Dos cosas voy a decir con respecto al acto semillero peligroso de levantar la reserva legal del artículo 27 de la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados:
¿Todavía existe este monumento patético a la Constitución?
- Si el propósito principal de una Constitución es limitar el poder del gobierno (los políticos y burócratas que lo controlan), y si la Constitución existe para proteger los derechos individuales contra la arbitrariedad de los políticos, los burócratas y la sociedad, lo que hizo Semilla fue avanzar hacia la desactivación de la Constitución y dejar a los guatemaltecos más indefensos ante las arbitrariedades de las burocracias internacionales en connivencia con los políticos y burócratas locales. La eliminación de la reserva legal citada no sólo es un peligro para la soberanía constitucional, sino una amenaza a los derechos individuales de las personas frente a los intereses políticos y burocráticos que medran en organismos internacionales.
- En aquella misma dirección, la movida semillera abre la puerta para reinstalar la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala. ¿Con qué propósitos? Cambiar este país al gusto del socialismo internacional sin necesidad de contar con la aprobación de los electores y de los tributarios, y perseguir a quienes se opongan a aquellos cambios. Es lo que hacía la primera CICIG, y es lo que haría la segunda.
El levantamiento de la reserva legal del artículo 27 de la Convención de Viena, por parte de la administración Arévalo…¡Sin pasar por el Congreso, como debe ser!… debilita el constitucionalismo en Guatemala, a tal grado que puede ser calificado de anticonstitucional. ¿Por qué? Porque cualquier tratado podría alterar el sistema jurídico guatemalteco al gusto de políticos y burócratas extranjeros.
Esta acometida viola el principio de primacía constitucional y, como es un acuerdo gubernativo, pasa —de forma ilegal y abusadora— sobre la autoridad del Congreso de la República.
Alguien dirá que levantar la reserva es un acto de autonomía; pero…¿ves el absurdo? Renunciar a la autonomía no es un acto de autonomía, menos si se hace por medio de un acuerdo gubernativo cualquiera. Por otro lado, el hecho de que los tratados sean discutidos en el Congreso y que los organismos internacionales no puedan imponer sus políticas sin tratados discutidos en el Congreso no es garantía de algo bueno. En primer lugar porque Guatemala tiene una historia larga de adherirse a todo tratado multilateral. En parte porque la cooperación internacional suele depender de esos tratados (y aquí los políticos y burócratas son adictos a la cooperación internacional), y en parte porque…¡¿cómo va a estar, Guatemala, al margen del concierto de las naciones?! En parte, también, porque lo único que se necesita para aprobar cualquier tratado -por estastista, colectivista y globalista que sea- es que lo firme el Ejecutivo…y que el Ejecutivo consiga suficientes diputados para su aprobación en el Congreso. Y, ¿quién no sabe que muchísimos diputados son a diez centavos la docena?
Por eso, la mejor protección contra las arbitrariedades y abusos de los políticos y burócratas nacionales e internacionales es la mayor cantidad de candados posible. ¡Guatemala no debe ceder su soberanía ni los derechos de sus ciudadanos al capricho de intereses foráneos! Es hora de defender la constitución y la libertad.
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