¡Casi se me olvida comentar este disparate!: Al resolver un Amparo, de forma provisional, la Corte de Constitucionalidad le ordenó al Congreso interrumpir la interpelación del Ministro de Cultura y proceder con la elección de las presidencias de las comisiones legislativas.
La decisión de los magistrados podría leerse como una intromisión inaceptable en el proceso político propio del Organismo Legislativo, al servicio de los intereses del Organismo Ejecutivo. La Corte, sin embargo, justifica su actuación como una dirigida a mantener la institucionalidad del país.
Alejandro Balsells, presidente del Centro para la Defensa de la Constitución explicó que la Corte de Constitucionalidad no está facultada para regular la dinámica del Congreso.
Lo cierto es que junto a la función legislativa, la de fiscalización es la otra rama importante de las actividades propias de un Organismo Legislativo independiente. La elección de presidentes de comisiónes, sin embargo, es un asunto más político y de procedimientos, que sustancial de aquel organismo.
Esta maniobra sobrepasa el control jurisdiccional propio de un estado de derecho y constituye una intromisión de los jueces en un proceso político propio de un organismo del estado. Es peligroso porque le da apariencia de legítimo a un acto inapropiado; y abre la puerta a abusos. La gente en la calle cree que estas son sutilezas y tiende a no ponerles atención; pero una a una este tipo de maniobras erosionan las posibilidades de consolidar un sistema republicano y un estado de derecho. Y uno sólo puede sospechar que esto no termina en algo bueno.
Y para colmo de males, el cáncer de la cooperación internacional ya ha ofrecido su mediación, lo que querría decir que ya hay embajadores dispuestos a somatar la mesa para que se haga lo que sus gobiernos creen que debe hacerse.
