Como la jueza de Mayor Riesgo D no cumplió con lo ordenado por la Sala Tercera de Apelaciones de lo penal, en el sentido de que anulara la resolución con la cual Igor Bitkov fue enviado a nuevo juicio, aquella Sala -que actúa como tribunal constitucional- le fijó un plazo de 24 horas a la jueza Ericka Aifán para que emita una nueva resolución que debería beneficiar no sólo a Igor, sino a su esposa Irina, y a su hija Anastasia.
La Sala amparó a los Bitkov que pedían no ser sometidos a un proceso penal porque son migrantes y sujetos del Protocolo de Palermo; y tanto ese instrumento, como las leyes nacionales benefician a los migrantes para no ser señalados por delitos referentes a su ingreso y paso por territorios distintos a los de sus orígenes. ¡El caso debe ser sobreseído!
La Sala tercera también le ordenó al Ministerio Público que investigue al a jueza Aifán por incumplimiento y desobediencia al no haber cumplido una resolución emitida por aquel tribunal. Y la cosa no queda ahí, también le impuso una multa de Q1000 a la jueza.
Es cierto que la multa es casi una nadería, comparada con el daño que les ha causado no sólo a los Bitkov, como personas, y al daño que le ha causado al estado de derecho al desobedecer la resolución de un tribunal constitucional; pero casi simbólica y todo, la multa y la investigación, así como la proteccción de los derechos de los Bitkov, son actos de justicia notables.
La resolución de la Sala tercera -constituida en tribunal constitucional- fue emitida justo antes de que Iván Velásquez, jefe de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (que ha estado íntimamente ligada a la persecusión del los Bitkov, de la mano del banco estatal ruso VTB), viaja a Washington D.C. para tratar de rescatar aquella comisión luego de que, en la Comisión Helsinki, su credibilidad ha sido puesta en serias dudas.
Velásquez ha conseguido una audiencia privada con la Comisión Helsinki, luego de no haber aceptado un escrutínio público como cualquiera otro. ¿Qué ocultan Velásquez, la CICIG y la ONU?
Una de las mayores objeciones contra la forma en que opera la CICIG es que lo hace a la sombra, a espaldas de los tributarios y de los electores, sin responder dentro de un sistema republicano de pesos y contrapesos. Que tiene el poder de aconsejar al Ministerio Público sobre qué causas penales iniciar, cómo iniciarlas y contra quiénes iniciarlas. Tal poder formidable -porque el poder tiende a corromper y el poder absoluto corrompe absolutamente- no debería ser ejercido en secreto; ni en Guatemala, ni en Washington D.C.
Actualización: La jueza Aifán le está dando largas al asunto y presentó un recurso de ampliación y aclaración. ¿Qué poderes la protegen, que siente que puede jugarle la vuelta a un tribunal superior?
Ilustración por Deval Kulshrestha, CC BY-SA 4.0, Wikimedia Commons.
