12
Abr 13

Corte de Constitucional en defensa del estado de derecho

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La Corte de Constitucionalidad dejó en suspenso provisional el artículo 38 de la ley para el fortalecimiento de la capacidad expoliadora del estado y el combate a la propiedad y el comercio.  El mismo estipula que los tributarios deben estar solventes con los publicanos para efectuar cualquier tipo de transacción.

La decisión de la Corte fortalece el estado de derecho y protege a los tributarios contra los poderes excesivos y arbitrarios de los recaudadores.

La ilustración la tomé de Taxation is Theft.


10
Abr 13

¡Otro éxito para el estado de derecho en materia tributaria!

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En defensa de los tributarios, y del estado de derecho, la Corte de Constitucionalidad amparó a las cámaras del Agro y de Comercio a efecto de prohibirle a la Superintendencia de Administración Tributaria que cierre negocios; y dejó sin efecto el artículo 50 del Decreto Legislativo 4-2012, que se refiere a aquellas disposiciones.

La resolución protege a los tributarios contra facultades abusivas que se han atribuido los publicanos; y al estado de derecho en el sentido de que los funcionarios deben estar sometidos a la ley y en el sentido de que los funcionarios no pueden usurpar funciones judiciales.

En lo que va del año no es la primera vez que el máximo tribunal constitucional le enmienda la plana a la SAT y acude en defensa de los tributarios y del estado de derecho.

El primer caso  fue el del  artículo 4 del decreto 10-2012 que incluye entre las rentas de trabajo gravadas las pensiones, jubilaciones y montepíos.  Luego un párrafo del artículo 7 de la Ley de Fortalecimiento de la Administración Tributaria que se refiere al débito fiscal, con lo que la entidad recaudadora no podrá comparar la información de precios promedio de venta que presenten otros contribuyentes en el caso de que una empresa reporte precios menores al costo de adquisición para subvaluar.  Dicha comparación es arbitraria.

Otra de las resoluciones dejó fuera de manera provisional el artículo 61 del decreto 10-2012. En este caso se anuló la pretendida potestad de la SAT para recalificar las operaciones de una empresa si la documentación jurídica es diferente a la supuesta realidad económica.

La ilustración la tomé de Taxation is Theft.


22
Feb 13

Facta, non verba: Que “los otros” paguen más impuestos

Luis Alberto Moreno, presidente del Banco Interamericano de Desarrollo -burócrata internacional que no paga impuestos por el sueldo que recibe- dice que la carga fiscal que pesa sobre los guatemaltecos debería ser más pesada.

Cuando no te alcance tu sueldo a fin de mes, porque tuviste que pagar más impuestos que el año pasado, acuérdate de Luis Alberto Moreno.  Cuando vayas a pagar el impuesto de circulación por tu carrito, o por tu moto, acuérdate de Luis Alberto Moreno.  Acuérdate de que él y sus colegas no pagan impuestos; pero creen que tienen autoridad moral para exigir que te suban los impuestos que ya pagas.


22
Feb 13

¿Malversación y abusos? Lección para los estatistas

A ver…¿quiénes no creen, todavía, que los impuestos son dinero ajeno, tomado, por la fuerza para ser repartido con criterios políticos entre los intereses y la clientela de quienes controlan la repartición?

La necesidad de financiar la piñata el gasto público de los últimos meses de 2012, demandó que los pipoldermos que dirigen el  Ministerio de Finanzas tomaran la decisión política de usar los Q392 millones del Fideicomiso de Apoyo a la Caficultura y Q100 millones de la cuenta de devolución del crédito fiscal a los exportadores (que no era dinero de los pipoldermos, sino de los caficultores), pese a que estos recursos tienen destinos específicos  establecidos por la ley.   El Viceministro de Administración Interna del Minfin,  reconoció  que los recursos del fideicomiso fueron utilizados para el pago de la deuda pública y en lugar de devolver el crédito a los exportadores (sus legítimos propietarios) el dinero se usó para pagos de gastos diversos del presupuesto.

Estas acciones, ¿son constitutivas de malversación y de abuso de poder?


22
Feb 13

Puñalada fiscal, o estado de derecho

Si las noticias fueran, como deberían ser, las notas periodísticas que dicen que el fisco dejará de recibir Q500 millones debido a los recursos que han impugnado la inconstitucionalidad y las ilegalidades de la puñalada fiscal; y que lamentan que ese dinero sea irrecuperable para los pipoldermos tendrían otro ángulo. Dirían que Q500 millones no serán saqueados por los pipoldermos; o bien, que Q500 millones no pasarán del sector pacífico al sector coercitivo de la sociedad.

Lo cierto es que ls pipoldermos dejarían de recibir esa cantidad y ya no tendrían para malgastarla y mal-administrarla, para repartirla entre las ONG de sus compadres, parientes y amigos; ni tendrían para hacerla piñata. ¿Cuánto dice la Vicepresidenta que se pierde en corrupción? ¡Q6 mil millones!

Por eso celebro que la Cámara de Industria se haya unido a la Camagro y a la CCG en la noble tarea de impugnar la puñalada fiscal en defensa del Estado de Derecho y de los tributarios.

Los impuestos, tú ya lo sabes, son dinero ajeno tomado por la fuerza para destinarlo, de forma política, a intereses particulares. Y lo que ocurre cuando los pipoldermos toman tu dinero es que transfieren esos recursos del sector pacífico y voluntario de la economía (que es el sector privado, o sea tú), al sector coercitivo y forzado de la economía (que es el sector público y toda su clientela). Los pipoldermos solo engañan a quienes se dejan engañar.

Lo que pasa cuando los pipoldermos toman tu dinero y lo reparten políticamente entre su clientela es que transfieren la riqueza de los grupos no organizados de la economía, hacia los grupos organizados de la economía. Estos grupos organizados son los que tienen influencia y poder suficiente para hacer uso de la ley y tomar dinero ajeno para destinarlo a sus intereses.

En todo caso… la Corte de Constitucionalidad tiene la responsabilidad de proteger del saqueo, de la rapiña, de la mala administración y de la piñata cada centavo que no sea transferido del sector voluntario de la economía al sector coercitivo. Cada centavo que no vaya a parar a los bolsillos de los pipoldermos y de su clientela.

Columna publicada en El periódico.


13
Feb 13

Más prebendas para la burocracia de la educación

Los pipoldermos y el grupo de interés que representa a la burocracia de la educación firmaron un pacto colectivo que les costará Q800 millones a los tributarios.  El acuerdo significa que trabajarás para pagarles un aumento gradual hasta del 30% de los sueldos de aquellos burócratas con efecto retroactivo desde enero de 2013, hasta finales de 2015.

La ultima versión de aquel acuerdo incluia un seguro de vida para cada maestro, le goce de ¡más días de descanso para los recién casados! y otras ventajas pagadas con tus impuestos…y tu trabajo.

La foto la tomé de Facebook.


11
Feb 13

A los magistrados de la Corte de Constitucionalidad

Señores magistrados de la Corte de Constitucionalidad: diversos grupos del país, todos integrados por ciudadanos y tributarios, exigimos respeto a la Constitución de la República y les exigimos a ustedes que cumplan con su mandato de hacer valer la Carta Magna y la ley. Urge que resuelvan a favor de lo consagrado en la Constitución como derechos garantizados para todos los habitantes de la República y suspendan la puñalada tributaria que es inconstitucional e ilegal.

La última línea de defensa que los ciudadanos y tributarios tenemos contra los abusos son la Constitución y el alto tribunal del que ustedes son miembros.  Ustedes tienen una grave responsabilidad, con con el poder -que tiende a corromper y cuando es absoluto corrompe absolutamente, como dijo Lord Acton- sino con el estado de derecho, con la Constitución y con los ciudadanos y tributarios.


04
Feb 13

Lo que importa, ¿es el poder?

A veces, tengo la impresión de que -en algunos ambientes- lo que importa es el poder.  Mientras más, mejor.  Mientras más ilimitado está, mejor.  Mientras más omnipresente es, mejor.  En eso pensé cuando leí, el sábado pasado, que un lector de un diario se quejaba de que la Ley de Actualización Tributaria ha sido impugnada en su totalidad; y de que si esas impugnaciones prosperan se estará desahuciando al estado.  Lo que leo es que al autor le preocupa más la vigencia de una ley y de los impuestos, que la legitimidad y la constitucionalidad de aquella legislación.  Parece que en aquellos ambientes, si una ley amenaza el bienestar económico de los que dependen del presupuesto del estado, no importa si es ilegítima e inconstitucional, y su impugnación es una amenza.

El estado, ya lo sabes tu, es una ficción; y quienes realmente se benefician del dinero que se les expolia a los tributarios son los políticos y funcionarios que viven directamente del presupuesto; y la clientela del mismo.  Y claro…a ellos no les conviene que prevalezcan la constitucionalidad y el estado de derecho.  Por eso reaccionan cuando ven que sus intereses son amenazados.  En esos ambientes lo que importa es el poder…el poder para tomar dinero ajeno por la fuerza y redistribuirlo políticamente entre los intereses que tienen acceso a influir en la conformación del presupuesto.

La misma perspectiva se ve cuando uno lee titulares como: La Corte de Constitucionalidad da un revés a la reforma tributaria.  El mismo convierte en algo negativo lo que es positivo.  La Corte actuó en defensa, no sólo de el estado de derecho, al invalidar una norma legislativa que contraviene a la Constitución; sino que falló en defensa de los tributarios, a quienes se despojaría de su propiedad de forma ilegítima e inconstitucional.  Es cierto que el fallo perjudica a los políticos, funcionarios y clientela que depende de aquella expoliación; pero la Constitución, y la Corte de Constitucionalidad existen precisamente para evitar abusos como ese.

Hay ambientes en los que se cree que es correcto que los intereses colectivos prevalezcan sobre los derechos individuales.  Y por eso es que creen que el poder de los intereses colectivos debe imponerse sobre los derechos de las personas.

La cosa, sin embargo, es al revés.  Los intereses colectivos podrían prevalecer sobre los intereses individuales; pero nunca sobre los derechos individuales.  ¿Por qué? Porque es de interés colectivo que así sea.  Por eso es que a todos nos coviene que la Corte de Constitucionalidad invalide la legislación inconstitucional.  Nos conviene que la Corte falle en defensa del estado de derecho (y no en la del estado de arbitrariedad).  Aunque sean perjudicados, y reciban un revés, los intereses de quienes ejercen el poder.


29
Ene 13

Prevalece el estado de derecho: no a las inconstitucionalidades tributarias

Diferentes asociaciones, sectores empresariales y ciudadanos  han presentado numerosas acciones de inconstitucionalidad -ante la Corte de Constitucionalidad- contra los Decretos 4-2012 y 10-2012 derivados de la entrada en vigencia de la nueva ley del impuesto sobre los rendimientos del capital (mal llamado Impuesto sobre la Renta).

Hoy  trascendió que aquel tribunal colegiado, resolvió la suspensión provisional del Artículo 61 del Decreto 10-2012 o Ley de Actualización Tributaria, referente a la recalificación de operaciones;  y con esta suspensión provisional da una muestra -a los ciudadanos y tributarios- en el sentido correcto de hacer respetar los derechos de los guatemaltecos consagrados en la Carta Magna, en especial las libertades fundamentales como la libertad de industria, comercio y trabajo.  Así lo indicó Carla Caballeros, Directora Ejecutiva de la Cámara del Agro.

Carla explicó que dicho artículo le otorgaba a la Administración Tributaria poderes discrecionales, y violaba los principios constitucionales consagrados en los artículos 5, 39, 43 y 130 de la Constitución Política de la República.

El Presidente de la Cámara del Agro  informó que esa organización, los pequeños productores del país,  y la población general confían en que la Corte de Constitucionalidad actúe apegada a derecho y conozca, en los plazos establecidos por la ley, las impugnaciones presentadas en conjunto con la Cámara de Comercio la semana pasada contra más de 15 artículos de ambos decretos que afectan a miles de micro, pequeños y medianos productores.


29
Ene 13

El tupé de la dirigencia católica

Para ser dirigentes de una organización que tiene riquezas inmensas, y que goza del privilegio de no pagar impuestos, la dirigencia católica tiene tupé cuando publica algo como el manifiesto difundido durante la semana pasada.

Publicación, por cierto, con la que contribuyeron todos aquellos finqueros, mineros, industriales, comerciantes, banqueros, y otras personas productivas que sostienen con sus limosnas y donaciones a la organización que los ataca, que perjudica sus derechos y que los tiene moralmente de menos.

Yo sentiría algún respeto por las propuestas de la Conferencia Episcopal si entre ellas incluyeran algo así como que n ningún caso el Congreso emitirá ley o decretos arbitrarios o discriminatorios, en los que explícita o implícitamente se concedan prerrogativas, privilegios o beneficios que no puedan disfrutar todas las personas que tengan la oportunidad de hacerlo.

Sentiría algún respeto por las propuestas de los obispos si estos renunciaran a su privilegio de no pagar impuestos; o sí, mejor aún, denunciaran a estos como el robo que son y -como pastores- protegieran a su rebaño (nunca mejor dicho) contra el saqueo, la expoliación y el engaño que sufren a manos de los pipoldermos.

Sentiría algún respeto por los dirigentes de la iglesia católica si no aceptaran las limosnas y las donaciones de aquellos a quienes atacan cuando promueven la reforma agraria y cuando conspiran para impedir el desarrollo industrial y comercial.  Han conseguido la sanción de sus víctimas; pero no está de más ponerlos en evidencia.