propiedad

Confiscación o robo de depósitos bancarios

Cuando una banda de ladrones entra armada con fusiles a una agencia bancaria y se lleva el dinero de los depositantes es robo. Robo, sin duda. Y cuando un grupo de asaltantes se lleva el dinero de los depositantes, armado con una ley, también es robo. Robo, sin duda.

Ayer, sin que más de un puñado de ciudadanos le pusiéramos atención al asunto, entró en vigencia la confiscación de los depósitos de las cuentas de depósitos monetarios y de ahorro, en moneda nacional, con saldos menores a Q1,000.00 y las cuentas de depósitos monetarios y de ahorro en moneda extranjera, con saldos menores a US$125.00, que durante un período de 10 años permanezcan inactivas, con algunas excepciones. El instrumento utilizado para esta confiscación es el Decreto 26-2012 del Congreso, que reformó la Ley de Bancos y Grupos Financieros (Decreto # 19-202 del Congreso) y la Ley Orgánica del Banco de Guatemala (Decreto # 16-2002 del Congreso).

Este acto de expoliación legal es una afrenta contra el derecho de propiedad -que es impresctiptible por naturaleza- y se suma a la ominosa ley de extinción de dominio. Ambos Caballos de Troya minan el derecho de propiedad con la complicidad de grupos de interés empresariales.

La excusa es que el manejo de las cuentas inactivas tiene un costo; pero en estos tiempos de computadoras y bases de datos, ¿cuántos centavos al año puede costar una cuenta inactiva? Sin embargo, sospecho que hubo quienes se dieron cuenta de que el el Fondo de Protección del Ahorro no alcanza; y encontraron que unos millones más serían de utilidad. De esa cuenta tomaron la decisión de acudir a la influencia y al poder político para conseguir, de los pipoldermos, una ley que los facultara a echar mano del dinero de otros.

El punto importante, sin embargo, no es el monto de lo que será confiscado (Q15.2 millones); sino la perversa idea de que se puede tomar propiedad ajena por medio de un decreto legislativo, sin indemnizar y sin respetar no sólo el derecho de propiedad, sino los procedimientos sucesorios del Código Civil, o los contratos, además de la Constitución, según la cual la propiedad privada solo puede ser expropiada por razones de utilidad colectiva, beneficio social, o interés público, debidamente comprobados, de acuerdo con los procedimientos legales. El bien afectado debe ser justipreciado por expertos tomando como base su valor actual; y la indemnización debe ser previa y en moneda efectiva de curso legal, a menos que, con el interesado se convenga en otra forma de compensación. La Constitución prohíbe expresamente la confiscación de bienes y obliga al Estado a proteger el ahorro.

Hoy lo que se confisca son las propiedades de supuestos narcotraficantes y los ahorros inactivos de unas pocas personas. Es la típica situación en la que los principios no le importan a casi nadie porque las acciones violatorias de los principios no afectan los intereses de muchos…ni afectan los intereses propios. Y si los afectan, son de tan poco monto que no vale la pena molestarse. Empero…una vez haya suficientes precedentes de confiscación de la propiedad, o de invalidación de la misma (como en el caso de la suspensión de inscripciones registrales en Izabal) ¿qué impedirá que se generalicen las confiscaciones, expropiaciones, expoliaciones y demás formas de despojo?

Lo que acaba de ocurrir con el decreto que permite la confiscación de los ahorros inactivos -en connivencia con grupos de interés empresariales- es una prueba mas de que cuando el Congreso está reunido, la vida, la propiedad y la libertad de la gente están en peligro, como dijo Mark Twain.

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14
Feb 13

¿Inversiónes sin estado de derecho y sin certeza jurídica?

Como en un episodio de Fantasías animadas de ayer y hoy, el presidente Otto Pérez Molina dijo que vamos a encontrar los caminos para tener la cooperación, y atender las necesidades de los empresarios, empresas y comercio que tenemos con EE. UU., para que encuentren un ambiente cada vez más adecuado para seguir con los negocios. El Mandatario anda en España ofreciéndoles a los inversionistas un negocio de 10,000 millones de dólares. Pérez está trabajando en un foro para atraer inversiones.

Todo aquel alboroto fantástico contrasta con la realidad que tienen que enfrentar las inversiones en Guatemala en cuanto a ausencia de estado de derecho, ausencia de certeza jurídica y ausencia de protección para la propiedad; y para muestra, lo que sigue:

En agosto de 2012, el abogado Sergio Beltetón interpuso un Amparo -en representación de varias comunidades indígenas- ante una sala judicial, contra del Registro General de la Propiedad por haber inscrito varias fincas antiguas, en 1925, sobre las cuales estas comunidades reclaman derechos ancestrales.

Intentos como estos no son algo nuevo; pero, sorprendentemente, los resultados sí. La Cámara de Amparos, amparó provisionalmente a los interponentes; y resolvió ordenarle al Registro que suspenda las inscripciones registrales de las propiedades descritas en la solicitud de Amparo (que son varias fincas, propiedad privada, en Izabal).

Que una sala judicial resuelva de esta manera es improcedente e ilegal, por lo que la Cámara del Agro está analizando acciones legales para defender la propiedad y garantizar que esta orden anómala no siente un precedente y no quede en firme, ya que ello socavaría la certeza jurídica del derecho de propiedad privada y la de la seguridad registral en Guatemala; todo ello en violación de la Constitución, en perjuicio del Estado de Derecho, y eliminando toda la normativa ordinaria en el tema de propiedad, acabando con la certeza jurídica, que es uno de los pilares de la inversión y del empleo en el país.

El Presidente anda por ahí ofreciéndoles el oro y el moro a inversionistas extranjeros; pero lo cierto es que sin certeza jurídica, sin estado de derecho, sin protección a la propiedad, cualquier inversionista con dos dedos de frente haría bien en pensar dos veces si valdrá la pena tomar en serio a Pérez Molina. Y si alguien tiene dudas, que les pregunte a las mineras, a las generadoras de energía eléctrica y a otras inversiones y emprendimientos que constantemente son víctimas de chantajes y hasta de violencia.

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29
Ene 13

El tupé de la dirigencia católica

Para ser dirigentes de una organización que tiene riquezas inmensas, y que goza del privilegio de no pagar impuestos, la dirigencia católica tiene tupé cuando publica algo como el manifiesto difundido durante la semana pasada.

Publicación, por cierto, con la que contribuyeron todos aquellos finqueros, mineros, industriales, comerciantes, banqueros, y otras personas productivas que sostienen con sus limosnas y donaciones a la organización que los ataca, que perjudica sus derechos y que los tiene moralmente de menos.

Yo sentiría algún respeto por las propuestas de la Conferencia Episcopal si entre ellas incluyeran algo así como que n ningún caso el Congreso emitirá ley o decretos arbitrarios o discriminatorios, en los que explícita o implícitamente se concedan prerrogativas, privilegios o beneficios que no puedan disfrutar todas las personas que tengan la oportunidad de hacerlo.

Sentiría algún respeto por las propuestas de los obispos si estos renunciaran a su privilegio de no pagar impuestos; o sí, mejor aún, denunciaran a estos como el robo que son y -como pastores- protegieran a su rebaño (nunca mejor dicho) contra el saqueo, la expoliación y el engaño que sufren a manos de los pipoldermos.

Sentiría algún respeto por los dirigentes de la iglesia católica si no aceptaran las limosnas y las donaciones de aquellos a quienes atacan cuando promueven la reforma agraria y cuando conspiran para impedir el desarrollo industrial y comercial. Han conseguido la sanción de sus víctimas; pero no está de más ponerlos en evidencia.

guerrilla / Otto Pérez Molina / propiedad — 2 Comments
30
Nov 12

Meditaciones sobre la ley de subdesarrollo rural

La mal llamada ley de desarrollo rural integral es la consecuencia de 36 años de lucha armada y 16 años más de perseverante y talentosa lucha política. Por eso es tan importante para la exguerrilla y para sus satélites dentro y afuera de la administración de Otto Pérez Molina. Es la concreción de la reforma agraria, del separatismo indigenista y de otros ideales de la lucha guerrillera; ideales no conseguidos luego de miles de muertos; pero relativamente fáciles de alcanzar con paciencia y con la complicidad de políticos y dirigentes oportunistas e inconsistentes.

El artículo 8 crea tratos preferenciales, proteccionismo o privilegios para sectores y regiones en el contexto del comercio. En vez de eliminiar los privilegios, que tanto daño hacen en la sociedad, la normativa los multiplica e institucionaliza.

El artículo 10 de la propuesta es clarísimo al encargarles a los pipoldermos la reforma y democratización de la estructura de la tenencia y el uso de la tierra…desincentivando su concentración. A esto, en mi pueblo, se le llama reforma agraria. Traducido al idioma de los mortales, aquel texto quiere decir que los políticos y funcionarios -no el mercado, ni los actores económicos- decidirán por medio del uso de la fuerza y de la ley, quién puede tener tierra y quién no. Ese mismo artículo les otorga a los pipodermos la facultad de decidir qué se puede cultivar y qué no; y en dónde. Lo tuyo ya no será tuyo, porque otros te dirán si puedes conservarlo, y otros te dirán qué puedes hacer con ello. El artículo acaba con el derecho de propiedad y lo somete no sólo a la arbitrariedad de los políticos y sus funcionarios, sino a la voluntad de la mayoría (que es lo mismo que decir a la voluntad de quien diga representarla).

El artículo 15 habla de promover y garantizar la participación de la población rural en los procesos y espacios de toma de decisiones en los diferentes niveles (local, municipal, departamental y regional). Esta previsión presenta varios problemas, pero he aquí dos: el primero es que desnaturaliza el concepto de ciudadano, que es individual, y lo colectiviza integrándolo en dos grandes grupos difíciles de definir y por lo tanto expuestos a la arbitrariedad: población rural, y población urbana. El segundo es que crea dos clases de personas, unos son los habitantes de las áreas rurales que tendrán el privilegio de influir directamente en las decisiones que los afecten; y otros son los habitantes de las áreas urbanas que tendrán que aguantarse con lo que les receten los pipoldermos y los grupos de interés que influyan en ellos.

De ahí la importancia de lo que advierte el columnista Estuardo Zapeta con respecto a el uso como sinónimos de las palabras indígena y campesino; y el uso del concepto de territorio. El reconocimiento legal de grupos de guatemaltecos específicos, con privilegios en territorios definidos y separados del resto de guatemaltecos que no goza de aquellos privilegios ni tiene territorios para sí (qua grupo), es uno de los objetivos que la exguerrilla perseguía durante el enfrentamiento que protagonizó durante 36 años, y nunca consiguió. Los territorios liberados se les fueron de las manos; pero ahora podrían conseguirlos si logran que la Iniciativa 4084 sea aprobada por el Congreso.

Si esta es una iniciativa salida en el seno de la exguerrilla y sus organizaciones satélites, introducida durante la administración de Alvaro Colom (excandidato presidencial de la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca), ¿por qué es que la administración de Otto Pérez Molina, general del Ejército, la promueve con tanto entusiasmo?

Yo iba a decir que es porque a Pérez Molina la exguerrilla le tiene la cola machucada; pero Cándido, dejó abajo su tortilla con requesón y frijoles volteados para decirme: ¿Qué tal si Pérez es uno de ellos? El les firmó los acuerdos de paz que le tendieron un puente de plata a la exguerrilla y le permitieron una salida elegante de un enfrentamiento que ellos habían perdido militarmente. Aquellos pactos de apaciguamiento le safaron la alfombra al Ejército para que luego, Oscar Berger terminara de debilitarlo y desarticularlo. Otto Pérez está rodeado de importantes asesores que fueron miembros de la guerrilla, o que tuvieron contactos estrechos con ella. Subió impuestos como lo haría cualquier socialista, promovió una reforma constitucional a la medida de sus asesores socialistas, recién ha estado promoviendo una reforma agraria como lo harían los socialistas. A mí no me extraña que un general sea socialista, socialdemócrata, socialcristiano, o nacionalsocialista, y no me extraña que un general simpatice con el socialismo que promovían los guerrilleros. ¿A “usté” sí?

Y yo mejor no dije nada. Mordí mi champurrada con frijoles y seguí desayunando.

ley / Libertad / Liberty Fund / propiedad / UFM — 1 Comment
21
Sep 12

En coloquio sobre la obra de John Locke

La ley, la libertad, la propiedad y la resistencia en las obras de John Locke es el título del coloquio en el que estoy participando.

Los temas a discutir, con 14 personajes de 8 nacionalidades distintas, son: La ley de la naturaleza, su existencia y nuestro conocimiento de esa ley; la ley de la naturaleza y su relación con el derecho, la moral, el interés y la felicidad; el estado natural y los derechos naturales. Prevenciones, propiedades, prosperidad y pobreza; la formación y el propósito de la sociedad política y el gobierno; y conquista, usurpación, tiranía y resistencia.

Para las discusiones leímos partes de Political Essays; y de Two Treatisies of Government, ambos por John Locke.

El coloquio forma parte de la serie Exploraciones sobre la libertad, organizada por la Universidad Francisco Marroquín y el Liberty Fund, gracias a la generosidad de Pierre F. Goodrich.

La foto es desde mi balcón.

Centro Histórico / derechos / propiedad / sexta avenida — 3 Comments
18
Jul 12

El caso del Fu Lu Sho

Mi cuata, Claudia, solía presentarme así: Luis Figueroa, que fue cocinero del Fu Lu Sho. A mí me cae en gracia la broma y cuando la hago de mesero, cocinero, o cantinero, digo: Es que fui mesero (cocinero, o cantinero) del Fu Lu Sho.

Hace años, para que no se diga que me morí sin ir a dicho restaurante chino ubicado en el Centro Histórico de la ciudad de Guatemala, fui a cenar ahí. Me comí una hamburguesa y un milk shake de vainilla; y lo puse en mi currículo. Para que tuviera verdadero valor cultural fuí antes de que fuera remozada la Sexta Avenida y los otros comensales eran prostitutas y taxistas, principalmente.

Todo esto viene al caso porque el inmueble que ocupa aquel negocio -que existe desde 1956- cambió de dueños; y con el remozamiento de la Sexta Avenida, muchos propietarios -inlcuidos los del edificio en el que esá el restaurante- han subido los alquileres de sus locales. Esto, claro, incomoda a los inquilinos. Y algunos inquilinos creen que tienen algún tipo de derecho al alquiler bajo, o algo parecido. Los dueños del Fu Lu Sho han acudido al público para evitar que les suban el alquiler. Y algunos miembros del público los apoyan.

Ejemplo de ello es una carta en la que el lector dice que se debe congelar la renta que el propietario anterior estableció, y que este debería indemnizar a los dueños del Fu Lu Sho por todo el tiempo que estuvieron en ese local.

La mara no le atina; pero menos mal que de cuando en cuando la luz de la razón alumbra por ahí. Este es el caso de la columna La controversia del Fu Lu Sho, por mi amiga, Dina Fernández. En el caso del Fu Lu Sho, se vale lanzar una letanía por la posible pérdida de un restaurante con personalidad e historia. Pero en vez de llorar, sería mucho más útil para los propietarios una asesoría diseñada para incrementar ingresos o una campaña en redes sociales para llevarles clientes. Hay que evitar, sobre todo, caer en la tentación de proponer que a los lugares antiguos se les proteja por la cantidad de años que llevan operando. Esas medidas bien intencionadas generan incentivos perversos que consiguen exactamente lo opuesto de sus propósitos. Ni qué decir de la gente que aconseja a los dueños del Fu Lu Sho que se atrincheren en el local y se conviertan en invasores. Eso raya en lo delictivo, pues los propietarios del edificio tienen todo el derecho de recuperar su inversión, dice la columnista.

Este es un caso en el que un interés, el de los dueños de un negocio, entra en conflicto con un derecho, que es el del propietario del inmueble que ocupa aquel negocio. Como los derechos son principios morales que permiten la cooparación social pacífica, los derechos deben prevalecer sobre los intereses para que la sociedad sea sana y viable.

Y alguien dirá que, entonces, ¿qué ocurre con el derecho de los dueños del restaurante a tener su negocio? Pues no hay problema. El derecho de unos a tener un restauante no es violado por el derecho de otros a pedir determinado alquiler por el local que ocupa aquel restaurante. El alquiler le da al inquilino la facultad de ocupar un espacio del que no es propietario; y priva al propietario de la facultad de usar ese espacio para otras cosas. Pero el cambio de las condiciones del alquiler no priva al inquilino -en este caso el dueño del Fu Lu Sho- del derecho a tener su restaurante…en otra parte.

Nadie tiene derecho a ocupar una propiedad ajena, sin llegar a un acuerdo pacífico y voluntario con el propietario. No se vale usar la coerción, ni los privilegios, para obligar a alguien a darle algo a uno contra su voluntad, o en condiciones que de otra forma no aceptaría. Eso es usar la violencia para conseguir los propios fines.

No olvides que la característica inequívoca de un derecho es la de que para su ejercicio no necestitas violar los derechos de otros. Esto es porque mi derecho a levantar la mano termina donde comienza la nariz de mi vecino.

Ta vez sea una lástima que desaparezca el Fu Lu Sho. No se. Nunca volví a comer ahí. Pero sería más lastimoso aún que desaparezcan los derechos, en favor de los intereses.

El Periódico / minería / neoliberalismo / pobreza / propiedad — 1 Comment
14
Oct 11

¿Y si tuviéramos qué celebrar?

Mientras que los anacrónicos celebraban el Día de la Raza, unos celebraban el de la hispanidad y otros el de la resistencia étnica. Y, ¿cuál era el eje de los que festejaban la tercera conmemoración? La consabida caminata que estorba el tránsito en la ciudad de Guatemala y las cantaletas de siempre: No al neoliberalismo y no a la explotación minera, entre otras.

Cantaletas y todo, comparto dos de aquellas con la dirigencia indígena. Como libertario, comparto sus objeciones contra el neoliberalismo. Un neoliberal favorece los tratados de comercio como el DR-CAFTA; pero un libertario prefiere la eliminación unilateral de aduanas. Un neoliberal favorece la dolarización; pero un libertario prefiere la libre elección de monedas. Un neoliberal favorece las privatizaciones monopólicas de empresas estatales; pero un libertario prefiere la desmonopolización y la liberalización del mercado. Al neoliberal le entusiasma el flat tax; pero el libertario prefiere el poll tax. Un neoliberal propondría eliminar las exenciones del ISR; pero un libertario eliminaría ese impuesto a los rendimientos del capital. Un neoliberal sigue las directrices del FMI; mientras que un libertario cerraría aquella organización.

Con respecto de la minería, estoy de acuerdo con la consigna; pero con un caveat: Yo diría que No a la minería estatizada. Lo ideal, diría yo, es que en lugar de que el Estado fuera dueño del subsuelo y de sus productos, los propietarios del suelo fueran propietarios de lo que hay debajo de él.

Para desgracia de los más pobres, la legislación guatemalteca refleja la tradición colectivista y estatista de las leyes coloniales y privó de la propiedad del subsuelo y de sus productos, a los dueños del suelo. Como consecuencia de ello hay un divorcio y un abismo profundo entre los intereses de los políticos socialistas y sus funcionarios, y los de quienes deberían enriquecerse con el oro, el petróleo, la plata y otras maravillas que hay bajo sus propiedades.

Muchos de los problemas de la pobreza, y ciertamente que los problemas de conflictividad, se resolverían si, por medio de títulos de usufructo, a la gente se le pudiera garantizar su derecho a lo que hay en el subsuelo. Así, el oro y el petróleo, por ejemplo, no serían de quienes controlan el Estado, ni de las transnacionales, sino de la gente. Y la gente decidiría si vende su derecho, o cede su control, o no.

Así, sí tendríamos qué celebrar.

Columna publicada en El Periódico.

arbitrariedad / despojo / estado de derecho / propiedad — 3 Comments
08
Dic 10

Una página ominosa en la Historia de Guatemala

Luego de un desayuno en la Embajada de los Estados Unidos de América, y bajo la supervisión del Subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, los diputados no se atrevieron a decirle No a la ley de extinción de la propiedad y del debido proceso, mañosamente conocida como Ley de extinción de dominio.

Dicha pieza legislativa les permite a quienes estén en el uso del poder tomar propiedades ajenas sin que medie un proceso judicial y sin que el propietario pueda evitar el despojo. A modo de güizachada, los promotores de la normativa dicen que la acción no se endereza contra el propietario, sino contra la cosa; y que el afectado puede probar, a posteriori, que el bien no está vinculado a acto ilícito alguno, de entre los que podrían motivar la expoliación. Sin embargo, el resultado es el mismo: los que ejercen el poder tendrán la herramienta legal necesaria para actuar arbitrariamente, y cualquiera puede ser víctima de quienes puedan hacer uso de aquel instrumento.

¿Se acuerda, usted de la Ley de pánico financiero? ¿Contra quién la usaron? Es cierto que quienes pretenden tener el control total de una sociedad no necesitan de una ley que les permita actuar arbitrariamente, ni de una para intimidar a la población; pero ¿qué mejor que contar con una facultad legal para hacerlo?

En una sociedad sin un estado de derecho medianamente consolidado, sin instituciones confiables, sin tradición de respeto a la ley, una normativa que le da amplias facultades de arbitrariedad y de expoliación a los que están en el ejercicio del poder, es, una irresponsabilidad de consecuencias casi inimaginables.

Uno se pregunta que, aparte de la pusilanimidad, ¿qué lleva a las élites de una sociedad a renunciar a valores como la presunción de inocencia y otras garantías para el debido proceso? ¿Qué lleva a las élites de una sociedad a darles a los mismos políticos que critica por venales e ineptos, la llave para que puedan disponer antojadizamente de vidas y haciendas?

El miedo y el servilismo han hecho que se se escriba esta página ominosa en la Historia de Guatemala; ahora pregúntese usted, ¿por qué será que los que siempre están gritando Yankees go home! recibieron con tanto entusiasmo esta normativa?

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23
Jun 10

Propiedad, la gente ¡sí sabe!

En Nebaj, más de 50 familias temen ser desalojadas de sus viviendas porque no poseen los títulos de propiedad de los inmuebles. Sus casas les fueron donadas -sin títulos- por la Iglesia Católica, y ahora resulta que por los alrededores está rondando personal de la Secretaría de Asuntos Agrarios de la Presidencia. ¡Con razón, la gente teme por sus viviendas!

La gente sabe, ¡sabe!, lo protegidos que estuvieran si tuvieran la certeza jurídica de la propiedad de sus casas. Protegidos por el derecho, y no sujetos a la arbitrariedad. Viviendo por derecho, y no por permiso.

Al respecto, comparto con ustedes extractos de un artículo recién escrito por Gabriela Calderón, al respecto.

En la Amazonía, un árbol de caoba fue vendido por tres kilos de azúcar (alrededor de $3). Una pena…puesto que si el dueño de ese caoba lo hubiese podido vender en Callao (el puerto de Lima) ese árbol hubiese sido comprado hasta por $12.000. Más frustrante es que en California ese mismo árbol se hubiera vendido en $50,000.

Esto en gran parte se debe a políticos oportunistas que prosperan del mito de que los indígenas son como los nativos de Pandora en la película “Avatar”, mito que…resume así: los indígenas son ricos a su manera; prefieren estar aislados y no necesitan del resto del mundo; no quieren ni propiedades ni negocios; tienen una visión incompatible con la globalización; y además, la degradación ambiental resulta de la entrega de derechos de propiedad.

Las investigaciones…en la Amazonía peruana han revelado que 80 por ciento de los indígenas que todavía viven en la selva no quieren que sus hijos sigan viviendo en comunidades aisladas. Siete de cada 10 indígenas peruanos son pobres y 5 de cada 10 viven en pobreza extrema siendo la expectativa de vida en las áreas indígenas 20 años menor que en el resto del país. En esas áreas, además, la mortalidad infantil es el doble, 50% de los niños indígenas sufren de malnutrición y 40% de anemia. En casi todas las comunidades se han encontrado mapas, leyes comunales y certificados de posesión emitidos por ellos sobre casas, tierras, áreas de caza y de transacciones comerciales por lo que los indígenas si parecen querer hacer negocios. La degradación ambiental principalmente se encuentra en zonas sin derechos de propiedad sólidos.

…y la gente vive temerosa cuando no son protegidos sus derechos de propiedad, como ocurre en Nebaj.

propiedad / robo — Comentarios desactivados
21
Ene 10

La legalización del robo

Vea usted si no son ilimitadas las capacidades depredadoras de los políticos y sus burócratas: quienes tienen Q1 mil o menos en cuentas bancarias monetaria y de ahorros, y no han efectuado un depósito o retiro en los últimos 10 años, podrían perder su dinero si el Congreso aprueba una iniciativa que analiza. La propuesta indica que los saldos de las cuentas de Q1 mil o US$125 que no hayan reportado ningún movimiento serán trasladados al Fondo de Protección al Ahorro.

La propuesta, ¡sorpresa!, tiene su origen en una normativa de tiempos de La Revolución.

Luis Figueroa CARPE DIEM Periodismo de reflexión, por la libertad y la razón