Habiendo encontrado más de 40 anomalías e inconstitucionalidades en el paquetazo tributario que la administración Pérez-Baldetti le recetó a la clase media guatemalteca, el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras, tiene la grave responsabilidad de salir en defensa de la Constitución y del estado de derecho, y evitar que aquel paquete abusivo y expoliatorio se haga realidad.
Mucha de la clase media afectada por la expoliación que pretenden hacer los pipoldermos es miembro de las cámaras cuyas dirigencias se sientan en la mesa del Cacif. Pero también es cierto que muchísima de la clase media que será perjudicada por las nuevas leyes impositivas está desamparada siendo que no está organizada en grupo alguno de presion. Esa clase media desamparada no sólo no puede defenderse, sino que, en muchos casos, ha sido entrenada para resignarse a ser despojada y abusada.
Ahora, que el Cacif ha ofrecido impugnar el paquetazo, el nivel de vida de miles de guatemaltecos está en manos de la dirigencia empresarial que no debería dejarse intimidar por los esfuerzos de la Administración para hacer que prevalezcan sus caprichos.
