El sistema político chapín se está deteriorando rápidamente -al mismo ritmo que se están deteriorando otras instituciones-. Eso es peligroso porque ese es el ambiente en el que se cultivan la violencia y las dictaduras. Prueba de que la situación es precaria es que las elecciones pasadas fueron más violentas y más precarias que en otras ocasiones. Por eso urge una reforma electoral. Pero no una reforma cualquiera, debe ser una que fortalezca el sistema republicano.
En los comicios recién pasados fue evidente que los partidos ningunearon al Tribunal Supremo Electoral, al Registro de Ciudadanos y a la Ley Electoral. La absurda prohibición de hacer campaña antes de la convocatoria oficial fue ignorada. ¿Quién cumplió en 100 por ciento la obligación de hacer transparente su financiamiento? ¿Qué pasó con los límites fijados para los gastos de campaña? Hubo candidatos inscritos sin finiquitos. Los partidos siguen siendo roscas electoreras, y no intermediarios entre mandantes y mandatarios. En el interior, las pasiones agarran fuego.
En cuanto a los candidatos, abundaron las nominaciones de carácter familiar y clientelar. El populismo adquirió dimensiones sudamericanas. Muchos tienen la impresión de que para la segunda vuelta se presenta un dilema entre dos males. Con todo y todo, la magia de las elecciones se hizo presente en el entusiasmo de las multitudes que se entregan en las Juntas Receptoras de Votos, en el Centro de Cómputo y entre los miles de voluntarios. La magia estuvo entre los votantes que acudieron a darles sus votos a los candidatos, o a expresar su rechazo legítimo a un sistema que se está agotando. ¿Cuánto tiempo pasará antes de que la mayoría ponga, en todas las papeletas, las groserías que pone en las del Parlacen? ¿Llegaremos a ese momento antes de que el descontento se vuelva violento?
Es un cliché recordar aquello de que, en chino, la palabra crisis es la misma que oportunidad, pero a sabiendas de que es cliché y de que no es cierto, mi opinión es que deberíamos aprovechar que los chapines han madurado bastante en algunos aspectos cívicos (después del serranazo, después de las jornadas de mayo de 2010 y luego de las amenazas que sufrió la Constitución en estos comicios) y empezar a trabajar en una reforma electoral y de partidos.
Una que consolide el sistema republicano, que acabe con los privilegios, que amplíe y fortalezca la facultad de elegir que tienen las personas, que opere en favor de los mandantes, y que aproveche la energía y el entusiasmo que la gente vuelca en las elecciones. Una para antes de que el descontento se vuelva violencia.
Yo digo que los partidos políticos deben ser financiados por sus simpatizantes y adeptos; y no con el dinero de los tributarios. Si no es así y si puden vivir de la teta el presupuesto del estado, los partidos no tendrán incentivos para ponerse serios y atraer verdaderos patrocinadores que se sientan comprometidos -hasta con sus billeteras- con los valores de las organizaciones a las que apoyan.
La ley electoral -y los políticos- deben respetar el derecho de propiedad en los medios de comunciación; y aquellos no deben tener la facultad de utilizar espacio y tiempo ajenos para difundir su propaganda. Este es un caso típico en el que los derechos individuales deben prevalecer sobre los intereses particulares.
El número de diputados debe ser reducido y no es cierto que un Congreso de 100, o 150 diputados vaya a ser menos comparsa que uno de 200, o 250. Hay que trabajar en al calidad de los diputados y en la de las organizaciones políticas que los llevan al Congreso, antes de pensar -siquiera- en elevar su número.
Las campañas políticas deben durar lo que deban durar. Al final los electores, con sus votos, serán los que premien, o castiguen a los políticos y parte de lo que entusiasma, o decepciona a los que votan es la calidad y la cantidad de información que reciben de aquellos que quieren sus votos. No es sano establecer límites arbitrarios a la cantidad de tiempo y espacio que deben ocupar las campañas.
Las encuestas no deben ser prohibidas. Prohibirlas equivale a privar a los electores de información. Es como ejercer censura. Mantener a los electores desinformados y en la ignorancia no contribuye a formar mejores electores.
Las cuotas de poder favorecen a grupos de interés; pero perjudican a los electores. Las cuotas reparten puestos por criterios de sexo, étnia, y otros en vez de depender de los logros individuales de los aspirantes a los cargos públicos. Obligan a los electores a elegir entre los designados de los grupos de interés, en vez de facilitar que elijan a los mejores por sus características individuales. Las cuotas pervierten el proceso de selección de canditados.
La votación uninominal es buenísima idea. Los electores deben poder seleccionar a sus candidatos no como parte de un colectivo, sino como personas individuales.
Los diputados deben poder cambiar de partido porque deben responder no sólo a sus electores, sino a sus conciencias electorales. Los partidos no deben ser propietarios de las conciencias de sus diputados. Los partidos deben mejorar sus métodos para elegir candidatos, y los candidatos deben mejorar sus métodos para elegir quién les da el boleto para estar en una casilla electoral El transfuguismo prostituto es una plaga; pero los partidos no deben tener la facultad de obligar a alguien a quedarse, si esa persona no está de acuerdo con el rumbo que ha tomado la organización que lo llevó al Congreso.
Al final hay que recordar que los objetivos de la reforma política debe ser el de fortalecer el sistema republicano, limitar el poder de los que ejercen el poder y contribuir a la maduración cívica de los electores y elegidos.
