sus propósitos; pero no dudan en ignorarlos (¿Por ser prejuicios burgueses?) cuando son un obstáculo para cumplir sus objetivos políticos y de propaganda.
El debido proceso penal es el conjunto de etapas formales, secuenciadas e imprescindibles, realizadas dentro un proceso penal por los sujetos procesales cumpliendo los requisitos prescritos en la Constitución con el objetivo de que: los derechos subjetivos de la parte denunciada, acusada, imputada, procesada y, eventualmente, sentenciada no corran el riesgo de ser desconocidos; y el de obtener de los órganos judiciales un proceso justo, pronto y transparente.
Para tirios y troyanos, el objetivo del debido proceso es que se haga justicia; y no se hace justicia si los derechos subjetivos de la parte denunciada, acusada, imputada, procesada y eventualmente sentenciada son desconocidos, o violados.
La gente sencilla interpreta los principios del debido proceso y los derechos subjetivos de los acusados como formas de protección para los criminales; pero aquellas personas olvidan -o ignoran- el principio de que toda persona es inocente, mientras no se le haya declarado responsable judicialmente, en sentencia debidamente ejecutoriada. No en defensa y protección de criminales, sino en defensa y protección de las potenciales víctimas del poder y de las arbitrariedades. Es cierto que es posible que haya criminales que se escuden tras aquellos principios y aquellos derechos; pero en el largo plazo -¡y para todos!- es mejor que exista esa posibilidad remota; y no que personas inocentes puedan ser acusadas y penalizadas por capricho, como ha ocurrido en muchas ocasiones en la historia de la humanidad.
La justicia, pues, ni es el odio del hombre agraviado, ni es política. Al menos no en Occidente, y no en una sociedad que aspira a ser una república sana.
En su columna de hoy, Pedro Trujillo enumera las 5 arbitrariedades más evidentes en el proceso que se siguió contra Erwin Sperisen en Suiza, juicio en el que resultó condenado a cadena perpétua.
La primera, la negativa del tribunal a escuchar a algunos testigos de la defensa, expresidente de la República incluido.
La segunda, ignorar la denuncia de la madre de uno de los fallecidos, por haber sido manipulada y engañada por CICIG, descubierta por un periodista.
La tercera, el infame video que CICIG elaboró y “alguien” difundió por la red en un momento clave del debate, aunque ahora la Comisión se lave las manos.
La cuarta, la intervención de la ONG TRIAL y su relación con la acusación. La última, las declaraciones de la ex fiscal de CICIG -Guiselle Rivera- atestiguando contundentemente sobre la falsedad de cuanto dijo el convicto francés que señala directamente a Sperisen.
Las cinco hablan por sí mismas. No cuestiono la independencia de los tribunales, pero si la apreciación que pueden tener sus integrantes en función de aquello que les permiten ver o escuchar.
En aquel contexto repito lo que ya he dicho: El caso es que aún si Sperisen fuera culpable de lo que se le acusa, es total y absolutamente ilegal, inmoral e inaceptable el uso de testimonios falsos y otros abusos y maniobras.
Quienes se rehusan a discutir este tema en el campo de las garantías procesales y del debido proceso; y se empeñan en darle un cariz político, de clase o vindicativo no le hacen un favor a esta sociedad crispada y conflictiva. No le hacen un favor al diálogo. No le hacen un favor a la búsqueda de la verdad y de la justicia. No le hacen un favor a la paz.
Los exaltados, que dicen cosas como que a los criminales hay que quemarlos, o que creen que una sociedad acosada por la violencia y la impunidad puede defenderse haciéndo caso omiso de los principios morales que permiten la cooperación pacífica y voluntaria, tampoco son de ayuda.
La ilustración es de Eurobas (Own work) [CC-BY-3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by/3.0)], via Wikimedia Commons
