26
Mar 21

Prohibiciones inconstitucionales y abusadoras

Ningún funcionario o empleado público, civil o militar, está obligado a cumplir órdenes manifiestamente ilegales como las que publicó el Ministerio de Salud  con el nombre de Disposiciones transitorias y obligatorias para la contención y prevención del incremento de contagios de covid-19 a nivel nacional.

¿Por qué? Porque dichas prohibiciones ni siquiera están apoyadas en un Estado de calamidad y porque violan garantías constitucionales.  En las clases de Derecho constitucional I, Teoría general del estado y Filosofía del derecho aprendes que los políticos y burócratas en el poder no pueden hacer nada para lo que no estén facultados por la ley; y no hay nada en la ley, ni en la legislación guatemalteca, norma alguna que autorice a aquellos para emitir disposiciones como las citadas, y menos para hacerlas obligatorias, sin acudir a la Ley de Orden público (que ya es suficientemente anticonstitucional). Ningún funcionario o empleado público, civil o militar, está obligado a cumplir órdenes manifiestamente ilegales, dice la Constitución; y ¿sabes? Ninguna persona tiene esa obligación.

Creo que este es el momento oportuno para que todo negocio que se vea afectado por las disposiciones abusivas se aboque a la Cámara de Comercio, a la Cámara de Turismo y a la Cámara de Industria, por mencionar tres, para, entre todos, oponerse a las pretensiones del gobierno. ¿Qué hacen esas organizaciones para proteger los derechos de sus asociados?

Si algún día los chapines queremos un estado de derecho uno de los primeros pasos a dar es la comprensión de la idea de que el gobierno sólo puede hacer lo que la ley le permite hacer (por legislación concreta y específica), a diferencia de lo que ocurre con los individuos, que podemos hacer todo, excepto lo que está prohibido (por leyes abstractas y generales).

Otro paso es comprender que la legislación no debe ser violatoria de los derechos individuales -¡De nadie!.

¿Otro paso? Comprender que las emergencias son ocasiones propicias para que políticos y burócratas intenten acrecentar su poder y reduzcan la esfera de acción privada de las personas e incluso pretendan imponer regulaciones violatorias de los derechos individuales y manifiestamente inconstitucionales, anticonstitucionales e ilegítimas.

Es cierto que debemos ser prudentes; y es cierto que habrá muchas personas imprudentes.  Pero la responsabilidad implica hacerse cargo de las consecuencias de las decisiones y acciones propias.  No les corresponde a los políticos y burócratas actuar como niñeras de la gente que correrá –en chumul– a ponerse en riesgo; ni actuar como niñeras de aquellos que actuamos con prudencia.

Es muy peligroso que al amparo de una emergencia y del miedo consintamos que los políticos y burócratas puedan regular nuestras vidas a su antojo.


08
Mar 21

Evidencias de empobrecimiento luego del encierro

Como consecuencia del encierro sufrido por los guatemaltecos durante buena parte de 2020, se hacen evidentes nuevas muestras del empobrecimiento causado por aquella medida política local y global.

La foto es de elPeriódico.

La pobreza extrema, en Guatemala, aumentó cuatro puntos porcentuales. La semana pasada me encontré con un mesero que conozco desde hace unos 20 años.  Una persona trabajadora, servicial y atenta.  El restaurante en el que lo conocí cerró como consecuencia del encierro; y la franquicia para la que trabajaba antes de aquella catástrofe dejó ir a 500 empleados (él en cuenta) y ahora trabaja -luego de haber pasado un par de meses sin empleo- en un lugar bueno y bonito, pero de menor categoría en el que las propinas no son como eran en los lugares donde había trabajado antes. El mesero tiene suerte; porque miles de personas y familias cayeron en la pobreza extrema.

Como consecuencia del encierro, la telefonía móvil -que no hacía más que crecer en Guatemala- se contrajo 2.3 por ciento.  Las líneas fijas se incrementaron 15 por ciento, seguramente porque las personas que tuvieron suerte y no perdieron sus empleos, ahora trabajan en casa.  La porción más grande de la telefonía móvil es la de las líneas prepago o de tarjeta que reporta el 91.5 por ciento del mercado. El año pasado este segmento superó los 18.6 millones de líneas, sin embargo, retrocedió 2.8 por ciento frente a las 19.2 millones activas en 2019.  La gente de recursos más modestos es la que usa teléfonos tarjeteros y es la que tuvo que prescindir de ellos.

En 2019 Guatemala alcanzó más de 2.5 millones de turistas y en 2020 únicamente 593,00 registrando un decrecimiento en visitantes del 76.7% menos. En el sector hubo más de 100 mil empleos perdidos: 53% de los trabajadores fijos fueron despedidos y el 17% de las empresas cerraron.

Todavía están por descubrirse más efectos del encierro en las economías familiares de los chapines.  A principios de la semana pasada exploré los efectos psicológicos y emocionales y si te interesa el tema, quizás quieras leer acerca de ello.


01
Mar 21

Davos y la arrogancia que cuesta vidas

Los encierros, calladamente están mejorando las ciudades alrededor del mundo, dijo el World Economic Forum en un tuit que luego tuvo que borrar; y sospecho que es porque la arrogancia de ver al mundo como una prisión en la que ciertas élites son los alcaides levantó mucha indignación.  Con fotos de ciudades vacías -y ¡muertas!- los directivos de Davos muestran su imagen más aterradora, perversa y perturbadora.

A pesar del entusiasmo del WEF y de muchos ecohistéricos, lo cierto es que los encierros han causado muertes e infelicidad, aparte de haber destruido mucha riqueza, lo que ha empobrecido a millones de familias que perdieron sus fuentes de ingresos.

Ayer, el columnista César García contó la historia de don Oscar que está muriendo sanamente, sumido en la tristeza, porque se halla prisionero en su casa y sin poder trabajar, porque sus hijos le han prohibido que salga y trabaje. Como a él le gusta. En Guatemala, ¿cuántas personas mueren así, de a poquito, por obedecer las pretensiones y satisfacer las preferencias de la gente del WEF…o de los fans del quédate en casa forzado?

Está claro que para el WEF y sus simpatizantes el mundo estaría mejor sin humanos; lo cual no es una historia nueva, pero no por ello es menos inquietante.  Para darte una idea de lo que cuestan los gustos del WEF y de sus simpatizantes, aparte de la vida de don Oscar y de todos los don Oscar que no conocemos, en Japón cerca de 20,000 personas se suicidaron en 2020 y la tendencia es creciente.  Los expertos en salud mental de todo el mundo no dejan llamar la atención sobre el aumento de casos de depresión y otros trastornos mentales graves. En España, según los datos del Instituto Nacional de Estadística, el suicidio se mantuvo como la primera causa de muerte externa durante los cinco primeros meses de 2020, con 1,343 fallecimientos registrados. ¿Cuáles serán las cifras de depresión y suicidios en Guatemala, relacionados con el encierro del año pasado? ¿Alguien conoce las cifras entre jóvenes y ancianos?

En España, las restricciones impuestas y la incertidumbre durante el encierro tuvieron un mayor impacto psicológico en personas con trastornos mentales, que suelen tener estrategias de comportamiento menos saludables para enfrentar la situación.

Pero el costo de los caprichos del WEF y de sus simpatizantes no se queda ahí. Durante el encierro aumentaron los casos de lesiones auto infligidas, violencia doméstica, consumo de sustancias y duelos complicados.

En Guatemala, el seguro social perdió 41,000 afiliados el año pasado, en el contexto del encierro forzado.  Las caídas más drásticas se produjeron en abril y junio.  Aquel no sólo es un número, sino que son personas que perdieron sus empleos formales. ¿Cuántas de esas personas y sus familias pasan penas? Puede que el ruido seísmico esté cerca del nivel que le agrada la élite siniestra de Davos; pero se paga con vidas humanas.

Para don Oscar y para miles de personas que no conocemos, las urbes sin entretenimientos, sin expresiones culturales, sin sonrisas, sin abrazos, sin encuentros, sin conciertos, sin paseos y sin besos, no son un quédate en casa, inocente, sino que son la muerte en vida…o la muerte a secas.


18
Feb 21

Vacuna contra el covid-19 y alianza entre “pipoldermos” y “empresaurios”

El acuerdo ministerial 40-2021 exime de responsabilidad a los fabricantes de la vacuna  contra el covid-19 que los políticos y burócratas les compren; y si hubiera reacciones adversas, tú pagas el tratamiento de los afectados.

Los fabricantes de las vacunas contra el covid-19, que hayan sido adquiridas y suministradas desde el poder, por políticos y burócratas, sólo podrán ser responsables por acciones u omisiones dolosas, o gravemente culposas, por incumplimiento de sus buenas prácticas de manufactura o de cualquiera otra obligación que le haya sido impuesta en el proceso de registro y aprobación de las vacunas. Las empresas fabricantes gozarán de inmunidad de juicio con la única excepción que la muerte de la víctima o una reacción adversa física grave pueda demostrarse con pruebas admisibles que sea el resultado de una mala conducta intencional de la empresa farmacéutica. Así se traduce el artículo 2 de acuerdo ministerial, que exime de responsabilidad y de de compensaciones por reacciones adversas serias atribuibles a las vacunas contra el covid-19.  El acuerdo mismo está firmado por la titular de la cartera y por su viceministra.

¿Viste? ¡Pipoldermos y empresaurios usan un acuerdo ministerial para pretender la modificación del Código civil que es un decreto legislativo! Es decir, usan una legislación de menor rango para pretender la modificación de una ley de mayor rango.  ¡Usan el derecho administrativo para modificar acuerdos propios del derecho de los contratos! Es malo, muy malo el precedente de que un burócrata se atribuya la facultad de eximir de responsabilidad a un fabricante, o a cualquiera, sin la intervención de un juez imparcial y sin que medie el debido proceso.

¡Por suerte, que no hace obligatoria la vacunación! …pero eso sí, si decides usar las vacunas que pongan a disposición los políticos y burócratas, tendrás que firmar un consentimiento que diga que lo hiciste voluntariamente y que leíste acerca de los beneficios y riesgos.  De aquellas formas, los autores del acuerdo ministerial buscan que no haya responsabilidades políticas para sus decisiones políticas; ni consecuencias para los que les venda las vacunas.

Son políticos, burócratas y empresaurios cubriéndose con la misma chamarra; eso se explica más claro por el considerando que dice: que, para garantizar el acceso universal y oportuno de las vacunas contra el COVID-19, los fabricantes de dichas vacunas han establecido como condición, tanto en su participación en el mecanismo COVAX, del cual forma parte Guatemala, así como en cualquier contrato de adquisición y distribución directa, emitir los instrumentos legales necesarios que regulen la excepción de responsabilidad, derivada de las reacciones adversas serias atribuibles a las mismas.

La alianza de empresaurios con el mecanismo COVAX (de la ONU, ¡Sorpresa!) y los pipoldermos locales llega al extremo de que el estado de Guatemala -o sea los tributarios- se hace responsable de las reacciones adversas a la vacuna; y de que, en el caso de que las haya se determinará un sistema de compensación por medio de la atención de la persona afectada, según sea la necesidad, en la red estatal de servicios de salud….o sea…a cargo de los tributarios. El acuerdo ministerial exime de responsabilidad a los fabricantes de la vacuna que los políticos y burócratas les compren; y si hubiera contratiempos, tu pagas el tratamiento de los afectados. Me muero por saber a quién le van a comprar las vacunas. ¿Tu no?

La redacción del acuerdo da a entrever que habrá vacunas disponibles que no sean adquiridas y suministradas por el gobierno, o sea, por políticos y burócratas.  Esto es importante, porque no hay tal cosa como la vacuna; sino varias vacunas, y porque no es lo mismo Chana, que Juana.


12
Feb 21

Tu dinero para resucitar Guatel

Los directivos, ejecutivos y empleados de la gubernamental empresa guatemalteca de telecomunicaciones, Guatel, quieren Q60 millones del dinero de los tributarios, que es el doble de lo que ya reciben.  Si entras a su página Web y haces clic en Objetivos te vas a encontrar con una página en blanco de modo que uno puede sospechar que Q30 ya es mucho.  Aquella demanda de Guatel, claro, ha de venir de arriba.

https://guatel.gob.gt/quienes-somos/objetivos/

 

Para los más jóvenes y los desmemoriados, un recordatorio: Guatel era la empresa telefónica que servía a los guatemaltecos cuando no había líneas telefónicas.  Cuando eran carísimas porque las líneas más caras son las que no hay, porque tenías que esperar como cuatro años para que te instalaran una, porque si querías una instalación más rápida tenías que pagar mordidas.  Porque gozaba de un monopolio que impedía otras opciones para los usuarios.  Era carísima porque sus equipos eran obsoletos y sus bodegas estaban llenas de materiales que no se usaban.  Porque pegados a su teta se enriquecieron quién sabe cuántos ministros, directores, gerentes y más.

Guatel quiere tus impuestos para establecer una red inalámbrica que les suministre Internet y almacene datos a otras entidades gubernamentales y…hazme reír: generar un autosostenimiento financiero.

¡Hasta aquí me llegó la hedentina!

Cualquiera que haya oído que la corrupción es un cáncer que está corroyendo a la sociedad guatemalteca y cualquiera que entienda cuál es la raíz de la corruptela, debería oponerse a la resucitación de aquel monstruo y a la multiplicación de engendros similares.  Un nuevo ente que compre materiales y equipo con valor de millones de tus quetzales, uno que pueda presupuestar plazas para fantasmas, uno que sea fuente de arbitrariedades no puede ser sino manantial de corrupción. ¿Por qué iba a ser diferente a los ya existentes?

Los chapines ya tuvimos décadas de telefónica sin teléfonos, generadoras sin electricidad, línea aérea sin aviones, naviera sin barcos y otras cuevas de ladrones, de corrupción y de ineptitud. ¿Por qué querríamos revivir esta?

Columna publicada en elPeriódico.


26
Ene 21

Bandazos, golpes de timón y palos de ciego

 

El Ministerio de Salud publicó las nuevas prohibiciones y regulaciones que, según los políticos y burócratas a cargo, servirán para contener el covid-19.  Lo cierto, sin embargo, es que son medidas inconstitucionales que parecen bandazos, golpes de timón o palos de ciego para que se diga que están haciendo algo.

Un bandazo es un movimiento brusco hacia un lado, un golpe de timón es darle a la nave un cambio brusco de dirección y dar palos de ciego es hacer algo sin saber muy bien cómo hacerlo; titubeando, dudando, y sin un rumbo fijo… con pocas probabilidades de éxito final.

Primero era que los mercados sólo podrían estar abiertos hasta las 2:00 p.m. y luego que hasta las 5:00 p.m.  Ahora resulta que los que ejercen el poder fuerzan el cierre de supermercados y centros comerciales a partir de las 7:00 p.m.  También limitan acceso a ríos, lagos y playas.  Establecen ley seca, limitan asistencia a entierros y bueno…ya sabes.  La cosa es limitar, prohibir, regular y controlar.

¡Pero todo esto es una ensarta de abusos!  Las disposiciones del Ministerio, que ultimadamente son del Organismo Ejecutivo, son inconstitucionales y anticonstitucionales.  Son inconstitucionales porque la autoridad no podría hacer tamañas regulaciones sin acudir a la ley de orden público y a un estado de excepción que requeriría de una aprobación por parte del Congreso; y es anticonstitucional porque si el propósito de la Constitución es proteger los derechos individuales y limitar el poder de los gobernantes, un acuerdo -o incluso la ley de orden público- que amplía los poderes de los gobernantes y limitan los derechos individuales violan la naturaleza y el espíritu constitucional.

Un ministerio no tiene la facultad de limitar derechos individuales. ¡Sólo no! Es cierto que el Código de Salud faculta al Ministerio a tomar medidas en cumplimiento; pero el Código es claro con que esas medidas deben ser de acuerdo con la ley, y eso incluye la ley constitucional.

Para más INRI, los acuerdos como el citado son emitidos por políticos y burócratas que tienen sus ingresos mensuales asegurados (ya sea que trabajen, o no y a costa de los tributarios), contra personas y familias cuyos ingresos dependen de la productividad, de las ventas y de los servicios que no pueden hacer, o prestar porque les está prohibido; y a los tributarios se les cobran impuestos aunque no puedan trabajar, ni producir porque les ha sido prohibido.

Las prohibiciones como las citadas, que asfixian a las personas productivas, en realidad no son sostenibles; pero los efectos en materia de descontento y de hostilidad contra las autoridades son peligrosos.  ¿Cuánto más van a estirar la pita?

Los bandazos, golpes de timón y palos de ciego van a tener costos en las vidas de muchísimas personas; y van a tener costos institucionales.  Los políticos y burócratas están jugando con fuego, azuzados, claro, por grupos que están prestos a pescar en río revuelto y que medran en aquellos descontento y hostilidad.

Desde marzo pasado -con todo el dinero que pidieron- los pipoldermos fueron incapaces de aumentar la capacidad gubernamental de atender enfermos de covid-19: y  ahora pretenden responsabilizar a las personas por su inutilidad. Pero lo cierto es que los casos confirmados se mantienen, o han disminuido (luego de la subida natural como consecuencia de los asuetos de fin de año).

¡Bola de ñaques!


22
Ene 21

Lo peligroso de hacer “algo”

Mi mamá ya fue a comprar fideos, arroz y frijoles por si nos vuelven a encerrar, le dijo una chica a otra mientras yo escuchaba al pasar.  Cuando la Administración genera incertidumbre alrededor de las medidas que tomará arbitrariamente en el contexto del covid-19, se dispara una ola de ansiedad anticipatoria entre la población y la asignación de recursos (muchas veces escasos), de las familias, se altera sustancialmente.  Como se altera el ánimo de la gente.

¡Que si van a restringir la circulación de vehículos! ¡Que si van a cerrar mercados, centros comerciales y otros negocios! ¡Que si van a poner toque de queda! Durante toda esta semana, hasta la conferencia de prensa del miércoles, hubo toda clase se especulaciones y rumores, disparados porque da la impresión de que la Administración quiere mantener en vilo y asustadas a las personas.

Un amigo es de la opinión de que la situación es difícil para el Presidente, porque hay presión de grupos de interés para que cierre el país y porque hay gente que demanda que haga algo.  Aunque ese algo sea dañino, la cosa es que haga algo. Si se va a concentrar más gente en mercados, no importa, la cosa es que la Administración haga algo; si se van a hacinar más personas en vehículos, no importa, la cosa es que se hizo algo; si van a quebrar más negocios, no importa, lo importante es que se vea que se hizo algo.

Lo peor es cuando el algo que se pretende es ilegal como cerrar negocios, o prohibir la circulación de vehículos sin acudir a la ley de orden público; pero, encima, los estados de excepción no sólo son anticonstitucionales, sino que son inmorales.  Aparte de que imponerlos tiene costos políticos elevados para el Ejecutivo.

¡Que no se les olvide a los promotores de los encierros y a los políticos y burócratas que los apoyan, que todos los trabajos son esenciales para quienes dependen de ellos!  Y que, a diferencia de lo que ocurría en marzo pasado, la gente ya sabe -en carne propia- qué es lo que pasa si por razones políticas se condena a la gente a no poder ganarse la vida.

Columna publicada en elPeriódico.


03
Dic 20

El perro del hortelano

El perro del hortelano, según una comedia de Lope de Vega, es aquel que ni come, ni deja comer.  Como los pipoldermos chapines, que ni producen, ni crean riqueza, pero tampoco dejan que otros produzcan, ni creen riqueza.  Como los políticos y burócratas chapines, que no dudan en quitarles a las personas como tu, y de manera injusta, lo que les pertenece, con tal de asegurarse sus sueldos y sus privilegios.  Porque, no te engañes, los impuestos, tasas y arbitrios que te quitan, en su mayoría sirven para pagar salarios en el gobierno y para comprarles bolígrafos a los diputados, por ejemplo.

Aquella práctica nefasta se materializa en decisiones como la de elevar -en algunos casos hasta 40 veces- el monto de las tasas que cobra la Dirección general de regulación, vigilancia y control de la salud, dependencia del MSPAS.  Dicha dependencia obliga a usar sus servicios públicos monopólicos, e ineludibles como no sea de forma ilegal, y cobra por ellos.

La ilustración es del vespertino “La Hora”.

Es decir que, si tu actividad productiva está relacionada con producción y comercialización de medicamentos, o con producción, comercialización y transporte de alimentos, tienes que pagarles a quienes controlan el monopolio de las licencias lo que ellos demanden a cambio de permitirte trabajar.  En mi pueblo a eso se le llama extorsión; pero claro, la diferencia entre los extorsionistas que operan desde las prisiones guatemaltecas y los que operan desde el poder es que los segundos lo hacen al amparo de la legislación.

Los impuestos, tasas y arbitrios, así como los procedimientos burocráticos innecesarios y complejos no sólo asfixian la productividad en perjuicio de la generación de riqueza (que tanta falta hace, digamos que, por ejemplo, para que mucha gente no tenga que arriesgar sus vidas y migrar al norte), sino que crían esa costra nostra de políticos y burócratas que medran a las sombras de la expoliación, del monopolio y de la coerción.

¿Ves? Los pipoldermos te impiden producir, intercambiar y consumir; y luego te venden las licencias para que puedas hacerlo. Te rompen las piernas, y luego te venden las muletas. Mira que oportuno, ahora que habrá vacunas disponibles contra el Covid19, a los pícaros políticos que por el momento detentan el poder se les ocurre elevar las tasas en cuestión.

Es cierto que todo esto de las vacunas a toda prisa y en el contexto del virus chino es algo sketchy; pero, precisamente por eso, la vacunación debe ser libre; no forzada.


04
Nov 20

El precendente peligroso de Planned Parenthood

La administración de Alejandro Giammattei derogó el acuerdo gubernativo que autorizaba la operación de la ONG Planned Parenthood, en Guatemala, poco menos de un mes después de haberla autorizado.  El acuerdo de autorización y el de derogatoria lleva la firma del ex ministro de Gobernación, Oliverio García Rodas, que renunció a aquella cartera.

Cada vez está más claro que en Guatemala se dividen el control del poder y de la legislación entre la progresía posmoderna (por medio del gobierno de los jueces, principalmente), y los conservadores  (por medio del Ejecutivo y de buena parte del Congreso); y que a los demás no nos queda mucho más que someternos a sus caprichos, o dar la batalla de las ideas.

Independientemente de si estás, o no a favor de las actividades que lleva a cabo aquella ONG, es un hecho que lo que hizo la Administración es ilegal e inconstitucional.  Un acto que no sólo viola procedimientos legales, sino que viola la libertad de asociación, que es un derecho protegido por la Constitución.

Repito que aquí no está en discusión si es ético, o no estar, a favor de lo que hace Planned Parenthood.  Y puedes estar a favor, o en contra, da igual.  Lo que está a discusión es si de ahora en adelante, o desde cuándo (quizás desde que la administración del momento prohibió que tocara el grupo de rock Marduk, o tal vez desde que la administración del momento prohibió que atracara el barco Women on Waves) es que los derechos de los habitantes del país dependen de si convienen, o no a los intereses del estado, según interpreten esos intereses los políticos que ejerzan el poder en un momento determinado; o los grupos específicos que influyen en los políticos. Lo que está en discusión es la alcaldada de la administración Giammattei.

Con el argumento de que los derechos individuales pueden ser suspendidos o violados cuando no convengan a los intereses del estado, cualquier administración (que no gobierno) podría derogar los acuerdos de creación de las organizaciones que les estorbaran a los políticos de turno, o a los grupos que controlen a los políticos de turno.  Muchas organizaciones que hoy celebran la arbitrariedad y el abuso de la administración Giammattei podrían ser canceladas, de un plumazo, si una administración ideológicamente adversa así lo deseara.

Los conservadores han abierto una caja de Pandora  y olvidaron que el que al cielo escupe, a la cara le regresa. La majestad de la ley y el poder del gobierno no son para imponer valores, ni criterios sectoriales, sino para proteger los derechos individuales de todos por igual, sin privilegios.

Si estudiaste Derecho y alguna vez entendiste la importancia republicana de que los funcionarios sólo pueden hacer lo que la ley les permite; y la de que los funcionarios son depositarios de la autoridad, responsables legalmente por su conducta oficial, sujetos a la ley y jamás superiores a ella, seguramente te ha revuelto el estómago lo que está ocurriendo en el contexto de Planned Parenthood.  porque ya lo dijo Tomás Moro: Le daría al diablo el beneficio de la ley…por mi propia seguridad.

En la Guatemala cachureca a las buenas gentes del pueblo les incomoda que una organización -cualquiera que sea- aborde temas de salud reproductiva en una población en la que, cuando las niñas están en edad de merecer, son presas de todo tipo de depredadores; hasta el punto de que sólo el año pasado, más de 5 mil niñas, de entre 10 y 14 años fueron embarazadas (muchísimas veces de forma violenta) y de que sólo en el Departamento de Alta Verapaz, la mitad de los suicidios de mujeres adolescentes fueron de mujeres en estado de gestación.

Sí, es cierto que, Planned Parenthood está vinculada a casos de abortos y a otras prácticas controversiales; pero como el aborto y aquellas prácticas están prohibidos en Guatemala, no es aquello lo que está en discusión.  Lo que está en discusión es si los funcionarios de turno (cuales quiera que sean sus colores) pueden violar los derechos individuales y las garantías constitucionales para servir a sus intereses, o a los de su clientela, o no.  ¿Esta claro que mi postura es que no?


30
Oct 20

La alcaldada del alcalde antigüeño

Hay un nombre para lo que hizo el alcalde de La Antigua al emitir un comunicado en el que el ayuntamiento de la ciudad ordena la suspensión de la celebración del halloween: la palabra es alcaldada.

¿Qué es una alcaldada? Es una acción arbitraria, o abusiva de una autoridad, especialmente un alcalde, llevada a cabo en ejercicio de sus funciones; y el concepto se aplica a la corporación muncipal, por supuesto.

En el contexto de la decimonónica Ley de orden público, el gobierno (sólo con la aprobación del Congreso) puede prohibir ciertas actividades privadas.  Esa es una facultad legal; pero violatoria de los derechos individuales y por lo tanto ilegítima, del gobierno.  Facultad que no tienen alcalde, ni concejo municipal alguno.  De ahí la alcaldada.

A la ilegitimidad y al abuso de poder, súmale las justificaciones aludidas en el comunicado: No se celebraron la cuaresma, ni la semana santa, ni las fiestas patronales, ni el día de los muertos; y lo que se lee ahí es que si nosotros no tuvimos nuestras fiestas, nadie va a tener las suyas.  Y si uno se atreve a cuestionar la alcaldada, recibe (como recibí en su momento) ataques rabiosos e irracionales . Y por eso quise abordar el tema de nuevo: el estado de derecho, o lo defendemos, o lo destruyen las hordas.

Más en broma, que en serio, una amiga acarició la idea de ir disfrazada a La Antigua en la noche del 31 y si es detenida argumentar que esa es su indumentaria normal; y un cuate sugirió ir a La Antigua con mascarillas y socialmente distanciados, pero disfrazados, y que cuando no dejen entrar solicitar exhibiciones personales por teléfono, de modo que lleguen varios jueces a constituirse ahí.  ¡Nunca falta el humor chapín!

En la tele, un personaje aseguró que para el satanismo, el “halloween” es su navidad; a ver si detrás de la alcaldada no sólo hay una preocupación sanitaria, sino también una venganza cachureca.  ¡Vaya uno a saber!

Columna publicada en elPeriódico.