El Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras pidió la renuncia de la vicepresidenta Roxana Baldetti como consecuencia de la escanadalosa exposición de la red de corrupción en la Superintendencia de Administración Tributaria, conocida como La línea. La cúpula empresarial también le pidió al Presidente, Otto Pérez Molina, que asuma su responsabilidad.
La parte de pedir la renuncia de la Vicepresidenta es valiosa; pero más valioso aún, es que el CACIF le pide a la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala que profundice en los alcances de La línea. La cúpula empresarial es uno de los grupos de interés que más entusiastas se mostraron frente a la posibilidad de que fuera extendido el mandato de la CICIG. Para la Comisión, el hecho de que el Comité le pida que exponga todos los alcances de La línea debería ser muy comprometedor. La Comisión debería sentirse comprometida a aportar, exponer y presentar toda evidencia que tenga guardada y que apunte a explicarles a los tributarios y electores guatemaltecos quiénes estaban involucrados en aquella estructura de defraudación a todo nivel.
Para limpiar el nombre de las víctimas de la estructura de defraudación (y de chantaje) conocida como La línea, el CACIF no tiene excusa para no exigirle a su patrocinada -la CICIG- que cumpla con su mandato y ponga a disposición de la administración de justicia a los chantajistas de todos los niveles.
Cuando cayó la dictadura de Manuel Estrada Cabrera, los unionistas tenían presos, en el Colegio de Infantes, a muchos partidarios del Presidente depuestos. Al grito de ¡Otro toro! la plebe pedía que los soltaran a la calle para lincharlos cuando corrían entre aquel centro estudiantil y la Catedral en donde obtenían asilo. Al grito de ¡Otro toro! muchos fueron linchados. En todo este asunto, vamos a ver cuántos toros son sacrificados antes de que la CICIG presente todas las evidencias que tiene.
