Sammy Morales, hermano del presidente de la República, Jimmy Morales, fue capturado por su presunta participación en el caso conocido como Botín en el Registro de la propiedad; por ese mismo caso hay una orden de captura contra José Manuel Morales, hijo del mandatario.
¡Es extraordinario que la familia de un Presidente en funciones sea conducida a los tribunales! Desde una perspectiva importante, lo que ha ocurrido hoy es ejemplar y ojalá sea un paso más hacia la fundación de un estado de derecho en Guatemala. ¿Quién iba a decir que cosas así serían posibles?
¿Cuál es el caso en el que están presuntamente involucrados los Morales? La compra fingida de unos desayunos -que nunca fueron servidos- para el Registro de la propiedad, a un restaurante vinculado a un amigo de la familia presidencial. El monto del negocio, o de los negocios esos, fue de casi Q200, 000. Pecatta minuta, diría alguien por ahí, comparada con los saqueos millonarios en el Transurbano, en el mismo Registro y en casi toda la administración pública durante las administraciones de Los Colom y de Pérez/Baldetti. ¿Por qué me refiero sólo a esas dos administraciones, si seguramente hubo corrupción en las anteriores? Porque en estas dos últimas ha estado vigente el mandato de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (aunque sólo desde la última ha estado activa contra la corrupción). Pecatta minuta, o no, lo cierto es que sería fabuloso que ni la familia presidencial estuviera por encima de la ley. Este es un mensaje y una lección importante no sólo para los guatemaltecos, sino para muchas otras sociedades en las que el estatismo ha sido el caldo de cultivo para la corrupción.
Hay un caveat, sin embargo. Hay grupos sociales y políticos que nunca se resignaron a perder las elecciones y al hecho de que los electores guatemaltecos rechazaron a sus candidatos. Algunos de esos grupos son sólo oportunistas; pero un componente clave en aquella coalición informal es el de los colectivos vinculados con la exguerrilla, con la dirigencia popular que bloquea calles y carreteras y quema maquinarias y equipos industriales, con los que siembran las semillas del conflicto, con los que siembran otras semillas peligrosas para la república y el orden constitucional.
Para el observador agudo, está claro que desde el día 1 de su mandato, el presidente Jimmy Morales ha sido blanco de una variedad de intentos de deslegitimación. El no ayuda por su inexperiencia y por su carácter; pero ciertemente que no le ayudan los negocios de sus parientes.
Los ciudadanos y los mandantes chapines nos enfrentamos ahora a otro momento fascinante en nuestra historia cívica. Por un lado cabe celebrar que se impongan el estado de derecho y la ley hasta lo más alto de la pirámide del poder político, e incluso a la familia presidencial; y, por otro lado, tenemos la responsabilidad de no dejar que las circunstancias sean aprovechadas para que grupos de ningún lado del espectro político impongan sus agendas y consigan objetivos que los electores han rechazado en sucesivas ocasiones. En persecución de la justicia, el reto es conseguir las dos cosas.
Actualización: José Manuel Morales se entregó poco después de esta publicación.
La foto es de ElPeriódico.
