28
Ene 26

Crece piñata presupuestaria

La administración semillera/raicera consiguió que los diputados le aprueben una ampliación de Q9,326,000,000.00 para el presupuesto del 2026, rápidamente y sin análisis alguno. ¿De dónde va a salir esa plata? Principalmente de impuestos que te quitan y de endeudamiento que se paga con impuestos que te quitan.

La piñata para los pipoldermos, sus burócratas y clientelas crecio…a tu costo. La ilustración es de Grok.

La administración Arévalo consiguió esa millonada -que eleva el presupuesto para políticos y burócratas a Q164,000,000,000.00 a pesar de que del año pasado le sobraron Q24,000,000,000.00 del presupuesto para políticos y burócratas del año pasado. Eso a pesar de que no pudieron ejecutar como 9.4% de aquel presupuesto y eso a pesar de que un porcentaje elevadísimo de lo que llaman ejecución en realidad son sueldos y otros gastos que muchas veces son puro desperdicio, incluidos los costosísimos y secretos pactos colectivos en burocracias como la de educación y de salud. Toma nota de esto para que no te apantallen con cifras.

Aquellos Q24,000,000,000.00 son impuestos que ya te quitaron y préstamos sobre los cuales estás pagando intereses a pesar de que la Administración no ha podido, o no ha querido usarlos.

Que no te den atol con el dedo con que hacen falta recursos para inversión; porque técnicamente invertir es el proceso de comprar activos que aumentan de valor con el tiempo y proporcionan rendimientos en forma de pagos de ingresos o ganancias de capital. Pero, las mal llamadas inversiones del gobierno no suelen aumentar de valor con el tiempo y, más que rendimientos, operan con pérdidas y sólo sobreviven gracias a subsidios. Desde una perspectiva estatista y política así es como son las cosas; pero desde una perspectiva financiera, ¡puras pérdidas!

Del total de la llamada ejecución presupuestaria un porcentaje elevado se usa para gestionar la masa salarial de políticos y todo tipo de burócratas. Digo gestionar, y no ejecutar, porque los sueldos y honorarios por servicios profesionales, técnicos, de consultoría y asesoría, relacionados con estudios, investigaciones, análisis, auditorías, así como los servicios de traducción de documentos, servicios de intérpretes y traducción simultánea, y las actuaciones artísticas y deportivas y capacitaciones, no se ponen en obra, ni se llevan a cabo, sino que se tramitan.

Como el proyecto de presupuesto 2026 para los pipoldermos, sus burócratas y clientelas  está suspendido gracias a una resolución atinada de la Corte de Constitucionalidad, el Ejecutivo jugó la vuelta y consiguieron que los diputados les agranden la piñata. ¡Es inadmisible que esos ajustes no tomen en cuenta el platal que les sobra! ¡Es inadmisible que la administración semillera/raicera se sirva con la cuchara grande a costa de los tributarios! Y te recuerdo… por si se te olvida… que tú eres uno de esos tributarios.

Adivina qué: la mala administrción, el despilfarro y la corrupción seguirán engordando bolsillos ajenos mientras los tuyos se vacían.


28
Ene 26

¿La piñata crecerá?

 

El Ejecutivo está negociando que los diputados les agranden la piñata. La ilustración es de Grok.

La administración semillera/raicera quiere que los diputados le aprueben una ampliación de  Q9,326,000.000.00 para el presupuesto del 2026.  ¿De dónde va a salir esa plata? Principalmente de impuestos que te quitan y de endeudamiento que se paga con impuestos que te quitan.La administración Arévalo quiere esa millonada a pesar de que del año pasado le sobraron Q24,000,000,000.00 del presupuesto para políticos y burócratas del año pasado. Eso a pesar de que no pudieron ejecutar como 9.4% de aquel presupuesto y eso a pesar de que un porcentaje elevadísimo de lo que llaman ejecución en realidad son sueldos y otros gastos que muchas veces son puro desperdicio, incluidos los costosísimos y secretos pactos colectivos en burocrácias como la de educación y de salud. Toma nota de esto para que no te apantallen con cifras.

 

Aquellos Q24,000,000,000.00 son impuestos que ya te quitaron y préstamos sobre los cuales estás pagando intereses a pesar de que la Administración no ha podido, o no ha querido usarlos. 

Que no te den atol con el dedo con que hacen falta recursos para inversión; porque técnicamente invertir es el proceso de comprar activos que aumentan de valor con el tiempo y proporcionan rendimientos en forma de pagos de ingresos o ganancias de capital. Pero, las mal llamadas inversiones del gobierno no suelen aumentar de valor con el tiempo y, más que rendimientos, operan con pérdidas y sólo sobreviven gracias a subsidios. Desde una perspectiva estatista y política así es como son las cosas; pero desde una perspectiva financiera, ¡puras pérdidas!

Del total de la llamada ejecución presupuestaria un porcentaje elevado se usa para gestionar la masa salarial de políticos y todo tipo de burócratas. Digo gestionar, y no ejecutar, porque los sueldos y honorarios por servicios profesionales, técnicos, de consultoría y asesoría, relacionados con estudios, investigaciones, análisis, auditorías, así como los servicios de traducción de documentos, servicios de intérpretes y traducción simultánea, y las actuaciones artísticas y deportivas y capacitaciones, no se ponen en obra, ni se llevan a cabo, sino que se tramitan.

Como el proyecto de presupuesto 2026 para políticos y burócratas está suspendido gracias a una resolución atinada de la Corte de Constitucionalidad, el Ejecutivo está negociando que los diputados les agranden la piñata. ¡Es inadmisible que esos ajustes no tomen en cuenta el platal que les sobra! ¡Es inadmisible que la administración semillera/raicera se sirva con la cuchara grande a costa de los tributarios! Y te recuerdo… por si se te olvida… que tú eres uno de esos tributarios.


22
Ene 26

Tentación peligrosa y Ejército

 

La iniciativa de Ley 6534, que pretende otorgarle al Cuerpo de Ingenieros del Ejército las funciones de construcción, mantenimiento y rehabilitación vial —porque Covial y el MICIVI no pueden con las tareas—, es un desatino peligroso para la institución armada y para la administración estatal.

Dan grima las carreteras.

El Ejecutivo semillero/raicero debe cesar y desistir de tentar al Ejército con tareas que no le son propias y de tentar a los altos mandos castrenses con oportunidades de bisne. El Ejército, en la medida de su calidad de obediente y no deliberante, debe resistir la tentación que le está ofreciendo la Administración Arévalo.

Es un hecho que el Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, por medio de su unidad ejecutora Covial, muestra ineficiencia, corrupción histórica y falta de capacidad para mantener la red vial, agravadas por fenómenos climáticos normales y extraordinarios en Guatemala. También es un hecho que el Ejército ha demostrado capacidad operativa en intervenciones puntuales (por ejemplo, posdesastres como huracanes Eta e Iota, o rehabilitaciones recientes en rutas terciarias), gracias a su estructura jerárquica, equipo pesado y logística.

En estas circunstancias es evidente que el Ejército ofrece ventajas operativas claras: mayor disciplina y rapidez en ejecución comparada con entidades civiles burocratizadas; menor percepción de corrupción en comparación con algunos contratos civiles históricos; experiencia comprobada en emergencias. Por esos motivos y en el corto plazo, su participación en sacarles las castañas del fuego al MICIVI y a Covial podría generar resultados visibles y tangibles en una red vial deteriorada.

¡Pero! Coincido plenamente con la advertencia de la Alianza Técnica de Apoyo al Legislativo, que ha señalado peligros:

  1. Militarización de funciones civiles: Asignar de manera permanente tareas de mantenimiento vial al Ejército viola el principio constitucional de subordinación militar al poder civil y la especialización de roles. La Constitución guatemalteca (artículos 244 y siguientes) define al Ejército principalmente para la defensa de la soberanía e integridad territorial, no para obras públicas rutinarias. Esto abre la puerta a una expansión progresiva del rol militar en áreas civiles, un patrón observado en otros países de la región que ha debilitado la democracia.
  2. Desvío de la misión principal del Ejército: El Cuerpo de Ingenieros tiene capacidades valiosas, pero destinarlo sistemáticamente a mantenimiento vial resta recursos y enfoque a su preparación para amenazas de defensa real (narcotráfico transfronterizo, desastres mayores y más). Además, expone al Ejército a dinámicas de contratación pública, licitaciones y presiones políticas, lo que podría politizarlo o exponerlo a corrupción, erosionando su legitimidad.
  3. Falta de sostenibilidad institucional: Esta medida actúa como un “parche” que evita enfrentar las causas estructurales de la ineficiencia del MICIVI: falta de profesionalización técnica, debilidad en planificación, opacidad en contrataciones y subfinanciamiento crónico. En lugar de fortalecer la gestión civil estable —como recomienda ATAL—, se opta por una solución militar que puede generar dependencia a largo plazo.
  4. Precedentes regionales preocupantes: Experiencias en países vecinos muestran que ampliar roles militares en tareas civiles (seguridad pública, infraestructura) facilita abusos de poder y dificulta la desmilitarización posterior.

En The Soldier and the State, Samuel Huntington expuso la doctrina del control civil objetivo, que es pilar en una república sana. Según esta: el Ejército debe ser profesional, apolítico y especializado exclusivamente en defensa externa; asignarle tareas civiles (como mantenimiento vial permanente) lo expone a dinámicas políticas, contrataciones públicas y presiones partidarias, lo que erosiona su profesionalismo, lo politiza y lo debilita. En una república en construcción como Guatemala, esto es un retroceso que debilita la subordinación militar al poder civil, abre la puerta a una expansión progresiva de roles militares y a la corrupción de la oficialidad.

El Ejército, al manejar presupuestos para contratos de obra pública, se expone a clientelismo y opacidad, históricamente problemáticos en ministerios como el MICIVI; y esto puede erosionar su legitimidad y disciplina interna, como ya ha sucedido cuando el Ejército se ha metido a negocios.

El mejor ejemplo es el del Banco del Ejército creado en décadas pasadas como entidad financiera vinculada al Instituto de Previsión Militar. Su capital provenía principalmente de aportes del IPM y de oficiales militares. Operaba como banco comercial, ofreciendo servicios a militares y civiles, pero estaba bajo control institucional militar. En 2001 fue intervenido por la Superintendencia de Bancos debido a serios problemas de liquidez, irregularidades financieras, falta de solvencia y déficits significativos. Posteriormente fue absorbido por el Crédito Hipotecario Nacional en un contexto de crisis del sistema financiero guatemalteco. Este episodio ilustró los riesgos de mezclar funciones militares con actividades económicas: opacidad en la gestión, exposición a presiones políticas y eventual colapso financiero que afectó a depositantes y al erario público.

En resumen, el Ejército debe limitarse a su rol constitucional de defensa y apoyo en emergencias. Meterlo en el berenjenal de los bisnes viales es un error grave que Guatemala no puede permitirse: debilita la institución armada, pospone las reformas necesarias en lo civil y pone en riesgo la propia república.


18
Ene 26

El gobierno en retroceso

 

Más de 13 ataques armados se registraron contra agentes de la Policía Nacional Civil; al momento de escribir esta nota se han reportado siete de ellos fallecidos y 10 heridos. Nueve fue el total de muertos y 10 heridos. 

Un policía yace asesinado, luego de los ataques del domingo 9 de enero. La foto la tomé de X.

Tras recuperar el control de la prisión Renovación I, en Escuintla, las fuerzas de seguridad fueron blanco de ataques armados en distintos puntos del país, atribuidos a represalias de mafias vinculadas al sistema penitenciario. Durante el fin de semana se registraron disturbios en al menos tres centros penitenciarios, incluido Renovación I, donde reclusos incendiaron áreas internas y generaron caos operativo.

En momentos como este, lo primero que cabe es expresar condolencias y respeto a las familias de los agentes de la Policía Nacional Civil asesinados, y solidaridad con los heridos.

Acto seguido, ni el Ministerio de Gobernación, ni el de Defensa, ni la PNC deben escatimar esfuerzos para identificar y capturar a los responsables, hacer que se cumpla la ley con severidad y garantizar la seguridad de los habitantes del país (sin darles patente de corso a las autoridades). Si no pueden con esas tareas, los titulares deben presentar sus renuncias. Si un gobierno no puede garantizar la seguridad, es solo una administración y entonces… ¿sirve para algo bueno? Nunca es momento para los tibios, pero en situaciones como esta, menos.

En otras latitudes, a los asesinos de policías se les llama cop killers y son una categoría especial entre las fuerzas de la ley. Un amigo criminólogo, que sabe de estas cosas, me comenta que según el informe Law Enforcement Officers Killed and Assaulted del FBI, en los Estados Unidos los cop killers suelen tener entre 30 y 36 años, y que aquí en Guatemala podrían ser más jóvenes. Una gran, gran mayoría suelen ser hombres con antecedentes en delitos violentos, experiencia en violencia callejera y registros penales; muchos están en libertad condicional, o tienen órdenes de captura pendientes. No es raro que actúen bajo la influencia de sustancias. No siempre lo hacen por odio a la policía; en el caso de los ataques de hoy, pueden estar motivados por venganza, o por demostrar poder.

En México, Centroamérica y Guatemala, muchos asesinatos de policías están vinculados a cárteles y maras. Las motivaciones incluyen mensajes públicos de poder y capacidad terrorista, y con frecuencia actúan por órdenes superiores o para ganar estatus dentro de la pandilla.

¿Cómo se protege a los agentes? La protección efectiva es multicapas: equipo, entrenamiento, procedimientos e inteligencia. Los gobiernos de países con menor tasa de policías asesinados invierten fuertemente en esos cuatro pilares. En Guatemala… pues ya puedes imaginar.

La foto es de ayer, y la titulé: “No se levantaron temprano en la Casa Presidencial y todavía está en la puerta la prensa”. La verdad es que llevan dos años de estar dormidos

Los agentes asesinados fueron:

  • Fernando Alexander Batres Ordóñez;
  • Diana Rosmery Chávez Alarcón;
  • Sammy Iván López García;
  • Samuel Valentín Matul Obispo;
  • Frallan Willian Medrano Pernillo (falleció el 19 de enero por heridas sufridas el 18);
  • Claudia Azucena Muñoz Ramos;
  • José Efraín Revolorio Barrera;
  • Giovanny Darío Tecú Sesam (variaciones menores en ortografía: Tecún o Tecú en algunos reportes); y 
  • Luis Alexander Zetino Pérez.

Cuando ocurren asesinatos de policías, la mayoría del público los ve como un ataque directo al orden social, lo que genera rechazo visceral y demandas inmediatas de justicia rápida y severa, como está sucediendo ahora mismo. La Administración Arévalo/semillera/raicera no puede seguir retrocediendo. Si no responde con firmeza, el mensaje que envía es claro: aquí gobiernan otros. ¿Es, esta la segunda cosecha? ¿Es el principio de la tercera cosecha?

Actualización: fueron 10 los policías asesinados porque el 19 de enero falleció el agente Juan Antonio Paredes Mayén. 


09
Ene 26

Arévalo empieza con platal extra

 

La administración Arévalo va a empezar el año nuevo con Q24 mil millones en saldos de caja por recaudación no ejecutada y préstamos sin usar. Repito, les sobra ese platal porque no han gastado el dinero que ya nos quitaron en impuestos y porque nos endeudaron y no usan esos préstamos (que ya generan intereses), ni usan el dinero que les entra por colocación de bonos del tesoro.

Todos los gastos de los pipoldermos los pagamos los tributarios. La ilustración es de Grok.

Porque es difícil dimensionar ese platal, aquí va puesto de otra forma: son Q24,000,000,000.00. ¡El saldo de arranque para 2026 es 24% más cuantioso que el del año pasado!

El año pasado la administración semillera/raicera ejecutó el 90.6% del presupuesto vigente; es decir, que fue incapaz de ejecutar un porcentaje relativamente bajo. Pero no te engañes si crees que eso es buena noticia. ¿Por qué? Porque la mal llamada inversión estatal no es inversión realmente. ¿Por qué? Porque técnicamente invertir es el proceso de comprar activos que aumentan de valor con el tiempo y proporcionan rendimientos en forma de pagos de ingresos o ganancias de capital, y, bueno, las mal llamadas inversiones del gobierno no suelen aumentar de valor con el tiempo y, más que rendimientos, operan con pérdidas y sólo sobreviven gracias a subsidios. Desde una perspectiva estatista y política así es como son las cosas; pero desde una perspectiva financiera, ¡puras pérdidas!

¿Sólo por eso? No. También resulta que del total de la llamada ejecución presupuestaria un porcentaje elevado se usa para gestionar la masa salarial de políticos y todo tipo de burócratas. Digo gestionar, y no ejecutar, porque los sueldos y honorarios por servicios profesionales, técnicos, de consultoría y asesoría, relacionados con estudios, investigaciones, análisis, auditorías, así como los servicios de traducción de documentos, servicios de intérpretes y traducción simultánea, y las actuaciiones artísticas y deportivas y capacitaciones, no se ponen en obra, ni se llevan a cabo, sino que se tramitan.

Como el proyecto de presupuesto 2026 para políticos y burócratas está suspendido gracias a una resolución atinada de la Corte de Constitucionalidad, seguramente el Ejecutivo intentará entregarle al Congreso ajustes al presupuesto 2025 que quedó vigente para este año. ¡Es inadmisible que esos ajustes no tomen en cuenta el platal que les sobra! ¡Es inadmisible que la administración Arévalo se sirva con la cuchara grande a costa de los tributarios! Y te recuerdo… por si se te olvida… que tú eres uno de esos tributarios.

A todo esto, ¿por qué les sobra plata? Porque la Administración está cobrando más impuestos de los que calculó que iba a poder tomar de los tributarios; porque el Congreso le aprobó al Ejecutivo una colocación enorme de bonos del tesoro (Q25,000,000,000.00) que son deuda (que tú pagas), porque el Ejecutivo ha pedido préstamos que no usa (aunque estamos pagando los intereses) y porque los pipodermos no son capaces de ejecutar aunque tengan el dinero. ¿Ves? No es problema de dinero, es problema de incapacidad.

Y un detalle más: habría que ver —de aquel total de ejecución— qué porcentaje se usa con propósitos clientelares, con propósitos electorales, con propósitos de propaganda y para beneficiar patrocinadores, socios, familiares, amigos, correligionarios y otros parásitos.

@luisficarpediem

La administración Arévalo va a empezar el año nuevo con Q24 mil millones en saldos de caja por recaudación no ejecutada y préstamos sin usar. Repito, les sobra ese platal porque no han gastado el dinero que ya nos quitaron en impuestos y porque nos endeudaron y no usan esos préstamos (que ya generan intereses), ni usan el dinero que les entra por colocación de bonos del tesoro #impuestos #gobierno #endeudamiento #peligro #presupuesto

♬ News report analysis science technology(1328673) – Takashi

En el tercer año de la administración Arévalo cabe exigir responsabilidad y eficiencia: menos burocracia, menos deuda y más respeto a los tributarios que sostenemos todo esto.

Columna publicada en República.


05
Dic 25

Puntos para el Banguat

 

¡Chapó para el Banco de Guatemala! Porque rechazó la pretensión del Organismo Ejecutivo de usar US$40 millones de las reservas monetarias internacionales para financiar la adhesión de nuestro país al Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, con sede en Venezuela.

¿Por qué querrían los chapines que el gobierno sea accionista del CAF? La ilustración es de Grok.

Según el Ministerio de Finanzas —por medio del Presupuesto para políticos y burócratas 2025— se le podía ordenar al Banguat que entregara las RMI para la compra de acciones de aquel órgano. Pero el banco central se puso los pantalones y dijo que siempre no, porque lo prohíben tanto la Constitución, artículo 133 como la Ley Orgánica del Banco de Guatemala, artículo 71c. De hecho, la Junta Monetaria prepara una acción de inconstitucionalidad contra la pretensión del Ejecutivo.

Para garantizar la estabilidad monetaria, cambiaria y crediticia del país, la Junta Monetaria no podrá autorizar que el Banco de Guatemala otorgue financiamiento directo o indirecto al gobierno.

Esta disposición protege el valor del dinero que tienes en la billetera y el de tus ahorros, porque cuando el gobierno consigue financiamiento del banco central —como ocurrió durante los encierros forzados del 2020— se genera inflación. Tú ya sabes, por supuesto, que la inflación le roba valor a tu plata y que por eso debería ser delito.

Además, esa disposición es parte de la división del poder, esa misma característica del estado de derecho a la que Karl Loewenstein calificó como la base del gobierno civilizado. El jurista consideraba que la clasificación de un sistema político como democrático constitucional republicano depende de la existencia de instituciones efectivas mediante las cuales el ejercicio del poder está distribuido entre los detentores del poder.

Aquel mandato constitucional es de 1994; pero diez años antes, mi recordado y querido amigo Gilberto Chacón fue pionero con su tesis “El control jurídico de la emisión monetaria”, cuando escribió que la existencia de un estado de derecho presupone limitar de forma clara y precisa la facultad de los políticos y burócratas de crear dinero. ¿Por qué? Porque los intereses del Estado no deben prevalecer sobre los derechos individuales y porque el financiamiento de políticos y burócratas era una de las principales fuentes descontroladas de creación de dinero.

En la calle se suele creer que la división del poder es sólo entre los organismos Ejecutivo, Legislativo y Judicial; pero aquel concepto clave se extiende a un Ministerio Público independiente y a autoridades electorales y monetarias independientes, por mencionar tres. Mientras menos concentrado esté el poder estatista, mejor.

Además, ¿por qué los guatemaltecos deberíamos pagar la adhesión del país a otro organismo financiero internacional? ¿Acaso no es suficiente la sopa de letras del FMI, BIRF, BM, BID y BCIE? Tanto John Hancock en Lords of Poverty como William Easterly en The Elusive Quest for Growth: Economists: Adventures and Misadventures in the Tropics han advertido de los peligros de la industria internacional del desarrollo por medio de préstamos y ayudas.

¿Para qué queremos otro club donde endeudarnos para que luego nos digan cómo vivir? ¡Basta ya de regalar nuestro dinero y nuestra soberanía!

Columna publicada en República

Actualización: Si quieres conocer qué es el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe o CAF, haz clic aquí

Otra actualización: El Minfin afirma que hubo una malintepretación dolosa. Sin embargo, comprar acciones de un banco con el historial del CAF; y usar dinero tomado de los tributarios cuando ni la seguridad ciudadana, ni la administración de justicia, ni el sistema penitenciario son bien atendidos; y cuando las carreteras se están desmoronando (por mencionar algo) es un disparate que sólo se explica por motivos puramente políticos de la actual administarción.


27
Oct 25

Otra crisis, ¿y ahora?

El Juzgado Séptimo Pluripersonal de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente del Departamento de Guatemala le notificó al Congreso de la República sobre la nulidad absoluta de la inscripción del comité pro formación y del Partido Político Movimiento Semilla. La notificación tiene su origen en investigaciones a cargo de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad que señaló anomalías en el proceso de creación del partido político y en su proceso de constitución.

República, estado de derecho y democracia. Grok hizo lo que pudo para ilustrar esta entrada.

La base de la solicitud del MP se centra en el artículo 4 de la Ley del Organismo Judicial. Los actos contrarios a las normas imperativas y a las prohibitivas expresas, son nulos de pleno derecho, salvo que en ellas se establezca un efecto distinto para el caso de la contravención. El artículo añade: Los actos realizados al amparo del texto de una norma que persigan un resultado prohibido por el ordenamiento jurídico, o contrario a él, se consideran ejecutados en fraude de ley y no impedirán la debida aplicación de la norma que se hubiera tratado de eludir.

En respuesta y en cadena nacional de radio y televisión, el presidente Bernardo Arévalo denunció que la alianza criminal en el Ministerio Público y ciertos espacios del sistema judicial busca alterar el orden democrático y desmotivar la defensa de la democracia. Llamó a rechazar lo que calificó de golpe de estado.

Esta nueva crisis para el presidente Bernardo Arévalo ocurre en el marco de la fuga de un número de por lo menos 20 mareros, renuncia y fuga del Ministro de Gobernación por el caso de los mareros, denuncias sobre la corrupción en la compra de medicinas por medio de la UNOPS, el robo de armamento militar y el colapso de la red vial del país. Uno puede suponer que lo último que quiere la administración semillera/raicera es una crisis judicial y constitucional. Pero desde el punto de vista ciudadano esta es una oportunidad para plantearse preguntas fundamentales.

Las preguntas

  • Entre cumplir con la ley y respetar los resultados del sufragio, ¿qué es más importante para conservar la paz y la cooperación social en el largo plazo?
  • El adagio de Vox populi, vox Dei, ¿debe prevalecer sobre el principio de respeto a la ley?
  • El sufragio y la democracia, ¿son la misma cosa, o son dos conceptos diferentes?
  • Si la democracia es el gobierno de la mayoría, ¿cómo se lleva ese concepto con el de democracia liberal?
  • La democracia, ¿es un valor en sí misma? ¿Es un fin, o un medio?
  • ¿Es lo mismo decir democracia que democracia liberal?
  • La democracia liberal, ¿es lo mismo que un sistema republicano? Si no, ¿en qué se parecen y en qué se diferencian?
  • Si democracia liberal y sistema republicano son diferentes, ¿cuál es mejor para procurar la paz y la cooperación social en el largo plazo? Si son lo mismo, ¿por qué suele preferirse uno y no el otro?
  • Desde una perspectiva praxeológica, ¿los sistemas ético, jurídico y económico guatemalteco, sirven para favorecer la paz y la cooperación social? ¿Sirven para favorecer el bienestar y la prosperidad?
  • ¿Qué es el estado de derecho? ¿Qué se le opone a un estado de derecho?
  • ¿Cuál es el rol del estado de derecho en una democracia, una democracia liberal y un sistema republicano?
  • El republicanismo, ¿es antidemocrático? La democracia, ¿es antirepublicana?
  • La división del poder, ¿debe servir a la democracia, al sistema republicano, al estado de derecho? ¿Son excluyentes?
  • El control jurisdiccional de los actos administrativos y legislativos, ¿debe servir a la democracia, al sistema republicano, al estado de derecho? ¿Son excluyentes?
  • Es mucho para pensar, ¿verdad? Pero como ciudadano y como tributario, ¿no te parece que es fascinante? ¿Cómo puede uno opinar sobre lo que está ocurriendo si no tiene ideas poco más, o menos claras sobre los temas anteriores?
  • Finalmente: ¿qué rol juega,  en todo esto, la virtud de la honestidad? ¿Cuál es la virtud de la honestidad? Es la de no falsear la realidad. 

Ideas como puntos de partida

Para explorar respuestas te dejo ideas de tres autores que me parecen muy oportunas:

James Buchanan, en obras como The Calculus of Consent (que escribió con Gordon Tullock) y The Limits of Liberty: Between Anarchy and Leviathan, es pionero de la economía constitucional y la teoría de las decisiones burocráticas (con raíces praxeológicas). Buchanan enfatiza que un sistema republicano viable requiere reglas constitucionales que funcionen como un contrato social para limitar el poder estatal. Para él, el estado de derecho no es un ideal abstracto, sino un conjunto de incentivos institucionales que previenen abusos por parte de mayorías, elites, o grupos que dicen representar mayorías. En una república, el estado de derecho actúa como un mecanismo de precompromiso (precommitment), donde los ciudadanos acuerdan reglas que atan las manos de los gobernantes futuros, evitando el ciclo de búsqueda de rentas parasitarias. Buchanan advierte que sin esto, las repúblicas caen en un leviathan descontrolado, donde el gobierno se expande indefinidamente, y erosiona la libertad individual.

Dalmacio Negro, en libros como La tradición liberal y el Estado y  El mito del hombre nuevo, critica la erosión del estado de derecho en las repúblicas modernas debido a ideologías igualitarias y el expansionismo estatal. Negro ve la república como un orden político que debe anclarse en tradiciones jurídicas (como el common law o el derecho romano) para preservar la libertad. Para él, el estado de derecho es el antídoto contra el despotismo democrático (término tocquevilliano que él retoma), en el que las masas manipuladas socavan las instituciones. En una república, esta relación implica un equilibrio entre soberanía popular y límites jurídicos inquebrantables, evitando que el poder se convierta en poder absoluto. Negro subraya que en Europa posmoderna, muchas repúblicas han diluido el estado de derecho al priorizar derechos positivos sobre los tradicionales, lo que genera crisis de legitimidad.

Giovanni Sartori, en La democracia en 30 lecciones y en Teoría de la democrácia, distingue entre democracias mayoritarias y consensuales, pero siempre dentro de un marco republicano constitucional. Para él, el estado de derecho es esencial para que una república no se convierta en democracia iliberal o electoralismo vacío. Sartori argumenta que las repúblicas necesitan ingeniería constitucional  para integrar el estado de derecho, como sistemas de partidos estables y judicaturas independientes. Critica regímenes donde el estado de derecho es débil, lo que conduce a la polarización y a la parálisis. Desde su perspectiva, la relación es teleológica: el estado de derecho perfecciona la república al hacerla democrática constitucional o liberal; pero creo que es al reves: el estado de derecho perfecciona la democracia liberal al hacerla república.

Para terminar, porque esto ya se hizo largo, Buchanan nos recuerda la necesidad de reglas económicas y contractuales; Negro, la importancia de tradiciones culturales para evitar degeneraciones; y Sartori, la ingeniería institucional para adaptarse a contextos específicos. Aquí y ahora, ¿en qué medida, Guatemala ilustra aquellas relaciones? En última instancia, defender el estado de derecho no es un lujo, sino la única garantía para la paz y la cooperación social duraderas que trasciendan la polarización y la permacrisis chapinas.


26
Oct 25

Lo de UNOPS es una piñata

 

Varias farmacéuticas le venden medicinas al gobierno mediante el abuso del procedimiento para compras de baja cuantía y así evaden procesos transparentes de adquisición, y ese abuso impide que los tributarios interesados conozcan qué se compró, a quién, quién compitió y por cuánto.

¿A quién le sorprende que haya corrupción en la ONU? La ilustración es de Grok.

El gobierno semillero/raicero hizo un convenio con la United Nations Office for Project Services que recibe comisiónes por administrar proyectos, al gobierno de Bernardo Arévalo le cobró 12.25% de gastos administrativos, en tanto que para el IGSS el cobro fue de 4.36%. Un hermano del Presidente es funcionario de la UNOPS; y esa agencia es parte de la ONU. Porcentajes más, porcentajes menos eso suena a la corrupción de siempre; pero el caso tiene implicaciones más graves lo que motivó la intervención del Ministerio Público: El artículo 171 de la Constitución dispone que el Congreso de la República debe aprobar cualquier convenio internacional que comprometa montos mayores a un 1% del presupuesto del Gobierno. El acuerdo entre la administración semillera/raicera y la UNOPS ascendió a poco más, o menos, Q7 mil 274 millones que es más de cinco veces el límite establecido por la Carta Magna. La firma de ese convenio desde el Ejecutivo sin cumplir con el mandato constitucional es usurpación de competencias y rompe los controles institucionales. ¿Verdad que es evidente por qué debe existir la norma del 171? ¿Verdad que no puede ser que el dinero que te quitan de impuestos sea una piñata? ¿Verdad que no se vale jugarle la vuelta a la Constitucíón para no cumplir con las normas de control presupuestarias?

La UNOPS les compra medicinas a las mismas empresas señaladas de toda la vida, a las mismas empresas señaladas de inflar los precios y de otros actos de corrupción; sólo que compra con privilegios tipo ONU y por ello cobra le cobra comisiones millonarias al gobierno de Guatemala…que es lo mismo que decir a los tributarios chapines. Uno de los privilegiso es que esas compras no son fiscalizables y la ONU oculta toda información clave sobre esas compras como cantidades, precios y otras especificaciónes.  De cuando en cuando la agencia filtra datos descontextualizados a medios pancistas con propósitos de desinformación y a modo de manipulación. Otros privilegios son pagos adelantados sin y precios que no cumplen las promesas de ahorro.  

La UNOPS -como parte de la ONU- no está excenta de casos escandalosos de corrupción: 

El Escándalo de S3i y la Renuncia de la Directora Ejecutiva:

En 2019, un denunciante alertó irregularidades en la Iniciativa S3i con préstamos dudosos de 58,8 millones de dólares en siete proyectos, como a Sustainable Housing Solutions Holdings, lo que resultó en pérdidas de US$22 millones y fraude en selección, ignorando controles.

El escándalo explotó en 2022 por denuncias de Mukesh Kapila que expuso contratos opacos de Grete Faremo, como un acuerdo de US$6.000 millones para medicamentos en México (con comisiones de US%109 millones para la UNOPS), con 50% de fallos en auditorías, y reservas excesivas de 286 millones en 2020 contra un mandato de cero ganancias. Presión de donantes como Finlandia y medios como The New York Times forzaron la renuncia de Faremo y la suspensión de Vanshelboim.

Fallas en el Sistema de Denuncias y Cultura de Represalias:

La represión a denunciantes es clásica en la corrupción; y en la UNOPS se materializó como un ambiente de miedo que ignoró alertas sobre fraudes por años. El detonante fue la denuncia citada arriba, investigada solo en 2022 tras pérdidas de US$22 millones de un fondo de US$58.8 millones. Dos revisiones de KPMG confirmaron mecanismos no funcionales y amenazas de represalias a whistleblowers, lo que creó un silencio que permite la evasión de controles.

Las revisiones destacaron actos deliberados y fallas en gobernanza, con auditores que le reportaban a Faremo, y minaban la independencia.El caso hizo evidente que la falta de canales seguros disuade los reportes de anomaías, y perpetúa corrupción.

Irregularidades en Reclutamiento y Fraudes en Seguros Médicos:

Operativamente, la corrupción en la UNOPS socava la meritocracia y drena fondos vía prácticas cotidianas. Un Informe de 2022 documentó 13 casos: cinco de reclutamiento, tres de fraudes médicos y dos de robo. En materia de fraudes médicos tres empleados con reclamos falsos. En materia de robo malversación combustibles.

Estos casos no solo costaron le costaron millones y reputación a la UNOPS —con donantes como EE.UU. exigiendo investigaciones adicionales—, sino que subrayan la necesidad de reformas urgentes: auditorías independientes, protección real a denunciantes y transparencia. Sin ellas, la ONU arriesga el dinero de los donantes (que es dinero de los tributarios), sino que mina más su legitimidad, que ya está bastante puesta en duda. 

Por supuesto que la corrupción y la mala administración en el gobierno semillero/raicero, así como en la ONU no son novedad, ni sorpenden.  Para más información sobre el caso que originó estas meditaciones y sobre la ONU te invito a leer: 


16
Oct 25

SNAFU en primavera

 

¿Qué sienten los semilleros/raiceros de hueso colorado cuando se enteran de que Bernardo Arévalo ha aceptado que el Tío Sam se involucre en la crisis penitenciaria? ¿Qué sienten los compañeres que odian a los Estados Unidos de América cuando se enteran de que el FBI y otras agencias apoyarán directamente al gobierno de la primavera en tareas de seguridad, inteligencia y persecución del crimen organizado? ¿Qué que sienten. los que llevan tatuado en el corazón la frase Yankees go home, cuando se enteran de que el gobierno de Donald Trump resultará involucrado directamente en el control del sistema penitenciario y policial chapín?

Cada vez más avanzamos a la entrega de Guatemala al internacionalismo. La imágen es de Grok.

No serán los gobiernos socialistas de España, Canadá ni Francia (por mencionar tres), sino que será el de la gorra roja con el lema Make America Great Again el que intentará sacarle las castañas del fuego a la administración Arévalo. Intentará, digo, porque Salamanca non da lo que natura non presta; y porque Puedes llevar un camello al agua, pero no se le puede obligar a que beba. ¿A qué me refiero? A que la primavera ya lleva 18 meses y si algo la ha caracterizado son la inacción y la ineptitud de niveles nunca antes vistos. Gobiernos y agencias extranjeras intentarán rescatar el proyecto semillero/raicero; pero con funcionarios y burócratas locales incapaces de decidir y de ejecutar —porque eso no era lo suyo antes de llegar al gobierno de puro chiripazo— sospecho que solo se elevarán los niveles de frustración.

Lo del FBI y otras agencias involucradas en la seguridad ciudadana luego de la evasión de 20 mareros, ¿significa que Bernardo Arévalo ya se resignó a que la abulia sea el signo que distinguirá a su administración en los libros de historia? ¿Es por eso que mejor delega en el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos la recuperación del Puerto Quetzal y del Puerto Santo Tomás de Castilla? ¿Es por eso que la UNOPS —donde es funcionario otro miembro de la dinastía Arévalo— está involucrada en la adquisición de medicinas para el Ministerio de Salud, en adquisiciones e infraestructura del IGSS, en la rehabilitación de escuelas para el Ministerio de Educación, en proyectos para el sector justicia, en proyectos sobre agua y saneamiento, y en el fortalecimiento de la capacidad recaudadora? ¡Vaya, qué montón de actividades para colaborar! ¿Es por eso que el supranacionalismo y la entrega a gobiernos extranjeros se extenderá ahora a seguridad e inteligencia?

Ya que Washington ha sido invitado a la mesa, ¿qué opinan los encargados de Guatemala, allá? Lo de los 20 mareros evadidos, ¿debería quedarse en las renuncias de tres altos funcionarios, o estos… y quienquiera más que esté involucrado deberían enfrentar responsabilidades penales si las hubiere?

En esa dirección, fueron notables los señalamientos que hizo el exviceministro de Seguridad en el Ministerio Público. Notables, y sospechosamente a la undécima hora: tráfico de personas en la ruta Esquipulas–Guatemala, cobros ilegales en cárceles y en la academia de la Policía Nacional Civil. Manejo irregular del sistema penitenciario. La posibilidad de que la evasión de los 20 mareros no fuera un accidente, sino el resultado de una colusión entre funcionarios. La posibilidad de que la Comisión Presidencial contra la Corrupción tuviera conocimiento de estos hechos, pero no haya actuado. Irregularidades en la Dirección General de Tránsito, tráfico de influencias en los ascensos dentro de la PNC, y anomalías en procesos de compras institucionales.

¿Ves? En Guatemala no vivimos una crisis, sino un SNAFU en las peores manos posibles. Haz clavito para que en los últimos días de octubre no haya un huracán, o una tormenta tropical. Haz clavito para que no sea el terremoto. Porque si los hubiera, en manos semilleras/raiceras, las tragedias serían de dimensiones astronómicas.

Y al final, ¿quién pagará el precio de esta dependencia externa y esta inacción interna? Los guatemaltecos de a pie, atrapados en un ciclo de promesas rotas y frustraciones acumuladas.


11
Oct 25

Extorsión al peaje de VAS

 

No, no, no. ¿Vas a creer que el gobernador del Departamento de Guatemala le solicitó a la empresa propietaria de la Vía Alterna Sur que considere la posibilidad de reducir su tarifa de peaje mientras persista la emergencia en el kilómetro 24 de la carretera a El Salvador?

En su solicitud, que lejos de ser respetuosa es abusadora y, para efectos prácticos, extorsionadora, el funcionario usa argumentos altruistas para disfrazar de solidaridad y compromiso social sus pretensiones con respecto a la VAS. Si la empresa accede, será una forma de sanción de la víctima y un muy mal precedente para la propiedad y la libertad de empresa. ¡Imagínate que los inversionistas locales y extranjeros tengan que reducir precios y tarifas cada vez que un funcionario se los pida porque hay una emergencia! Cuando el presidente Arévalo anda buscando inversionistas —según dice la propaganda—, ¿les cuenta de esta posibilidad a quienes lo escuchan?

El altruismo no debe confundirse con la solidaridad o la benevolencia. El principio básico del altruismo es que el hombre no tiene derecho a existir para su propio bien, que el servicio a los demás es la única justificación de su existencia y que el autosacrificio es su más alto deber moral, virtud y valor. El altruismo declara que toda acción realizada en beneficio de otros es buena, y toda acción realizada en beneficio propio es mala. Por lo tanto, el beneficiario de una acción es el único criterio de valor moral, y mientras ese beneficiario sea alguien distinto a uno mismo, todo vale. La sanción de la víctima es la voluntad del bien de aceptar el papel sacrificial por el pecado de crear valores. «Entonces vi lo que andaba mal en el mundo, vi lo que destruía a hombres y naciones, y dónde debía librarse la batalla por la vida. Vi que el enemigo era una moralidad invertida, y que mi sanción era su único poder. Vi que el mal era impotente, que el mal era lo irracional, lo ciego, lo antirreal, y que la única arma para su triunfo era la disposición de los buenos a servirlo», dice el discurso de John Galt, en La rebelión de Atlas..

Por las implicaciones graves que esta extorsión tiene para toda empresa e inversión privada, estoy de acuerdo con lo que sugirió un amigo: que los semilleros paguen la diferencia con sus sueldos; y que el CACIF salga a defender a los de la VAS. Esta solicitud es un asalto disfrazado a la propiedad privada. Si no defendemos la libertad empresarial hoy, mañana seremos todos víctimas de la extorsión estatal. ¡Es hora de que el sector privado se una y rechace este precedente destructivo!