María, digamos que se llama María, es empleada doméstica y vive en el camino a Santa Rosita, a unos 6 kilómetros del kilómetro 32 de la carretera a El Salvador. Trabaja medio tiempo en una casa en el Km. 19.5 de la CAS.
Actualmente está gastando 75% de lo que gana, diario, en transporte; y ella dice que lo hace para no perder su trabajo, con la esperanza de que cambie la situación. ¿Qué situación?
María iba a su trabajo con un vecino que tiene un pick-up y le pagaba Q14 por ida y vuelta. Pero ahora ya no puede hacer eso, ¿por qué? Porque la empresa municipal de tránsito, de la localidad, les está exigiendo a las personas que ofrecen transporte, un permiso especial para llevar 4 personas, por el cual la alcaldía cobra Q4,000. Y un tramitador cobra Q200 por hacer las vueltas.
Los vecinos han notado que en el Km. 32 de la CAS hay pick-ups que llevan hasta 17 personas y los polis se hacen los locos, ¡Por supuesto!
De aquello me acordé cuando leí que el incremento en el precio del transporte es uno de los rubros que más impacto negativo ha tenido en el gasto de los hogares guatemaltecos, aumento que en buena parte se debe a la inflación que es consecuencia del dinero que han estado repartiendo los pipoldermos.
Sin embargo, los precios del transporte también son elevados por los monopolios en las rutas, por la arbitrariedad y la corrupción en las concesiones de aquellos monopolios, por el clientelismo y por otras malas prácticas vinculadas al estatismo. No digamos por la imposibilidad financiera de operar con restricciones.
¡Este es el momento para acabar con los vicios en el transporte colectivo urbano y extraurbano! Los usuarios ya habían resuelto el problema del transporte, y no hacía falta que los estatistas regresaran a politizar el tema, sin duda para no afectar a los privilegios involucrados.
Columna publicada en elPeriódico.
