El acuerdo ministerial 40-2021 exime de responsabilidad a los fabricantes de la vacuna contra el covid-19 que los políticos y burócratas les compren; y si hubiera reacciones adversas, tú pagas el tratamiento de los afectados.
Los fabricantes de las vacunas contra el covid-19, que hayan sido adquiridas y suministradas desde el poder, por políticos y burócratas, sólo podrán ser responsables por acciones u omisiones dolosas, o gravemente culposas, por incumplimiento de sus buenas prácticas de manufactura o de cualquiera otra obligación que le haya sido impuesta en el proceso de registro y aprobación de las vacunas. Las empresas fabricantes gozarán de inmunidad de juicio con la única excepción que la muerte de la víctima o una reacción adversa física grave pueda demostrarse con pruebas admisibles que sea el resultado de una mala conducta intencional de la empresa farmacéutica. Así se traduce el artículo 2 de acuerdo ministerial, que exime de responsabilidad y de de compensaciones por reacciones adversas serias atribuibles a las vacunas contra el covid-19. El acuerdo mismo está firmado por la titular de la cartera y por su viceministra.
¿Viste? ¡Pipoldermos y empresaurios usan un acuerdo ministerial para pretender la modificación del Código civil que es un decreto legislativo! Es decir, usan una legislación de menor rango para pretender la modificación de una ley de mayor rango. ¡Usan el derecho administrativo para modificar acuerdos propios del derecho de los contratos! Es malo, muy malo el precedente de que un burócrata se atribuya la facultad de eximir de responsabilidad a un fabricante, o a cualquiera, sin la intervención de un juez imparcial y sin que medie el debido proceso.
¡Por suerte, que no hace obligatoria la vacunación! …pero eso sí, si decides usar las vacunas que pongan a disposición los políticos y burócratas, tendrás que firmar un consentimiento que diga que lo hiciste voluntariamente y que leíste acerca de los beneficios y riesgos. De aquellas formas, los autores del acuerdo ministerial buscan que no haya responsabilidades políticas para sus decisiones políticas; ni consecuencias para los que les venda las vacunas.
Son políticos, burócratas y empresaurios cubriéndose con la misma chamarra; eso se explica más claro por el considerando que dice: que, para garantizar el acceso universal y oportuno de las vacunas contra el COVID-19, los fabricantes de dichas vacunas han establecido como condición, tanto en su participación en el mecanismo COVAX, del cual forma parte Guatemala, así como en cualquier contrato de adquisición y distribución directa, emitir los instrumentos legales necesarios que regulen la excepción de responsabilidad, derivada de las reacciones adversas serias atribuibles a las mismas.
La alianza de empresaurios con el mecanismo COVAX (de la ONU, ¡Sorpresa!) y los pipoldermos locales llega al extremo de que el estado de Guatemala -o sea los tributarios- se hace responsable de las reacciones adversas a la vacuna; y de que, en el caso de que las haya se determinará un sistema de compensación por medio de la atención de la persona afectada, según sea la necesidad, en la red estatal de servicios de salud….o sea…a cargo de los tributarios. El acuerdo ministerial exime de responsabilidad a los fabricantes de la vacuna que los políticos y burócratas les compren; y si hubiera contratiempos, tu pagas el tratamiento de los afectados. Me muero por saber a quién le van a comprar las vacunas. ¿Tu no?
La redacción del acuerdo da a entrever que habrá vacunas disponibles que no sean adquiridas y suministradas por el gobierno, o sea, por políticos y burócratas. Esto es importante, porque no hay tal cosa como la vacuna; sino varias vacunas, y porque no es lo mismo Chana, que Juana.
