17
Jun 15

Corte de Constitucionalidad protege libertad de expressión

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En resguardo de la libertad de expresión, la Corte de Constitucionalidad resolvió que el Poder público -y los funcionarios que lo ejercen- no puede ser sujeto activo ante la Procuraduría de los Derechos Humanos contra un ciudadano.

La Corte consideró que los funcionarios públicos, en ejercicio de sus funciones, no pueden demandar tutela de la PDH contra un particular que les recrimine por acciones inherentes a sus cargos de funcionarios (ve el artículo 35 de la Constitución); ya que las garantías constitucionales están instituidas para defender a los particulares del abuso del podere público y no para que los funcionarios denuncien a sujetos de derecho privado. Indicó que la decisión del PDH, de admitir para su trámite la denuncia de un funcionario (o varios) contra un particular si constituye agravio contra este cuando del análisis de las actuaciones del PDH se constata que no es competente para conocer del asunto ya que los denuncaintes son funcionarios judiciales que hicieron sus denuncias como consecuencia de críticas inherentes a sus cargos.

La autoridad que se quejare ante la Procuraduría de derechos humanos, porque alguien la critique por actos relacionados con su cargo, viola la libertad de expresión e incurre en agravios cuando las declaraciones y opinones del particular sean vertidas con base en sus ideas y en ejercicio de la libertad de expresión.  Es importante notar que, de acuerdo con la Corte de Constitucionalidad, que confirmóe el criterio del Tribunal de Amparo de primer grado, la sóla admisión para su trámite, de una denuncia presentada ante el PDH produce agravios constitucionales contra el particular que haya ejercido su libertad de expresión.

Esta resolución puede ser consultada en el expediente 5330-2014 de la Corte de Constitucionalildad, con fecha 26 de mayo de 2015.

 


29
Dic 13

Ante los atentados contra la libertad de expresión

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La junta directiva de la asociación de ex diputados constituyentes publicó un comunicado muy oportuno ante los atentados contra la libre emisión del pensamiento.  En el mismo expresaron su preocupación y alarma ante el servilismo de algunos miembros del Organismo Judicial, especialmente en acciones contra los ciudadanos José Rubén Zamora y Mario David García, así como contra el diario El Periódico y el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras.

Recuerdan, los exconstituyentes, que la función de la Procuraduría de los Derechos Humanos es la de defender a los ciudadanos contra los abusos de los funcionarios del estado y que la crítica hacia esos funcionarios no es delito.

El documento advierte contra el debilitamiento de las instituciones.


30
Ago 13

Por la libertad de expresión II

Proclamo en voz alta la libertad de pensamiento, y muera quien no piense como yo, escribió Voltaire (como ironía); y pareciera ser que esa es la consigna del Procurador de los Derechos Humanos… y la de su clientela.

¿Cuál es la evidencia para aquella afirmación? El hecho de que el PDH condenara a Ricardo Méndez-Ruiz por sus expresiones sobre el pasado guerrillero de muchos miembros de Organizaciones no gubernamentales que medran alrededor del tema de los derechos humanos. El Procurador cree que puede condenar moralmente a Méndez-Ruiz (como podría condenar a cualquier otro ciudadano que no estuviera de acuerdo con él), porque supone que las perspectivas que expone el ciudadano señalado criminalizan las actividades de muchos oenegeros durante el enfrentamiento armado interno.

El hecho, sin embargo, es que la guerrilla organizaba y ejecutaba actos como secuestros; y no hay necesidad alguna de criminalizar el secuestro, porque esa actividad ya está tipificada en el Código Penal. ¿Sabes qué otra cosa escribió Voltaire? A los muertos se les debe respeto, y a los vivos nada más que la verdad. La Historia de Guatemala está siendo escrita ahora mismo y –en busca de la verdad– los guatemaltecos tenemos derecho a escuchar todas las perspectivas posibles de lo que ocurrió durante los años en los que la guerrilla intentó establecer la dictadura del proletariado por la fuerza. Méndez-Ruiz, y otros ciudadanos como él, están abriendo ventanas para entender mejor lo que ocurrió entonces.

Alguien, en Facebook, escribió que no se debería señalar a los exguerrilleros por pecadillos que cometieron en los años setenta y ochenta. Perdonen, pero pecadillos cometen los acólitos que se toman el vino de consagrar en las sacristías. Los secuestros y otros delitos cometidos por exguerrilleros (y ahora oenegeros) no son pecadillos; y los guatemaltecos y la Historia tenemos derecho a conocer de aquellos actos y a saber quiénes los cometían. Aunque eso incomode a la clientela del Procurador.

La libertad de expresión está bajo asedio, no mediante la vieja censura, sino por medio de actos como la judicialización y la condena de las informaciones y opiniones inconvenientes.

Esta columna fue publicada en El periódico.


11
Jul 12

Multas, choferes de camionetas y ¿derechos humanos?

¡Por poco y se me pasa esta sinvergüenzada!  La Procuraduría de los Derechos Humanos le envió una carta a Tu Muni, en la que la invita a participar en una mesa de diálogo con los pilótos del transporte colectivo urbano para discutir las nuevas medidas de penalización.

¡Habrase visto!  Lo que tiene que ocurrir es que los choferes tienen que pagar las multas por las infracciones en las que incurren; como lo hacemos el resto de personas que no acudimos a la violencia para evitar que se nos aplique la ley y para conseguir privilegios.

¿Qué tiene que hacer aquí la PDH? En vez de apoyar a los infractores debería de proteger a los usuarios que son vejados y abusados cuando van en los buses, o que son asaltados; también a los otros usuarios de las calles que tienen que sufrir por la prepotencia de los pilotos.

La noticia está en Siglo 21 de ayer, pero no encontré el enclace.


21
May 12

La oligarquía de los derechos humanos

¿Estamos de acuerdo?: una oligarquía es una forma de gobierno en la que el poder está en manos de pocas personas; la oligarquía es un grupo minoritario de personas, pertenecientes a un mismo estrato social, generalmente con gran poder e influencia, que dirige y controla una colectividad, o institución.

Pues bien…¿qué, sino una oligarquía de los derechos humanos es la que se opone a la elección de Jorge De León Duque como Procurador de los Derechos Humanos en Guatemala.  No que yo lo apoye.  No es ese el propóstito de esta meditación.  Lo que sí es que me llama la atención eso de que aunque De León Duque tiene pedigree de derechos humanos, no ha medrado entre las organizaciones gubernamentales, y no gubernamentales de los derechos humanos, y casualmente todas esas organizaciones se oponen a elección.

De León Duque no es uno de ellos; y por eso es que la oligarquía de los derechos humanos no lo quiere en la PDH, aunque sus credenciales y su pedigree sean técnicamente apropiados.

Yo creo que eso es lo que está pasando en esta elección; ¿y tu?


29
Nov 10

Cicig y Castresana ¿en la picota?

Que investigue las actuaciones aparentemente indebidas de su antecesor, Dr. Carlos Castresana, en interés del cumplimiento exacto del mandato otorgado y de la credibilidad de la Cicig, le pidió hoy, en un Campo Pagado, el Procurador de los Derechos Humanos, Sergio Morales, le pidió al director de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala Francisco Dall´Anese.

El viernes pasado, Morales dijo que se estaría dando un mal mensaje para el pueblo de Guatemala y para la comunidad internacional no examinar el comportamiento de Castresana, porque si se nos pide a nosotros transparencia, lo mínimo que puede dar esa instancia es transparencia.  El Procurador explicó que la solicitud de investigación es hecha dada la gravedad de las informaciones que han sido publicadas y comentadas.

Algunas de esas informaciones se hallan en Gisele Rivera y el Caso Parlacen; y en Cicig ocultó investigaciones.  Y hoy, precisamente, se conoció que la Oficina de Servicios de Supervisión Interna, de  la Organización de las Naciones Unidas recibió una denuncia contra Castresana por incumplimiento de deberes y abusos de poder, omisión de denuncias, desvío de investigaciones y presiones sobre jueces y magistrados.  La ONU no se ha manifestado acerca de esta denuncia; pero poco después de ella se dio la renuncia del exjefe de la Cicig y, curiosamente, el secretario general de aquella organización, Ban Kin-moon, se refirió en forma elogios acerca de Castresana y de la Comisión.

Mientras tanto, la comunidad oenegera –que es uno de los pilares de la Comisión- teme la solicitud del Procurador de los Derechos Humanos se sume al vendaval de críticas contra la Cicig.

Castresana y la Cicig podrían terminar en la picota.  Uno si resultaran ciertas las denuncias en su contra; y la otra porque a ella misma le corresponde investigar las actuaciones de sus funcionarios y de su exdirector, convirtiéndose en juez y parte; y dependiendo de si las investigaciones que haga sean objetivas, o no.  Y la pregunta obligada es: ¿Es la PDH parte de una vasta conspiración contra la Cicig?

La picota, por cierto, era una columna en la que -según Las Partidas, de Alfonso X, el Sabio- se exponía a los criminales para su deshonra.


10
Ago 10

PDH en defensa de los derechos de los tributarios

Muy atinadamente, y en legítima defensa de los tributarios, el procurador de los Derechos Humanos, Sergio Morales, presentó un recurso de amparo contra la Superintendencia de Administración Tributaria, debido a la amenaza que hiciera de suspender el Número de Identificación Tributaria de aquellas personas que no hubieran pagado el Impuesto de Circulación de Vehículos.

Morales argumenta, y con razón, que la medida es arbitraria y abusiva, debido a que no hay legislación alguna que faculte a la SAT para amenazar a los tributarios con la inhabilitación de su NIT.

Seguramente, a muchos funcionarios parece olvidárseles que a ellos, en sus funciones públicas, sólo les está permitido hacer, aquello que la ley los faculta expresamente para hacer.


La noticia está aquí.


04
Mar 10

La Corte de Constitucionalidad y la cordura

La Corte de Constitucionalidad ordenó que se restablezca el cobro al ajuste de la tarifa eléctrica. Ayer, la CC dejó sin efecto el amparo provisional del Juzgado Noveno de Instancia Civil otorgado al procurador de los Derechos Humanos, Sergio Morales, quien considera que el ajuste tarifario para el trimestre de febrero, marzo y abril no se justifica. Con esa resolución vuelve la cordura.

Casi no ha habido Procurador de los DD.HH. que no saque de su chistera el viejo truco demagógico de hacer de las tarifas eléctricas una materia de su incumbencia. Esto, a pesar de que existe jurisprudencia internacional en el sentido de que no lo son; y a pesar de que ya para estas alturas de la historia deberían ser evidentes los daños que causa aquella práctica.

En Guatemala, desde hace años que no se hacen inversiones importantes para elevar la oferta de energía eléctrica; y como afortunadamente ha crecido la demanda -porque hay más industrias y comercios, y porque cada vez hay más gente que mejora su calidad de vida- lo que sí ha crecido es la necesidad de energía. Pronto llegará el día en que la energía que hay no se de abasto y, entonces, como a principios de los años 90, tendremos apagones de 4 y 6 horas. ¿Recuerda, usted, aquello? La gente y muchas empresas tenían que comprar plantitas generadoras que eran carísimas y consumían gasolina y diesel innecesariamente. En esas condiciones, hubo que hacer contratos onerosos y de emergencia, para satisfacer la demanda de electricidad.

La demanda de energía está creciendo y no se han hecho ni se hacen las inversiones necesarias para que aumente la demanda. Y encima, a los inversionistas se les manda el mensaje de que el país es hostil…vamos en camino seguro a una nueva y costosísima etapa de apagones.


10
Sep 09

La CICIG y el caso Monterroso


16
Jun 09

Una prueba para la CICIG

La Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, se presentó en el Juzgado Undécimo de Instancia Penal para solicitar ser querellante adhesivo en la investigación que se sigue por el secuestro de la abogada Gladys Monterroso, esposa del procurador de los Derechos Humanos, Sergio Morales.


El caso es una prueba importante para la CICIG porque individuos y organizaciones afines a aquella procuraduría han sido los principales promotores de la Comisión. Ahora que hasta algunos de los que dudamos de su valor en el largo plazo, vemos en la comisión un instrumento útil para resolver problemas apremiantes, la CICIG puede demostrar su compromiso con la búsqueda de la justicia y de la verdad en un caso que notorio que involucra a algunos de sus amigos y patrocinadores.


Montarroso fue detenida en un sector de la zona 9 en marzo pasado; y doce horas después fue abandonada en la zona 18.