Para la perpetuación de la miseria en Guatemala, el legado de la Revolución del 44 sigue siendo la plataforma de la izquierda y de los populistas chapines.
Aquel proceso está asociado a calamidades como la reforma agraria (una cruzada contra el derecho a la propiedad), el Código de Trabajo (y a la muerte del derecho de trabajo), la educación pública (y la negación del derecho de los padres a elegir la educación para sus hijos), y la seguridad social (o sea al monopolio y el empobrecimiento de las clases pasivas).
Una tarea permanente de las izquierdas, y de los populistas, ha sido la recuperación de aquella plataforma nefasta. De ahí la guerra, con sus asesinatos, secuestros y extorsiones, llevada a cabo por las guerrillas marxistas leninistas durante 36 años. La firma de los Acuerdos de Paz pretendió detener aquella historia de terror; pero como los acuerdos eran ilegítimos y las izquierdas no alcanzan sus objetivos de poder, la paz sigue postergada.
La criminalidad, la impunidad, los abusos, el racismo y la pobreza de millones de personas siguen caracterizando la polarizada realidad nacional. El Estado, colapsado y totalmente carente de autoridad moral, ha sido engordado por redes de corrupción y de grupos de interés. Las formas de opresión clasistas y etnicistas se han convertido en relaciones de muerte.
Las elites dominantes y sus socios, los exguerrilleros, persisten en usurpar el Estado para preservar sus privilegios. No están dispuestos a perder el control del gobierno y vuelven a abusar de su poder con el continuismo de políticas que concentran la inversión pública para sus proyectos, abusan de la ingenuidad de los tributarios, saquean los recursos naturales y violan los derechos individuales y la igualdad de todos ante la ley.
La soberanía agoniza frente a procónsules europeos, norteamericanos, sudamericanos y de organizaciones internacionales que favorecen sus intereses y los de su clientela local.
Un régimen que basa su funcionalidad en la impunidad y en la ignorancia pretende sellar en piedra un modelo socialista que profundiza los mismos problemas estructurales. La juventud, la población migrante y la mayoría de familias sienten como nunca el impacto de aquel sistema que cierra los caminos para vivir en paz. Hoy se desbordan el crimen organizado y la inseguridad ciudadana. El Estado es cebado por alianzas mafiosas que ejercen control sobre áreas extensas del territorio nacional.
Guatemala necesita un cambio de dirección. Nuestra nación reclama con urgencia una reforma profunda del Estado con la participación cívica de todos los individuos que respetan la vida y la libertad. Guatemala exige acción de parte suya, lector, para detener aquel sistema perverso de poder.
Es el momento de convocar a una alianza que se base en una propuesta coherente, en la que quepan todos menos aquellos que hayan sido parte de actos terroristas y violatorios de los derechos individuales, o violatorios de la igualdad de todos ante la ley; así como de hechos de corrupción pública y privada, del crimen organizado, del narcotráfico y de la guerrilla.
Es el momento de llamar a todas las personas, sin distingo de clase, etnia, género, religión, edad, ocupación, o preferencia deportiva, para formar un frente cívico social para la reforma del Estado. Uno que no se deje engañar por los cantos de sirena de los multiplicadores de privilegios y de los generadores de enfrentamientos.
En el mes de la patria y de mi cumpleaños, esta columna está dedicada a los guatemaltecos buenos; en especial a los que, de buena fe, firmaron el campo pagado titulado Otra Guatemala es posible, suscrito el 10 de septiembre pasado. ¡Animo!
