Una alcaldada es una acción arbitraria, o abusadora de una autoridad, especialmente un alcalde, llevada a cabo en ejercicio de sus funciones; y el concepto se aplica a la corporación municipal, por supuesto. Un buen ejemplo es la disposición de la Alcaldía municipal de Nahualá que, el 20 de julio pasado prohibió la actividad comercial en aquel municipio.
¡Ningún alcalde tiene facultades constitucionales, ni legislativas para no permitir la actividad comercial! No importa cuál sea la causa que apoye esa corporación, y no importa sea apoyada por líderes comunitarios. Es como cuando el alcalde de La Antigua prohibió el Hallloween en aquella ciudad. Ningún munícipe y ningún Ayuntamiento tienen facultad alguna para hacer algo así.
Ni siquiera el Presidente de la república tiene facultades para hacer algo como aquello. En el contexto de la decimonónica Ley de orden público, el gobierno (sólo con la aprobación del Congreso) puede prohibir ciertas actividades privadas. Pero esa, aunque es una facultad legal es violatoria de los derechos individuales y por lo tanto ilegítima…y muy peligrosa.
No es extraño que los alcaldes se atribuyan facultades de caciques al margen de la ley. con la vara municipal en mano ha de ser re chulo sentirse como Juan Vargas en La ley de Herodes, y hacerse la ilusión de que los poderes ejecutivo, legislativo y judicial se han reunido en la persona del alcalde.
