Luis Figueroa CARPE DIEM Periodismo de reflexión, por la libertad y la razón

Posiblemente la edad de oro de los partidos políticos fue inmediatamente después de la II Guerra Mundial. Fue entonces cuando se fundaron y consolidaron aquellas organizaciones concebidas como plataformas ideológicas y prácticas que servirían como intermediarias entre mandantes y mandatarios para el manejo de la cosa pública. Los partidos dejaron de ser facciones tradicionales y se convirtieron en algo institucional. Empero, para finales del siglo XX y ciertamente que en lo que va del XXI, los partidos degeneraron en roscas electoreras cuya función es nada más que servir como el vehículo para llegar al poder, o por lo menos influir en él para conseguir acceso al presupuesto del estado y el dinero de los tributarios. ¿Sí, o no?

¿Con alguna exepción? -en Guatemala, por ejemplo- todos los partidos habilitados son poco más o menos lo mismo:  Se organizan alrededor de un propietario, o grupo de propietarios.  Puedes hablar del partido de Baldizón, el de Sandra, el de Alejos, el de Canela, el de Arzú, y así.  Sus declaraciones de principios son tan generales que porque abarcan todo, no dicen nada.  Sus objetivos, sus supuestos planes de gobierno y sus propuestas son como listas de Santa Clos con algo para cada grupo de interés imaginable: algo para los empresarios y algo para los trabajadores; para los indígenas, para las mujeres, para los ecologistas, para los migrantes, para los artistas, para los deportistas, y así.  En estas condiciones no es de sabios que un partido tenga principios que pudieran excluir las escalas de valores, o los intereses de otros.

Sería rarísimo, por ejemplo, que un partido político ofreciera trabajar para eliminar y prohibir todo privilegio.  Lo común es que los partidos ofrezcan repartir privilegios con equidad, o algo parecido. Esto último sería incluyente, en lugar de excluyente.

¿Estamos claros que el propósito de los partidos es controlar el poder, o influir en él? La experiencia de las últimas décadas es que el fin último de controlar el poder, o influir en él es usufructuar económicamente de ese poder.  ¿Has oído de algún partido que proponga limitar el poder? ¿Uno que proponga desmantelar las fuentes de poder? ¿Uno que prometa devolverle el poder a los electores y a los tributarios?

Los partidos políticos -y sus dirigentes, claro- se han vuelto cada vez más irrespetuosos de la ley.  Por ejemplo: les pela que la ley prohiba ciertos tipos de propaganda, pero la colocan exactamente donde les da la gana y al costo que sea.  Si tienen que pagar multas por eso, las paga, ¡¿y qué?!    Sus funcionarios electos prometen cumplir y hacer cumplir las leyes cuando llegan al poder; pero para llegar a él han violado toda ley que se se ponga en su camino y se deje.

Hasta ahora se los habíamos permitido; pero hay movimientos ciudadanos que les facilitan a los electores y tributarios denunciar y enfrentarse a aquellos abusos. Y eso es bueno.  ¿Cuánto tiempo aguanta, un pueblo, que le vean la cara de baboso?

Es tiempo de reformas electorales.  Las más urgentes son las que fortalezcan la autoridad del Tribunal Supremo Electoral.  Esa fortaleza debe ser jurídica, financiera, técnica y moral.  El tribunal electoral debe ser supremo.  Otras de urgencia son aquellas que hagan realidad la transparencia de los partidos y que los sujeten a la ley.  Aquellas que les quiten el monopolio de la nominación de candidatos.  Aquellas que no falseen la realidad y los dimensionen como potenciales abusadores del poder.

No estoy de acuerdo con que deba prohíbirsele -a un funcionario electo- renunciar a la organzación política con la que llegó al poder; sobre todo en atención a ese derecho individual que se llama libertad de asociación.  A la idea de las cuotas hay que huírle como se huye de la peste: los candidatos deberían se electos principalmente por sus capacidades y potencialidades personales e individuales y por sus ejecutorias de vida; y no por el grupo al que pertenecen.   Posiblemente sea buena idea incluir la posibilidad de rechazar a todos los candidatos de las papeletas porque en los comicios nadie debería ser obligado a elegir entre algo que no valora y la opción de rechazar a todos debería ser tomada en cuenta. Una elección con X porcentaje de votos nulos no debería ser un mensaje que pasara inadvertido; ni por quien resultara ganador, ni por el resto de la sociedad.

Esto último no quiere decir que esté a favor de votar nulo en esta elección que viene. Cuando existe la más mínima posibilidad de que un candidato como Manuel Baldizón llegue al poder estimo que mi obligación moral es defenderme de esa posibilidad y hacer todo lo que sea legalmente posible para evitar que un personaje así sea el jefe del gobierno y controle el monopolio del uso legal de la fuerza.  Estimo que mi obligación moral es votar por cualquiera otro (aunque luego haya que sacarlo a sombrerazos y exigirle la renuncia, como a Otto Pérez Molina), antes que permitir que el control de la policía, el ejército, los impuestos y todo el aparato estatal caiga en manos de alguien con el perfil de Baldizón.

De vuelta a las reformas electorales el objetivo último de estas debería ser el de limitar el poder de la clase política y someterla a la ley.  Si estamos hartos, pongámosles límites ya.  ¡Pero ya!  Hay que distinguir entre las reformas prioritarias y las que pueden esperar; no sería prudente tratar de reformar todo al gusto de todos los involucrados.