Mark Twain lo puso claro y la regla general es que ni la vida, ni la libertad, ni la propiedad de ningún hombre está a salvo cuando la legislatura está reunida. Esto es porque —en una democracia— los diputados pueden legislar incluso contra los derechos individuales porque manda la mayoría. Eso no ocurre en una república, cuyo objetivo es, ¡precisamente!, proteger aquellos derechos.
Esta legislatura confirmó la regla de Twain cuando 91 diputados votaron a favor de retirar la derogatoria del impuesto sobre herencias. Esa derogatoria hubiera beneficiado a muchísimas personas que reciben herencia y no tienen cómo pagar el tributo injusto.
El robo de fluidos es un delito cometido por el crímen organizado. La ilustración es de Imagine.
A modo de una de cal y otra de arena, el Congreso aprobó mecanismos para cumplir con un plazo para las devoluciones del impuesto sobre los rendimientos del capital (conocido como ISR), el IVA y otros tributos. También es positivo que la legislatura haya impedido que el sector privado organizado fuera expulsado de la Ley de Alianzas para el Desarrollo de Infraestructura Económica. Iniciativa que, en realidad, no era para eliminar el mercantilismo, sino para redistribuirlo entre la clientela de los ponentes.
Es notable la reforma a la Ley contra la Delincuencia Organizada que añadió como punibles —en aquel contexto delincuencial— el hurto de fluidos, robo de fluidos y el atentado contra la seguridad de los servicios de utilidad pública; y también la violación, las actividades sexuales remuneradas con menores de edad, el femicidio y el reclutamiento ilícito de menores.
En Guatemala el hurto y robo de energía eléctrica, agua, telecomunicaciones y otros servicios dejaron de ser vistos como simples colgadas y pasaron a ser tratados como delitos graves de crimen organizado cuando se cometen de forma estructurada, porque generan ganancias millonarias, corrompen instituciones y afectan la seguridad nacional energética.
Las organizaciones involucradas tienen líderes, técnicos que hacen las conexiones, vigilantes y distribuidores de ganancias. Los hurtos y robos de fluidos no son aislados, sino que operan en regiones enteras durante años. Solo a la EEGSA y a Energuate les generan pérdidas anuales de millones de dólares. Generan corrupción sistémica porque muchas veces cuentan con protección de policías, empleados municipales, o de las propias empresas afectadas. Las colgadas hacen colapsar la red eléctrica, provocan apagones masivos y afectan hospitales, industrias y la seguridad ciudadana. Además, se amenaza a los vecinos que se niegan a conectarse ilegalmente.
La violación, las actividades sexuales remuneradas con menores, el femicidio y el reclutamiento ilícito de niños son actos de crimen organizado cuando los cometen grupos estructurados de tres, o más personas que actúan concertadamente con propósitos de comisión reiterada.
Así ocurre con la violación cuando forma parte de un esquema de explotación sexual organizada como redes de trata. El proxenetismo con menores casi siempre lo cometen redes estructuradas de madames, reclutadores, transportistas, vigilantes y lavadores. El femicidio cuando lo ejecuta una estructura criminal como maras, narcos, redes de trata, o sicarios. El reclutamiento ilícito de menores, que es el delito más típico de maras y narcotráfico, que reclutan, amenazan, o seducen a menores para convertirlos en sicarios, vigilantes, extorsionadores, o mulas.
Esta legislatura prefirió mantener un impuesto confiscatorio a las herencias antes que defender la propiedad privada; pero al menos facilitó las devoluciones de impuestos y trata como lo que son los grandes robos de energía y los crímenes más brutales de la delincuencia organizada. Eso sí…no crean que con eso justifican los Q 66K de tributos que, sin pudor alguno, se embolsan cada mes. Todavía tienen que devolver el aumento injustificado.
Columna publicada en República.
