Con la excusa de que los presos usan redes sociales virtuales, en el Congreso de la República merodea la iniciativa 6347 que contiene legislación sobre ciberseguridad. La legislación que mina los derechos individuales y viola la esfera de acción privada de las personas suele venir bien disfrazada de legislación que protege a la gente de sus temores y de sus prejuicios.
¿De verdad queremos que políticos, burócratas y el ejército controlen nuestra actividad digital? Gracias, Grok.
El texto de la iniciativa que nos ocupa le otorga facultades amplias al ejército en la vigilancia cibernética, lo que podría vulnerar la privacidad de las personas y la presunción de inocencia, así como abrir puertas a abusos, como la vigilancia masiva sin orden judicial. En las manos equivocadas, esta legislación puede ser usada para censurar disidencia digital y practicar el espionaje, similar a intentos fallidos en legislaturas pasadas.
La pretendida legislación otorga facultades amplias para interceptar comunicaciones electrónicas en casos de amenazas a la seguridad nacional; pero sin mecanismos claros de control judicial previo. Mis amigos que saben de estas cosas advierten que esto podría habilitar vigilancias masivas sin orden, similares a los abusos que se vieron durante el enfrentamiento armado interno.
Por ejemplo, el texto que vi asigna roles de ciberdefensa al Ministerio de la Defensa, sin delimitar cuándo una crisis cibernética justifica intervención militar, lo que podría invadir la esfera privada de las personas sin proporcionalidad y de forma arbitraria. La participación protagónica del Ministerio de la Defensa en ciberseguridad podría militarizar un ámbito civil.
La iniciativa no garantiza la independencia del Centro de Respuesta a Incidentes de Seguridad Informática de Guatemala, adscrito al Consejo Nacional de Seguridad (donde predominan las influencias del organismo ejecutivo y del ejército), lo que abre las puertas a abusos en tiempos de paz. Esto evoca preocupaciones históricas en Guatemala sobre control militar, potencialmente inconstitucional sin reformas.
Los que leen Carpe Diem con frecuencia saben que le agradezco al ejército que que haya derrotado a la guerrilla marxista-leninista; pero ahora no estamos en medio de un enfrentamiento armado como el de los 36 años. Y se supone que -desde hace ratos- estamos tratando de armar un sistema republicano y un estado de derecho distinto a lo que había entre 1960 y la firma de los acuerdos de apaciguamiento. That was then, this is now, diría mi abuela.
Al tipificar delitos como la difusión de malware, o ciberacoso agravado, existe el riesgo de interpretaciones amplias que censuren la disidencia digital, o el periodismo investigativo. Esta amplitud podría violar el principio de legalidad y ser usada para perseguir, o intimidar opositores, con la consecuente erosión de la libertad de expresión y del mismísimo sistema republicano. Esto contrasta con fallos de la Corte de Constitucionalidad que protegen la libertad de expresión en entornos digitales.
Por cierto que si los reos usan redes sociales virtuales, eso lo debe resolver el sistema penitenciario, y no se debe acosar a la gente por eso. Tal vez sí es necesaria una ley contra quienes, sin autorización ingresan a sistemas informáticos, o interceptan comunicaciones electrónicas; quienes manipulan datos, o programas para obtener beneficios ilícitos, con énfasis en componentes técnicos; quienes alteren, o destruyan infraestructuras digitales críticas; y quienes roben identidades digitales, difundan malware, o cometan ciberacoso agravado.
La iniciativa es obra de los diputados José Pablo Mendoza, Cristian Álvarez y Gustavo Adolfo Cruz.
Pero…pero…una ley de esa naturaleza que proteja los derechos individuales, el uso legítimo de las herramientas digitales y la esfera de acción privada de las personas, sin favorecer la corrupción, el espionaje y la arbitrariedad debe incluir la exigencia de órdenes judiciales para toda interceptación; establecer un órgano supervisor independiente con participación civil; definir claramente marcos para la intervención militar; incluir mecanismos preventivos y educativos; y limitar reservas y prácticas oscuras a aspectos técnicos, de modo que se garantice la transparencia en compras.
Estos ajustes, recomendados por expertos, evitarían las acciones de inconstitucionalidad ante la Corte de Constitucionalidad, que seguramente se vienen si el texto de la iniciativa es aprobado tal cual se lee ahora. En resumen, no dejemos que el miedo y el temor nos roben la libertad: una ley contra ciberdelitos sí, pero no a costa de nuestra privacidad y derechos. ¡Es hora de vigilar a los vigilantes antes de que sea tarde!…porque se están acumulando cositas.
