Según un análisis hecho por los juristas Mario Fuentes, Hugo Maúl y Gabriel Medrano -por solicitud del Comité Coordinador de Asociaciones Comerciales, Agrícolas, Industriales y Financieras- no es viable aplazar la fecha de las elecciones.
Los expertos argumentaron que la Ley Electoral establece las fechas de las elecciones, por lo que no es posible fijar los comicios fuera de los tiempos establecidos en aquella ley ley. Además, señalaron que ninguna modificación a la legislación podrá entrar en vigencia para el proceso electoral de 2015, debido a que ya existe un decreto de convocatoria emitido por el Tribunal Supremo Electoral y a que la ley no puede tener efectos retroactivos, salvo en materia de derecho penal, cuando se favorece al reo.
El Presdidente del CACIF dijo que las transiciones entre gobiernos deben realizarse apegadas a la ley y a la institucionalidad; y agregó que se debe respetar la fecha constitucional del 14 de enero, día en el que deberán asumir los nuevos funcionarios. Debería ser evidente; pero parece que no lo es: la legitimidad de quienes ejerzan el poder durante el próximo período constitucional no sólo depende del mandato que reciban de los mandantes; sino de que la forma del mandato no viole la ley. Puesto de otra forma, la calidad del mandato es imporatnte para que sea legítimo.
Mientras tanto, el grupo corporativista denominado Plataforma Nacional para la Reforma del Estado, y otros grupos de interés constituidos en la sociedad civil, se reunirá hoy en la tarde con Tribunal Supremo Electoral para pactar los últimos aspectos de la iniciativa de ley que -a la carrera y sin razón- se prevé presentar mañana en el Congreso.
En todo caso, cualquiere solución viable para la crisis política actual debe basarse en el respeto al orden constitucional.
