A mucha legislación, los políticos y burócratas suelen ponerles nombres chulos para el mercadeo y para ocultar los daños que causan; por ejemplo, la legislación de salario mínimo no se llama Ley para encarecer el empleo para jóvenes sin experiencia. De igual modo, la Ley de fortalecimiento financiero y continuidad de proyectos de consejos de desarrollo urbano y rural no se llama Ley para darles a los alcaldes y a los Codedes plata para gastar con propósitos electorales y para hacer alcaldadas.
Grok hizo lo que pudo para ilustrar esta columna; pero se entiende.
Supuestamente, esta legislación fortalecería a los alcaldes y a los Codedes al permitir el uso de recursos no ejecutados de un ejercicio fiscal al siguiente, y evitaría que fondos asignados se pierdan por burocracia o falta de ejecución oportuna. Pero eso es atacar los síntomas evidentes, y no el problema de fondo. Y ya sabes lo que escribió P. J. O’Rourke: Darle dinero y poder al gobierno es como darle whisky y las llaves del carro a unos adolescentes; frase que se hace más cierta cuando el dinero va a parar a niveles administrativos que actúan y contratan arbitrariamente, sin mecanismos efectivos de auditoría ni transparencia. ¿Qué alcalde no hace alcaldadas?
La legislación en cuestión viola el principio básico y fundamental de anualidad presupuestaria, que exige cerrar el ejercicio fiscal al 31 de diciembre y devolver saldos no ejecutados al tesoro, sin arrastres automáticos. Crea fondos paralelos sin control del Congreso, lo que podría fomentar corrupción, reactivar redes ilícitas en contrataciones públicas y debilitar la fiscalización. Fija un plazo de 5 días para resoluciones técnicas que, francamente, es irreal y potencialmente inconstitucional, ya que podría llevar a aprobaciones apresuradas, sin evaluaciones adecuadas, y a riesgos de abusos. Ya con las llaves del carro en la mano y la botella de whisky en el asiento del vehículo, ¿qué discusiones técnicas previas va a haber en municipalidades y Codedes? ¿Qué controles anti-corrupción van a ser reales?
Eso sin contar que, en las municipalidades —sobre todo en las que hay cacicazgos poderosos e inescrupulosos—, no es extraño que las obras sean asignadas con propósitos electoreros y a dedo. En redes sociales circula un meme que dice: Soñé que me lanzaba a la alcaldía de mi pueblo y ganaba y me empezaban a quemar porque mandé a poner una estatua mía en el parque, metí a todos mis amigos a cargos públicos y desviaba fondos para traer a Bad Bunny y a bandas sinaloenses con entradas gratis pa’ las ferias. Ese meme ilustra bastante bien la realidad de muchísimos municipios. Sin una cultura política y cívica entre los electores y tributarios, la descentralización —que debería ser una forma de división del poder básica en un estado de derecho— solo es una forma más dispersa para repartir el botín.
El presidente Arévalo tiene la oportunidad de balancear su gestión. Puede optar por proteger a los tributarios y evitar que el dinero que les es quitado vaya a parar al servicio de los alcaldes del meme y a los de P. J. O’Rourke, y a los Codedes, donde la competencia de intereses se ceba con los impuestos. O puede ceder a las presiones de la Asociación Nacional de Municipalidades y de los comités.
El problema de fondo no es si hay o no dinero, ¡que lo hay! El problema es que los tributarios no están conscientes de que ellos son los que pagan la mala administración, el desperdicio y la corrupción. ¿Por qué? Porque el dinero que les quitan de los impuestos no sale de sus bolsillos de forma evidente; las transferencias les llegan con los impuestos ya descontados.
Tal vez es hora de que los tributarios despertemos, exijamos transparencia y recordemos que cada centavo mal gastado es un robo a nuestras billeteras. La descentralización no debe ser una puerta abierta al despilfarro, sino un paso hacia un verdadero estado de derecho.
Columna publicada en República.
